Responsabilidad judicial en el terrorismo de Estado
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Durante los años del terrorismo de Estado la Justicia Federal negó sistemáticamente la investigación de los pedidos de Habeas Corpus y no abrió causas por ningún procedimiento de fuerzas conjuntas que produjeron muerte de personas. Abrió numerosas causas sin otras pruebas que las declaraciones aportadas por la policía y el ejército, dictando condenas con celeridad. Nunca investigó la identidad de las personas consignadas como NN por los grupos de tareas, dejando librado al reclamo de sus familiares la entrega de sus cuerpos, que en gran número fueron ocultados en tumbas anónimas. Pocas excepciones, de algunos juzgados provinciales, probaron que esto era posible de realizar, bastaba un poco de dignidad.
LA PATOTA DE SACO Y CORBATA
Existe hechos, momentos, instantes en nuestras vidas que son únicos e irrepetibles, pero a la vez tienen un antes, un Presente y un después.
Cada juicio por la Verdad es uno de estos hechos y aquí en Santa Fe capital fue muy significativo el primero de estos juicios, en el cual no solamente se denunciaba a la Policía de la provincia y a militares sino también a la “Justicia Federal”.
Brusa fue el primer juez federal, se lo acusó, se comprobó la denuncia, su injerencia y también se lo condenó.
A mediados del año 1977 el “Proceso” militar necesitó imperiosamente “legalizar” a miles de Presxs Políticxs y lo logró por cierto, a través de su mejor cómplice: el Poder Judicial, que aquí en Santa Fe tuvo nombre y apellido: Fernando Mántaras, Miguel Angel Quirelli, Víctor Hermes Brusa, Víctor Montti.
Solo a uno de ellos se logró llevar a un juicio sano y justo. Cientos de testimonios de víctimas sobrevivientes fueron necesarios para llegar a la verdad. No solo fueron necesarios nuestros testimonios ante el tribunal, sino que también fue necesario que la sociedad santafesina sepa de esta complicidad.
No fue fácil
¿Cómo comprender que la “Justicia” con Nombre y Apellido haya intervenido en los interrogatorios, haya presenciado torturas en su afán de legalizar lo ilegal?. Y que además se hay reciclado y con absoluta impunidad tomó cargos en el Poder Judicial ya en democracia.
Nuestro deber como sobrevivientes es la Verdad y en cada testimonio así lo hicimos, Paciencia y Voluntad para no olvidar.
Ese día, en la audiencia del lunes 26 de octubre de 2009, sentí la necesidad de que tres jueces comprendieran la gravedad de lo ocurrido, pero además la responsabilidad del Poder Judicial, (la responsabilidd de sus ex colegas) en aquella etap de de Nuestro País donde todo fue ilegal y surgió ahí la válida comparación “comprendí entonces que la Justicia Federal del Proceso era la patota de saco y corbata.”
Era así, la patota policial-militar nos torturaba y nos interrogaba y la Patota Judicial legalizaba no solo una declaración sino también los apremios ilegales vividos.
/Silvia Abdolatif
Aunque en su mayoría fueron protegidos por la corporación judicial, muchos de magistrados fueron llevados a juicio y condenados:
En Rosario: la agrupación H.I.J.O.S. Rosario, logró que se cite a declaración indagatoria a los ex fiscales federales Pedro Ramón Tiscornia y José Luis Vázquez, al ex secretario del Juzgado Federal N°2, Horacio Claverie y al ex Juez Guillermo Ernesto Tschopp a ampliar declaración indagatoria, cuyo procesamiento fue apelado y se espera una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones. También está pendiente la imputación de la ex Defensora oficial Laura Inés Cosidoy, importante colaboradora del II Cuerpo de Ejército.
En Santa Fe: el primer juicio de lesa humanidad en la ciudad condenó al funcionario judicial Víctor Hermes Brusa, luego Juez Federal en democracia y lo juzgó por sucesivos delitos en otros tres juicios. , , ,
También el Juez de MenoresLuis María Vera Candioti, fue condenado a 15 años de prisión por haber participado en la retención y ocultamiento de Paula Cortassa. -Vera Candioti
En Tucumán: Manlio Martínez, juez federal en la dictadura, condenado por abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento, privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita.
En Mendoza: Guillermo Petra, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Luis Miret y Otilio Roque Romano, miembros de la justicia federal que omitieron ejercer los actos propios de sus funciones, dejando hacer y no oponiendo los obstáculos legales que hubiesen impedido que los delitos se cometieran.
En Córdoba: el Juez Federal Miguel Ángel Puga, y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, por armar causas para justificar detenciones.
En Chaco: Mazzoni, secretario del Fiscal y los fallecidos Flores Leyes y Cordoba acusados por encubrimiento, por infracción de deber de denunciar y tormentos.
En San Luis: el juez federal Eduardo Allende por su responsabilidad en tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios junto a Hipólito Saa, ex fiscal federal de la provincia quien quedó excluido por presunta incapacidad mental sobreviniente.
En Neuquén: en diciembre de 2024 el Tribunal Oral Federal de Neuquén sentenció a 11 años de prisión efectiva al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, hallados culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia reconoce la complicidad de ambos funcionarios en la represión. Ambos tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar.
