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EDICIÓN 2023 - EDITORIAL EL PERISCOPIO
Esta obra colectiva reúne las historias de 431 militantes populares desaparecidos o asesinados que nacieron o desarrollaron su actividad en los doce departamentos del centro y norte de la provincia de Santa Fe.
Equipo responsable: Juanita Kohler / Francisco Klaric / Luis Larpin / José Nagahama / Rolando Pisarello
ESTA OBRA SERÁ ACTUALIZADA Y COMPLEMENTADA POR LOS APORTES QUE SE RECIBAN.
LA MEMORIA ES UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA














Durante los años del terrorismo de Estado la Justicia Federal negó sistemáticamente la investigación de los pedidos de Habeas Corpus y no abrió causas por ningún procedimiento de fuerzas conjuntas que produjeron muerte de personas. Abrió numerosas causas sin otras pruebas que las declaraciones aportadas por la policía y el ejército, dictando condenas con celeridad. Nunca investigó la identidad de las personas consignadas como NN por los grupos de tareas, dejando librado al reclamo de sus familiares la entrega de sus cuerpos, que en gran número fueron ocultados en tumbas anónimas. Pocas excepciones, de algunos juzgados provinciales, probaron que esto era posible de realizar, bastaba un poco de dignidad.
LA PATOTA DE SACO Y CORBATA
Existe hechos, momentos, instantes en nuestras vidas que son únicos e irrepetibles, pero a la vez tienen un antes, un Presente y un después.
Cada juicio por la Verdad es uno de estos hechos y aquí en Santa Fe capital fue muy significativo el primero de estos juicios, en el cual no solamente se denunciaba a la Policía de la provincia y a militares sino también a la “Justicia Federal”.
Brusa fue el primer juez federal, se lo acusó, se comprobó la denuncia, su injerencia y también se lo condenó.
A mediados del año 1977 el “Proceso” militar necesitó imperiosamente “legalizar” a miles de Presxs Políticxs y lo logró por cierto, a través de su mejor cómplice: el Poder Judicial, que aquí en Santa Fe tuvo nombre y apellido: Fernando Mántaras, Miguel Angel Quirelli, Víctor Hermes Brusa, Víctor Montti.
Solo a uno de ellos se logró llevar a un juicio sano y justo. Cientos de testimonios de víctimas sobrevivientes fueron necesarios para llegar a la verdad. No solo fueron necesarios nuestros testimonios ante el tribunal, sino que también fue necesario que la sociedad santafesina sepa de esta complicidad.
No fue fácil
¿Cómo comprender que la “Justicia” con Nombre y Apellido haya intervenido en los interrogatorios, haya presenciado torturas en su afán de legalizar lo ilegal?. Y que además se hay reciclado y con absoluta impunidad tomó cargos en el Poder Judicial ya en democracia.
Nuestro deber como sobrevivientes es la Verdad y en cada testimonio así lo hicimos, Paciencia y Voluntad para no olvidar.
Ese día, en la audiencia del lunes 26 de octubre de 2009, sentí la necesidad de que tres jueces comprendieran la gravedad de lo ocurrido, pero además la responsabilidad del Poder Judicial, (la responsabilidd de sus ex colegas) en aquella etap de de Nuestro País donde todo fue ilegal y surgió ahí la válida comparación “comprendí entonces que la Justicia Federal del Proceso era la patota de saco y corbata.”
Era así, la patota policial-militar nos torturaba y nos interrogaba y la Patota Judicial legalizaba no solo una declaración sino también los apremios ilegales vividos.
/Silvia Abdolatif
Aunque en su mayoría fueron protegidos por la corporación judicial, muchos de magistrados fueron llevados a juicio y condenados:
En Santa Fe: el primer juicio de lesa humanidad en la ciudad condenó al funcionario judicial Víctor Hermes Brusa, luego Juez Federal en democracia y lo juzgó por sucesivos delitos en otros tres juicios. , , ,
También el Juez de MenoresLuis María Vera Candioti, fue condenado a 15 años de prisión por haber participado en la retención y ocultamiento de Paula Cortassa. -Vera Candioti
En Rosario: la agrupación H.I.J.O.S. Rosario, logró que se cite a declaración indagatoria a los ex fiscales federales Pedro Ramón Tiscornia y José Luis Vázquez, al ex secretario del Juzgado Federal N°2, Horacio Claverie y al ex Juez Guillermo Ernesto Tschopp a ampliar declaración indagatoria, cuyo procesamiento fue apelado y se espera una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones. También está pendiente la imputación de la ex Defensora oficial Laura Inés Cosidoy, importante colaboradora del II Cuerpo de Ejército.
En Tucumán: Manlio Martínez, juez federal en la dictadura, condenado por abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento, privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita.
En Mendoza: Guillermo Petra, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Luis Miret y Otilio Roque Romano, miembros de la justicia federal que omitieron ejercer los actos propios de sus funciones, dejando hacer y no oponiendo los obstáculos legales que hubiesen impedido que los delitos se cometieran.
En Córdoba: el Juez Federal Miguel Ángel Puga, y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, por armar causas para justificar detenciones.
En Chaco: Mazzoni, secretario del Fiscal y los fallecidos Flores Leyes y Cordoba acusados por encubrimiento, por infracción de deber de denunciar y tormentos.
En San Luis: el juez federal Eduardo Allende por su responsabilidad en tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios junto a Hipólito Saa, ex fiscal federal de la provincia quien quedó excluido por presunta incapacidad mental sobreviniente.
En Neuquén: en diciembre de 2024 el Tribunal Oral Federal de Neuquén sentenció a 11 años de prisión efectiva al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, hallados culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia reconoce la complicidad de ambos funcionarios en la represión. Ambos tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar.
Si bien la iglesia institución como parte de las estructuras de poder ha provocado cambios en sus posturas tradicionales, ya sea por medio de declaraciones de sus autoridades o documentos con fuertes críticas que la distanciaban del capitalismo, fueron meras buenas intenciones que sedujeron a propios y ajenos, quienes veían en ellas el tan ansiado acercamiento a los necesitados.
En los años 60, el Concilio Vaticano II genera una gran expectativa en los religiosos de Latinoamérica, que ven una iglesia distinta que acompaña a sus ideales de ayuda a los explotados del sistema. Como desarrollamos en otro capítulo de este trabajo, este movimiento de curas tercermundistas tuvo gran desarrollo en las parroquias de los barrios marginales, así también en las escuelas religiosas donde muchos alumnos asumen el compromiso social de ayuda al prójimo.
Llegado el golpe militar, la jerarquía religiosa como institución, retoma sin ningún pudor su papel como parte del poder, avala las autoridades y las políticas represivas militares, aconsejan a los sacerdotes que no era bien visto el trabajo reivindicativo junto a los pobres, promoviendo traslados a otros lugares y abandonando a su suerte a quienes consideraban que se debían a una política de inclusión, esta actitud en muchos casos causó la muerte y desaparición de obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas a manos de la dictadura represiva, se debe recordar también la participación cómplice de religiosos en los centros clandestinos de detención.
De esta manera la jerarquía eclesiástica continuó con su lógica de ser parte del poder, la que acompaño las conquistas, la que persiguió a aquellos que cuestionaban su doctrina, llevando a la tortura y asesinando mediante variadas y crueles formas a quienes caían en manos de la inquisición, la que alentó la quema de siglos de cultura de pueblos conquistados.
El Escuadrón Perdido, por José Luis D'Andrea Mohr.
Los orígenes de la Doctrina de la Seguridad Nacional
"[...] Las Fuerzas Armadas no se apartan de su misión específica si permanecen atentas a la situación real del país y detectan, como 'radar salvador', la presencia de los enemigos de la Patria sea cual fuere el lugar en que se ocultan."
El "americanismo" defendido por Toranzo Montero y el consecuente papel policial de las Fuerzas Armadas constituyeron teoría y práctica de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional".
El comienzo del espanto
El 5 de febrero de 1975 fue dictado el decreto N2261 que dispuso: ”Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Y ocho meses después el ámbito de la actuación militar fue todo el país, de acuerdo con el decreto del 6 de octubre de 1975, N9 2.772,
Importa a esta altura referirnos al "aniquilamiento": el aniquilamiento consiste en impedir que el oponente quede en condiciones de continuar la lucha. Naturalmente, durante el combate puede haber muertos y heridos. Pero continuar la agresión contra prisioneros se llama exterminio, y esta palabra no figura en manual alguno.
La primera directiva secreta
El 28 de octubre de 1975 fue dada la Directiva del Comandante General del Ejército, Nº 404/75 (Lucha contra la subversión). En octubre de 1975 ya tenía el Ejército bajo su autoridad a las fuerzas de seguridad y penitenciarias de todo el país, además de tener bajo su responsabilidad primaria todo lo referido a la lucha antisubversiva, por lo que los comandantes de Zona estaban por sobre toda otra autoridad militar de otras fuerzas.
Aquella primera directiva 404/75 de Videla fue complementada con la "Orden Parcial 405/76", del 21 de mayo de 1976, firmada por el general Roberto Eduardo Viola, jefe del Estado Mayor del Ejército. Por esa orden quedaron bajo control operacional de su arma casi doscientos mil hombres organizados y armados pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas, policías Federal y provinciales, Prefectura, Gendarmería, servicios penitenciarios y delegaciones de la SIDE.
Como hemos visto, el oponente armado no pasaba, en ese momento, de 600 personas distribuidas en todo el país. Pero el enemigo era descrito por Videla de esta manera: "El terrorismo no es sólo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por atacar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas".
