3. Congreso General Constituyente de 1824. Guerra con el Brasil

POR JORGE ANDRES FERNANDEZ Y ERIC AMSLER

En Buenos Aires se reúne el Congreso General que se inaugura el 16 de diciembre de 1824. El objetivo es la sanción de una constitución nacional. Concurren varias provincias, entre ellas Santa Fe. En su representación asisten, entre otros, Francisco de la Torre, José E. Galisteo y el doctor Amenábar.

Este congreso se convirtió en el escenario de las disputas políticas entre las tendencias unitarias y federales. La primera buscaba la concentración del poder nacional en Buenos Aires, directora de los destinos políticos del resto de las provincias que debían rezagar sus autonomías; la otra procuraba una construcción igualitaria entre las provincias, las que delegarían solamente parte de su soberanía en un gobierno central.

Una vez constituido el Congreso, su primer acto fue sancionar la Ley Fundamental el 22 de diciembre de 1824. Esta ley fue promisoria para la corriente federal, ya que estableció que hasta que se sancionare la Constitución, cada provincia seguiría rigiéndose por sus propias instituciones locales, y que la Constitución que se sancionara no podía ser promulgada hasta tanto no sea aceptada previamente por la totalidad de las provincias.

Por otro lado, el enfrentamiento con el imperio del Brasil respecto a la Banda Oriental iba aumentando a medida que avanzaba con éxito la expedición de los 33 orientales liderada por Juan Antonio Lavalleja, a partir de abril de 1825. En efecto, en pocos días, el 14 de julio se instalaba en la Florida el primer gobierno oriental, y el 25 de agosto la asamblea declaraba la independencia de la provincia oriental del imperio del Brasil. Ello produjo una gran conmoción tanto en las Provincias Unidas como en el mismo Brasil, ya que la asamblea declaró que la voluntad del pueblo oriental era por la «unidad con las demás Provincias Argentinas a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce». En octubre de 1825 el Congreso resolvió incorporar a los representantes de la Banda Oriental lo que significó de hecho una declaración de guerra por parte de las Provincias Unidas al Brasil. El día 24, en relación a la intención de la Banda Oriental de incorporarse a las Provincias Unidas, el Congreso declaró que: «De conformidad con el voto uniforme de las Provincias del Estado... el Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce de hecho incorporada a la República de las Provincias Unidas, a que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer». Junto con la declaración se procedió a aprobar los diplomas de los diputados designados en la provincia Oriental. El 10 de diciembre de 1825 el emperador del Brasil le declaró la guerra a las Provincias Unidas.

Respecto al Congreso, su actividad fue escasa durante el año 1825. En abril, se envió a las provincias una consulta sobre la posición de cada una de ellas en relación al sistema de gobierno que debía adoptarse en la futura constitución.

A fines de ese mismo año el partido unitario porteño, junto con sus aliados del interior, comenzaron a imponerse electoralmente dentro del congreso. Uno de los líderes de este movimiento era el ex ministro de Gobierno de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, quién había retornado al país en el mes de octubre. A su alrededor empezaron a aglutinarse varios de los hombres que pugnaban por un sistema unitario.

Entre fines de 1825 y comienzos de 1826, el congreso fue tomando una serie de trascendentes medidas institucionales de carácter unitario, no obstante la oposición de los diputados federales entre los que destacaban el representante por Santa Fe, José Galisteo y los representantes por Buenos Aires, Manuel Moreno y el coronel Manuel Dorrego. Comenzaron por convencer al Congreso de dictar una ley que duplicara la representación de cada provincia con lo cual aseguraba a Buenos Aires una mayoría de votos en el mismo. Una vez asegurada la mayoría porteña, el grupo rivadaviano presentó el proyecto de creación de un Poder Ejecutivo Nacional de carácter permanente —hasta ese entonces el gobernador de Buenos Aires cumplía esa función en forma provisoria—. El 3 de febrero de 1826 la comisión de negocios constitucionales dio el visto bueno y el 7 de febrero fue aprobada ley instituyendo un poder ejecutivo nacional en cabeza de un «Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata» con las facultades otorgadas por la ley fundamental al gobierno de Buenos Aires «y las que ulteriormente se le acuerden».

