Participación empresarial. Asignatura pendiente
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Las palabras con las que nombramos hechos o momentos históricos implican una forma de verlos. En un principio hemos hablado solamente de “dictadura militar”, después agregamos “cívico-militar”, y en lo cívico hablábamos de “complicidad empresarial”.
En realidad no estábamos indicando el papel fundamental del poder económico en la planificación del golpe y la economía en su beneficio, y la participación directa en operaciones represivas sobre sus trabajadores en grandes unidades productivas.
Un aporte desde nuestra provincia
“…A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local…” (Mario Rapoport)
Para que los grupos financieros y económicos pudiesen ensanchar sus ganancias, había que terminar con la puja distributiva de décadas previas surgidas con el modelo (ISI) industrialización por sustitución de importaciones.
“…El Terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas…”(Mario Rapoport)
Existe una estrecha relación entre el modelo económico implementado por la dictadura y la represión hacia el movimiento obrero. Uno de los objetivos de las FFAA fue desarticular la organización sindical y capacidad de movilización de los trabajadores. De acuerdo al informe de la Conadep del Nunca Más el 30% de los desaparecidos/as fueron obreros/as.
“…Se desarrolló una represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical, que tuvo como consecuencia que miles de trabajadores, dirigentes y activistas fueran asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de seguimiento, vigilancia y control…” (Victoria Basualdo)
Por tal motivo, no se puede pensar y reflexionar la última dictadura sin tener en cuenta la alianza los sectores más concentrados del poder económico y el rol represivo de las FFAA hacia el movimiento obrero.
La investigadora historiadora Victoria Basualdo en su libro "Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina" analiza cómo altos directivos de las empresas Dálmine-Siderca, Ford, Mercedes-Benz, Astarsa y Acindar estuvieron vinculados con el accionar represivo entre 1976 y 1983. Un claro ejemplo de esta colaboración fue la del empresario Carlos Pedro Blaquier en 1976 en Ingenio Ledesma cuando los obreros y dirigentes sindicales fueron secuestrados con vehículos e infraestructura de la empresa, hecho histórico conocido como la “La noche del apagón”.
Miles de obreros, dirigentes sindicales, delegados de base, fueron secuestrados, torturados, detenidos en sus propios lugares de trabajo y trasladados a CCD, y aún hoy permanecen desaparecidos.
En Santa Fe, la planta de FIAT Sauce Viejo, la mayor metalúrgica de la zona en ese momento, donde había mucha actividad gremial, tuvo desde el 24 de marzo de 1976 al Tte Cnel RE Baglietto, hasta entonces jefe de policía de provincia, como Jefe de Seguridad. Baglietto era además asesor del servicio de inteligencia de la policía.
Acindar, la siderúrgica más importante del cordón de Villa Constitución, dirigida hasta el 24 de marzo por Martínez de Hoz, tuvo participación activa. Los efectivos policiales y parapoliciales instalaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro del predio de Acindar. Este cuartel era utilizado como centro clandestino de detención (CCD) donde se hacían los interrogatorios por parte de la Policía Federal. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas.
El fiscal general Adolfo Villatte sintetizó en marzo de 2017 la responsabilidad de Acindar a través de la disposición de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas; el aporte de vehículos y la reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal (la mayoría de ellos eran los célebres Ford Falcon sin patente); el pago de sobresueldos al personal de las fuerzas represivas; la facilitación del ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros; permitir el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales; brindar información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad y la elaboración de listados de las personas a detener.
En 2022 fue señalizada como sitio de memoria y en 2023 se abrirá el juicio por los delitos cometidos.
En otras provincias:
Ingenio Ledesma, Jujuy. "La noche del Apagón” fue una gran represión a trabajadores, trabajadoras, activistas y militantes vinculados y vinculadas con los procesos de organización en el ingenio Ledesma, entre ellos el intendente Luis Aredez, muchos fueron realizados con vehículos del ingenio y tuvieron lugar en varios días sucesivos en el marco de cortes realizados en el suministro eléctrico. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad de 31 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. Sucesivas apelaciones y demoras impidieron que Blaquier sea juzgado mientras vivió y mantuvo hasta sus 93 años la propiedad y dominio de la empresa que monopoliza la industria azucarera del país.
