7. El modelo sociocultural en la república liberal

JORGE RAÚL FERNÁNDEZ

El trasplante cultural

En lo sociocultural, el modelo de la República Liberal plantea, como ya señalamos, el reemplazo de lo nativo por lo europeo. Para implementar esa europeización, sueño de la clase dirigente, es imprescindible la llegada de los inmigrantes, pero Alberdi y Sarmiento difieren, en cuanto el primero considera que el otro elemento necesario es el progreso económico, mientras que para el segundo es la educación, para lo cual va a hacer hincapié en la creación de escuelas normales para formar maestros que permitan una enseñanza primaria extendida en todo el territorio y que unifique a los hijos de los inmigrantes y de los criollos en el ideal civilizatorio. En la práctica, el fruto combinado de inmigración, educación y progreso económico, terminará generando movilidad social ascendente, especialmente en las familias de inmigrantes de la zona de la pampa húmeda. Frente al objetivo de europeizar la cultura, surgieron propuestas alternativas expresadas básicamente por el caudillo Felipe Varela en el noroeste, que reivindica las tradiciones hispanoamericanas, y José Hernández, que en su libro Martín Fierro defiende la cultura del gaucho del litoral.

El modelo cultural de la República Liberal había sido explicitado por Alberdi, aceptado por los constituyentes de 1853 y comenzado a ejecutar plenamente cuando la oligarquía porteña se adueña del gobierno nacional luego de la batalla de Pavón. Consistía básicamente en traer trozos de la cultura europea a nuestras tierras para reemplazar lo nativo por lo extranjero y allí estaría la llave que nos permitiría ingresar a la civilización y superar el atraso. En ese sentido, la clase dirigente tenía unanimidad respecto a la imperiosa necesidad de incorporar población extranjera que, con su ejemplo, modificara los modos de obrar, de sentir y de actuar de la población nativa, inmigrantes europeos que, si fuera posible, provinieran de los países anglosajones. Pero ese acuerdo en torno a la necesidad de poblar nuestras tierras con inmigrantes no se trasladaba a los restantes elementos necesarios para lograr las modificaciones culturales anheladas. Y esas diferencias en el seno de la élite letrada, se expresaron fundamentalmente en las posturas de Alberdi y Sarmiento. Para el autor de las Bases, el progreso es el elemento central para incorporar la acción civilizadora de Europa, concretándose el mismo mediante la inmigración, una legislación adecuada, los ferrocarriles, la libre navegación de los ríos, los tratados con los países extranjeros, entre otros, manifestando concretamente que, si bien la instrucción es «el medio de cultura de los pueblos ya desenvueltos, la educación por las cosas es el medio de instrucción que más conviene a los pueblos que empiezan a crearse». O sea, afirma que el mejor modo de culturalizar a nuestros pueblos no es mediante la instrucción en las escuelas primarias o media o en la enseñanza universitaria sino por medio del ejemplo que genera el progreso. En contraposición, Sarmiento sostiene que el cambio cultural debe basarse en la educación popular y que dicho cambio no es el resultado final del proceso o una consecuencia del progreso, sino que es una de las condiciones para que ese proceso se traduzca en crecimiento económico.

En concreto, el proceso de europeización se produce por el fruto combinado de la inmigración, el progreso económico y el desarrollo del sistema educativo. Habiéndonos referido a los dos primeros en puntos anteriores, especificaremos lo relacionado con el último de los temas.

El modelo cultural de la República Liberal consistía básicamente en traer trozos de la cultura europea a nuestras tierras para reemplazar lo nativo por lo extranjero.

Situación de los criollos

El ingeniero francés Alfred Ebelot, asiduo viajero de nuestras pampas y, en consecuencia, testigo privilegiado de la situación de los criollos, expresó que «habían tratado de establecerse, de trabajar, de formar una familia honrada. Un día habían tenido que saltar precipitadamente en pelo sobre su mejor caballo y disparar de la partida de policía que venía a sorprenderlo con el fin de mandarlo a un batallón atados codo a codo. ¿Por qué razón? Porque el juez de paz codiciaba a su mujer, o un oficial de la partida pretendía su parejero, o porque no votaban con docilidad...».

(Historia argentina 1810–1930, Jorge Fernández y Julio César Rondina)

El sistema educativo

Lo primero que hay que señalar es que los constituyentes de 1853 ubicaron a la educación como uno de los deberes del Estado Nacional, otorgando al Congreso la facultad de dictar planes de instrucción general, pero dejando a las provincias la obligación de dictar la enseñanza primaria, lo que significa un cambio significativo respecto al orden anterior, donde la familia y la Iglesia Católica eran los actores centrales de dicho sistema educativo. En segundo término, tendríamos que indicar que la educación constituyó uno de los mecanismos principales de integración y modernización de la sociedad, de allí que algunos afirmen que el sistema educativo es factor constitutivo de la organización del Estado nacional más que consecuencia de la misma, convirtiéndose en un elemento central en la ejecución del modelo de la República Liberal. En ese marco, la función central asignada es generar consenso en torno al modelo, consolidar una identidad nacional sobre la base de la cultura europea y coadyuvar a la integración social, en todos los casos, misiones más orientadas a lo político–cultural que a lo económico–productivo.

Desde otro ángulo, podríamos indicar que: a) la escuela primaria permitió generar elementos mínimos que aseguraran un núcleo homogéneo en lo cultural; b) la enseñanza media tuvo la doble función de dotar de personal idóneo a la administración pública y al sector de los servicios y los transportes, por un lado, y en seleccionar a la élite que dirigiera la sociedad y el Estado, por el otro; c) los contenidos curriculares de todos los niveles de enseñanza reproducían los conocimientos e ideologías del sector dominante; y d) la maestra era la figura central del sistema educativo y la escuela ocupaba el espacio fundamental de la acción pedagógica, espacio que antes dominaban la familia y la Iglesia Católica. Si bien se puede señalar una creciente demanda educativa por parte de la población, habría que distinguir la actitud de los sectores medios de la de los integrantes del movimiento obrero. Los primeros encontraron en la educación una alternativa eficaz para incrementar sus posibilidades de participación y de integración política y social, mientras que los trabajadores de los centros urbanos y los sectores rurales tuvieron menos posibilidades de acceder al sistema educativo, sin olvidar que las corrientes anarquistas consideraban a la escuela pública como un instrumento de transmisión de la ideología de los sectores dominantes contraria a los intereses de los obreros, planteando incluso modelos de enseñanza alternativos mediante la creación de las llamadas escuelas modernas, libres o racionalistas.