Este Congreso se convirtió en el escenario de las disputas políticas entre las tendencias unitarias y federales. La primera buscaba la concentración del poder nacional en Buenos Aires; la otra procuraba una construcción igualitaria entre las provincias, las que delegarían solamente parte de su soberanía en un gobierno central.

Esta medida fue justificada en razón de la guerra con el Brasil por la Banda Oriental y la necesidad urgente de un mando nacional. Sin embargo, constituía una clara violación a la ley fundamental. Dos días después de su sanción fue electo Rivadavia como presidente.

El 4 de marzo se sancionó la ley de capitalización presentada por Rivadavia, mediante la cual se nacionalizaba el territorio de la provincia de Buenos Aires, declarando a la ciudad como Capital de las Provincias Unidas, quitándole el mando al hasta entonces gobernador Juan Gregorio de Las Heras. Con esta ley, Rivadavia buscaba controlar los recursos aduaneros que permitiesen fortalecer económicamente a su gobierno. Este segundo avasallamiento a las autonomías provinciales dejó en evidencia el plan rivadaviano, al que aún le quedaba un objetivo, la sanción de una Constitución Nacional.

Esta pudo ser aprobada recién el 24 de diciembre de 1826, en medio de un profundo malestar por parte de las provincias. Su texto era de avanzada desde el punto de vista de los derechos individuales garantizados y el sistema de división de poderes en general. Instrumentaba un poder ejecutivo ejercido por el presidente, un legislativo bicameral y el judicial encabezado por una Alta Corte Suprema.

Pero en su artículo 7 establecía: «La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, consolidada en la unidad de régimen». En consonancia con este artículo en su sección VII «De la administración provincial», estipulaba que el gobernador de cada provincia estaba «bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República». Por lo tanto, desconocía las autonomías provinciales y pretendía imponer un estado unitario, aunque atenuándolo en comparación con la Constitución de 1819 al crear los Consejos de Administración Provincial, de elección popular. Además de desconocer las autonomías provinciales, la Constitución se destacaba por sus rasgos elitistas y antidemocráticos, al excluir del ejercicio de la soberanía a los sectores más pobres de la población: los jornaleros, los domésticos a sueldo, los analfabetos y los menores de veinte años. Frente a esta exclusión de la gran mayoría de la población, se levantaron las voces de Dorrego, Manuel Moreno y el santafesino Galisteo. Éste último manifestó:

«...los jornaleros, si están obligados a sacrificar su vida en beneficio de su patria, me parece que ésta debe corresponderles con no privarlos del derecho de sufragar. Lo mismo sucede respecto a los que no saben leer y escribir, porque la experiencia nos enseña que nuestra campaña jamás podrá doctrinar a sus hijos si no es que en cada estancia se pusiera una escuela. Con respecto a los mozos de menos de veinte años, se observa cabalmente que los más que sirven a la República en el ramo militar son de dieciocho a veinte años».

Aunque mucho más enérgica fue la queja de Dorrego, al decir:

«¿Es regular que en una sociedad como ésta, una vigésima parte de ella sea sola la que determine sobre las demás?... ¿Cómo se puede permitir esto en el sistema republicano? Esto es barrenar la base y echar por tierra el sistema. Y ¿se le ha de echar fuera a la mayoría en los actos populares, en donde debe ejercer sus derechos? ¿Qué independencia es la que se necesita para votar? Una independencia tal que no puede haber una coacción respecto del individuo que sufraga. ¿Y esa independencia no se tiene en todas las sociedades públicas? El que es capitalista, ¿no tiene dependencia del otro? ¡He aquí la aristocracia del dinero!... y si esto es así, ¡podría ponerse en giro la suerte del país y mercarse! ¡El banco sería el que ganara las elecciones!».

En definitiva, una constitución hecha a espaldas de la voluntad y los intereses de las mayorías populares, elitista e ilustrada, que garantizaba el control del poder solamente para los sectores urbanos de mayor poder económico y educativo, reducto exclusivo del unitarismo.

Si en la década anterior el proyecto centralista se había orientado, entre otros objetivos, a la conducción del proceso revolucionario, en los años 20 la finalidad era la construcción de un estado nacional de carácter liberal. Pero la ceguera y el elitismo de sus conductores terminará por erosionar el poco apoyo que podían reunir en la misma provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del interior.

