Juicios en Catamarca, Salta y Tucumán
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Editorial EL PERISCOPIO - Libre de reproducirse con mención de fuente
En esta causa se juzgaron delitos cometidos con anterioridad al golpe de Estado de marzo de 1976. Se trata hechos ocurridos en agosto de 1974, cuando un grupo de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue acorralado y acribillado mientras se dirigía a las dependencias del Regimiento de Infantería Aerotransportada n° 17, en la provincia de Catamarca, para realizar un “copamiento”. La sentencia se destaca por considerar que hechos anteriores a marzo de 1976 con considerados como crímenes de lesa humanidad.
Condenados: Del Valle Carrizo Salvadores Carlos Eduardo, Nakagama Mario, Acosta Jorge Exequiel
Causa caratulada: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CATAMARCA en Causa Nº 16/12 (ex 4148/04) “Mirtha Clerici y otros s/ solicita medidas procesales (N° 4148/04)
Se conoce como Masacre de Palomitas al hecho ocurrido el 6 de julio de 1976. Siete de las víctimas eran presos políticos que fueron sacados del penal de Villa Rosas con la supuesta intención de ser trasladados a Tucumán. Al llegar al paraje de Palomitas, los obligaron a salir del camión que los transportaba y después de hacerlos caminar 200 metros, fueron fusilados. Al rato llegó un automóvil procedente de Jujuy con cuatro detenidos más que también son asesinados. La escena del crimen fue alterada para simular un enfrentamiento.
Los principales responsables, Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche, fueron condenados a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor.
Causa caratulada judicialmente: Causa Nº 138/11 “Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/denuncia - Las Palomitas – Cabeza de Buey (homicidio - privación ilegítima de la libertad y otros)”.
Se juzgó el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, ocurrido el 2 de febrero de 1978 en Tartagal. La víctima había sido objeto de amenazas que lo obligaron a salir del país y refugiarse en Bolivia; sin embargo, Melitón Bustos decidió regresar para estar con su familia y continuar con su trabajo. Al regresar fue secuestrado y asesinado.
Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, quienes prestaban servicio en el Regimiento de Infantería 28 de Tartagal, fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Salta.
Causa caratulada: Tribunal Oral Federal- Salta- Expediente N°3050/09 “ARIAS, Carlos Alberto Y ZÍRPOLO, Luis Ángel Gaspar s/ privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio calificado (arts.142 incs.1° y 5°; y 80 incs.2° y 6° del C.P.)”
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, compuesto por Gabriel Casas, Mario Juárez Almaraz y Federico Santiago Díaz, impuso penas de prisión perpetua a tres ex altos mandos militares y un ex jefe policial y penas de cinco y cuatro años de prisión para un ex gendarme y un ex comisario, respectivamente, en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 32 víctimas en las ciudades de Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Metán y Salta a partir de operativos desplegados en los meses de junio, agosto y septiembre de 1976. Se juzgaron 27 hechos de homicidio, aunque sólo en tres de esos casos los cuerpos de las víctimas fueron encontrados.
Condenados: Gentil Miguel Raúl, Mendíaz Virtom Modesto, Guil Joaquín, Ríos Ereñú Héctor Luis, Varas Diego Alejandro, Madrigal Arturo
Causa caratulada judicialmente: Tribunal Oral Federal - Salta- Expte. FSA N° 73000740/2004/TO1 - (Expte. N° 3781/12 T.O.)
Marcos Jacobo Levín, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas padecidas por Víctor Manuel Cobos. La víctima trabajaba y era delegado gremial de la empresa de transporte cuando fue secuestrado por la policía junto con 20 trabajadores más. Todos fueron llevados a la comisaría de la seccional 4° de Salta, en donde fueron sometidos a interrogatorios y tormentos. También fueron condenados a la misma pena el ex comisario Víctor Hugo Almirón y el ex subcomisario Víctor Hugo Bocos, quien también trabajaba para Levín en tareas de seguridad, mientras que el ex policía Enrique Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Es la primera vez que se declara responsable a un empresario por los delitos cometidos en contra de un trabajador de su dependencia. Durante su alegato, la Fiscalía dio por probado que Levín reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y que aportó información de inteligencia de los empleados para facilitar su secuestro.
Causa caratulada judicialmente: Expte. 4076/2014“C/ALMIRON, VICTOR HUGO1, BOCOS, VICTOR HUGO1,CARDOZO, ENRIQUE VICTOR1 y LEVIN, MARCOS JACOBO2 S/1Privación Ilegal de la Libertad con abuso de sus funciones y por falta de las formalidades prescriptas por la ley y agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su permanencia mayor a un mes
Osvaldo Sigfrido De Benedetti, alias “Tordo”, fue uno de los dirigentes políticos más relevantes de Tucumán. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinado por personal perteneciente a fuerzas militares en la provincia de Tucumán el 21 de julio de 1978, en el marco de un falso intento de fuga del penal en el que se hallaba detenido, escenario que fue simulado por las fuerzas de seguridad para justificar su homicidio. El 29 de mayo de 2014 el Tribunal Oral de Tucumán condenó a los responsables de ese hecho, que calificó como homicidio agravado, a la pena de prisión perpetua.