En cuanto a la construcción concreta del sistema educativo, la situación hasta entonces existente se podría caracterizar como muy limitada, con altos índices de analfabetismo, escasos maestros y una escuela ausente o casi desierta, con provincias que no contaban con recursos suficientes para sostener la escuela pública o ampliarla. A partir de dicha situación, entre 1863 y 1884 se va delineando un nuevo sistema educativo. En lo relativo a la escuela primaria, a posteriori de Pavón, comienzan a aparecer normas referidas a la gratuidad de la enseñanza y la obligatoriedad de la misma, asignación de fondos presupuestarios y dictados de reglamentos, cuestión que se perfecciona en 1881, cuando se crea el Consejo Nacional de Educación y alcanza un punto clave cuando en sanciona la ley de educación común o ley laica. La misma rige para la ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, estableciendo la obligatoriedad, gratuidad y gradualidad de la enseñanza primaria, como así también la neutralidad en materia religiosa. Por último, cabe mencionar la sanción de la denominada Ley Laynes en 1905, que autorizaba al gobierno nacional a fundar escuelas primarias en las provincias, a solicitud de las mismas, lo que permitió la creación de numerosos establecimientos en sus territorios.

En referencia a la enseñanza media, el sistema comenzó a desarrollarse en la presidencia de Bartolomé Mitre, con el sentido explícito de consolidar el modelo de la República Liberal mediante la conformación de una élite. Hasta 1863 sólo había en nuestro país dos colegios nacionales, el de Monserrat en Córdoba y el de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, momento a partir del cual se comienzan a crear establecimientos similares en la mayoría de las provincias, empezando por el colegio nacional de Buenos Aires y continuando con los de Mendoza, Salta, San Juan y Catamarca, los cuales estaban orientados a preparar para el ingreso a la Universidad. En cuanto a las escuelas normales, si bien en 1865 se creó la Escuela Normal de Preceptores en Buenos Aires, el proceso de expansión se inició durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, al crearse el 13 de junio de 1870 la Escuela Normal de Paraná, con carácter nacional y laico.

El proceso de europeización se produce por el fruto combinado de la inmigración, el progreso económico y el desarrollo del sistema educativo.

Esta escuela se estableció con la finalidad de que los alumnos adquirieran la ciencia y el arte de enseñar en un cursado de cuatro años y se le anexó una escuela modelo de aplicación para niños de ambos sexos, lugar donde se realizaba la práctica docente. Si bien Sarmiento designó como primer director al profesor norteamericano Jorge Stearns, quien trajo docentes de dicha nacionalidad, la organización definitiva estuvo a cargo de José María Torres, quien introdujo en la enseñanza los principios pestalozzianos. Luego se crearon dos establecimientos normales en Buenos Aires, los que fueron nacionalizados en 1880, y en 1875 se fundó la Escuela Normal de Tucumán, lugar donde se inició el proceso de feminización del magisterio. En lo relativo a la enseñanza media, en 1891 se crea en la ciudad de Buenos Aires la primera Escuela Nacional de Comercio, a la cual se le incorporó en 1897 una nueva sección con el nombre de Departamento Industrial que, dos años más tarde, se convirtió en Escuela Industrial de la Nación, siendo su primer director Otto Krause.

La educación constituyó uno de los mecanismos principales de integración y modernización de la sociedad.

Por último, en referencia al sistema universitario, existían solamente las universidades de Buenos Aires y Córdoba cuando se inicia el modelo de la República Liberal, teniendo lugar la primera regulación del mismo en 1885, con la llamada Ley Avellaneda, la cual otorgó cierta autonomía de gestión a las universidades, incluso en la parte académica, reservándose el gobierno nacional la facultad de aprobar el estatuto de cada una de ellas, aprobar el presupuesto y designar a los docentes, aunque lo debía hacer de una terna elevada por las autoridades de las respectivas Casas de Altos Estudios. Luego se produce el proceso de creación de universidades provinciales, nacionalizándose la de La Plata en 1905.

Los sectores sociales

En este período se pueden distinguir —siguiendo a Alan Rouquie— la existencia de tres grupos o estratos sociales diferenciados. Por un lado, una franja superior mínima, una especie de oligarquía natural, con una situación económica y social mayoritariamente heredada, integrada por un reducido número de familias, ligadas por cuestiones profesionales y/o de parentesco, que se consideran a sí mismas como la élite o el patriciado y se adjudica el derecho natural al gobierno de la sociedad argentina. El círculo fundamental de esa oligarquía estaba compuesto por los grandes ganaderos de Buenos Aires y, aunque secundariamente, sus pares del litoral. También se incluyen las familias tradicionales del interior que, por su prestigio social, resultaban políticamente útiles a estos sectores, así como algunos grupos empresariales, como los propietarios de los grandes ingenios del noroeste o los productores de vino de la región de Cuyo. Los estratos superiores no se consideraban a sí mismos solamente por tener la propiedad de la tierra o detentar el poder político y económico sino también por un estilo de vida y por sus valores sociales.

El historiador H.S. Ferns menciona a los denominados sectores medios a los que califica como un «mosaico heteróclito», integrado fundamentalmente por una población de origen inmigratorio, aunque también por familias tradicionales que, por diferentes razones, han perdido poder económico y/o ubicación social. En este sentido, podemos mencionar a los pequeños ganaderos del litoral, empresarios arruinados por la competencia extranjera, medianos propietarios de zonas marginales en el modelo económico vigente y funcionarios con baja remuneración.

Por último, Rouquie incluye a los sectores populares, integrado por jornaleros y peones, en su mayoría población nativa, especificando que están condenados a las más duras tareas rurales, con condiciones de vida miserables.