A medida que los centros clandestinos de detención se llenaban de prisioneros, en gran cantidad desaparecidos de acuerdo con testimonios de muchos de los casi diez mil sobrevivientes, los argumentos para insistir con la "lucha contra la subversión" - no la llamaban guerra en esos tiempos - comenzaban a carecer de un enemigo armado capaz de "tomar el poder" camas lo fue). Y ello se advierte en las sucesivas órdenes secretas porque cuanto menor es el oponente armado descrito en ellas más se agranda la cantidad de grupos sociales sobre los que había que mantener control y "depurar para extirpar el mal del marxismo".
El 17 de diciembre de 1976 el general Viola estampó su firma en dos reglamentos secretos impresos en el Instituto Geográfico Militar. Estos ejemplares fueron distribuidos solamente entre comandantes de zonas, subzonas, áreas y jefaturas y comandos de las otras fuerzas armadas, en el cual se destacan por ejemplo:
a) "Operaciones contra elementos subversivos" (R-C-9-1):
"4003 i): Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta... El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado, dado que cuando las FF.AA. entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar rendición.
4008: el ataque se ejecutará: a) Mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. 4003: También se podrá operar en forma semi independiente y aun independiente, como fuerza de tarea.
5007: h) Las órdenes: como las acciones estarán a cargo de las menores fracciones, las órdenes deben aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos, etc.
5013: Emboscada: esas oportunidades de lograr el aniquilamiento no deben ser desaprovechadas, y las operaciones serán ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta."
b) "Instrucciones para operaciones de seguridad" (RE-10-51):
"3002; 8) Elementos a llevar: capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de que los cabecillas detenidos no puedan ser reconocidos y no se sepa dónde son conducidos.
3004: Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres.
3021: La evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de la captura.
4004: Informantes: deberán ser inteligentes y de gran carácter y deberán tener una razón para serlo (creencia, odios, rencores, política, ideología, dinero, venganza, envidia, vanidad, etc.)."
Los dos reglamentos de los que se tomó la información antecedente permitían disparar sobre desarmados, robar niños separándolos de sus madres y la utilización de centros clandestinos de detención como lugares secretos para familiares de las víctimas. Además se utilizaba el término aniquilar como sinónimo de asesinar o exterminar y se oficializaba el saqueo.
Las cifras del terrorismo de Estado
En 1976 ya no había irregulares armados en cantidad y potencia de fuego significativas. Sin embargo, fue desde ese año cuando las desapariciones de personas y asesinatos de indefensos llegaron al extremo. La lectura de las cifras que vinculan la capacidad militar de la guerrilla con el número de desapariciones hasta el año 1978 da testimonio elocuente de que esto no fue una guerra sino una cacería.
Extractos tomados de: Del casco a la capucha- El Escuadrón Perdido, por José Luis D'Andrea Mohr.



Iglesia, archivos e impunidad
Pasadas cuatro décadas, una parte de los actores responsables del terrorismo de Estado ha esquivado exitosamente el proceso de justicia. Su pilar religioso, así como el empresarial, se mantuvo casi al margen de las causas: con 700 militares condenados y 2.700 imputados por crímenes de lesa humanidad, solamente 12 clérigos estuvieron involucrados en resoluciones judiciales (un condenado, un absuelto, seis imputados y cuatro citados como testigos). Es una carrera contra el tiempo: más de 100 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos de detención, pero sólo viven alrededor de 10 y con un promedio de edad de 70 años. Se trata de una deuda impagable.
La Iglesia fue un partícipe necesario en el rompecabezas del genocidio, otorgándole un sentido trascendental y sagrado que lo sostuvo en el tiempo. Pero cualquier intento por judicializar esta responsabilidad penal, ha encontrado los principales escollos en el propio Poder Judicial. Por un lado, la falta de pruebas y testimonios sobre la participación de capellanes en delitos contra la humanidad, y las deficiencias de una doctrina jurídica que facilite el juzgamiento de responsabilidades no directas. Por otro, el buen acceso de la derecha católica a los tribunales y la escasa voluntad que hay en ellos para enfrentarse a la Iglesia, sobre todo desde la aparición de Francisco. A esto se suman las trabas que la propia Iglesia pone a los requerimientos de información por parte de los jueces, ofreciendo selecciones arbitrarias de archivos o negando su existencia, así como las alusiones a la incompetencia jurisdiccional para ocultar datos sobre sacerdotes.
(…)
El Episcopado atesora información significativa en las actas de reuniones de su Comisión Ejecutiva y su Asamblea Plenaria, en las misivas enviadas al Vaticano o en las comunicaciones recíprocas con la Junta Militar y otros organismos del Estado. También hay material útil en otras instancias como obispados, congregaciones y órdenes religiosas, donde se almacenan publicaciones oficiales, legajos administrativos, correspondencia, papeles personales, etc. A diferencia de la presentada recientemente, esta información arroja luz sobre la participación eclesiástica en el terrorismo de Estado: el conocimiento acerca de los desaparecidos, la presencia en los centros clandestinos o la legitimación religiosa del exterminio.
Los boletines trimestrales del Obispado Castrense que circularon por las unidades militares, por ejemplo, impusieron a la formación de sus sacerdotes la valoración sociopolítica que la Iglesia compartía con las Fuerzas Armadas: la “influencia del comunismo”, la preocupación por la violencia, la “defensa contra la subversión” o el desarrollo del “Operativo Independencia”, fueron temas de instrucción permanente en sus páginas. Los legajos de los capellanes también son claves para comprender el funcionamiento de esta institución y su papel en el engranaje represivo: contienen documentación burocrática; una copiosa correspondencia con la jerarquía; delaciones de sacerdotes sobre personas, colegas o militares; información respecto de acciones represivas ilegales; entre otras cosas. Por último, así como los diarios personales del obispo militar Victorio Bonamín han servido como prueba en varias causas, otro conjunto de papeles suyos se encuentra alojado desde hace cuatro años en la Casa Central Salesiana de Córdoba esperando que algún juez se atreva a secuestrarlos.
(…)
La responsabilidad eclesiástica en el surgimiento y sostenimiento del genocidio ha sido ampliamente abordada y documentada, aunque los prelados afirmen que “es una historia que todavía está por hacerse” y que “el periodismo de investigación (respetable) y la ciencia histórica deberán esperar un tiempo”. Las investigaciones de Emilio Mignone, Horacio Verbitsky, Fortunato Mallimaci, Martín Obregón, José Pablo Martín, Rubén Dri y Loris Zanatta, entre otros, así como nuestro reciente aporte acerca del Obispado Castrense, describen la relación orgánica que mantuvo la Iglesia con las Fuerzas Armadas durante el siglo XX, y su participación corporativa en el entramado de la última dictadura. De estos estudios se desprende que no se trató de acciones particulares ni aisladas, sino de una intervención institucional apoyada en criterios comunes, funciones reglamentadas, homogeneidad ideológica, recursos económicos del Estado nacional y un planificado despliegue de los sacerdotes en el territorio militar. Con todo, en 2017 insiste con la “reconciliación”, su eufemismo predilecto para batallar por la impunidad.
Ariel Lede y Lucas Bilbao
Ariel Lede es sociólogo por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Lucas Bilbao es historiador por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Ambos son autores de “Profeta del genocidio. El vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura” (Sudamericana, 2016). A través de su página web y su espacio en Facebook, han difundido aportes documentales que se agregan a la historia y las fuentes presentadas en la obra.


Con simpleza se ha dicho que los medios de comunicación han sido cómplices de la dictadura cívico-militar que implantó el terrorismo de Estado. Así como las corporaciones económicas fueron los dueños de la dictadura, el poder judicial, la iglesia-institución y los medios de comunicación fueron partícipes del completo mecanismo de dominación implantado en el país.
Fueron parte importante para uniformar el discurso dominante y extenderlo a la sociedad, en un país donde la TV era de escasa presencia (unas horas al día) y la prensa gráfica era la voz respetada que abría cada día.
La estigmatización del “enemigo subversivo” que hacía culpable y sospechoso cualquier pensamiento discordante, la difusión de falsa información sobre “enfrentamientos” cuando se trataba de asesinatos, la negación de la desaparición forzada de personas, fueron la palabra repetida día a día hasta el cansancio.
Algunos hitos:
Papel Prensa: La empresa nacional Papel Prensa, propiedad de David Graiver, fue apropiada por la Junta Militar mediante coacción y apremios a la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y su hermano, obligados a "vender" sus acciones a la sociedad denominada FAPEL, constituida por el diario Clarín, el diario La Nación, el diario La Razón, quienes recibieron las acciones en partes iguales. La sociedad militar-comunicacional quedaba blindada por el manejo del papel vital para los medios como regalo.
"Operación Para Ti": Tres años después de la desaparición de su hijo, el 30 de abril de 1979, Thelma Jara de Cabezas fue secuestrada por su activismo en la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Fue llevada a ESMA y el 20 de agosto los represores la sacaron de la ESMA, la llevaron a una peluquería, le compraron ropa y la obligaron a dar una entrevista a la famosa revista PARA TI, titulada "Habla la madre de un subversivo muerto". De esa falsa entrevista, participaron personal de la editorial y los torturadores de la ESMA, Miguel Cavallo entre otros. El juez Sergio Torres, procesó al ex directivo de Para Ti, Agustín Botinelli acusado de coacción por haber fraguado la entrevista a Thelma, como parte del aparato mediático de sostén del genocidio.
Revista GENTE: Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, fue víctima de una operación similar, cuando tenía sólo tres años, y sus padres habían sido asesinados en Uruguay por fuerzas conjuntas de ese país y marinos de la ESMA, sus fotos fueron parte de una campaña mediática que pretendía hacer creer que estaba sola y nadie la reclamaba y que esto sucedía por responsabilidad de sus padres calificados como “delincuentes”, “subversivos”, “fabricadores de huérfanos”. Su dueño Constancio Vigil y el personal jerárquico de la Editorial que sacaba las revistas Somos, Gente y Para Tí, tenían relación directa con los militares y sectores de inteligencia, tal como se expresó en juicio.
