La larga y crucial década de 1930
Eduardo M. Basualdo.
La conformación de la matriz política, econímica y social de la Argentina contemporánea
Este artículo se realizó en el marco del proyecto Los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros en la Argentina durante el siglo XX, patrocinado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT/ proyecto PICT 2019-O1271).
La década de 1930 ha quedado inscripta en el análisis histórico del país como la década infame por la instauración del fraude patriótico y la corrupción por parte de la dictadura militar y los gobiernos que la sucedieron. Sin embargo, esta caracterización, a pesar de ser cierta, resulta parcial e insuficiente a la luz de los acontecimientos que se desplegaron durante esos años, tanto en términos del contexto internacional como en las profundas alteraciones internas que se produjeron, no sólo en materia política sino también económica y social.
La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión desde el punto de vista histórico por múltiples motivos. Uno de ellos fue el contundente retroceso del liberalismo político y el surgimiento de Hitler en Alemania, la consolidación de Mussolini en Italia y posteriormente la Guerra Civil española (Hobsbawm, 1995). Es poco discutible que también influyó la irrupción de la gran depresión que comenzó en 1929, aunque lo hizo indirectamente, porque el epicentro de la misma estuvo en Estados Unidos, a través de la ruptura del equilibrio, ciertamente endeble, de las reparaciones impuestas a Alemania a raíz del conflicto mundial anterior, en las cuales el papel norteamericano era definitorio.
Se trató de una crisis inédita que tuvo un profundo impacto en la economía mundial con epicentro en la situación norteamericana, que el economista John Kenneth Galbraith caracterizó con mucha precisión, al señalar:
«Tras el Gran Crac vino la Gran Depresión, que duró —con variable rigor— diez años. En 1933 el Producto Nacional Bruto (producción total de la economía) fue aproximadamente una tercera parte inferior al de 1929. Hasta 1937 el volumen físico de producción no alcanzó los niveles de 1929; pero inmediatamente volvieron a retroceder. Hasta 1941 el valor de producción en dólares fue menor que el de 1929. Entre 1930 y 1940 sólo en una ocasión —1937— bajó durante el año de ocho millones el número de parados. En 1933 había en Estados Unidos casi trece millones de trabajadores en paro, es decir uno de cada cuatro del total de la fuerza de trabajo del país. En 1938 una persona de cada cinco seguía todavía sin empleo». (Galbraith, 1965)
Es bajo esas circunstancias que en 1933 el presidente Roosevelt pone el marcha el New Deal, anticipando en la práctica la revolución keynesiana en la teoría económica a partir de la publicación Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1936, que rebatió a la teoría ortodoxa sustentada en la ley de Say, dando lugar a la teoría macroeconómica moderna y a la política económica como una rama de la ciencia económica.
Ley de Say
Jean–Baptiste Say (1767–1832) fue un economista francés. John K. Galbraith, economista canadiense (1908–2006), sostiene que «la principal contribución de Say al pensamiento económico... fue su ley de los mercados... esta ley viene a expresar que el precio de cada unidad de producto vendido genera unos ingresos bajo la forma de salarios, intereses, beneficios o rentas de la tierra, suficientes para comprar dicho producto».
En América Latina, el impacto de esta nueva etapa del capitalismo tuvo expresiones no sólo económicas sino también políticas y sociales de enorme importancia porque a partir de ellas comienzan a ponerse en marcha los regímenes nacionales y populares que enfrentaron el poder de los sectores dominantes, es decir tanto de las oligarquías locales como del capital extranjero. Este fue el caso de Getulio D. Vargas en Brasil —tres períodos de gobierno entre 1930–1945 y una última presidencia entre 1951–1954 interrumpida por un golpe militar— que impulsó tanto la nacionalización de la producción de acero como el monopolio estatal del petróleo en 1953. También de Lázaro Cárdenas en México que durante su presidencia (1934–1940) concretó una profunda reforma agraria, nacionalizó los ferrocarriles y el petróleo, actividad esta última en donde creó la petrolera estatal PEMEX, la cual con sus refinerías lideró la producción de energéticos. Asimismo, durante esos años hubo enfrentamientos entre países hermanos, ya que durante cuatro años se registró la guerra entre Bolivia y Paraguay, donde la Argentina tuvo injerencia durante el gobierno del general Agustín Justo y su canciller Saavedra Lamas recibió el premio Nobel por su actuación de mediación en ese conflicto.