En un interesante análisis, Ricardo Ortiz combina los datos de los censos de 1895 y 1914, período de tiempo donde se puede observar el surgimiento y crecimiento de sectores medios, provenientes tanto de los descendientes de la inmigración como de los procesos de migraciones y movilidad social interna. En dicho estudio, considera que la clase alta — representada por grandes y medianos ganaderos y productores agropecuarios, los comerciantes ligados al negocio de importación y exportación, funcionarios de alto rango de la administración pública, industriales, profesionales ligados a la actividad agrícola–ganadera, militares y la jerarquía eclesiástica— implican casi el 14 % de la población, mientras los sectores medios —compuestos por pequeños productores agrícola–ganaderos, empleados inferiores de la administración pública y privada, artesanos y pequeños industriales y comerciantes— alcanzan casi el 29 %. Por último, indica que la denominada clase baja, compuesta por proletarios y semiproletarios, constituyen más de la mitad de la población.

H.S. Ferns, historiador, expresa que «en los centros de placer europeo la palabra argentino se convirtió en sinónimo de riqueza y lujo. Los grandes palacios de la aristocracia en torno de la plaza San Martín, en Buenos Aires, y los petit hotels del Barrio Norte rivalizaban con las residencias urbanas de la aristocracia inglesa. Los magnates alquilaban para uso particular vagones de ferrocarril y hasta trenes enteros para transportar a sus familias y servidumbres de sus mansiones urbanas a sus residencias de veraneo. Un estanciero se llevó consigo vacas lecheras a Europa para asegurarse que sus hijos tuvieran buena leche para beber durante el viaje».

En ese contexto de incremento considerable de la población y de desarrollo urbano, cabe analizar la situación de los sectores populares. Si bien existen opiniones discordantes, Juan Álvarez afirma que en el período 1886–1896 se produce un notorio descenso de los salarios reales de los trabajadores como consecuencia de la depreciación monetaria, dato que Panettieri cuantifica en una pérdida del 50 % entre 1885 y 1891. Este último, manifiesta que dichos salarios vuelven a caer entre 1906 y 1914, como consecuencia del aumento general de los precios y, en especial, de los alquileres, lo que lleva a las familias obreras a recurrir al trabajo de mujeres y de niños o a la realización de tareas domiciliarias para paliar la pérdida del poder adquisitivo, desde siempre escaso. Con esa situación salarial, el tema de la vivienda se convirtió en una grave situación para los trabajadores, considerando que entre 1904 y 1912, a título de ejemplo, se duplicaron los alquileres, aunque no sólo influyó el precio sino también el hacinamiento que se registró, tanto en conventillos como en casas de alquiler, lugares donde convivieron numerosas familias de asalariados manuales, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes o artesanos, tanto de origen europeo como las provenientes de las miRiqueza y lujograciones internas. Los conventillos surgieron en la década del 50 del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires y se incrementaron considerablemente como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, ocasión en que los sectores adinerados se trasladaron del sur al norte de la urbe y alquilaron sus propiedades a numerosas familias. La importancia de este modo habitacional está dada en el hecho de que, en 1887, sobre un total de 437.875 habitantes de Buenos Aires, 116.167 se encuentran en conventillos. En cuanto a la vida en los mismos, Eduardo Wilde relata que cada familia habitaba un cuarto que, además de dormitorio, servía como «comedor, cocina y despensa, patio para que jueguen los niños y sitio donde depositar excrementos, al menos temporalmente, depósito de basura, almacén de ropa sucia y limpia, si la hay; morada del perro y del gato, depósito de agua, almacén de combustibles; sitio donde arde de noche un candil, una vela o una lámpara; en fin, cada cuarto de estos es un pandemónium donde respiran, contra todas las prescripciones higiénicas, contra las leyes del sentido común y del buen gusto y hasta contra las exigencias del organismo mismo, cuatro, cinco o más personas». Estas circunstancias, hacinamiento e incremento de los alquileres, produjeron una huelga de inquilinos en Buenos Aires en 1907, la que se inició en un conventillo de calle Ituzaingó que albergaba a 130 familias, extendiéndose luego al interior del país. Es dable indicar también que más del 50 % de los que no vivían en conventillos, lo hacían en casas de pensión, viviendas estrechas o pequeños departamentos que no ofrecían mayores comodidades. Alrededor de 1910 comenzó la existencia de barrios periféricos en la citada ciudad, donde predominaban las casas de madera y zinc, sin servicio de agua corriente, cloacas, pavimento o alumbrado público, fenómeno urbanístico que se vio favorecido por la existencia del tranvía, que permitía el traslado desde estos barrios a los lugares céntricos de trabajo. Los primeros asentamientos se instalaron en los bajos y bañados de Barracas, San Cristóbal, Flores, Vélez Sarsfield y San Carlos, en los bajos de Belgrano y Saavedra o en los terrenos anegadizos de San Bernardo.

En cuanto a la situación de los obreros en el interior de la Argentina, en su mayoría eran criollos o indígenas, trabajaban en los ingenios azucareros, en los obrajes del noreste, en las fábricas de tanino o en los yerbatales del Paraná, pagándose generalmente los salarios mediante vales que sólo se podían canjear en la proveeduría de la propia empresa. Según Mario Rapoport, con el correr de los años algunos trabajadores, especialmente los de origen inmigratorio radicados en la pampa húmeda, mejoraron las condiciones de vida y laborales, lo que les posibilitó una movilidad social ascendente.

Riqueza y lujo

El movimiento obrero

En lo que se refiere a las relaciones obrero–patronales, en el marco de la concepción imperante en el modelo de la República Liberal, el Estado no regula dichas relaciones, que quedan reservadas al ámbito privado y a las leyes del mercado, pero si interviene, lo hace para reprimir a los trabajadores, lo que aparece claramente manifestado en las leyes de Residencia y de Defensa Social, dictadas durante la primera década del siglo XX. En ese contexto, el movimiento obrero se organiza primero mediante mutuales y recién a partir de 1880 como sindicatos, con una división dentro del mismo, entre los gremios que adhieren al anarquismo y los que se inclinan por el socialismo, los dos grupos que hegemonizarán hasta que en los inicios del siglo XX surgirá una tercera corriente, denominada sindicalismo puro, que tendrá activa participación en los años posteriores.

Siguiendo a Arturo Fernández, en la Argentina, el desarrollo capitalista se produjo en el marco de un modelo con fuerte dependencia de los mercados europeos y como abastecedor de materias primas de los países industriales del mencionado continente, por lo cual la formación de un sector industrial se va a dar muy lentamente y subordinada a los intereses del sector terrateniente exportador, lo cual influirá considerablemente en la conformación del movimiento obrero.