“Derechos y Humanos”: José María Muñoz era el periodista deportivo más popular de aquellos tiempos y fue el relator del poder de turno. En plena dictadura militar, el periodista enarbolaba las banderas de los genocidas. En 1979 había llegado una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar testimonios sobre violaciones a los derechos humanos. La selección juvenil de fútbol había obtenido el título mundial y Muñoz arengaba por Radio Rivadavia: “Vayamos todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los señores de la Comisión que la Argentina no tiene nada que ocultar”.
Mientras tanto hubo 84 trabajadores de prensa desaparecidos y 17 asesinados, cuyos patrones no defendieron ni denunciaron.
El “Buenos Aires Herald”, diario en idioma inglés editado en Buenos Aires y Radio Colonia de Uruguay eran fuente de alguna información sobre la realidad
En Santa Fe tuvo su correlato:
“Decíamos ayer: prensa santafesina ante el golpe” / “La Voz del golpe” –
Nuevo Diario(*) dejó en soledad, una vez más, a El Litoral en los días en que se producía el último golpe militar. Su propietario pedía “permiso” para editar el matutino, recuerdan los trabajadores. Ante el asalto de las Fuerzas Armadas, el vespertino se mostró esperanzado con la figura de Jorge Rafael Videla.
¿Qué pasó, qué dijeron nuestros medios gráficos? Se trata de recorrer algunos de los editoriales de los primeros días, un recorte que sirve de muestra.
Del pequeño mapa de medios que existía en Santa Fe en los años 70, hubo una única voz autorizada para transmitir noticias y juicios a partir del 24 de marzo de 1976. Como el importante actor político que era entonces y sigue siendo hoy, El Litoral dejó impreso su beneplácito por los días que se inauguraban en 1976.
Editoriales “El fin de una etapa” es el título elegido para el editorial del 24 de marzo. La determinación de las Fuerzas Armadas “evidentemente” era “fruto de un sereno análisis” y la responsabilidad asumida al tomar el poder era una “consecuencia lógica ante el desgobierno, las contradicciones, la anarquía, el caos económico, la prepotencia, la subversión y la implacable destrucción general que marcaron a la existencia ciudadana en este último período”. Manifiesta el diario que estaba esperanzado de que “verdadera, definitivamente, se haya clausurado esa forma subalterna y deleznable de entender a la alta función política” y apostaba porque “sin apasionamientos pero con firmeza, salgan a la luz tantos hechos ilícitos cometidos al amparo de la función pública”. No esperaba soluciones mágicas, sino asegurar “un mínimo de orden y de justicia”, a lograrse entre todos quienes estuviesen dispuestos a “superar lo negativo y a trabajar por la grandeza nacional en un clima de respeto, de fe y de mancomunado esfuerzo”.
(…)
En otro editorial se ocupa de la justicia. La decisión del Proceso de destituir a los integrantes de las Cortes “aparece como coherente con un propósito radical de completa reorganización de la vida pública”. Sin embargo, no debía menoscabarse ni la dignidad ni la estabilidad de los jueces, pero no de todos, sino de aquellos “hombres auténticamente de derecho, que no aparecen en sus cargos como improvisados o como meros funcionarios de un régimen corrupto”. En Santa Fe existían este tipo de magistrados y entre ellos, exhorta, debía buscarse a los que serían “celosos custodios de la equidad en este período de rigor republicano que ahora se ha abierto y en el que muchos, confiadamente, esperan”.
“Hay que darle tiempo al tiempo” es, quizás, el más revelador editorial de las aspiraciones de El Litoral. Analiza allí algunos artículos del “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional”, de la Junta Militar y señala que trasuntan “con claridad” “la disposición de las fuerzas armadas para morigerar la pugna entre factores con ávida vocación hegemónica”.
Vendrán tiempos de austeridad y sacrificio, dice. Pero todos debemos “renunciar a los caprichos de niños malcriados en una opulencia ficticia, que la producción no podía sostener”. “Para recobrar la heredad malbaratada deberemos aceptar el imperativo de la fatiga y el sacrificio. Entre tanto, no esperemos milagros de un día para otro. Porque, como dice el refrán criollo: ‘Hay que darle tiempo al tiempo’”.
El 29 de marzo, asumió Jorge Rafael Videla la presidencia de la Nación. Al día siguiente, el editorial de El Litoral revela su vocación democrática: la caída del gobierno de “Isabelita” fue el “final más feliz y de mayor ecuanimidad dable, ya que constituyó la toma del gobierno por el Ejército de la Nación y no la substitución de una fuerza política en la función gubernamental por otra, que ni esencial ni formalmente, por las circunstancias, hubiera sido de ningún modo lo más conveniente”. “La toma del cargo de presidente por el general Videla constituye un acto auspicioso, un aliciente para el país que lo abona, porque considera ello lícitamente procedente de inteligencia comprensiva”, concluye.
La campaña antiargentina (1979)
Podría decirse que un diario no tiene la bola de cristal y tiene derecho a ignorar qué consecuencias tendría el golpe en el país. Podría decirse. Sin embargo, aún en 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país, el vespertino aseguraba que lo que sucedía en la Argentina era distorsionado por personas e instituciones mal asesoradas u obedientes a “directivas del marxismo”. “Las mentiras, calificadas con toda justicia de «infames» con respecto a la existencia de «campos de concentración» y otras especies difundidas dentro y fuera de nuestras fronteras con maldad, han quedado al descubierto para los miembros visitantes” (23 de septiembre de 1979).
Inclusive durante la guerra por las islas Malvinas el diario vivó la decisión de dejar atrás las “inútiles negociaciones” y únicamente tras la rendición dio a entender que el ciclo militar estaba terminado. En junio de 1982, analizó el discurso de Galtieri y marcó: “Fue entonces un mensaje de tono crudo, realista, hosco, pero por sobre todo impregnado de una notable sinceridad que nace de la más difícil de las reflexiones que puedan intentarse, es decir, reconocer los propios errores o, lo que es lo mismo, del sistema instaurado en el país”.
/ Cintia Mignone en
La historia argentina se ha escrito con sangre, fundamentalmente la del pueblo que luchó por una convicción o un ideal. Popular cono para darle un significado, si nos remontamos a los tiempos de los ejércitos de la independencia estos estaban compuestos principalmente de originarios, negros y gauchos, creídos en la libertad e igualdad, los grandes comerciantes y ganaderos evitaban mandar a sus prole a la guerra contribuyendo con dinero o esclavos, esta clase creciente económicamente fue dando el apoyo a las luchas internas según convenía a sus intereses, siendo además obsecuente a las políticas que el imperio diseñaba para esta parte del continente, la triple alianza que arrasó con el Paraguay, la conquista del desierto repartiendo tierras entre la oligarquía terrateniente, en defensa de estos mismos intereses se sofocaban las luchas por reivindicaciones obreras a balazos, Patagonia rebelde, luchas en la Forestal, los talleres Vasena.
La aparición del peronismo con sus conquistas sociales y fortalecimiento de los sindicatos, lo coloca como el principal enemigo que disputa la redistribución de las riquezas. Para su derrocamiento se provocaron atentados y el bombardeo a la Plaza de Mayo. Ya con la “revolución fusiladora” instalada, se proscribe al peronismo y comienza la persecución de los dirigentes políticos y gremiales. En el intento de recuperar la constitucionalidad, el levantamiento de 1956 es escarmentado con fusilamientos “legales” de los militares y el fusilamiento clandestino de civiles. Fue en José León Suarez y Rodolfo Walsh lo descubrió a la luz pública en “Operación Masacre”, obra de trascendencia.
En el año 1972, cuando la dictadura de Lanusse retrocedía, aplicó el mismo procedimiento: la Masacre de Trelew, que hemos relatado en ese capítulo especial.
Desde el comienzo del terrorismo de Estado se aplicó como mecánica y así comenzaron a aparecer cuerpos de militantes populares “abatidos en un enfrentamiento”, tal como titulaban los medios comunicacionales, que encubrían con su tinta los fusilamiento de los detenidos o aquellos que eran muertos en las calles en operativos o allanamientos, cuerpos dinamitados y tantos otros horrores cometidos. Era la manera de camuflar los excesos en la represión mostrando un ejército que respondía al ataque del enemigo. A estos hechos los denominamos masacres y nombramos algunos de estos destacando en negrita aquellas donde fueron asesinadas personas cuyas historias relatamos en este libro
Masacre de Pacheco (29/05/74): en General Pacheco, Buenos Aires. Agentes de la Triple A asesinan a tres militantes del Partido Socialista de los Trabajadores.
Masacre de Capilla del Rosario(12/08/74): en San José, Catamarca. Tras una operación fallida por parte de la organización guerrillera ERP, 16 guerrilleros rendidos y desarmados fueron fusilados ilegalmente.
Masacre del cinco por uno (21/03/75): en Mar del Plata la organización parapolicial llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU), asesina a 5 militantes de la Juventud Universitaria Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios.
Masacre de Pasco (21/03/75), en Lomas de Zamora cometida por la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) secuestró a ocho militantes de la JP con absoluta impunidad, pues la policía bonaerense había recibido órdenes de "liberar la zona". Llevaron a los secuestrados a la avenida Pasco, donde fueron fusilados y dinamitados para evitar que los cuerpos fueran identificados.
Masacre de “La Pastoril” (29/03/76) en La Reja, Moreno, donde se encontraban militantes de los partidos PRT, ERP, MIR Chileno, ELN boliviano y el MLN Tupamaros de Uruguay junto a Montoneros. Allí, siete militantes fueron asesinados y otros ocho secuestrados y torturados, de los cuales sólo sobrevivieron cuatro.