Como Santa Fe había enviado a sus diputados con las expresas instrucciones de propiciar el sistema de Federación o de Confederación, al sancionarse la Constitución retira a sus representantes y la rechaza. La respuesta de las provincias fue rápida y contundente. Además del rechazo de dicha Constitución por los órganos legislativos de cada provincia, en mayo de 1827 firmaron un tratado por el cual todas las provincias excepto

Buenos Aires, Catamarca y Tucumán, decidieron impugnar la constitución sancionada por el Congreso residente en Buenos Aires y convocar a una nueva convención constituyente enviando sus diputados a la ciudad de Santa Fe, sede de la Convención. Además se comprometieron a combatir a las autoridades nacionales.

A la oposición de las provincias se sumó que, en medio de la victoria nacional por sobre el ejército imperial en la batalla de Ituzaingó, el ministro de relaciones exteriores Manuel García firmó una convención preliminar de paz claramente vejatoria de los intereses nacionales, donde se reconocía la autoridad del imperio y se renunciaba a todos los derechos sobre la provincia oriental. Cuando la noticia del acuerdo llegó a Buenos Aires se desató un escándalo que dio el golpe de gracia a Rivadavia, quien, sin capital político ante la crisis económica y el rechazo de las provincias a la constitución de 1826, presentó su renuncia el 28 de junio de 1827. El Congreso aceptó la renuncia del presidente ante la inminencia de una invasión de los ejércitos provinciales a Buenos Aires, y designó en su reemplazo, provisoriamente, a Vicente López y Planes.

Ante la caída de Rivadavia como consecuencia de la firma del tratado de paz con Brasil, Santa Fe es la primera provincia en apoyar al gobierno de Manuel Dorrego, designado gobernador de Buenos Aires, y firma una Convención de Amistad y Buena Armonía. La ausencia de un poder nacional devuelve a las provincias a la situación previa de autonomía plena y exige la puesta en práctica, nuevamente, del sistema de pactos interprovinciales que sirva de marco institucional para coordinar la continuidad de la guerra con el Brasil. En respuesta a dicho apoyo, Dorrego nombra a Estanislao López para comandar la división que marcharía sobre las Misiones Orientales. López parte en abril de 1828 al mando de tropas santafesinas, entrerrianas y cordobesas. Llegado a Itaquí, cede el mando al jefe oriental Fructuoso Rivera, que reclamaba enérgicamente la jefatura del ejército, para no entrar en conflicto con él.

La Convención Nacional Constituyente de Santa Fe de 1828 y la muerte de Dorrego

Dorrego propicia una nueva reunión de la Convención Nacional a desarrollarse en Santa Fe, que se reúne en septiembre de 1828 con representantes de nueve provincias. Esta Convención aprueba el nuevo Tratado de Paz firmado con Brasil, que establece la independencia de la Banda Oriental.

La Convención Nacional de 1828 es la primera realizada en la ciudad de Santa Fe. El hecho que sea en esta ciudad, en primer lugar, expresa la necesidad de mover el centro de referencia de la ciudad de Buenos Aires, y en segundo lugar evidencia el prestigio e influencias que posee López como gobernador.

Luego de ser elegido el coronel Dorrego como gobernador de Buenos Aires, decide apoyar la Convención, eligiendo y enviando a sus representantes a Santa Fe, lo que significó un apoyo promisorio por parte de la provincia que había constituido el principal obstáculo en el camino de la organización nacional bajo el sistema federal.

Sin embargo, en ningún momento llegó a tener representación de todas las provincias, ya que varias de ellas, por diversos motivos, no asistieron o se ausentaron temporalmente. Contaba con el respaldo de López y Dorrego pero no llegó a construir el consenso de la totalidad de las provincias antes de los sucesos de diciembre de ese año. Con todos sus inconvenientes, esta Convención funcionó entre el 31 de julio de 1828 hasta el 12 de agosto del año siguiente, teniendo participación activa en los importantes acontecimientos ocurridos en el país durante su corta vida.

Uno de ellos fue la firma del tratado de paz con el imperio de Brasil, en el que se acordó el desprendimiento de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, convirtiéndose en un estado independiente. Junto con los diputados bonaerenses Cavia y Moreno, ingresó a la Convención el tratado ya ratificado por el Brasil, el cual fue aprobado y enviado al gobernador de Buenos Aires para que lo ratifique en nombre de las Provincias Unidas.