Lozadur, llegó a tener más de 1200 obreros y producía vajilla de cerámica. Las principales reivindicaciones eran por el trabajo a destajo, por las malas condiciones laborales: se sufrían las altas temperaturas de los hornos y enfermedades pulmonares por la falta de extractores para el polvillo, la mayoría de los trabajadores eran mujeres con bajos salarios. Al producirse el golpe la Federación Obrera Ceramista fue intervenida y quedó a cargo del comandante de Gendarmería Máximo Milarck. En abril de 1977, tras nuevos reclamos, la empresa puso a civiles armados a recorrer los pisos de la fábrica. En agosto del mismo año, el ejército volvió a intervenir en la fábrica y llegaron a apuntarle con las armas a los obreros. Sin embargo, se mantuvo el quite del trabajo a destajo durante agosto y septiembre, pero el interventor Millarck citó a los delegados y los intimó a suspender las medidas de fuerza o vendrían “los bichos verdes”. En octubre del 77 comenzaron a llegar los telegramas de despido y oficiales del Ejército se instalaron en la puerta de la empresa para evitar el traspaso. El 3 de noviembre secuestraron a Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo, Sofía Cardozo, Elba Puente, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva, que se encuentran desaparecidos. En los juicios transcurridos en el 2014, un jefe de personal de Lozadur declaró que el dueño de la empresa recibía a los militares y tenía un trato fluido con ellos. (Extracto nota Clarin 01.12.22).
Finalmente, en 2024 luego de 10 años de inactividad en la causa por el secuestro y desaparición de trabajadores ceramistas de zona norte, los primeros dos responsables empresarios fueron procesados por la jueza Alicia Vence, titular del juzgado federal 2 de San Martín.
Se trata de Alfredo Katzenstein, jefe de producción de Cerámica Cattaneo, y Miguel Luis Puigdevall, subgerente de relaciones industriales de Porcelana Lozadur, quienes fueron considerados partícipes necesarios de los crímenes cometidos contra 11 obreros y obreras, todos desaparecidos. Ambos permanecerán en libertad, ya que no se ordenó su prisión preventiva, aunque se les trabó embargos por 15 millones de pesos y se prohibió su salida del país.
Otros dos imputados, Carlos Alberto Gasparutti, exdirector titular de Cattaneo, y Alfonso Godofredo Amoroso Copello, exdirector de Lozadur e hijo del ya fallecido presidente del directorio Mario Amoroso Copello, recibieron falta de mérito para ser procesados por esos hechos. Mientras que Juan José Penas, exgerente de Relaciones Industriales de Lozadur, murió sin llegar a ser indagado.
SASETRU. Empresa nacional apropiada por la banca extranjera.
La empresa, fundada en 1949, expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 % de las oleaginosas y el 20 % de los cereales del país. A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
Producto de la política económica de valorización financiera impuesta por Martínez de Hoz, la empresa entró en convocatoria y el Banco Central presionó para la creación de un fideicomiso conformado por "un club de bancos" que se haría cargo de la gestión de Sasetru. En marzo de 1981, Sasetru fue obligada a entregar sus acciones a este fidecomiso y luego sus directivos quedaron detenidos. Poco después se concretaba la operatoria para vender el banco del grupo al Bank of American, en el contexto de una operatoria sospechosa. Tras la quiebra, quince directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia, y la empresa cesó sus actividades.
En 2021 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó "mediante intimidación contra la voluntad" de los directivos de la empresa, que se investiguen "las detenciones ilegales" que sufrieron los directivos de la empresa y la "venta ilegítima" del Banco BISA -propiedad de Sasetru- al Bank of America por parte de funcionarios de la última dictadura militar. Considera como hipótesis que la detención de los directivos de Sasetru y el BISA, ocurridas antes de la venta, tuvo el propósito de "quitarlos del medio" para fraguar una operatoria de transacción cuando en verdad se trataba de un despojo ejecutado con la complicidad de los directivos del BCRA. (Telam).