Masacre de La Plata (05/09/75): la banda parapolicial Triple A masacra a 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores que apoyaban una huelga textil.
Masacre de Lanús (12-13-14/04/76). Fuerzas militares secuestraron a 8 militantes de JP-Montoneros, siete de ellos fueron asesinados, todos del mismo modo: dos disparos en el torso y uno en la cabeza. Uno sigue desaparecido.
Masacre del Loteo "Merinyr" (10/04/76). Moreno BsAs. Cinco detenidxs desaparecidxs en Capital Federal entre el 3 y 7/4/1976 fueron asesinadxs en un descampado en la Ruta Nacional 197 de Moreno (Bs.As.). Sus cuerpos fueron sepultadxs como NN en el Cementerio Municipal de Moreno.
Masacre de San Isidro (29-31/06/76) Al norte del Gran Buenos Aires, se produjeron una serie de muertes violentas de una veintena de obreros en operativos que se simularon como enfrentamientos.
Masacre de San Patricio (04/07/76) en el Barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, tres sacerdotes y dos seminaristas católicos son asesinados en la iglesia de San Patricio.
Apagón de Ledesma de 1976 (22 al 27/06/76): 70 muertos, y cerca de 400 secuestrados en Libertador General San Martín y Calilegua, Jujuy. Durante unos cortes de luz, personal de gendarmería ―contando con camionetas del ingenio Ledesma― secuestró a 400 personas, la mayoría trabajadores del ingenio.
Masacre de Palomitas (06/07/76): En el campo, a 30 km al sur de General Güemes, Salta, once detenidos políticos son fusilados. La policía los dinamita para simular un enfrentamiento con guerrilleros.
Masacre de Los Surgentes (17/08/76) en Los Surgentes, Córdoba, la policía de Rosario fusila a 7 presos políticos en un camino rural.
Masacre de Fátima (20/08/76) en Fátima, cruce de Camino de Tierra con la RP6, Pilar, Buenos Aires. En el marco de la Dictadura cívico-militar (1976-1983), treinta detenidos en un centro clandestino de detención en el campo de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina fueron trasladados al lugar donde fueron fusilados y dinamitados (para simular un enfrentamiento con guerrilleros).
Masacre de El Gallinato (24-25/09/76), en La Calderilla, Salta. Se dinamitaron al menos 7 cuerpos de personas detenidas desaparecidas.
Masacre de la calle Juan B. Justo (19/11/76) en San Nicolás de los Arroyos,Buenos Aires. Fuerzas conjuntas asesinan a un matrimonio, sus dos hijos y otra compañera.
Masacre de Margarita Belén (12/12/76): 16 km al norte de Margarita Belén, Chaco, el Ejército Argentino y la Policía del Chaco fusila a 22 presos políticos, en su mayoría militantes de la Juventud Peronista.
Masacre de Ibarlucea (18/12/76) en Ibarlucea, Santa Fe, seis jóvenes militantes políticos fueron asesinados por un grupo de policías rosarinos, a las órdenes directas de Agustín Feced.
Masacre de Brandsen (05/01/77) en Brandsen, (km 56 de la Ruta 215). El hecho se justificó argumentando un intento de fuga durante el traslado de Dardo Cabo y Roberto Pirles desde la Unidad 9 de La Plata a la Unidad 2 de Sierra Chica en el que otros “delincuentes subversivos” habrían emboscado al personal del ejército.
Masacre de Las Heras e Ituzaingó (19/01/77), en Santa Fe. Se trató de un operativo conjunto de más de cien efectivos de la policía santafesina y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia y una vecina del edificio resultaron asesinados
Masacre de Ayolas y Cafferata (23/01/77) en Rosario (provincia de Santa Fe), seis jóvenes militantes políticos fueron asesinados en unos galpones ubicados en la ex calle Ayolas (hoy Uruguay) y Cafferata, por un grupo de policías rosarinos
Masacre del Pasaje Marchena (17/02/77) en Rosario, seis jóvenes militantes políticos que habían sido secuestrado fueron asesinados en el Pasaje Marchena por un grupo de policías rosarinos
Masacre de El Castillo (19/03/77) en Córdoba. En la casona ubicada en Manuel de Quintana y Pedro Bazan de Pedraza (ex Sarmiento) se realizaba una reunión de reorganización de Montoneros. Un operativo de un centenar de efectivos destruyó totalmente la casa y asesinó a siete militantes montoneros..
Masacre de Monte Grande (24/05/77) en Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, dieciséis jóvenes militantes políticos fueron asesinados por un grupo de fuerzas represivas
Masacre de "Luna Roja" (02/08/78). El grupo de Inteligencia de la Marina que actuaba en Mar del Plata eligió a cinco detenidos ilegales, pertenecientes a Montoneros, los condujo hasta una casilla del balneario Luna Roja, vecino a Barranca de Lobos y Chapadmalal, y los hizo dinamitó, informando luego a la prensa que se trataba de “extremistas” que habían muerto “manipulando una bomba”.
Destacados en negrita los hechos que involucran a historias de esta publicación
Utopía
Sin querer me metí en una utopía
Y no pude salir íbamos hacia el cielo el mar el monte
Y no pude salir
Creábamos futuro a ras del alma
Y no pude salir
Cuando al fin/no sé cómo
Salí de aquel ensueño




La utopía hechicera ya no estaba
Y el mundo me ofrecía mal humor y abandono
Mario Benedetti
Este trabajo tiene como antecedente el trabajo que realizamos en las ediciones 1 y 2 de “Historias de Vida-Homenaje a militantes santafesinos”. Tomo I y Tomo II
Agradecemos a quienes trabajaron desinteresadamente en aquellas ediciones y a familiares, amigos y compañeros que brindaron testimonio y aportaron para ese cometido
La base fundante de este nuevo trabajo, está dada por la gran cantidad de material recogida en entrevistas y en recuperación de documentación de aquel trabajo que quedaron excluidas en muchos casos por falta de espacio. A esto debemos sumarle que del trabajo permanente que realizamos y seguramente continuaremos haciendo, fueron apareciendo nuevos casos y mayor cantidad de material para nosotros importante, que era necesario incorporar y es una obligación que como grupo sentimos.
“Memoria Urgente”, relevamiento realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, aportó muchos nombres de personas nacidas en la provincia que realizaron su vida y militancia en otras. Los trabajos de Raúl Borsatti (“Solo digo compañeros”) y Roberto Baschetti (“Militantes del Peronismo Revolucionario uno por uno”) completaron buena parte de este trabajo integrador.
Nuestro interés no es idealizar nombres angelizados. Sus nombres tienen carnadura moral significante para la conciencia nacional. Creemos firmemente que la historia no debe ser despolitizada. Y que cada compañere debe ser rescatado por mérito propio, que la palabra revolución les habita y pertenece, porque fueron dignos hasta el final y los procesos históricos no se agotan en la muerte individual
Sentimos la obligación de decir de ellos, nos conmueve hacerlo, necesitamos traerlos reafirmando su presente. La historiografía neoliberal dinamitó como siempre todos los puentes con el pasado, sentimos que ellos hubieren querido construirlos y nosotros asumimos esa tarea como propia.
Nos consideramos sobrevivientes con experiencia propia y diversa. Constituimos un pequeño grupo de militantes que vivimos la experiencia de aquella época, tanto la previa como militantes comprometidos como la dictadura misma en carne propia y a la cual sobrevivimos.
Junto con la recuperación democrática recuperamos la inserción social no sin dificultades. Podemos definir este grupo como una coincidencia significativa en el hecho de que sincronizamos conjuntamente un modo similar de mirar la memoria, la historia y la pertenencia política.
Más precisamente de repensar la historia desde la memoria. Sabemos que entre historia y memoria siempre hay tensiones, en general estas últimas están destinadas a obturar la memoria, el sistema de dominación busca desde su lugar de privilegio y escribe la historia para justificarse a sí mismo. El pasado es de este modo siempre un botín justificatorio, basado en el ocultamiento, que hace que el olvido se produzca por el aprendizaje interferente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria, y lo "desaparece" de la conciencia.
Está tensión entre la historia y la memoria está también proyectada sobre la verdad desaparecida por esta interferencia intencional.
Nuestro objetivo en este trabajo es casualmente evitar que el olvido oculte la historia y la verdad que consideramos propia; sabemos que existen varias memorias y que todas se justifican como válidas y que expresan una visión de la historia.
A lo largo de los últimos 40 años hemos visto distintos tratamientos sobre la violencia y la represión en la Argentina. Distintas maneras de negar lo sucedido, desgraciadamente pudimos observar lo hondo que caló el “no te metas” y el “por algo habrá sido” no solo en el hombre común sino también en la dirigencias política.
La “teoría de los dos demonios” planteada en los años `80, pretendió instalar que la dictadura fue un enfrentamiento entre dos bandos delirantes, haciendo hincapié en la culpabilidad de quiénes fueron víctimas del terrorismo de Estado como generadores de la intervención militar. Esta teoría fue compartida y explicitada por la mayoría de las dirigencias políticas empresariales eclesiásticas sindicales y sociales. Cuando está teoría quedó desnuda frente a la evidencia del terrorismo de Estado, inventaron otras como “la elite y los perejiles” para denostar la Militancia (con mayúsculas) como política transformadora.
En esta obra reivindicamos la Militancia de tantos hombres y mujeres, chicas y chicos que dedicaron su vida, hasta ofrendarla, imbuidos del espíritu revolucionario del Hombre Nuevo.
