Juicios en Chubut, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan
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El 15 de agosto de 1972 se fugaron 25 presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 de Rawson. Solo seis de los prisioneros lograron escapar a Chile; los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa. Los detenidos fueron llevados a la base aeronaval Almirante Zar, en donde se mantuvieron incomunicados durante seis días. En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron fusilados por personal militar. Dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir. En este juicio se dio por acreditado que el inicio del Plan Clandestino de Represión fue anterior al golpe de 1976. El tribunal ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre
El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, del Real y Marandino. Anuló, además, las absoluciones de Paccagnini y a Bautista.
Causa caratulada: Causa Nº 979 “N.N. s / Denuncia (contra autores en la llamada MASACRE de Trelew – 22 de Agosto Base Zar Tw)” Recaratulado "Sosa Luis Emilio, Bravo; Roberto Guillermo y otros s/ pil, torturas y homicidios agravados tw"- Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia -
La represión en la región del Alto Valle y Neuquén se concentró en el CCD La Escuelita, razón por la cual hubo sucesivos juicios relativos a diferentes situaciones desprendidas de una instrucción troncal.
Nueve ex militares, cuatro ex policías provinciales y dos ex policías federales fueron condenados por los crímenes cometidos en el circuito represivo que funcionó en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Cuatro imputados fueron absueltos. La pena más alta se impuso a Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de inteligencia de la Brigada de la Infantería de Montaña VI, quien fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de las víctimas desaparecidas.
Condenados: Camarelli Antonio Alberto, Cancrini Miguel Ángel, Castelli Néstor Rubén, Di Pasquale Jorge Héctor, Guglielminetti Raúl Antonio, Huircain Gerónimo Enerio, Laurella Crippa Osvaldo Antonio, Martinez Saturnino, Molina Ezcurra Jorge Eduardo, Quiñones Miguel Ángel, Reinhold Oscar Lorenzo, Rozar Emilio Jorge, San Martín Sergio Adolfo, Sires Enrique Luis, Sommer Gustavo Alberto, Sosa Hilarión de la Pas, Soza Jorge Alberto, Villalobo Julio Héctor, Viton Gustavo
Causa caratulada: "CASTELLI, Néstor Rubén y otros s/delitos contra la libertad y otros” Expediente N° FGR 83000804/2012/TO1 del registro del Tribunal (causa originaria N° 33008736/2005
El Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén, en diciembre de 2021, impuso penas de prisión perpetua para los diez militares retirados que integraron los Destacamentos de Inteligencia 181 y 182 del Ejército en Neuquén y Bahía Blanca por ser responsables de secuestros, torturas, abuso deshonesto, violación y homicidio calificado en contra de una veintena de víctimas a mediados de 1976, que fueron secuestrados en Neuquén y Río Negro, torturados y trasladados en avión al centro clandestino “La Escuelita” que funcionó en Bahía Blanca.
Los magistrados condenaron a prisión perpetua a los militares Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Oscar Reinhold, Walter Tejada, Osvaldo Páez, todos personal de Inteligencia del Ejército, y al civil que se desempeñó en esa misma área Raúl Guglielminetti.
Causa caratulada: “TAFFAREL, Carlos Alberto y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad y otros” Expediente N° FGR 33009927/2010/TO1
En diciembre de 2024 el Tribunal Oral Federal de Neuquén sentenció a 11 años de prisión efectiva al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, hallados culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia reconoce la complicidad de ambos funcionarios en la represión. Ambos tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar.
Causa caratulada: "Duarte, Pedro Laurentino y otro s/privación ilegal de libertad e imposición de tortura" -FGR 19263/2013/TO1
En el primer juicio de la jurisdicción de Mendoza fueron juzgados ocho imputados por los crímenes cometidos en perjuicio de diez víctimas. Entre ellas se encuentran Francisco “Paco” Urondo, su pareja Alicia Cora Raboy y Ángel Bustelo quien fue abogado de víctimas del terrorismo de Estado durante 1975. Los condenados formaban parte del D2 de Mendoza, a donde fueron llevadas varias de las víctimas para ser torturadas, de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y de la Brigada de Infantería de Montaña VIII.
Condenas: a prisión perpetua del ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celestiano Lucero. A doce años de cárcel el ex teniente Dardo Migno Pipaon.
Causa caratulada: Causa 075/M “FURIO ETCHEVERRI, Paulino Enrique s/infr. Art. 144 bis C.P.”
Se condenaron delitos de lesa humanidad cometidos en: Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) , Unidad Penal de Mendoza, Comisaría 7ª de Godoy Cruz, Campo Las Lajas, Papagayos/Colonia de vacaciones, Liceo Militar "Gral. Espejo", Compañía de Comando y Servicios o Casino de Suboficiales y Compañía de Comunicaciones de Montaña 8.