En América Latina, el impacto de esta nueva etapa del capitalismo tuvo expresiones no sólo económicas sino también políticas y sociales de enorme importancia porque a partir de ellas comienzan a ponerse en marcha los regímenes nacionales y populares que enfrentaron el poder de los sectores dominantes.
Nuestro país no fue una excepción en esta década de profundas transformaciones, ya que irrumpen cambios drásticos en términos de la sociedad política y la emergencia de nuevos actores en la sociedad civil. Ambos modelaron una nueva dinámica política y económica que dieron lugar a proyectos orgánicos alternativos en la búsqueda de reemplazar el planteo agroexportador oligárquico vigente hasta ese momento. Como dice Potash:
«Los acontecimientos del 6 de septiembre de 1930 señalaron el fin de una era de la Argentina moderna. Ese fatídico sábado, el movimiento de un reducido número de fuerzas militares argentinas en las calles de Buenos Aires derribó el segundo gobierno de Hipólito Irigoyen y puso fin al experimento con un gobierno elegido por el pueblo iniciado catorce años antes con su primer ascenso a la presidencia». (Potash, 1981)
Es público y notorio que el cambio en el carácter del Estado expresó un giro copernicano a partir del golpe militar de septiembre de 1930 cuando se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen por parte del general José F. Uriburu, que fue seguido en el gobierno por la denominada Concordancia — alianza entre el socialismo independiente, los radicales antipersonalistas y el partido demócrata— que llevó como candidato al general Agustín Justo (1932–1938), considerado por los liberales como el último de sus estadistas (Fraga, 1993 y Potash, 1981). A partir de 1938 asumió la presidencia Roberto M. Ortiz, de origen radical, que intentó terminar con el fraude pero en 1940 fue reemplazado por el vicepresidente Castillo, a raíz de su enfermedad. Es indudable durante esta etapa la incorporación de las fuerzas armadas como actores irremplazables en la dinámica política, no sólo en el control de Estado, donde Justo, de tendencia liberal y pro norteamericano, sucede a Uriburu, de concepciones fascistas, sino también en la misma oposición donde el general Dellepiane encarna la línea yrigoyenista.
Fuera de la alianza de gobierno, denominada el contubernio, se encontraban como parte de la oposición el yrigoyenismo, el Partido Demócrata Progresista, fuertemente instalado en Santa Fe y el Partido Socialista Argentino. Por otra parte, en términos de la representación de la clase trabajadora, actúan en esa época el anarquismo, que ejerció la hegemonía en las décadas anteriores y que aún estaba representado en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). A partir de un desprendimiento de la FORA, un sector de mayoría sindicalista y minorías socialista y comunista conformó la Unión Sindical que priorizó la acción puramente reivindicativa. Junto a ellas estaba la Federación Obrera Argentina, que concentró a sectores del sindicalismo revolucionario y del socialismo. En 1930, las dos últimas se unifican conformando la Confederación General del Trabajo (CGT) bajo la conducción de José Domenech, Angel Borlenghi y Francisco Pérez Leirós, que participarán posteriormente, a favor y en contra según el caso, del peronismo.
Esta compleja trama política no se agota allí, porque hay otros nuevos actores que asumen una gran importancia en la conformación de la matriz política, social y económica que se plasma durante esos años y que será determinante en la conformación y características del nuevo patrón de acumulación de capital (sobre el concepto de acumulación de capital ver: Basualdo 2019) sustentado en la industrialización por sustitución de importaciones.
El primero de ellos consistió en la irrupción de la Iglesia como un relevante actor político y social, impulsando una nueva cristiandad. Obviamente, como actor institucional no comenzó en estos años sino que en ese momento logró romper el predominio liberal, laicista y positivista vigente durante el planteo agroexportador oligárquico que impedía la conformación de un estado de carácter confesional (Zanatta, 1996). El sustento de su prédica consistía en impulsar una cruzada antiliberal y anticomunista reivindicando al nacionalismo y el corporativismo. Para ello, la Iglesia encaró una decidida acción militante combinando la evangelización y las acciones de masa que pusieron en marcha sus intelectuales orgánicos en pos de generar una nueva identidad católica. Al respecto, comenzó su nueva prédica en la década de 1920 y a medida que avanzaron los años 30 no sólo fundó la Acción Católica sino que defendió a las fuerzas armadas y realizó grandes movilizaciones sociales, como fue el caso del Congreso Eucarístico de 1934, entre otras múltiples acciones. Es insoslayable mencionar que el actor decisivo para instalar la nueva cristiandad fueron las fuerzas armadas y en el trabajo sobre ellas fue estratégico el papel que desarrollaron los vicarios castrenses. Esta alianza entre la Iglesia y el ejército (o de la cruz y la espada) fue insustituible para el surgimiento del peronismo a mediados de la década de 1940.