En el trabajo que hemos realizado con anterioridad, que ya tiene más de 10 años de la aparición del primer tomo, se nota que la forma de tratar la recuperación de la historia, de mencionar los hechos, va creciendo con la práctica utilizada. La narrativa recupera palabras, hechos, y se percibe en su crecimiento que se va liberando de la presión impuesta por la memoria oficial.
Sabemos que, dicho de manera simple, se manifiesta como una imposibilidad política e intelectual de llamar por su nombre a gran parte de ese pasado que debemos asumir que fue violento y trastocador, tantos como otros muchos que vivió la historia de nuestro país y de Latinoamérica
Auspiciosamente luego de la catástrofe del neoliberalismo de los ´90 pudimos alcanzar una etapa popular que permitió florecer la política y con ello todo lo que se había intentado negar o enterrar salió a superficie, dejando al descubierto el verdadero rostro del horror que fue la dictadura cívico-empresarial-militar-eclesiástica.
Creemos que la tarea de repensar la historia se trata de atreverse a mirarnos como sociedad frente a frente, sin hacer una revisión maniquea entre buenos y malos.
El sistema dominante, aún retrocediendo en espacios el poder, supo ganar la batalla cultural por medio de su manejo de la información, la cultura y el temor, imponiendo una serie de premisas que hacen a la negación de la verdadera historia.
En nuestro país como en todo Latinoamérica la violencia fue el método de los sectores dominantes,. La conquista colonial con la cruz y la espada fue violenta, las luchas por la independencia fueron violentas, los conflictos entre unitarios y fue violento, la “campaña del desierto”, la guerra contra el Paraguay, la explotación de los inmigrantes, las represiones a las luchas obreras, el fraude histórico, los bombardeos a Plaza de Mayo, las proscripciones y represiones posteriores fueron violencia.
La otra parte de esta etapa violenta fue la resistencia a la opresión de una generación de sectores sociales, en muchos casos, que no padecían necesidades que asumió la del otro como propia.
Nunca hubo ofensiva realmente hablando, todos los movimientos realizados por los sectores populares fueron productos de resistencias para detener el avance, que a pesar de los 40 años de institucionalidad democrática ha perdurado provocando aumento de la pobreza, consolidación de la marginalidad excluyente, con los sectores dominantes apropiándose descaradamente del poder judicial y de los medios informativos, generando insatisfacción, miedo y resignación donde se alimenta el monstruo de la extrema derecha.
La destrucción del país, el terror y la persecución nos afectó a todos. Aunque aquí recordamos a quienes más lo sufrieron, en nuestro pueblo hubo también innumerables actos heroicos anónimos. El hombre común reaccionó en momentos donde todo era oscuridad y violencia, donde el miedo era impuesto desde todos los ámbitos de poder. Existieron innumerables actos de solidaridad que solo hablan del corazón generoso de nuestro pueblo y difíciles de explicar de otro modo, porque representaron riesgos y consecuencias personales altísimas.
Entre ellos un grupo de mujeres, las MADRES, que reconocían que la militancia de sus hijos las había parido a la política y que con su militancia superó todos los cercos, convirtiéndose en imprescindible referente y verdadero puente indestructibles entre el pasado el presente.








Las palabras con las que nombramos hechos o momentos históricos implican una forma de verlos. En un principio hemos hablado solamente de “dictadura militar”, después agregamos “cívico-militar”, y en lo cívico hablábamos de “complicidad empresarial”.
En realidad no estábamos indicando el papel fundamental del poder económico en la planificación del golpe y la economía en su beneficio, y la participación directa en operaciones represivas sobre sus trabajadores en grandes unidades productivas.
Un aporte desde nuestra provincia
“…A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local…” (Mario Rapoport)
Para que los grupos financieros y económicos pudiesen ensanchar sus ganancias, había que terminar con la puja distributiva de décadas previas surgidas con el modelo (ISI) industrialización por sustitución de importaciones.
“…El Terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas…”(Mario Rapoport)
Existe una estrecha relación entre el modelo económico implementado por la dictadura y la represión hacia el movimiento obrero. Uno de los objetivos de las FFAA fue desarticular la organización sindical y capacidad de movilización de los trabajadores. De acuerdo al informe de la Conadep del Nunca Más el 30% de los desaparecidos/as fueron obreros/as.
“…Se desarrolló una represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical, que tuvo como consecuencia que miles de trabajadores, dirigentes y activistas fueran asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de seguimiento, vigilancia y control…” (Victoria Basualdo)
Por tal motivo, no se puede pensar y reflexionar la última dictadura sin tener en cuenta la alianza los sectores más concentrados del poder económico y el rol represivo de las FFAA hacia el movimiento obrero.
La investigadora historiadora Victoria Basualdo en su libro "Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina" analiza cómo altos directivos de las empresas Dálmine-Siderca, Ford, Mercedes-Benz, Astarsa y Acindar estuvieron vinculados con el accionar represivo entre 1976 y 1983. Un claro ejemplo de esta colaboración fue la del empresario Carlos Pedro Blaquier en 1976 en Ingenio Ledesma cuando los obreros y dirigentes sindicales fueron secuestrados con vehículos e infraestructura de la empresa, hecho histórico conocido como la “La noche del apagón”.
Miles de obreros, dirigentes sindicales, delegados de base, fueron secuestrados, torturados, detenidos en sus propios lugares de trabajo y trasladados a CCD, y aún hoy permanecen desaparecidos.
En Santa Fe, la planta de FIAT Sauce Viejo, la mayor metalúrgica de la zona en ese momento, donde había mucha actividad gremial, tuvo desde el 24 de marzo de 1976 al Tte Cnel RE Baglietto, hasta entonces jefe de policía de provincia, como Jefe de Seguridad. Baglietto era además asesor del servicio de inteligencia de la policía.
Acindar, la siderúrgica más importante del cordón de Villa Constitución, dirigida hasta el 24 de marzo por Martínez de Hoz, tuvo participación activa. Los efectivos policiales y parapoliciales instalaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro del predio de Acindar. Este cuartel era utilizado como centro clandestino de detención (CCD) donde se hacían los interrogatorios por parte de la Policía Federal. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas.
El fiscal general Adolfo Villatte sintetizó en marzo de 2017 la responsabilidad de Acindar a través de la disposición de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas; el aporte de vehículos y la reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal (la mayoría de ellos eran los célebres Ford Falcon sin patente); el pago de sobresueldos al personal de las fuerzas represivas; la facilitación del ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros; permitir el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales; brindar información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad y la elaboración de listados de las personas a detener.
En 2022 fue señalizada como sitio de memoria y en 2023 se abrirá el juicio por los delitos cometidos.
En otras provincias:
Ingenio Ledesma, Jujuy. "La noche del Apagón” fue una gran represión a trabajadores, trabajadoras, activistas y militantes vinculados y vinculadas con los procesos de organización en el ingenio Ledesma, entre ellos el intendente Luis Aredez, muchos fueron realizados con vehículos del ingenio y tuvieron lugar en varios días sucesivos en el marco de cortes realizados en el suministro eléctrico. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad de 31 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. Sucesivas apelaciones y demoras impidieron que Blaquier sea juzgado mientras vivió y mantuvo hasta sus 93 años la propiedad y dominio de la empresa que monopoliza la industria azucarera del país.
Mercedes Benz: Los trabajadores que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar fueron incluidos en el cuarto juicio que se lleva a cabo por la megacausa Campo de Mayo en 2022. En esta causa están imputados militares, pero hay otra, que está en condiciones de elevación a debate, que está paralizada, es la que involucra a quienes durante los años de represión ilegal ocuparon altos cargos en la planta automotriz.
Ford Motor Argentina: Un tribunal argentino condenó a los exdirectivos de la empresa considerándolos "partícipes necesarios" del secuestro de 24 obreros de la fábrica, donde se da por probado que funcionó un centro de torturas durante el régimen de facto.
La Veloz del Norte es una conocida empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede también en Tucumán. Se calcula que “al menos 22 trabajadores” de esa empresa fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En 2016 su propietario, Marcos Levín había sido condenado por “la probada y llamativa presencia en dependencias de la Comisaría Cuarta, particularmente durante el período de detenciones”. Fue la primera condena en casos de responsabilidad empresarial por crímenes de la dictadura en el país. La condena fue apelada y la Cámara de Casación Penal la anuló, pasó a revisión de la Corte Suprema, determinó que el trámite del caso sea retomado por el Juzgado Federal Nº1 y comenzó un nuevo procesamiento.
Lozadur, llegó a tener más de 1200 obreros y producía vajilla de cerámica. Las principales reivindicaciones eran por el trabajo a destajo, por las malas condiciones laborales: se sufrían las altas temperaturas de los hornos y enfermedades pulmonares por la falta de extractores para el polvillo, la mayoría de los trabajadores eran mujeres con bajos salarios. Al producirse el golpe la Federación Obrera Ceramista fue intervenida y quedó a cargo del comandante de Gendarmería Máximo Milarck. En abril de 1977, tras nuevos reclamos, la empresa puso a civiles armados a recorrer los pisos de la fábrica. En agosto del mismo año, el ejército volvió a intervenir en la fábrica y llegaron a apuntarle con las armas a los obreros. Sin embargo, se mantuvo el quite del trabajo a destajo durante agosto y septiembre, pero el interventor Millarck citó a los delegados y los intimó a suspender las medidas de fuerza o vendrían “los bichos verdes”. En octubre del 77 comenzaron a llegar los telegramas de despido y oficiales del Ejército se instalaron en la puerta de la empresa para evitar el traspaso. El 3 de noviembre secuestraron a Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo, Sofía Cardozo, Elba Puente, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva, que se encuentran desaparecidos. En los juicios transcurridos en el 2014, un jefe de personal de Lozadur declaró que el dueño de la empresa recibía a los militares y tenía un trato fluido con ellos. (Extracto nota Clarin 01.12.22).