Pese a lo anterior, surge en la época un número importante de talleres y fabricas menores, que empleaban a una cantidad importante de personas, las cuales comienzan a agruparse en asociaciones y gremios conducidos por inmigrantes que, al propio tiempo, trasladan a la Argentina los contenidos ideológicos y los métodos de lucha que habían observado y practicado en Europa. Ricardo Falcón afirma que, desde la década del 50 del siglo XIX, se va conformando una capa de trabajadores urbanos, artesanos y asalariados, en su mayoría inmigrantes, que se establecen mayoritariamente en Buenos Aires, llegando algunos a hacerlo en Rosario o Córdoba. Indica además la existencia de un grupo de trabajadores negros en la ciudad primeramente citada.

Se pueden distinguir dos etapas en la constitución del movimiento obrero durante toda la etapa de la República Liberal. Una de ellas, a la que calificamos como sindicalismo de resistencia, la podemos ubicar desde el nacimiento de las primeras organizaciones obreras hasta el momento en que Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación, o sea, 1916. La segunda etapa, desde este último momento y hasta 1930, durante los gobiernos radicales, a la que denominamos sindicalismo de participación limitada.

La primera etapa se puede caracterizar por un agudo debate teórico–práctico entre anarquistas y socialistas reformistas, un acentuado internacionalismo mediante la traslación casi mecánica de la experiencia sindical europea y una forma organizativa por oficios en pequeños núcleos combatientes. En cuanto al inicio de los movimientos gremiales, si bien en 1857 nace la Sociedad Tipográfica Bonaerense y poco más tarde la Sociedad de Zapateros, al tener ambas carácter preponderantemente mutual, la primera organización en sentido estricto es la Unión Tipográfica Bonaerense, que nace en 1879, declarando una huelga por el incremento de las remuneraciones de los trabajadores del sector, conducida por un obrero francés y logra mejoras salariales. Le siguen luego el Sindicato de Empleados de Comercio en 1881, la Unión Obrera de Sastres, la Unión de Oficiales Yeseros, la asociación que agrupa a los albañiles, todas en 1882, y la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas en 1885. En 1887 se crea la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es la primera organización gremial de clara tendencia anarquista, y, al propio tiempo, surge La Fraternidad, que agrupa a maquinistas y foguistas del ferrocarril, la cual se encuadra en una orientación socialista.

En cuanto a la evolución del movimiento obrero, podemos señalar varios hechos significativos en esta etapa, tales como la fundación en 1882 del Club Worwaerts, por parte de un grupo de inmigrantes alemanes de orientación socialista, que se manifiestan públicamente mediante una revista; el arribo a la Argentina del dirigente anarquista Enrico Malatesta, figura clave en la conformación y consolidación de dicha corriente; la creación del Comité Internacional Obrero en 1890, que organiza el 1° de mayo de dicho año un acto con más de 3.000 trabajadores; y, finalmente, el nacimiento de la primera central sindical representativa y duradera, el 25 de mayo de 1901, denominada Federación Obrera Argentina, con predominio anarquista, que en 1905 pasa a llamarse Federación Obrera Regional Argentina, FORA, agrupamiento del cual se separan los socialistas en 1903 para constituir la Unión General de Trabajadores, UGT, que se convierte en Confederación Obrera Regional Argentina, CORA, en 1909, disolviéndose en 1914 para unificar el movimiento obrero en la entidad primeramente constituida, o sea, la FORA.

En cuanto a las corrientes sindicales que indicamos, en este período de la República Liberal Oligárquica, el anarquismo es la fuerza predominante. Se conforma a nivel mundial en 1874 al separarse de la Primera Internacional, de orientación marxista, conformando bajo la conducción de Bakunin la denominada Alianza Internacional Obrera, también conocida como la Internacional negra. Los anarquistas van a sostener la necesidad de destruir el Estado para, desde la nada, reconstruir una sociedad ideal, donde reinen la igualdad, la libertad y la justicia, sin autoridad gubernamental ni propiedad privada. En ese marco, sostendrán la acción directa y rechazarán la existencia de los partidos políticos. En la Argentina, difunden su accionar mediante múltiples periódicos, conforman una Confederación Anarquista y reciben la visita de importantes dirigentes internacionales, como Enrico Malatesta y Pietro Gori, especialmente este último, que producirá un cambio organizativo que consolida la corriente.

Los anarquistas predominarán entre albañiles, cigarreros, panaderos, yeseros, sastres, ebanistas, moldeadores, marmoleros y constructores de carruajes, extendiendo su influencia a comienzos del siglo XX a otras organizaciones obreras, como portuarios, conductores de carros, peones del mercado de frutas y marineros. La razón de esta supremacía dentro del movimiento obrero está dada, para algunos historiadores, porque la mayoría de los trabajadores provenían de países donde ya había existido dicha ideología, aunque también operan otras razones, como las que explica Juan Suriano cuando afirma que sus dirigentes orientaron el mensaje a esa zona de desilusión, de frustración y de deseos no cumplidos, explotando la bronca, el resentimiento, la decepción de los trabajadores que no lograban cumplir los sueños por los cuales se habían trasladado a la Argentina, sueños que implicaban lograr un lugar más digno en la sociedad, para lo cual habían abandonado su suelo natal y su familia de origen, padeciendo desarraigo. Por último, cabe señalar que los anarquistas rechazaron la vía parlamentaria como modo de mejorar parcialmente la situación de los trabajadores, plantearon la abstención electoral a la que denominaron huelga electoral, caracterizando a los actos comiciales como fuente de clientelismo, rechazando de manera terminante los elementos institucionales o culturales que expresaban al Estado, tales como las leyes, los símbolos patrios o el ejército, siendo la primera expresión grupal que se opuso al servicio militar obligatorio, establecido en la Argentina en 1901.

Los anarquistas predominarán entre albañiles, cigarreros, panaderos, yeseros, sastres, ebanistas, moldeadores, marmoleros y constructores de carruajes, extendiendo su influencia a comienzos del siglo XX a otras organizaciones obreras.