Condenados: Oyarzabal Navarro Juan Agustín, Smaha Borzuk Eduardo, Lucero Lorca Celestiano, Rodríguez Vázquez Luis Alberto, Migno Pipaón Dardo, Furio Etcheverri Paulino Enrique
Causa caratulada: Causa Nº 001-M Causa Nº 001-M “Menendez Sanchez, Luciano Benjamín y otros s/Infr. art. 144 bis C.P.” y sus acumulados N° 009-M, 010-M, 011-M, 022-M, 025-M, 031-M, 032-S y 055-M"
En este caso se juzgó por primera vez a la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad y quedó demostrada la existencia del Campo Las Lajas como Centro Clandestino de Detención. También se trataron los asesinatos a manos de la Policía Federal. El subinspector de Infantería Carlos Rico fue juzgado por su vinculación con procedimientos realizados contra un grupo de sindicalistas cercano a la Juventud Trabajadora Peronista, mientras que el Ejército debió responder por las detenciones y tormentos sufridos por 16 mujeres en el Casino de Suboficiales. Además, en la sentencia se declaró que las mujeres víctimas de esta causa, lo fueron en un contexto de violencia en razón de su género.
Condenados: Mirotta Pasquini Luis José, Marchioni Marcelo León, Rico Tejeiro Carlos, Fernández Miranda Armando Osvaldo, Gutiérrez Araya Pablo José, Ledesma Luna Carlos Eduardo, Carelli Allende Armando Olimpio, Beccaria Alcides Paris Francisca, Pipaon Dardo Migno, Puebla Romero Ramón Ángel, Morales Diego Fernando Pastrán, Miranda Genaro Ricardo Benjamín, Laporta Chielli Mario Alfredo, Salinas Ventura Miguel Ángel, Álvarez Lucero Carlos Faustino, Tello Amaya Miguel Ángel, Usinger Serrani Roberto Juan, Santa María Blasón Juan Carlos Alberto
Causa caratulada: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1-Nº 14000125/2006/TO1, caratulados: “MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Luciano B. y Otros s/ Inf. Art. 144 bis inc. 1 C.P.” y sus acumulados
Este fue el quinto juicio realizado por hechos cometidos en la provincia de Mendoza, cuyo territorio conformó la Subzona Militar N° 33, a cargo de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. La ejecución del plan criminal —que incluyó secuestros, traslado de detenidos a los centros clandestinos de detención, interrogatorios bajo tortura, violaciones y homicidios, entre otros delitos— fue compartida por todas las fuerzas represivas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía de Mendoza (a través del D-2 o de otros grupos), la Policía Federal y la Penitenciaría. En este juicio se probó, además, la intervención de ex integrantes de la Justicia Federal. En tal sentido, respecto de los ex jueces y el ex fiscal condenados, el tribunal dio por probado que omitieron ejercer los actos propios de sus funciones, dejando hacer y no oponiendo los obstáculos legales que hubiesen impedido que los delitos se cometieran.
Condenas: los ex jueces Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo Elst, a prisión perpetua. Y 21 ex militaes, penitenciarios y policías en penas que oscilan entre tres, 20 años y prisión perpetua
Causa caratulada: “Fiscal c/Daniel Hugo Rabanal y ots. en Av. Infracción Ley 20.840”.
El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a doce años de prisión al ex juez federal Eduardo Allende, y aplicó penas de siete años y seis meses y seis años al ex teniente de Artillería del Comando de Artillería 141, Alberto Eduardo Camps y al ex médico de la Policía, Jorge Omar Caram, respectivamente. En el marco de este juicio, se abordaron crímenes de lesa humanidad consistentes en tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios en perjuicio de 27 víctimas. El debate oral y público -sustanciado en relación a dos causas acumuladas y vinculadas al terrorismo de Estado en San Luis, conocidas como “Magistrados” y “Caram-Camps”- comprendía también a Hipólito Saa, ex fiscal federal de la provincia puntana que quedó excluido por presunta incapacidad mental sobreviniente; la Fiscalía apeló el fallo del tribunal.
Caratulada como: "SAA, Hipólito y otros sobre Privación Ilegal de la Libertad Personal (art. 142 bis)"
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó el 06/07/2022 a Juan Carlos Caballero Vidal, ex juez federal de la provincia de San Juan en la época de los hechos y ex juez de la corte provincial al inicio de la investigación, a la pena de dos años de inhabilitación absoluta en los términos del artículo 274 del Código Penal. Es la primera condena dictada contra un exmagistrado en la provincia. El imputado llegó a juicio acusado por haber faltado a las obligaciones de su cargo al no dar curso a la acción de habeas corpus ni tampoco impulsar una investigación penal sobre los hechos de privación ilegal de libertad y torturas, constitutivos de crímenes contra la humanidad.
Causa caratulada: "FMZ 26155/2017/TO1 CABALLERO VIDAL, JUAN CARLOS s/INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PERSEGUIR DELINCUENTES”