Finalmente, en 2024 luego de 10 años de inactividad en la causa por el secuestro y desaparición de trabajadores ceramistas de zona norte, los primeros dos responsables empresarios fueron procesados por la jueza Alicia Vence, titular del juzgado federal 2 de San Martín.
Se trata de Alfredo Katzenstein, jefe de producción de Cerámica Cattaneo, y Miguel Luis Puigdevall, subgerente de relaciones industriales de Porcelana Lozadur, quienes fueron considerados partícipes necesarios de los crímenes cometidos contra 11 obreros y obreras, todos desaparecidos. Ambos permanecerán en libertad, ya que no se ordenó su prisión preventiva, aunque se les trabó embargos por 15 millones de pesos y se prohibió su salida del país.
Otros dos imputados, Carlos Alberto Gasparutti, exdirector titular de Cattaneo, y Alfonso Godofredo Amoroso Copello, exdirector de Lozadur e hijo del ya fallecido presidente del directorio Mario Amoroso Copello, recibieron falta de mérito para ser procesados por esos hechos. Mientras que Juan José Penas, exgerente de Relaciones Industriales de Lozadur, murió sin llegar a ser indagado.
SASETRU. Empresa nacional apropiada por la banca extranjera.
La empresa, fundada en 1949, expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 % de las oleaginosas y el 20 % de los cereales del país. A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
Producto de la política económica de valorización financiera impuesta por Martínez de Hoz, la empresa entró en convocatoria y el Banco Central presionó para la creación de un fideicomiso conformado por "un club de bancos" que se haría cargo de la gestión de Sasetru. En marzo de 1981, Sasetru fue obligada a entregar sus acciones a este fidecomiso y luego sus directivos quedaron detenidos. Poco después se concretaba la operatoria para vender el banco del grupo al Bank of American, en el contexto de una operatoria sospechosa. Tras la quiebra, quince directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia, y la empresa cesó sus actividades.
En 2021 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó "mediante intimidación contra la voluntad" de los directivos de la empresa, que se investiguen "las detenciones ilegales" que sufrieron los directivos de la empresa y la "venta ilegítima" del Banco BISA -propiedad de Sasetru- al Bank of America por parte de funcionarios de la última dictadura militar. Considera como hipótesis que la detención de los directivos de Sasetru y el BISA, ocurridas antes de la venta, tuvo el propósito de "quitarlos del medio" para fraguar una operatoria de transacción cuando en verdad se trataba de un despojo ejecutado con la complicidad de los directivos del BCRA. (Telam).
La participación y responsabilidad de las corporaciones económicas, artífices de la dictadura de 1976-1983, es la parte menos reconocida por la conciencia ciudadana y la menos enjuiciada por el sistema judicial, permeable o partícipe hasta el día de hoy del poder real
DICTADURA 1982: ESTATIZACIÓN DE DEUDA PRIVADA
La mayor obra de saqueo por parte de las corporaciones económicas fue la estatización de la deuda privada por un monto aproximado de u$s 15.000 millones. El Presidente del Directorio del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) era por entonces el joven Domingo Felipe Cavallo, quien completó el saqueo y la destrucción de la banca y la industria en dos períodos como ministro (1991-1996 y 2001).
En auditorías posteriores, se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de auto-préstamos y maniobras fraudulentas entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina.
Principales beneficiados fueron los Bancos Río, de Italia, de Galicia, Mercantil, Francés, CitiBank, Ganadero, Crédito Argentino, Comercial del Norte, de Londres, Boston, Tornquist, Español, de Quilmes, de Crédito Rural, Sudameris, Deutsche Bank, Banco Roberts, General de Negocios,Continental Illinois, Supervielle, Chase Manhattan, Bank Of America, Manufactures Hanover, Shaw y Pcia. de Buenos Aires
De la provincia de Santa Fe lo fueron las empresas Acindar SA, Swift Armour, Fiat, Deere and Company y Cargill
Y a lo largo del país: Cogasco SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina, Alto Parana SA, Bridas SA, Alpargatas SA, Cía. Naviera Perez Companc, Dalmine Siderca, Papel De Tucumán, Cementera Juan Minetti SA, Celulosa Puerto Piray, Sade, Sevel, Parques Interama, Cía. De Perforaciones Río Colorado, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Astra A Evangelista SA, Mercedes Benz, Alianza Naviera Argentina, Propulsora Siderúrgica, Ford, Astilleros Alianza SA, Masuh SA, Cemento Noa, Alimentaria San Luis, Loma Negra, Selva Oil Incorporated, Macrosa, Sideco Argentina, Astra Cía. Argentina de Petroleo, Deminex Argentina, Esso, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Panedile Argentina, Suchard Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana, Renault.
Para eso había sido necesario el genocidio







Fuente: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/complicidad-empresarial-asignatura-pendiente/



La Historia oficial argentina, la que a pesar de los cuestionamientos de los historiadores revisionistas, aún se continúa enseñando en muchas de nuestras escuelas, es una versión de la historia sobre la que miles, millones de niños construyen su idea de pertenencia a un destino común, de ciudadanía, de Nación, está basada en la historia escrita en el Siglo XIX por Bartolomé Mitre.
Esa historia “…ofrece una visión de nuestro pasado desde la óptica del bloque social dominante, (…) Mitre aseguró el predominio de sus ideas con la fundación (…) del diario La Nación (…) la clase dominante no sólo legitima su pasado, presentándose como la suma de las virtudes y adjudicándoles los horrores a sus enemigos, sino que se consolida políticamente y apuesta a perpetuarse en el futuro al someter a su concepción al resto del país, especialmente a los sectores más ligados a la cultura (la clase media)” .[1]
De esta manera, la Historia Oficial, escrita para legitimar y consolidar el triunfo de Buenos Aires sobre la Confederación, exalta a algunos y condena a otros, ignora las causas económicas, políticas y sociales de los enfrentamientos internos. Oculta que ya desde 1810, se perfilan dos proyectos de país enfrentados en un conflicto que perdura hasta nuestros días. Es que, con los lógicos matices y cambios políticos y sociales propios del devenir histórico, los problemas centrales de los siglos XIX, XX y XXI, continúan siendo los mismos, independencia, justicia y derechos sociales, distribución de la riqueza, libertad y democracia.
EL control hegemónico establecido por las armas y las políticas culturales, nunca logró imponerse completamente, fue cuestionado y enfrentado, con mayor o menor éxito en distintos momentos de nuestra historia. La lucha por derechos y mejores condiciones de vida fue la respuesta rebelde de los sectores populares contra el modelo de explotación y sometimiento. Se fueron conquistando derechos, pero la lucha siempre fue respondida con una represión muchas veces cruenta, y con políticas culturales de desprestigio.
“El proceso simbólico mediante el cual los dominadores legitiman su dominación es, en esencia, sencillo. Se trata de devaluar la cultura y el pensamiento de parte de la población, mientras ellos se colocan en la antinomia. Es así como el acto de minusvalorar las opiniones de los actores sociales populares permite y hasta solicita el acto consecuente de salvarlos de sí mismos. En la Argentina, el punto de vista antiperonista –que constituyó una cultura de clase- se apoyó en las antinomias “civilización contra barbarie”, “democráticos contra autoritarios”, “realistas contra populistas”, “modernos contra primitivos”, construyendo una inmensa segregación social. Cuando a esta se agregó la segregación política, el resultado fue la formación de una identidad de resistencia de los excluidos que construyó “formas de resistencia colectiva contra la opresión, de otro modo insoportable”.[2]
, revolucionario argelino, sostenía que el colono habla del colonizado en un lenguaje zoológico para negarle su condición de ser humano. A modo de ejemplo, decían que los pueblos originarios no tenían “alma”, ”total es sangre de gauchos” dirá Sarmiento, luego será el “aluvión zoológico”, “los cabecitas negras”, los negros, los grasas, la chusma y hoy “los planeros”.
Estas prácticas de desvalorizar al opositor se seguirán aplicando en las décadas de 1960-´70, tanto contra peronistas como contra la izquierda, tanto a unos como a otros se los acusa de subversivos, apátridas, criminales, corruptos, ajenos al ser nacional, del mismo modo como antes se lo había hecho con los caudillos federales, con los irigoyenistas, o con dirigentes obreros anarquistas y socialistas, los de la Semana Trágica, los de las Huelgas Patagónicas, los de la Forestal, los de la resistencia peronista y tantos otros.
Así, los jóvenes de los ´70 aparecen, en la prensa y discursos oficiales de la época, y actualmente en todos los discursos de la derecha, como los únicos responsables de la violencia política en Argentina dejando en el olvido hechos tan terribles como por ejemplo el bombardeo a Plaza de Mayo.
Es el trabajo por Memoria, Verdad y Justicia, de los organismos de Derechos Humanos, Madres, Abuelas, Familiares, HIJOS, el que impide el éxito y la consolidación de estas prácticas difamatorias. La difusión de la información correcta sobre los hechos y métodos empleados, la crueldad y magnitud del genocidio, del robo de bebes, de la verdad acerca de los asesinatos y torturas produjo un enorme rechazo social que se visualizó claramente en el masivo rechazo al “dos por uno” para liberar genocidas condenados y en la acción de la justicia, que desde el Juicio a las Juntas, y todos los demás juicios a los genocidas que aún se siguen desarrollando han demostrado la falsedad del relato dictatorial. [3]
Es a esa historia, la otra historia, la de los sectores populares a la que queremos aportar con este libro desde nuestro lugar de testigos y partícipes. Este no es un libro de Historia sino de Memoria, pero su comprensión, hace necesario que esa Memoria sea situada en tiempo y espacio, en su contexto histórico, la ciudad de Santa Fe, Argentina, en las décadas de 1960 y 1970.
