CONSCRIPTOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
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Las “desapariciones”, a partir de 1976, de casi un centenar de jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio fueron, en realidad, detenciones ordenadas por sus superiores o ejecutadas por agentes de los servicios de inteligencia con aprobación de aquellos.
Producidos los hechos, las autoridades militares se limitaron a sostener que se trataba de deserciones, proporcionando, en algunos casos, explicaciones inverosímiles o aceptando en otros, tácitamente , su participación. Este ocultamiento de la verdad y la negativa a aceptar
una responsabilidad evidente expone, a la luz pública, una de las facetas más agudas de la acción represiva llevada a cabo por el Gobierno de las Fuerzas Armadas.
Los conscriptos detenidos-desaparecidos son ciudadanos que se encontraban sometidos a la disciplina castrense y podían ser sancionados -si hubieran cometido una falta- con el rigor de los códigos y reglamentos militares. Sus padres confiaban en la seguridad -en ocasiones expresada públicamente- que les proporcionaba el hecho de encontrarse bajo bandera. Todo ello aumenta la gravedad de la decisión adoptada por los protagonistas del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, que eligieron también en este caso, un método clandestino de represión aplicándolo nada menos que a los soldados subordinados al mando militar.
Dentro del sistema represivo aplicado por el gobierno de las Fuerzas Armadas -que dejó como saldo la desaparición forzada de miles de personas- la situación de los soldados conscriptos detenidos-desaparecidos, presenta características específicas y reviste una particular significación institucional.
Las víctimas -jóvenes entre 18 y 20 años- cumplían con el servicio militar obligatorio en una de las tres armas: Ejército, Marina o Aeronáutica. También contra ellas se emplearon métodos paralelos y secretos, aunque extrayéndose la máxima ventaja de las circunstancias especiales en que se hallaban.
En efecto, la incorporación bajo bandera establece una dependencia de naturaleza administrativa entre esos jóvenes y el Estado Nacional, actuando en representación de éste cada una de las fuerzas armadas en cuya jurisdicción se desempeñaban los afectados.
Dicha relación aparece reglada de modo expreso y ampliamente detallada por la ley que impone y organiza el servicio militar, y por el Código de Justicia Militar. En virtud de las disposiciones contenidas en éste, es obvio que la investigación, y en especial el juzgamiento de cualquier delito eventualmente imputable a los conscriptos, hubiera debido quedar sujeto a la intervención de los jueces de instrucción y tribunales de sentencia militares expresamente previstos.
Por último -y ésta es la cuestión ética central-, por el hecho mismo de que las víctimas permanecían en establecimientos y oficinas militares, se encontraban sometidas a las reglas de disciplina, control y vigilancia ordinarios y extraordinarios. Dicho de otra manera: estaban físicamente sujetos al total arbitrio de los jefes inmediatos y mediatos.
Cabe consignar, finalmente, que se contabiliza casi un centenar de casos denunciados (1). No obstante, distintas circunstancias permiten concluir que el número total es considerablemente mayor: se ha verificado que muchas familias no se atreven todavía a denunciar hechos donde están abiertamente involucradas las Fuerzas Armadas, responsables directas del destino de estos jóvenes sometidos a su jurisdicción
CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales
En enero de 2015 el Ministerio de Defensa reivindicó la memoria de dos soldados asesinados en Santa Fe en 1977. Los dos cumplían el servicio militar obligatorio: Francisco Domingo Lera en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea, en el barrio de Guadalupe y Roberto Daniel Suárez, en el Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé. Uno desapareció el 13 de enero y el segundo siete meses después, el 1º de agosto, con el mismo método: los mandaron en comisión y nunca volvieron a sus cuarteles. Para el Ejército, fueron desertores durante 38 años, hasta que el ministro ordenó corregir la verdadera causa de la ausencia: el secuestro y la desaparición. "Venimos a saldar una deuda del Estado argentino", dijo el viceministro al descubrir dos placas: una en el GADA, en la batería América, que el propio Lera había pintado durante su colimba y la otra, en memoria de Suárez, en el batallón de Santo Tomé. Lo acompañaron familiares de los desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo, Hijos y organismos de derechos humanos.
El artista Brian Carlson realizó la obra «Aparecidos».. Se trata de un memorial en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura, obra del artista plástico estadounidense Brian Carlson. En su extensa obra dedicó un lugar especial a los soldados conscriptos
“No soy argentino, soy una persona que está enferma por la violencia ... enferma en el corazón ... Alma enferma, si se me permite decirlo así. No he aprendido a adormecerme frente a la cultura mundial de la violencia.
Brian Carlson.- (Chicago, Illinois, EEUU) Es graduado en pintura, escultura y grabado de la Southern Methodist University, Dallas, Texas.