La Iglesia encaró una decidida acción militante combinando la evangelización y las acciones de masa que pusieron en marcha sus intelectuales orgánicos en pos de generar una nueva identidad católica.
La importancia que asumió la Iglesia no debería oscurecer la no menos relevante presencia en la escena política de una fracción del capital que, habiendo participado de la instauración del Estado moderno argentino, se lanzó en ese momento a disputar la hegemonía política y poner en marcha un proyecto alternativo al agroexportador oligárquico. Se trataban de los grupos económicos locales donde convergían capitales de origen extranjero, específicamente europeos, con otros netamente locales.
De allí que sea posible encuadrar esas circunstancias en lo que dijo Gramsci acerca de la fase política de un grupo social:
«Esta es la fase más estrictamente política, que señala el tránsito neto de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la fase en que las ideologías germinadas anteriormente se convierten en partido, entran en confrontación y se declaran en lucha hasta que una sola de ellas o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando, además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, situando todas las cuestiones a las cuales hierve la lucha no en el plano corporativo sino en un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados». (Gramsci, 1999)
Es decir, se trata del momento histórico en que esta fracción del capital, que no solamente formaba parte constitutiva del planteo agroexportador oligárquico sino que era muy significativa en el mismo, pasa a disputar la hegemonía de un proyecto orgánico alternativo al vigente a nivel nacional.
Ciertamente, esta fracción del capital no formaba parte de la típica burguesía nacional que se consolidó con la industrialización sustitutiva, aunque posteriormente durante los gobiernos nacionales y populares postularían que lo era, sino que formaba parte de los sectores dominantes. Varios de sus integrantes más poderosos provenían de la transnacionalización temprana de los capitales europeos que implicaba en ese momento la radicación de ramas familiares en el país que pasaron a formar parte de la alta burguesía argentina y relacionarse socialmente con la burguesía local. Otros, en cambio, formaban parte de las oligarquías del interior del país. Una amplia mayoría de todos ellos controlaban significativas extensiones de tierra, además de su inserción industrial, comercial y financiera.
Finalmente, junto al capital inglés, que es predominante en la dinámica económica de esos años, se encuentra otro actor extranjero que actúa en esta etapa tan crucial: el capital norteamericano. Se trata de una fracción del capital extranjero que tiene no sólo un origen sino también formas de implantación propias y diferenciadas de los anteriores, ya que se trata del capital norteamericano que compite por el predominio económico y específicamente industrial con el capital inglés y europeo en general.
En este contexto, el propósito de este artículo es analizar el proceso económico de esos años y específicamente el surgimiento de la industrialización por sustitución de importaciones, así como la configuración, posicionamientos y contradicciones de las diferentes fracciones del capital, que son los nuevos fenómenos que emergen ante el colapso del planteo agroexportador. En términos temporales, se trata de analizar sus antecedentes, que son los años 20, ya que allí comienza a expandirse significativamente la producción industrial, tanto que algunos autores entienden que allí se encuentran los orígenes de la industrialización (Villanueva, 1972). Por supuesto, también se considera la propia década de 1930, pero hasta 1942 porque al año siguiente se registra el golpe militar contra el presidente Castillo y comienza a dirimirse la pugna de proyectos alternativos que dará lugar al ciclo de los gobiernos peronistas, cuya presencia se extiende hasta la actualidad.
Las principales tendencias económicas de la época
Entre 1920 y 1942 la evolución económica argentina estuvo signada no sólo por graves circunstancias externas (la crisis mundial de 1930 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial) sino también por distintas administraciones políticas (los gobiernos del partido radical primero, seguidos por la dictadura militar y gobiernos liberales fraudulentos después) que, ante el colapso del planteo agroexportador oligárquico vigente hasta ese momento, adoptaron diversas políticas que produjeron profundas alteraciones estructurales.
Sin embargo pese a todo, y en contra de la visión instalada en el sentido común, durante esos años se produjo, no sin altibajos, un crecimiento que ciertamente no fue espectacular pero sí considerable, tal como se puede comprobar en el Gráfico 1.