Comprender los hechos de los años ´60/70, sin el facilismo de culpabilizar a una generación de violentos, requiere echar una mirada sobre los acontecimientos ocurridos a partir del gobierno de Perón y su derrocamiento. El peronismo, sobre la base de las industrias sustitutivas surgidas después de la crisis de los años ´30, puso en marcha un proyecto industrialista de tipo keynesiano, orientado a la generación de trabajo agregando valor a la producción primaria para liberar al país de la dependencia externa y buscar la justicia social. En pocos años el país alcanzaba un importante desarrollo industrial. La formación y desarrollo de fuertes sindicatos, de leyes y políticas sociales y los mayores salarios lograron mejorar notablemente los niveles de vida de los trabajadores. El país dejaba de ser una semi-colonia proveedora de materias primas para empezar a construir una Nación con un proyecto industrial que permitía integrar al conjunto de sus ciudadanos en el pleno uso de sus derechos.
El golpe militar de 1955, que reemplaza al legítimo gobierno de Perón por una dictadura eufemísticamente denominada “Revolución Libertadora”, cuyo sangriento accionar se inicia con el bombardeo a Plaza de Mayo, fusilamientos y cárcel para los opositores, significó la destrucción de ese proyecto. Con la vuelta de políticas económicas liberales que incluían el ingreso de Argentina al FMI (1956) se iniciaba un camino a través del cual, dos décadas después, (1976) otra dictadura, continuará la destrucción del aparato industrial para reemplazarlo por un modelo de libre comercio, valorización financiera, pobreza estructural y represión.
A partir de la imposición del proyecto antipopular del 55, junto con la represión al peronismo y la consecuente pérdida de derechos socio-políticos, una trama de odio y violencia condicionó la vida política argentina con la alternancia entre dictaduras militares y la ficción de “gobiernos constitucionales”, débiles por las circunstancias de su origen: elecciones en las que el partido mayoritario estaba proscripto. Fueron los años en los que la distribución del ingreso comenzó a ser desfavorable para los trabajadores que van perdiendo las condiciones de vida logradas durante la etapa peronista, años en los que se inicia la resistencia peronista, años en los que la conflictividad social y la represión eran una constante.
En los ´60, el ingreso del capital extranjero agrava el control imperialista sobre nuestra economía. La radicación de empresas multinacionales, conduce al surgimiento de importantes agrupamientos fabriles en zonas como Córdoba o el corredor industrial que se establece a lo largo del Paraná. La gran concentración de obreros en estas regiones dará lugar a la formación de poderosos y combativos sindicatos. Una situación que a partir de 1966, cuando el Gral Onganía al frente de la “Revolución Argentina” impone políticas neoliberales y se acentúa el deterioro de la situación social provoca una gran conflictividad en el sector obrero, pero también en las clases medias.
En la ciudad y provincia de Santa Fe, bajo los gobiernos de Sylvestre Begnis y Aldo Tessio, se emprendieron importantes obras de infraestructura y comenzaron a instalarse grandes industrias como DKW y Fiat, empezando a cambiar su perfil de ciudad administrativa y conservadora. Al mismo tiempo, crecía la población de los barrios marginales, un cordón de pobreza que rodeaba la ciudad en el que se refugiaban numerosos migrantes desplazados por la crisis de las industrias regionales y del agro del norte santafesino y provincias linderas. En esos barrios, trabajaban los curas obreros (Catena, Silva, Büntig, entre otros) que eran acompañados por alumnos de colegios públicos y privados, y jóvenes universitarios, que de este modo se iniciaban en la militancia social. Posteriormente, estos jóvenes estudiantes, nucleados en organizaciones políticas, trabajarían desde las mismas en la mejora de las condiciones de vida (saneamiento, apertura de calles, construcción de ranchos y escuelas) y formación política de líderes barriales.
Eran hijos de la clase media o de sectores obreros especializados que gozaban de un relativo bienestar y podían disfrutar del acceso a la cultura y a las Universidades, en las que las políticas sociales que aún se mantenían vigentes (ingreso irrestricto, gratuidad, comedores y residencias estudiantiles) les permitían acceder a los estudios superiores junto a jóvenes de otras provincias o de países limítrofes. Esa convivencia entre estudiantes de diferentes orígenes socio culturales hizo posible una comprensión más plena de la realidad social Argentina y regional.
En la escuela secundaria y en las universidades se desarrollaban apasionados debates sobre política e historia nacional. Los docentes no debían preocuparse por estimular el interés de sus alumnos sino en responder a sus inquietudes y cuestionamientos. Todo era cuestionado y entraba en discusión, desde los contenidos curriculares, la historia tradicional o el objetivo de las ciencias. Se leían obras de pensadores nacionales y de otros que como Teilhard de Chardin o el obispo Elder Cámara, junto con la relectura de Marx y los clásicos del marxismo y una nueva interpretación de los Evangelios desde nuestro continente a la luz del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, eran signos de los profundos cambios culturales de la época.
El movimiento obrero desde 1955 a 1976 recorrió un camino de acciones importantes, crecimiento en organización y nuevos métodos de lucha, nuevas camadas de trabajadores y dirigentes combativos, acciones directas en las calles, tomas de fábricas. La situación se irá agravando en la medida que aumenta el deterioro de la situación social y económica, aumentan las protestas sociales y sindicales, siempre respondidas con represión y encarcelamientos.
“La ofensiva se descargó, en un principio, sobre los trabajadores… otros sectores sociales sufrieron los efectos de la modernización económica. Los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los funcionarios y empleados del sector público, los agricultores y finalmente los grandes productores rurales padecieron las consecuencias de una política económica tendiente a favorecer a la gran industria y la inexistencia de mecanismos representativos que permitieran su canalización creó las condiciones para un estallido popular.”([4])
Pocos días después de ocupar el gobierno, Onganía interviene las Universidades y anula la autonomía universitaria y el gobierno tripartito, lo que junto con la intervención policial conocida como “la Noche de los Bastones Largos” provoca la reacción estudiantil, en septiembre de 1966 cae herido de muerte el estudiante de la Universidad de Córdoba Santiago Pampillón. En mayo de 1969, el Interventor en la Universidad Nacional del Nordeste decide la privatización del Comedor Universitario de la UNNE, un hecho aparentemente menor enciende la chispa que incendiará el país. Esa medida, acorde con la idea neoliberal de la necesidad de achicar el Estado y que la Universidad fuese sólo para quienes la podían pagar, provoca una fuerte reacción de los estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Las organizaciones estudiantiles, con el apoyo de los sindicatos, los sectores medios y la Iglesia, reclaman la renuncia del Interventor de la Universidad y la revisión de la medida. El asesinato durante una manifestación, del estudiante Juan José Cabral, 15 de mayo, provocó la indignación general de la población, desencadenó una serie de protestas en todo el país en las que cayeron otras víctimas, como Bello y Blanco en Rosario y que culminaron en el Cordobazo.
El estallido social del año 1969, protagonizado mayoritariamente por obreros y estudiantes, fue la lógica consecuencia de las políticas de la dictadura militar. Muchos de sus protagonistas eran jóvenes, que por pertenecer a una generación que había nacido y crecido entre dictaduras, en un país dividido por un odio político que justificaba toda acción antiperonista, carecían de toda experiencia democrática y descreían de ella.
La ciudad de Santa Fe, no fue ajena a estas convulsiones, marchas y movilizaciones gremiales y estudiantiles, reclamos barriales que se unían o surgían ante diversos problemas puntuales, como por ejemplo el de los productores de azúcar del norte provincial, los reclamos estudiantiles y gremiales agitaban la ciudad. Aunque en estos hechos el mayor peso recae en el movimiento obrero, en la ciudad de Santa Fe, por su carácter de ciudad administrativa y universitaria, los sectores estudiantiles tuvieron gran importancia.
DIce Norberto Galasso “en algunos hechos, como el Cordobazo, la participación de los trabajadores ha resultado importante, pero, en otros, el hecho nuevo está dado por la creciente movilización de los sectores medios, tanto en las concentraciones, como en la gestación de las guerrillas.” (…) en este proceso de nacionalización y radicalización de los sectores medios han jugado factores internos y externos. Entre los internos, debe señalarse que dichos sectores vivieron, en ese cuarto de siglo, experiencias diversas, la mayoría frustrantes, lo cual explicaría que junto al descenso en el nivel de vida producido por la política económica de Krieger Vasena, hayan entrado en la crisis también desde el punto de vista de su fe en las instituciones y en los políticos, es decir, en el sistema democratista que, con hipocresías, tergiversaciones y deformaciones, rigió en esos años.”
Estos acontecimientos están enmarcados en un contexto internacional que surge al finalizar la segunda guerra mundial, la división del mundo en dos bloques enfrentados, el llamado mundo occidental o capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque Socialista centrado en Rusia, es lo que conocemos como guerra fría, en la que de una u otra manera se vieron envueltos todos los países. Es en ese período en el que se produce la independencia de los países coloniales de Asia y África, las guerras de Argelia y Vietnam, el movimiento hippie, el Mayo Francés y fundamentalmente el triunfo de la revolución cubana. Por otra parte, la Iglesia Católica que, bajo el papado de Juan XXIII, inaugura en 1962 su Concilio Vaticano II, produce una profunda renovación en el seno del catolicismo. Entre esos cambios, destacan aquellos que promovían una nueva interpretación de los Evangelios. En Latinoamérica, esa interpretación va a centrar la mirada en los problemas sociales.