En lo referente a los agrupamientos obreros socialistas, expresará inicialmente su ideario mediante el Club Worwaerts y el periódico El Obrero, pero será el diario La Vanguardia el canal fundamental para difundir sus pensamientos. Dichas ideas se basan fundamentalmente en la constitución de un partido político que les permita participar en elecciones y obtener representantes legislativos que propicien leyes favorables para los trabajadores. Tienen como principal dirigente en esos años iniciales a Juan B. Justo, que recibe la influencia del pensador europeo Eduardo Bernstein, quien sostenía la conveniencia de la transformación gradual de la sociedad, sin necesidad de la salida revolucionaria propuesta por el marxismo. En ese marco, la metodología sindical utilizaba la huelga como mecanismo de negociación para conseguir mejoras graduales, tratando de recurrir a procedimientos pacíficos, conceptos que los separaban claramente de los anarquistas que apelaban a métodos violentos para las luchas obreras.

Gonzalo Cárdenas, en su libro Luchas nacionales contra la dependencia, afirma que esa estrategia del socialismo argentino operaba en la práctica como un freno al avance del movimiento obrero, fundamentando su afirmación en el hecho de que, al valorar la modernización y el progreso económico, resultaron funcionales al crecimiento de la burguesía terrateniente nacional. Más allá de la opinión anterior, y de la influencia del socialismo en esos primeros años del movimiento obrero, dicha corriente sindical sufrió varias escisiones. La primera tiene lugar en 1893 cuando un grupo se separa y forma la denominada Federación Obrera Socialista Argentina, también llamada Federación Obrera Colectiva, exigiendo la nacionalización de los extranjeros como paso previo para su militancia sindical y sosteniendo la necesidad de transformar el modelo económico, figurando entre sus integrantes el poeta Leopoldo Lugones, décadas más tarde devenido en ideólogo del nacionalismo autoritario y elitista que consumó el golpe de Estado de 1930. Pero la principal división en las filas del socialismo ocurre en los primeros años del siglo XX cuando un grupo numeroso de sus integrantes se separa para integrar el sector denominado Sindicalista Puro, que adhiere a la titulada Carta de Amiens, aprobada en 1905 y basada en el pensamiento de Sorel, que, bajo el lema sindicatos al poder, sostenía que los gremios tenían que prescindir de las cuestiones religiosas, filosóficas o políticas y direccionar su acción hacia la misión concreta de defender los derechos e intereses de los trabajadores. Este nuevo sector rápidamente desplaza a los socialistas de la Unión General de Trabajadores, luego conforma la CORA y, finalmente, regresando a la FORA, terminan por reemplazar a la conducción oficial del anarquismo, convirtiéndose cuando Yrigoyen llega al gobierno en el sector obrero con mayor predicamento. Según Arturo Fernández, esta corriente de los Sindicalistas Puros significaba un punto intermedio entre el anarquismo y el socialismo, dado que era menos elitista y más pragmático que el últimamente citado, pero, al propio tiempo, menos extremista que el primero, lo que significa menos dogmatismo y más desconfianza en los partidos políticos.

Particularizando la cuestión del rol del Estado en las relaciones obrero–patronales, durante este período del sindicalismo de resistencia, el grupo gobernante se abstuvo de intervenir en los conflictos dejando la resolución de los mismos en manos de sus actores, actitud que condice con la ideología liberal imperante. Sin embargo, en el marco de los derechos individuales contemplados en la Constitución Nacional de 1853, cuando los trabajadores afectaban el derecho de propiedad del empresario o alteraban el orden público, los gobiernos conservadores actuaban reprimiendo a los trabajadores.

Cabe señalar que no existía legislación social que contemplara los derechos de los trabajadores ni tampoco normas jurídicas que regularan los mecanismos o procedimientos de actuación estatal ante los mencionados conflictos durante esta segunda mitad del siglo XIX. Pero sobre finales de esta centuria y comienzos de la siguiente, se produce un significativo incremento de la conflictividad obrera, liderada por grupos anarquistas y sobre la base de una situación de miseria de los trabajadores, un número importante de desocupados, salarios depreciados, jornadas laborales de 9 a 12 horas diarias, con descanso dominical, pero sin paga, pésimas condiciones de salubridad, escasez de viviendas o altos alquileres. El incremento del número de huelgas demuestra lo antedicho, pasando de cinco en 1890 a 26 en 1896. En los primeros años del siglo XX continuó aumentando la agitación y movilización obrera, bajo la conducción preponderante de los anarquistas, que se expresa fundamentalmente en Buenos Aires, pero también en otras ciudades del litoral, como Rosario o Villa Constitución. Ante ello, el grupo gobernante, percibiendo la convulsionada situación social, cambia su actitud inicial de prescindencia por una política claramente orientada a la represión de los trabajadores, política que se manifiesta en medidas tales como la declaración del estado de sitio o las leyes de Residencia y de Defensa Social. La ley de Residencia (n° 4144), sancionada el 22 de noviembre de 1902, basada en un proyecto de Miguel Cané, autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a ordenar la salida del país de todo extranjero condenado fuera de la Argentina por delitos de derecho común, disponer su expulsión cuando su conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbase el orden público o impedir el ingreso cuando se encontrase en las situaciones anteriores. Esta discrecional facultad que se otorga al gobierno nacional para perseguir a los dirigentes sindicales extranjeros, también le permitía detenerlos hasta que se dispusiera su expulsión. En tal sentido, días más tarde de la sanción de la norma antedicha, el gobierno decreta el estado de sitio y expulsa a once italianos y once españoles, logrando poner fin a la huelga general decretada por las organizaciones obreras en el año 1902 como punto final de un conflicto iniciado por los estibadores del puerto de Buenos Aires. A partir de esta normativa y de los hechos indicados, Roca inicia una represión generalizada contra los dirigentes sindicales, especialmente anarquistas, centralizada en la ciudad y provincia de Buenos Aires, pero también en Santa Fe, con su secuela de deportaciones y encarcelamientos masivos, lo que sin embargo no evitó la conflictividad del movimiento obrero, que incluso se incrementó, dado que entre 1902 y 1910 se decretaron siete huelgas generales, siendo los hechos más significativos los ocurridos en 1909. Estos acontecimientos comienzan con una violenta represión a los trabajadores en la concentración en conmemoración del 1° de mayo en Buenos Aires, en la cual mueren ocho obreros y más de 100 quedan heridos.