Gráfico 1. Evolución de la inversión extranjera total*, dividendos en efectivo y las utilidades totales**, 1920–1942 (dólares de 1942 y porcentajes)
En efecto, considerando esos 22 años, el PBI se duplica registrando una tasa anual acumulativa del 3,4 % anual que sin duda es claramente menor a la registrada entre principios de siglo y 1913 pero que no deja por ello de ser significativa, dadas las circunstancias de la época. En este contexto, no resulta llamativo que la producción industrial se haya expandido durante ese período muy por encima de la producción agropecuaria (al 4,7 % anual acumulativo contra 2,6 % del agro) aunque, cabe aclarar, que en términos de la incidencia relativa en el PBI, el agro siguió teniendo una mayor participación y que recién en 1945 será superado en ese terreno por la producción industrial (Basualdo, 2013).
Estas mismas evidencias empíricas permiten comprobar el severo impacto del crac de 1929, pero al mismo tiempo que ya en 1933 se retoma el crecimiento en términos del valor agregado, por la expansión industrial mientras el agro, que fue menos afectado por la recesión, mantiene su generación de valor agregado pero modificando su composición porque la producción ganadera se expande a costa de la agricultura. Los efectos de esta última situación genera un incremento notorio de la desocupación que da lugar a las migraciones internas y la aparición de las primeras villas miserias, ya que de una población activa de aproximadamente 3,8 millones de trabajadores, el 40 % estaba vinculado a esta actividad agropecuaria en la cual la ganadería demanda una escasa mano de obra.
Es indiscutible que esa gran crisis dio lugar a la delimitación de dos etapas en términos de la evolución económica del período analizado: la de 1920–1929 y la de 1933–1942. Se trata de una temática relevante, ya que durante la década de 1920 se registra un crecimiento industrial superior al que se alcanzó en los años 30 (el 7,4 % anual acumulativo versus el 4,9 %).
En consonancia con la expansión económica del período en su conjunto, también se registró un crecimiento de la inversión bruta fija que alcanzó al 3,0 % anual acumulativa, como resultado de una expansión de la construcción, que aumentó al 3,8 % anual acumulativo, mientras que la inversión en maquinaria equipo lo hizo a sólo el 1,8 % anual acumulativo. La evolución de todas ellas se puede apreciar en el Gráfico 2, donde los picos de inversión se alcanzan en el segundo quinquenio de la década de 1920 y de 1930.
Gráfico 2. Evolución y composición de la inversión bruta fija, 1920–1942 (1920 = 100 y porcentajes)
Centrando el análisis en las dos etapas de mayor expansión de la inversión, se comprueba que la de mayor crecimiento fue la comprendida entre 1932 y 1938, en la cual la inversión aumenta al 16,3 % anual acumulativa y fue liderada por la incorporación de maquinaria y equipo que lo hizo al 21,5 % anual acumulativa. El crecimiento de la inversión durante esos años fue claramente superior al logrado entre 1920 y 1929, aunque los mismos también fueron muy significativos, ya que la inversión avanzó al 13,5 % anual acumulativo y la incorporación de maquinaria y equipo al 13,4 %.
Aunque menor que el de la década de 1930, el crecimiento de la inversión durante 1920, junto a la expansión del valor agregado analizado precedentemente, fue muy relevante. De allí que tanto Eduardo F. Jorge (1971), en un estudio importante pero poco mencionado en la academia, y Javier Villanueva, en un trabajo clásico sobre el tema industrial (1972), sostengan que el origen de la industrialización sustitutiva se encuentra en la década de los años 20 y no en los 30.
El primero de ellos lo hace implícitamente, mientras que Villanueva crítica explícitamente la que denomina la versión olímpica. Si bien es innegable el mencionado crecimiento industrial de los años 20, cabe señalar que el mismo se despliega sin modificaciones en el Estado y sin rupturas dentro del bloque dominante, es decir sin alteraciones en el patrón de acumulación de capital, durante los gobiernos del radicalismo. Por el contrario, en los años 30 sí comienza a plasmarse un nuevo patrón de acumulación que involucra esos elementos vitales de tener en cuenta, como el tipo de Estado, la fracción hegemónica, etc. Así, durante los años 30 se suspende definitivamente la convertibilidad de la moneda local, se funda el Banco Central, se crean 46 juntas reguladoras (de granos, carne, algodón, vino, etc.), se ponen en marcha los tipos de cambio diferenciales, se establecen los precios mínimos para los productos agrícolas, se pone en marcha el impuesto a los réditos, etc. Ciertamente, es poco discutible que el conjunto de estas políticas generaron cambios estructurales en la búsqueda de generar un nuevo patrón de acumulación de capital.