A partir de la paz con Brasil vuelven las fuerzas y los oficiales de guerra, en gran parte descontentos con los términos del tratado por entender que era una derrota diplomática. El 1º de diciembre el general Lavalle se pone al frente del movimiento unitario y derroca a Dorrego, quien se dirige a la campaña al encuentro de Rosas, comandante de las milicias leales al gobierno. Rosas busca apoyo en Estanislao López y se dirige a Santa Fe con ese objetivo, mientras Dorrego permanece en la provincia para enfrentar a Lavalle. Pocos días después es derrotado, capturado y fusilado por orden de Lavalle, sin que mediare juicio previo. Este hecho provocó una honda crisis, no solamente en la provincia de Buenos Aires sino también en el resto del país.

La Convención Nacional responde de una manera enérgica, calificando al fusilamiento como un delito de alta traición, ya que el gobernador asesinado era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación por la delegación expresa de las demás provincias, y que por lo tanto la Nación por ésta representada debía actuar contra Lavalle; y nombrando a Estanislao López como General en Jefe de las fuerzas que restablecerán la institucionalidad en Buenos Aires. Asimismo desconoce todo carácter nacional al gobierno bonaerense y se declara como único poder nacional.

Lavalle, rebelde frente a la Convención Nacional que le había exigido sujeción a su autoridad, decide marchar con su ejército contra Santa Fe. Le ofrece a López la paz pero a condición de que éste trate como gobernador de Santa Fe y no como jefe del ejército nacional. López, leal a la Convención Nacional, rechaza los condicionamientos y expulsa a Lavalle del territorio provincial. La pérdida de gran parte de su caballería en la Cañada del Carrizal, al norte del río Carcarañá, envenenadas por comer pastos de mío mío, obligan a Lavalle a retirarse hacía el sur sin entrar en combate. Luego, apuntalado por las milicias del comandante Juan Manuel de Rosas, persigue a Lavalle hasta Buenos Aires y lo derrota en la batalla de Puente de Márquez el 26 de abril de 1829.

Si bien López derrota a Lavalle en Puente de Márquez, deja en manos de Rosas la continuación de las disputas internas en Buenos Aires, que llevaría un tiempo hasta acomodarse bajo el mando de este caudillo bonaerense. A su vuelta a Santa Fe renuncia al mando las fuerzas nacionales otorgado por la Convención, dándole el golpe de gracia a un débil órgano nacional que tuvo que lidiar con graves conflictos institucionales. El 12 de agosto finalmente se declara en receso y nunca más volvió a sesionar.

En un ámbito regional conflictivo, la Convención de 1828 reunida en Santa Fe, con el apoyo de Buenos Aires parecía poder sobrellevar los desafíos y encaminarse hacia una nueva institucionalidad nacional organizada en un ámbito de igualdad entre todas las provincias. El fusilamiento de Dorrego marcó el final de dicha convención, así como el inicio de una guerra civil hacia su interior con repercusiones en el plano interprovincial. El golpe de Estado producido por Lavalle generó la reacción del general San Martín, que primero se negó a desembarcar en Buenos Aires cuando regresaba al país luego de seis años de ausencia en Europa, y luego condenó categóricamente la sublevación y el asesinato de Dorrego en carta a su amigo, el general O’Higgins: «los autores del movimiento del 1° de diciembre son Rivadavia y sus satélites y a usted le consta los inmensos males que estos hombres, con su conducta infernal han hecho, no sólo a este país sino al resto de América».

En Buenos Aires, mientras tanto, luego de los pactos de Cañuelas y de Barracas asumía el poder Juan Manuel de Rosas. Sus dos gobiernos —1829–1832 y 1835–1852— van a marcar a fuego la política argentina en las próximas décadas, asegurando la hegemonía del heterogéneo partido federal.

Olor a soga

Al comenzar la batalla de Puente de Márquez, creyendo que la acción sería muy reñida como efectivamente lo fue, el general López mandó que se aprestasen sus Dragones Santafesinos, que como el batallón sagrado era mandado en persona por el mismo gobernador de Santa Fe, sólo entraba en combate en el momento decisivo de la batalla. Dada la orden empuñó el caudillo su lanza haciéndola cimbrar con nervioso movimiento, lo que visto por Oro —don Domingo de Oro, secretario de López— le hizo exclamar: «¡Esto huele a soga!»

(Tradiciones y recuerdos históricos, Ramón J. Lassaga, 1992).