La actitud del gobierno provoca la reacción generalizada del movimiento obrero que, principalmente en Buenos Aires y Rosario, se manifiesta mediante una ola de violencia creciente, con huelgas generales y actos de acción directa, cuyo punto máximo se registra el 14 de noviembre de 1909, ocasión en que un joven anarquista, Simón Radowitzky, arroja una bomba al paso del jefe de Policía de Buenos Aires, coronel Ramón Falcón, que muere. Esos hechos se incrementan en 1910, incluido un atentado en el Teatro Colón, lo que provoca el temor del grupo gobernante que pretende presentar a la Argentina como una sociedad modelo en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, evento que contará con la presencia de autoridades extranjeras, ante lo cual se sanciona una nueva ley represiva. Es promulgada el 26 de junio del mencionado año, se la denominó Ley de Defensa Social y prohibió el ingreso al país de los sujetos de ideología anarquista y de todos aquellos individuos que sostuvieran la legitimidad de atacar a las instituciones gubernamentales o sus representantes, así como vedaba la asociación o reunión de personas que tuviera por finalidad instigar a cometer hechos ilícitos, previendo incluso la pena de muerte para determinados delitos.

Para finalizar el análisis de esta etapa del devenir del movimiento obrero en la Argentina, cabe hacer referencia al proyecto de Código de Trabajo y algunas leyes laborales sancionadas en este período. El proyecto fue elaborado por el ministro del Interior del presidente Roca, doctor Joaquín V. González, y remitido al Congreso en 1904. El mismo contemplaba la regulación legal de las horas de trabajo, tribunales de arbitraje para los conflictos laborales, una Junta Nacional del Trabajo, pensiones por ancianidad, inembargabilidad de una parte del sueldo, indemnización por accidentes de trabajo, reglamentación de la tarea de mujeres y menores, condiciones de higiene y seguridad en los ámbitos laborales e, incluso, el derecho de huelga, aunque solamente para casos que tuvieran por finalidad reivindicaciones pacíficas.

El obrero criollo

En su Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, el ingeniero Bialet Massé se refería a la situación del obrero criollo: «Todos se han preocupado de preparar el terreno para recibir al inmigrante extranjero... el obrero criollo, menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra... haciendo trabajos en los que es irremplazable, y percibiendo un salario como para no morirse, y sufre que en un mismo trabajo se le de un jornal inferior, porque es criollo (...). Cierto que adolece de defectos y tiene vicios arraigados, pero no es su obra, ni es responsable de ellos. No se tiene en cuenta que durante ochenta años se le ha pedido sangre para la guerra de la independencia (...)».

Ni el anarquismo ni el socialismo adhirieron al proyecto, con la sola excepción del diputado Alfredo Palacios. Lo consideraron negativo y le adjudicaron la pretensión de control de los sindicatos por parte del Estado. En cuanto a las fuerzas del orden conservador, en términos generales estimaron que otorgaba demasiados beneficios a los trabajadores, alegando la Unión Industrial, que las empresas locales no podían afrontar los costos adicionales que implicaba la legislación que se proponía.

Pese al rechazo al proyecto, a partir del mismo se sancionaron algunas leyes laborales, tales como la del descanso dominical obligatorio, que regía sólo para la capital federal y que fue propiciada por Alfredo Palacios en 1905, y la normativa que regulaba el trabajo de mujeres y menores de 1907.

Como paso previo a la redacción del proyecto de Código del Trabajo, se encargó un informe sobre la situación de los trabajadores al ingeniero Juan Bialet Massé. El trabajo final, denominado Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, presenta una detallada descripción de la condición de los obreros, el régimen de explotación al que se hallaban sometidos, inadecuados horarios de trabajo, tareas insalubres, entre otros. Además de su valor científico, cabe destacar su importancia política en cuanto a demostrar el estado de abandono y marginalidad en que se encontraban los trabajadores en el sistema económico y social vigente.

Transformaciones socioculturales en la Provincia de Santa F

Situación de las clases populares

En primer lugar, vamos a describir brevemente la situación de las clases populares en la provincia durante el período analizado, realizando algunas precisiones y aclaraciones. Cuando nos referimos a clases populares, estamos señalando a un heterogéneo conjunto de personas que se diferencian sustancialmente de los miembros de las élites políticas y económicas de la época, tanto por su poder adquisitivo como su estilo de vida o sus formas culturales, y donde incluimos genéricamente a trabajadores rurales y urbanos, tanto hombres como mujeres, contando a los niños y ancianos relacionados con ellos, clases populares que fueron actores sociales significativos con anterioridad del auge del modelo agroexportador, que existieron previamente a la llegada de los inmigrantes y luego continuaron actuando, y que sus experiencias y sus luchas son anteriores también a la aparición de las primeras organizaciones obreras. Si bien es cierto que el proceso de expansión agropecuaria y la llegada de los inmigrantes marca un antes y un después, dando origen a los que algunos llaman la Argentina aluvial, lo real es que hubo también continuidades, herencias, tradiciones y construcciones que se vinculan con los diversos grupos que componen las clases populares, entre los cuales no podemos dejar de mencionar a los mestizos, indígenas y afrodescendientes.

En el marco del proceso nacional de construcción del Estado y de inserción de la Argentina en el mercado mundial como proveedor de granos y carnes, el gobierno provincial lleva adelante una serie de medidas tendiente a la conformación de un mercado de tierras y también a la obtención de mano de obra para las actividades agrícola–ganadera que afecta particularmente a pobladores previos a la oleada inmigratoria y que podríamos calificar como parte de las denominadas clases populares, especialmente los pueblos originarios que habitaban el norte provincial (tobas, abipones, calchines y mocovíes) o el sur santafesino (querandíes, timbúes y caracaráes). Las estrategias para lograr la dominación de estos grupos y la apropiación de sus tierras se dio mediante campañas militares, política de fortines, educación y evangelización en las denominadas reducciones, luego de lo cual podían llegar a formar parte de las milicias nacionales o provinciales, ser encomendados a familias de notables en las ciudades o tomar parte del servicio doméstico, como ocurrió en algunas colonias agrícolas. Esas acciones afectaron la vida de dichos grupos que habían mantenido hasta entonces un relativa autonomía, tanto durante el período colonial como durante los años posteriores a la independencia. También los mestizos fueron blanco de estas medidas consideradas civilizatorias para la clase dirigente, para lo cual se dictan diversas normas jurídicas que procuraron captar mano de obra y disciplinar a estos pobladores mediante tácticas punitivas que se escondían bajo el objetivo de terminar con cuatreros y bandidos, con vagos y malentretenidos, lo que, al decir de Elida Sonzogni, terminaba con identificar a los pobres como parte de las dos últimas categorías.