Finalmente, el otro aspecto general a tener en cuenta es el comercio exterior, especialmente importante cuando se trata la finalización del planteo agroexportador. Las evidencias disponibles a este respecto (Gráfico 3) son contundentes en indicar que a lo largo de período la tendencia tanto de las exportaciones como de las importaciones fue una significativa reducción de ambas variables en términos de PBI, es decir que avanzó uno de los rasgos característicos de la sustitución de importaciones.
Gráfico 3. Evolución del PBI y el comercio exterior, 1920–1942 ( 1920 =100 y porcentajes)
Analizando con mayor detalle esta problemática, se comprueba que es intensa la reducción de las exportaciones en el valor agregado, mientras que en las importaciones es más atenuada pero de todas maneras significativa. En efecto, la incidencia relativa de las ventas externas se reduce prácticamente a la mitad (del 23 % del PBI al 12 % del mismo, aproximadamente), mientras que en las importaciones dicha reducción tiene menor cuantía pero de todas maneras el punto mínimo de la década de 1920 es similar al máximo que alcanza en la década de 1930.
Dentro de esta temática, hay dos comentarios que es insoslayable tratar al menos someramente por su importancia. El primero de ellos está relacionada con los aportes realizados por Prebisch respecto al deterioro de los términos de intercambio en el largo plazo y especialmente su situación durante el período analizado. El otro, no menos importante, consiste en investigar la existencia de medidas por parte de la política económica para impulsar la expansión de la producción industrial.
Raúl Prebisch fue el principal autor, aunque no el único, que planteó el perjuicio que le ocasionaba el deterioro de los términos del intercambio a los países periféricos a partir de la evolución que exhibían los precios sus exportaciones respecto a los correspondientes a sus importaciones provenientes de los países centrales. (La primera asimetría entre los países del centro y los de la periferia estaba centrada en el «deterioro de los términos de intercambio». Proceso, que de acuerdo al pensamiento cepalino, estaba estrechamente vinculado con el hecho de que «el centro, con su propio ritmo de crecimiento y su demanda de productos primarios, influye sobre el ritmo de crecimiento de los países periféricos; pero a éstos no les es dado influir positivamente en el ritmo de crecimiento del centro… Dicho de otro modo, mientras el centro puede generar poder de compra internacional en la periferia, ésta no puede generar este poder de compra en el centro». (Prebisch, 1973))
Sin embargo, tal como se constata en el Gráfico 4 entre 1920 y 1940 no se registró un deterioro de los términos de intercambio, más aún la tendencia de la relación entre los precios de los bienes exportados versus los correspondientes a los importados indica que hubo un sesgo favorable en los precios de los exportados. No obstante, cabe señalar aclaraciones relevantes. La primera de ellas es que esa tendencia no significa que no hubo un deterioro entre los precios de los bienes exportables respecto a los correspondientes a los importados si se considera un período mas prolongado o los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, las evidencias empíricas expuestas por Eduardo Jorge (1971) en su trabajo demuestran que, contrariamente a lo que ocurre en el período aquí analizado, sí hubo un deterioro de los términos del intercambio entre 1910 y 1940. La otra aclaración consiste en que, si bien a lo largo de todo el período no hay deterioro en los términos del intercambio, sí se comprueba que disminuyen durante la crisis y especialmente entre 1928 y 1932 cuando su deterioro supera el 60 %.
Gráfico 4. Índice de precios de exportaciones sobre importaciones, 1910–1940 (1910=100)
En relación a las políticas de protección a la industria local es sabido que eventualmente están referidas al tipo de cambio, los aranceles y los aforos. Eduardo F. Jorge, que examinó en su trabajo esta temática, sostiene que la política de fijación de los aforos fue decisiva para instrumentar una política de fomento industrial, conclusión con la cual coincide, desde otra perspectiva y metodología, Carlos Díaz Alejandro (1975). Más aún, Eduardo Jorge sugiere que la activa política de aforos eventualmente neutralizó las alteraciones del tipo de cambio y fue más relevante que la política arancelaria y la evolución del tipo de cambio. (Alejandro Díaz (1975), en otro trabajo clásico sobre el tema, coincide con este señalamiento pero además demuestra que el diferencial entre el valor de las importaciones y los aforos, incluyendo ahora a los derechos de importación, da resultado similares a los expuestos en el Gráfico 4. Por otra parte, basado en las estadísticas de la Naciones Unidas, señala que en 1925 los derechos de importaciones de la Argentina eran equivalentes a los de Canadá y Estados Unidos y sólo algo inferiores a los vigentes en Australia.)