Condenados: Gorleri Jorge Eduardo, Chilo Héctor Hugo Lorenzo, González Navarro Jorge, Lucena Alberto Carlos, Colotti Camilo Ángel, Valdiviezo Ariel Rolando
Causa caratulada: Tribunal Oral Federal TUCUMÁN en Causas Nº D-258/11 “De Benedetti, Osvaldo Sigfrido S/investigación de su muerte (Acumulados Expte. D-255/11 a los autos D-26/10)”
Luciano Benjamín Menéndez fue nuevamente condenado por los delitos cometidos contra 22 víctimas del CCD Jefatura de Policía de Tucumán. En esta oportunidad también fueron sentenciados tres policías provinciales, entre ellos Roberto Heriberto Albornoz, ex jefe de inteligencia. Antonio Domingo Bussi también estaba imputado en la causa pero fue separado por razones de salud. En esta causa fueron aportados por un ex policía dos biblioratos de 250 páginas con datos sobre el destino de 293 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención. Esa información, que iba a ser destruida por la policía 33 años atrás, sirvió para este juicio y como base para otras causas en la provincia.
Condenado: Roberto Heriberto Albornoz (Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial) a la pena de prisión perpetua por los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre
Causa caratulada: TOF TUCUMAN 81/11 (ex1838/05) "Aguirre, Liana Cecilia s/ denuncia" ALBORNOZ, Roberto Heriberto Policía Provincia de Tucumán 02/12/2011
Conocida como la Masacre de Calle Azcuénaga, el día 20 de mayo de 1976 fuerzas militares y policiales ingresaron al domicilio de María Alejandra Niklison y la asesinaron junto con tres personas más que se encontraban con ella en una reunión política: Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. Fernando Saavedra, otro de los asistentes a la reunión, logró escapar pero fue interceptado y ejecutado llegando a la iglesia Montserrat de la capital tucumana. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de Policía y después fueron enterrados en fosas comunes del Cementerio del Norte.
Condenados: Menéndez Luciano Benjamín, Albornoz Roberto Heriberto
Causa caratulada: Expte. N° R - 30/09 , Expte. 358/78 y Expte. N° 1119/00.- “Romero Niklison, María Alejandra S/ Su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de María Alejandra Niklison – Acumulados: ‘Romano, Miguel Armando y otros S/ Infracción Arts. 213 bis C.P.’, y ‘Meneses, Adolfo Francisco S/ Su pedido’
Manlio Torcuato Martínez fue designado a la cabeza del Juzgado Federal de Tucumán en el año 1975, por orden del comandante Acdel Edgardo Vilas, quien tuvo a su cargo el “Operativo Independencia”. Desde ese momento, y hasta el año 1983, el condenado cumplió el rol que el aparato represivo esperaba del Poder Judicial: legalizar la detención de personas que previamente habían pasado por centros clandestinos de detención y tortura, y no investigar la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad en las denuncias y hechos que llegaban a su conocimiento. Martínez fue el primer funcionario judicial condenado por su actuación como juez durante la última dictadura. Recibió la pena de 16 años de prisión por haber omitido, en su función de juez a cargo del Juzgado Federal de Tucumán, investigar la muerte de cinco personas en manos de fuerzas militares y policiales, hecho que fue objeto de juicio “Romero Niklison”.
Condenado: Manlio Torcuato Martínez a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad de otra persona en mayo de 1976. Fue el primer juez federal durante la última dictadura cívico-militar en ser condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de sus funciones.
Causa caratulada: “Martínez Manlio Torcuato s/ denuncia”, Expte FTU 401118/2000/TO1”
Se trata de la primera megacausa de la provincia de Tucumán, en el juicio se investigaron los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 208 víctimas que acumuló las causas instruidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “Jefatura” y “Arsenales”. Fue la primera vez que todo el sistema represivo de Tucumán se unificó en un solo proceso: en Jefatura se decidían las muertes, se trasladaban a las víctimas a Arsenal y allí se definía cómo se las hacía desaparecer.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó, el 13 de diciembre de 2013, a 37 acusados en el juicio oral. En tanto, impuso penas de entre 2 y 20 años de prisión para otros 33 acusados, mientras que dispuso la absolución de cuatro imputados. El sacerdote Jose Eloy Mijalchiyk fue absuelto a pesar de todo el material probatorio que lo vinculaban a crímenes de lesa humanidad.
Causa caratulada: “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. A – 36/12,J – 18/12 y 145/09)”, Expte.: A - 81/12