La situación de las clases populares se complejiza a partir de 1880, con una permanente movilidad por la llegada de numerosos inmigrantes que los desplazan laboralmente, pero también por la llegada de pobladores de regiones vecinas. La mayor parte de los trabajadores se acumula en el sur, tanto en sus zonas agrícolas como en la ciudad de Rosario; luego aparece la región centro con sus colonias agrícolas y la ciudad de Santa Fe; y finalmente la zona norte con actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. Desde el punto de vista sectorial, la mayor parte de los trabajadores se encontrarán en el sector primario, pero comienza a crecer el número de los obreros vinculados al sector servicios, en especial en los rubros ferroviario y portuario. Cabe señalar también que, si bien la mayoría de los trabajadores serán de origen extranjero, especialmente en las zonas agrícolas, en lo que se refiere a los obrajes, estancias, ingenios y actividades vinculadas a la rama forestal, predominarán los criollos.

La situación de las clases populares se complejiza a partir de 1880, con una permanente movilidad por la llegada de numerosos inmigrantes que los desplazan laboralmente.

Las primeras organizaciones obreras

En la década del 80, como en el orden nacional, se irán conformando algunas asociaciones obreras en Rosario y la ciudad de Santa Fe, como respuesta a las malas condiciones de vida y de trabajo que sufrían los trabajadores. Primeramente, se conformarán asociaciones para paliar las malas condiciones en la que desarrollan su vida individual, familiar o laboral, la mayoría de las cuales, como en el orden nacional, adoptaron la forma de mutuales. Recién en la década del 90 aparecen en la provincia entidades gremiales en el sentido actual de la palabra, convocándose el 1º de mayo de 1890 a un acto en Rosario en homenaje a los obreros asesinados en Chicago, Estados Unidos, unos años antes, a lo que sigue que en 1892 se funda la Sociedad Internacional Obrera, con algunos anarquistas y unos pocos obreros especialmente de panaderías, también en Rosario. Otro tanto ocurre en Santa Fe, pero bajo conducción del socialista Teodoro Malorny, que convoca a una reunión en el denominado Jardín Recreo, en 1891, según lo señala Alejandra Monserrat, ocasión en que se decide adherir a los postulados del Congreso Internacional Obrero de París de 1889, convención que establece el 1º de mayo como el día de los trabajadores.

En 1902 se crea la Federación Obrera Rosarina, como parte de la Federación Obrera Argentina (FOA), que luego pasa a llamarse Federación Obrera Regional Argentina, ligada al ideario anarquista. También se decreta un paro general en Rosario en 1896 por 48 horas, en adhesión a un problema de los obreros ferroviarios de la ciudad de La Plata, y existen numerosos conflictos sectoriales, focalizados en la zona sur de la provincia y más específicamente en la ciudad de Rosario, tales como la de los peones de la Refinería de Azúcar en 1901, buscando incrementos en el salario; la de los empleados de comercio para reclamar por la reducción de las horas de trabajo y el descanso dominical en 1904; la de los estibadores portuarios en 1905, demandando aumentos salariales y condiciones más dignas de trabajo, que se hace extensiva a todos los puertos de la Argentina; la de los conductores de carros en 1907 en reclamo por una ordenanza municipal, derivando esta última en una huelga general, y contando con la adhesión de los comerciantes rosarinos, afectados por la misma medida, entre otros acontecimientos.

En la ciudad de Santa Fe también se produce el mismo derrotero que en Rosario, o sea, en primer lugar aparecen sociedades de socorros mutuos, las que se crean entre 1896 y 1904, entre las cuales podemos indicar las referidas a los tipógrafos, ferroviarios, empleados de correo y el círculo de obreros católicos, aunque también aparece la figura de la cooperativa de consumo, pero en menor medida. En cuanto a los gremios que se organizan en la capital de la provincia, aparece como pionera la organización que nuclea a ferroviarios, denominada La Fraternidad, la cual nace en 1902 agrupando al personal de locomotoras del Ferrocarril Santa Fe y del Central Argentino, ampliándose a los obreros del Central Norte Argentino en 1909. En 1904 se crea la Asociación de Obreros Fundidores y en 1910 la de dependientes de Comercio. En cuanto a las centrales sindicales, en 1904 se crea la Federación Obrera Santafesina, que adhiere a la FORA, donde se nuclean trabajadores de diversos rubros, tales como carpintería, herrería, talabartería, artes gráficas, peluquería y sastrería, así como obreros panaderos, mozos, alpargateros y adoquinadores, entre otros, agrupamiento donde existe un claro dominio del anarquismo. Años más tarde surgirá el Centro Obrero Local, conducido por los denominados sindicalistas puros o revolucionarios, corriente que surge en el orden nacional, diferenciándose tanto del anarquismo como del socialismo.

En cuanto a los conflictos más notorios que surgen en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, se destacan los de obreros portuarios que entre 1902 y 1910 mantienen disputas intensas en defensa de sus reivindicaciones, cuestión estudiada por Diana Bianco y Anahí Pereyra, investigadoras que citan las referencias que realiza Bialet Massé en su Informe sobre el estado de la clase obrera en el interior de la República, donde describe su visita a Colastiné y analiza la situación de los estibadores, diferenciando las variadas funciones que cumplen estos trabajadores. Allí critica las condiciones en que desempeñan su trabajo, con especial referencia a las condiciones de seguridad y salubridad, y plantea su lucha contra los contratistas a los que define como «sanguijuelas que viven de la sangre del obrero».