Aforo
Tanto el tipo de cambio (la cotización en pesos de una divisa) como los aranceles (porcentaje sobre el valor del bien importado) son mencionados habitualmente. Los aforos son menos conocidos y consisten en el precio que fijan las autoridades, que generalmente no coincide con el precio internacional, y sobre el cual se cobran los aranceles fijados para los diferentes bienes.
La primera iniciativa sobre los aforos durante el período considerado se produjo en 1920 y consistió en un aumento generalizado del 20 % de los mismos (ley 11.022), incremento que coincidió con una reducción del precio de las importaciones (Gráfico 5) y en consecuencia tuvo como efecto una significativa recuperación de la protección efectiva. En 1923, hubo otro aumento de los aforos mucho más elevando que llegó al 60 % en todos los ítems (ley 11.281) e implicaron un derrumbe del mencionado diferencial porque además siguieron descendiendo los precios de los bienes importados (Gráfico 4). El efecto fue que a partir de 1928 y durante varios años se dio el proceso inverso, ya que los aforos superaron los precios de los bienes importados en el mercado internacional, situación que se mantuvo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Gráfico 5. Evolución del diferencial entre el valor de la importaciones y los aforos y el Índice de precios de las importaciones, 1920–1940 (% y 1910=100)
Extraer como conclusión que en este proceso de actualización e impacto de los aforos hubo una decidida política de protección a la producción industrial en los años 20 sería apresurado, ya que esa no es la única función de los aforos aduaneros. Al respecto, cabe recordar que los ingresos estatales de esos años provenían mayoritariamente (entre el 70 y 75 %) de los gravámenes a las importaciones. Este comentario viene al caso porque, de acuerdo a las evidencias provistas por Eduardo Jorge, la recaudación proveniente de los derechos a las importaciones se redujo abruptamente, entre 1910 y 1919, un 56 %.
Sin embargo, luego del ajuste de los aforos en 1920, la recaudación volvió a los valores de 1910 y en los siguientes años siguió aumentando. Ya en la década de 1930, se produjeron nuevas modificaciones en los aforos durante 1931 y 1932 mediante decretos que fueron sancionados por la ley 11.588 del 30 de junio de 1932, a los que se sumó otro decreto en 1931 que elevó otro 10 % adicional (Gráfico 5). Indudablemente esas medidas incrementaron significativamente la protección a la producción industrial y al mismo tiempo mejoraron la situación presupuestaria gubernamental.
En conclusión, durante la década de 1920 y 1930, en el mejor de los casos, las modificaciones de los aforos fueron motivadas tanto para aumentar los ingresos impositivos del Estado como para proteger la producción industrial. De todas maneras, en ambas décadas los elementos disponibles indican de una manera indiscutible que no hubo una política aperturista por parte de las autoridades, con la intención de desalentar o directamente bloquear la expansión de la producción industrial.
Evolución e importancia de las diferentes fracciones del capital
Acerca del capital extranjero
Si bien en el imaginario colectivo está instalada la concepción de que en la década de 1930 el impulso de la industrialización estuvo en las empresas nacionales, en el medio académico ocurre lo contrario, ya que en la mayoría de los trabajos citados en este trabajo se afirma que el motor de la industrialización fue el capital extranjero, especialmente el proveniente de Estados Unidos. Lo cierto es que todos ellos participaron de manera diferente e incluso el capital extranjero tuvo diversos orígenes y no fue únicamente norteamericano, mientras que las firmas nacionales dieron lugar a distintas fracciones del capital a partir de su comportamiento y propuestas alternativas.
Cabe recordar al respecto que desde fines del siglo XIX y principios de siglo XX el capital extranjero estaba radicado en el país tanto en los servicios y el transporte, en los cuales el predominio de los capitales ingleses era indiscutible. Sin embargo, en esas actividades también estaban presentes, aunque con menor protagonismo, capitales norteamericanos y del continente europeo, que además tenían incidencia en la actividad comercial, financiera y, lo que es más relevante aún, en la producción industrial.