La participación y responsabilidad de las corporaciones económicas, artífices de la dictadura de 1976-1983, es la parte menos reconocida por la conciencia ciudadana y la menos enjuiciada por el sistema judicial, permeable o partícipe hasta el día de hoy del poder real
DICTADURA 1982: ESTATIZACIÓN DE DEUDA PRIVADA
La mayor obra de saqueo por parte de las corporaciones económicas fue la estatización de la deuda privada por un monto aproximado de u$s 15.000 millones. El Presidente del Directorio del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) era por entonces el joven Domingo Felipe Cavallo, quien completó el saqueo y la destrucción de la banca y la industria en dos períodos como ministro (1991-1996 y 2001).
En auditorías posteriores, se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de auto-préstamos y maniobras fraudulentas entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina.
Principales beneficiados fueron los Bancos Río, de Italia, de Galicia, Mercantil, Francés, CitiBank, Ganadero, Crédito Argentino, Comercial del Norte, de Londres, Boston, Tornquist, Español, de Quilmes, de Crédito Rural, Sudameris, Deutsche Bank, Banco Roberts, General de Negocios,Continental Illinois, Supervielle, Chase Manhattan, Bank Of America, Manufactures Hanover, Shaw y Pcia. de Buenos Aires
De la provincia de Santa Fe lo fueron las empresas Acindar SA, Swift Armour, Fiat, Deere and Company y Cargill
Y a lo largo del país: Cogasco SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina, Alto Parana SA, Bridas SA, Alpargatas SA, Cía. Naviera Perez Companc, Dalmine Siderca, Papel De Tucumán, Cementera Juan Minetti SA, Celulosa Puerto Piray, Sade, Sevel, Parques Interama, Cía. De Perforaciones Río Colorado, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Astra A Evangelista SA, Mercedes Benz, Alianza Naviera Argentina, Propulsora Siderúrgica, Ford, Astilleros Alianza SA, Masuh SA, Cemento Noa, Alimentaria San Luis, Loma Negra, Selva Oil Incorporated, Macrosa, Sideco Argentina, Astra Cía. Argentina de Petroleo, Deminex Argentina, Esso, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Panedile Argentina, Suchard Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana, Renault.
Para eso había sido necesario el genocidio
Entre 1973 y 1976 los trabajadores con movilizaciones habían recuperado el sindicato aceitero en manos de burócratas: “Movimiento Obrero de Recuperación Sindical 31 de Mayo”. Alrededor de 22 obreros, entre ellos los 14 delegados, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro de la “planta fabril” de , todos miembros de la comisión directiva e integrantes del cuerpo de delegados.
El obrero y militante gremial, Edén Sandrigo, que fue secuestrado en el frigorífico con un grupo de compañeros por su militancia gremial, como Osvaldo Marcón, Bernabé Aranda, Adolfo Juan Martínez, etc- Muchas de estas historias fueron narradas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en lo que fue la denominada
Mercedes Benz: Los trabajadores que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar fueron incluidos en el cuarto juicio que se lleva a cabo por la megacausa Campo de Mayo en 2022. En esta causa están imputados militares, pero hay otra, que está en condiciones de elevación a debate, que está paralizada, es la que involucra a quienes durante los años de represión ilegal ocuparon altos cargos en la planta automotriz.
Ford Motor Argentina: Un tribunal argentino condenó a los exdirectivos de la empresa considerándolos "partícipes necesarios" del secuestro de 24 obreros de la fábrica, donde se da por probado que funcionó un centro de torturas durante el régimen de facto.
La Veloz del Norte es una conocida empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede también en Tucumán. Se calcula que “al menos 22 trabajadores” de esa empresa fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En 2016 su propietario, Marcos Levín había sido condenado por “la probada y llamativa presencia en dependencias de la Comisaría Cuarta, particularmente durante el período de detenciones”. Fue la primera condena en casos de responsabilidad empresarial por crímenes de la dictadura en el país. La condena fue apelada y la Cámara de Casación Penal la anuló, pasó a revisión de la Corte Suprema, determinó que el trámite del caso sea retomado por el Juzgado Federal Nº1 y comenzó un nuevo procesamiento.