La política cultural en Santa Fe

El proyecto de colonización agrícola no es sólo un modelo productivo sino también una política cultural tendiente a la europeización mediante el trasplante inmigratorio, veta civilizatoria que expresa el gobernador Simón de Iriondo en su mensaje a la legislatura en 1871 cuando afirma que «otras de las ventajas que se está experimentando como resultado de la inmigración es el estímulo al trabajo que se despierta en los naturales del país, quienes aspiran ya, como el colono, a tener su propia tierra» y que reitera en 1872 cuando indica que la inmigración desplaza a la barbarie del indio, el nativo y el desierto, conquistando tierras para «el trabajo, la religión, la riqueza y la civilización».

El sistema educativo provincial

La educación aparece en el ideario de la clase dirigente santafesina, como medio civilizatorio, como instrumento para introducir la cultura europea. El sistema educativo tendrá en nuestra provincia la misma importancia que se le otorgó en el orden nacional, con características particulares.

En primer lugar, cabe destacar la sanción de la ley de instrucción primaria obligatoria, del 7 de junio de 1866, durante la gobernación de Nicasio Oroño. La misma establece, para garantizar la obligatoriedad, que se deben crear escuelas en todos los centros poblados donde existan como mínimo diez niños en edad escolar. La norma será ratificada y ampliada en 1874, durante los primeros meses de la gestión de Servando Bayo como gobernador, mediante una nueva legislación que reitera la obligatoriedad y gratuidad, prevé los fondos para tal fin, consagra un conjunto de normas para organizar el sistema educativo y se conceden facultades a las comisiones locales escolares para algunos nombramientos, mantenimiento de la estructura edilicia y manejo de los recursos económicos, política que va a continuar con las leyes de 1876 y 1884 que perfeccionan la estructura del sistema. Pero va a ser a partir de la gobernación de Simón de Iriondo, en 1878, que la educación tendrá un lugar mucho más preponderante en las políticas provinciales, mediante la creación de escuelas primarias y bibliotecas populares primero y luego de establecimientos secundarios e incluso universitarios; con políticas y acciones tendientes a la formación de los maestros y con becas para aquellos que por motivos económicos o de distancia tuvieran obstáculo para acceder a la educación primaria o al perfeccionamiento docente. En los años que van desde 1878 hasta 1900, se duplican el número de escuelas fiscales o públicas y se triplica el de las privadas. A lo anterior cabe agregar la convocatoria a un congreso pedagógico provincial en 1894, durante el mandato de Luciano Leiva, con una variada temática destinada a generar debates y consensuar propuestas para mejorar el sistema educativo santafesino, señalando también entre todos estos elementos positivos, la creación de escuelas especiales y técnicas durante el gobierno de Iturraspe.

Josefa Díaz y Clucellas, artista condecorada

En agosto de 1871, la legislatura santafesina resolvió: «Acordar a la señorita Josefa Díaz, retratista al pincel y en honor a su talento, una medalla de oro costeada por el tesoro de la Provincia. La medalla tendrá una pulgada y media de diámetro y llevará en el anverso una corona de laurel y la siguiente inscripción: La provincia de Santa Fe a las Bellas Artes, 1871; en el reverso, un caballete, pinceles, paleta y los signos alegóricos, con esta inscripción: Al talento, gloria y estímulo». (Historia de Santa Fe, Leoncio Gianello)

En 1884, el gobierno nacional sanciona la ley de educación 1420, conocida como Ley Laica, que establece la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, y que generará problemas de la Iglesia Católica con el presidente Roca, cuestión que se manifestará también cuando se aprueben las leyes de matrimonio civil y creación del Registro Civil. Como ya lo indicamos cuando detallamos las características ideológicas de las élites predominantes en Santa Fe, los dirigentes santafesinos intentarán conciliar las posiciones liberales laicistas predominantes en el orden nacional con las tradiciones católicas locales. Esta actitud queda claramente manifestada en la ley educativa provincial de 1886, donde el gobernador Gálvez establece la enseñanza religiosa entre los contenidos mínimos de la escuela pública, en clara contradicción con el espíritu y la letra de la ley nacional 1420. Al decir de Diego Mauro, las élites santafesinas explicarán su posición sosteniendo que la ley laica no tiene motivación antirreligiosa sino que tiene por finalidad brindar amparo legal a los pobladores de las colonias agrícolas que provenían del exterior y que practicaban, en muchos casos, otros cultos distintos al católico, predominante en la Argentina. Ahora bien, en el marco de políticas de progreso económico, inmigración y adaptación laica de las leyes existentes en este modelo de la República Liberal, lo real y concreto es que los gobiernos santafesinos buscan permanentemente conciliar esas ideas y realidades con las tradiciones católicas, con la sola excepción de Nicasio Oroño, aunque —como señala el autor citado— el mencionado gobernador, autor de una ley de matrimonio civil que significa un adelanto para la época, intenta también conciliar con la Iglesia Católica, subsidiando la construcción de templos y financiando a instituciones educativas de esa religión. En esa mixtura, podemos destacar la creación de escuelas católicas de fuerte presencia social en las grandes ciudades de la provincia, siendo las primeras el Colegio de la Inmaculada en Santa Fe y el Colegio del Huerto en Rosario, ambas en 1861.

Además, y como particularidad santafesina, señalamos la existencia de escuelas creadas por colectividades extranjeras, siendo las más antiguas las de los italianos, tales como Unión y Benevolenza de Rosario y Santa Fe, ambas en 1861, la Unión y Benevolenza de San Lorenzo en 1870 y Unión y Fomento de Esperanza en 1871.

Hacia 1910, se puede afirmar que el sistema educativo provincial expresa una variedad de modelos pedagógicos de tradiciones ideológicas distintas, que se expresan en escuelas o colegios con formación de base religiosa (Colegio de la Inmaculada, Nuestra Señora del Huerto, San José Adoratrices y La Salle Jobson, en la ciudad de Santa Fe), escuelas primarias y normales, escuelas agrícolas y técnicas en las zonas de las colonias, colegios nacionales, y escuelas industriales y superiores de comercio, en donde predomina una orientación positivista; y entidades educativas ligadas a comunidades extranjeras, que tienen por finalidad el mantenimiento de la lengua, las costumbres y modos culturales de sus pueblos de origen.

Hacia 1910, se puede afirmar que el sistema educativo provincial expresa una variedad de modelos pedagógicos de tradiciones ideológicas distintas.

Última actualización hace 1 año