Los jóvenes se han convertido en actores protagónicos que se rebelan contra un mundo que no les da respuesta, rechazan el consumismo y militan por la paz, rechazan los valores y estructuras del mundo burgués. En América Latina, se entiende que la paz es imposible sin justicia y que la injusticia social y la violencia con la que la imponen los sectores hegemónicos justifica la rebelión y la violencia de “los de abajo” y en ello coinciden los jóvenes católicos y los de izquierda. El hambre y la miseria son intolerables, pero la violencia dictatorial las perpetúa.
Es en ese marco nacional e internacional, en el que hay que comprender la extraordinaria movilización y politización de los ´70, en el que personas provenientes de muy distintos sectores sociales, se plantearon la necesidad de un cambio de las injustas estructuras que condenaban a la miseria a amplios sectores sociales, la revolución aparecía no sólo como posible sino como estrictamente necesaria e inminente.
Los acontecimientos del año ‘69, marcan un punto de inflexión. Desde este momento la “Revolución Argentina” está en retirada, la organización popular en avance. Aunque hubo intentos anteriores ( y ), es a partir del Cordobazo que aparecen distintas organizaciones guerrilleras. Las más importantes fueron: FAP, FAR, Descamisados y Montoneros de origen católico y peronista, a esta organización se sumarán luego las primeras. Desde la izquierda no peronista surgen, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Poder Obrero (OCPO/PO) y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de orientación guevarista.
A partir de ese momento la politización, sobre todo entre los jóvenes, es masiva. Esa movilización reconoce dos grandes corrientes, la de los que sueñan con la revolución en clave peronista y la de orientación marxista. Tanto unos como otros planteaban no sólo el cambio social, sino el cambio personal, la construcción de una sociedad justa necesitaba del “hombre nuevo”, personas auténticas, honestas, ajenas a los intereses individualistas, capaces de pensar en el otro, de pensar en profundidad pero también de sentir, personas que actuaran y sintieran tal como pensaran; como diría el Che: “capaces de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.” El militante debía luchar por ser siempre mejor persona, siempre en todo momento y lugar, en todas las relaciones de su vida.
A Onganía le suceden en el gobierno los generales Levingston y Lanusse, en un clima de creciente oposición y continuo desarrollo de las guerrillas. Las cárceles se llenaron de presos políticos, muchos fueron trasladados al penal de Rawson, en la provincia de Chubut. En agosto de 1972, los presos logran tomar el penal y se produce la fuga de los principales jefes, 19 prisioneros que no habían podido acceder al avión que condujo a Chile a sus compañeros, se entregaron y fueron asesinados en la base naval Alte. Zar, de Trelew el día 22. En ese grupo de combatientes fusilados estaban tres jóvenes de nuestra ciudad: , y . Posteriormente Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger que lograron sobrevivir a la masacre y dieron testimonio de ella, fueron asesinados por la dictadura de Videla.
Trelew señala un quiebre importante en las prácticas represivas y podría ser considerado como el primer acto de terrorismo de Estado. A partir de este momento se hizo evidente que la dictadura no podría sostenerse por mucho tiempo más. Lanusse se ve obligado a convocar a elecciones, la juventud Peronista lanza la campaña del “luche y vuelve” a la que la juventud se incorpora masivamente.
El 25 de mayo de 1973, en medio del entusiasmo popular, Héctor Cámpora asume la Presidencia de la Nación, primer presidente elegido democráticamente, después de 18 años de proscripción del peronismo. Esa noche son liberados miles de presos políticos que poblaban las cárceles y comenzaba un período llamado posteriormente “primavera camporista”.
Por un brevísimo período, se vivió un ambiente de libertad, de creación, de proyectos, de futuro y de sueños, el cielo estaba en las manos de los luchadores populares, hasta que el 20 de junio de ese mismo año, desde el palco oficial donde se esperaba el arribo del general Perón a la patria, y ante lo que parecía iba a ser la mayor fiesta popular después del 17 de octubre de 1945, la derecha peronista hizo saber que la fiesta había finalizado y el horror comenzó.
Posteriormente tras la renuncia de Cámpora, hay nuevas elecciones y triunfa la fórmula Perón-Perón. Después de la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, la influencia de López Rega y la extrema derecha son cada vez mayores. Mientras la inflación se descontrolaba y el salario perdía valor día a día, la reforma económica de corte neoliberal del ministro Celestino Rodrigo, “el rodrigazo”, produjo una brutal devaluación. La reacción obrera fue enfrentada por la acción de grupos parapoliciales y paramilitares como las tristemente célebres . Dirigentes políticos, gremiales, estudiantiles, sacerdotes, militantes sociales, obreros, van a ser asesinados. Según la , entre 1974 y 1976, estos grupos, asesinaron a más de 450 personas. A comienzos de 1975, un decreto del gobierno de Isabel Perón ordena la intervención del ejército en Tucumán, donde actuaba la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para “neutralizar y aniquilar la acción de los elementos subversivos”. En febrero los militares crean en Famaillá el primer centro clandestino de detención, “La escuelita”. En agosto asume como Comandante en Jefe del Ejército el General Videla. A fines de ese año, después del desastre de Monte Chingolo y su derrota en Tucumán el ERP, estaba derrotado. Montoneros había pasado a la clandestinidad y muchos de sus miembros encarcelados.
La dictadura que se instala a partir del 24 de marzo de 1976 tenía claros objetivos económicos, acordes a los dictados del neoliberalismo. Los años ’70, fueron también los años del avance en el contexto internacional de las ideas y políticas neoliberales. Esta corriente cuyo desarrollo teórico iniciado en la década de 1930, sostiene la libertad de mercado, la desregulación económica, el achicamiento del Estado, la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto público. Es una teoría que se aplica plenamente primero en el Chile de Pinochet (1973), después será el turno de Videla (1976) en Argentina y seguirán Inglaterra con Thatcher (1979-90) y en EEUU con Reagan (1981-89) .
Ese plan económico, que destruyó el tejido económico-social argentino, sólo pudo ser aplicado con la persecución política y el terrorismo de estado. Prueba de ello es que la mayor parte de las víctimas de la dictadura son dirigentes gremiales, delegados de fábrica o simples obreros que reclamaban sus derechos. La resistencia y la fuerte oposición de diferentes sectores sociales a las políticas económicas neoliberales del onganiato habían demostrado que era imposible aplicarlas sin romper la resistencia obrera y popular, de ahí la aplicación de la teoría del enemigo interno, que ya desde los años 50 se difundía entre las fuerzas armadas, como sostiene la francesa Marie Monique Robin[5], los militares argentinos, ya desde fines de los 50, participaban de los cursos de formación para la guerra antiguerrillas en Francia y Argelia, incorporando así lo que era una forma de lucha de un país colonial contra aquellos que peleaban por su independencia. Esa formación militar será completada por la de la Escuela de las Américas en la que el capitalismo norteamericano formaba quienes serían defensores de sus intereses económicos y políticos en su “patio trasero”. El ejército argentino va a actuar contra la propia población como lo haría una fuerza de ocupación extranjera.
La periodista francesa Monique Robin que entrevista al Gral. Balza[6] le pregunta: ¿Cómo se llega a eso?, Balza responde: “…yo diría que fue un cóctel político, ideológico, militar y religioso, el que engendró el régimen más criminal de nuestra historia….la enseñanza dispensada por los militares franceses a partir de los años 50 fue fundamental….aportaron una concepción nefasta y perversa, que literalmente envenenó el espíritu de los oficiales de mi generación: la del “enemigo interior”…interiorizamos el hecho de que el enemigo contra el que debíamos batirnos era nuestro propio conciudadano: con el que estábamos a punto de almorzar, el profesor de nuestros hijos o nuestro vecino; en resumen, todas aquellas personas cuyas ideas nosotros no compartíamos, y que podían tener de lejos o de cerca, afinidades con el comunismo, presentado como el mal absoluto, o con el peronismo, considerado como un subproducto del primero…”.
En marzo de 1977, Rodolfo Walsh, escribía, la Carta a la Junta Militar y decía:
“.. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror…” “...han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. ..”
“Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio…”
“….muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.”
“…estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.”
“…Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, … enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ´racionalización´”.
A partir de 1976, los dueños del poder hegemónico, arrasaron el país, masacraron una generación e hicieron sus negocios imponiendo el modelo neoliberal que la resistencia popular había hecho fracasar, durante la dictadura anterior. El saldo fue que la pobreza pasó del 4% al 37% y se estatizó la deuda privada. La reacción y resistencia popular hicieron que la dictadura reaccionara ante su evidente decadencia tratando de recuperar poder apelando a una sentida causa nacional: Malvinas. Sacrificando en el altar de sus intereses a otra generación de jóvenes argentinos.
Desgraciadamente, a caída de la dictadura no significó el fin del neoliberalismo, ya que luego en democracia, aplicando políticas económicas neoliberales, y engañando al pueblo, lo completaría Menem entregando las empresas del Estado y luego reimplantaría Macri endeudando al país a límites insostenibles. Hoy seguimos viviendo las consecuencias de aquellos males.
Las historias que contiene este libro nos cuentan quienes fueron algunos de esos hombres, mujeres y niños, generosos, idealistas y patriotas que soñaron y lucharon por un mundo mejor, resistieron las dictaduras, defendieron los intereses populares y fueron asesinados por la dictadura genocida.
[1] Galasso, N. Historia de la Argentina. Pág 83
[2] Salas, Ernesto, Uturuncos.El origen de la guerrilla peronista. pág. 24.Ed Biblos.
[3] En 2017 la Corte Suprema, con los votos de Rosatti, Rosenkatz y HIghton dictó un fallo beneficiando a genocida para que obtenga su libertad
[4]Rapoport, Mario. Historia política, económica y social de la Argentina. Ed. Macchi. P.617-618]
[5]Robin, M. M., “Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa.” E. Sudamericana, Bs. As 2004.
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