Tanto es así que la CEPAL (1959) estimó que la presencia extranjera en 1913 alcanzaba a 8.230 millones de dólares que eran equivalentes a aproximadamente a la mitad del capital fijo reproducible existente en nuestro país. Si bien esta estimación comprendía los préstamos al gobierno (40 %), otro porcentaje relevante le correspondía a los servicios (ferrocarriles, generación y distribución eléctrica, puertos), ya que representaban el 30 % de los mismos. Le seguían con el 28 % la actividad comercial, financiera, la explotación agropecuaria y las inversiones inmobiliarias, mientras que la industria sólo participaba con el 2 %. Dentro de la actividad manufacturera eran muy relevantes, en consonancia con el funcionamiento agroexportador, la presencia de los frigoríficos, la producción de tanino y una actividad que formaba parte de la infraestructura mencionada precedentemente: los grandes talleres ferroviarios que formaban parte de la gran industria, siendo el núcleo de la industria metalúrgica de la época y uno de los factores principales para que esa rama industrial represente alrededor del 15 % de la producción industrial en el censo de 1935.
Azpiazu y Kosacoff (1985) sintetizan el periplo del capital extranjero en la producción industrial entre 1900 y 1920, en el marco de la expansión económica y del ingreso per cápita de esos años, diciendo:
«En este contexto surgían continuamente nuevas oportunidades para la inversión. Oportunidades que se concentraban en dos campos. Por un lado, el de los clásicos encadenamientos hacia atrás corporizados aquí en las tareas de ampliación, mantenimiento y servicios derivados de las inversiones realizadas en la etapa que va desde 1880 hasta la primera Guerra Mundial. Y, por otro lado, las oportunidades que surgen como consecuencia de los cambios operados en el mercado local merced al efecto multiplicador de la primera oleada de inversión extranjera y al aumento de los ingresos del sector agroexportador. El acrecentamiento del tamaño y poder adquisitivo del mercado interno, impulsado por los bajos costos relativos del transporte, hizo posible la instalación de plantas de armado y ensamblaje o, directamente, de producción integral, iniciando el proceso de sustitución de importaciones».
En este breve contexto, es posible realizar una aproximación general al capital extranjero en su conjunto durante los años analizados. En ese sentido, las evidencias empíricas del Cuadro 1 permite constatar que la inversión extranjera directa entre 1920 y 1942 exhibe dos componentes relevantes: el ingreso de capital neto y la reinversión de utilidades. Mientras que el ingreso de capital neto resulta del flujo que se incorpora anualmente menos las repatriaciones efectuadas en el mismo período, la reinversión de utilidades proviene, obviamente de las firmas instaladas en los años previos. De esta composición, lo que es ciertamente llamativo y que constituye una característica de gran importancia analítica, es la magnitud que asume la reinversión efectuada por las firmas extranjeras instaladas antes y durante el período analizado. Así es como la reinversión de utilidades supera al nuevo ingreso de capital extranjero neto en todo el período considerado (1920–1942) llegando su participación al 52 %, que aumenta prácticamente al 57 % en la década de los años 20, para luego reducirse al 48 % en la década (larga) de los 30.
Cuadro 1. Evolución de la Inversión extranjera total*, el ingreso de capital extranjero neto** y la reinversión de utilidades, 1920–1942 (dólares de 1942 y porcentajes)
La importancia que asume la reinversión de utilidades radica en que permite precisar el modus operandi del comportamiento del capital extranjero mencionado anteriormente. A la luz de estas nuevas evidencias se puede sostener que las firmas extranjeras ya radicadas en el país fueron el principal factor de su expansión, cuya mayor influencia se expresa en la década de 1920, mientras que en los años 30 disminuye su incidencia relativa, pero de todos modos sigue siendo muy relevante. El nuevo ingreso de capitales fue complementario no sólo porque tiene menor importancia relativa sino porque, en muchos casos, estuvo vinculado a las casas matrices de las transnacionales que ya actuaban en el país, en la búsqueda de diversificar sus producciones o ampliar significativamente sus plantas industriales ya instaladas, lo cual dio lugar a la consolidación de conglomerados extranjeros en el país con múltiples firmas controladas y vinculadas.
Gráfico 6. Evolución del ingreso de capital extranjero neto y la reinversión de utilidades, 1920–1942 (miles de dólares de 1942)
Un análisis más desagregado de este proceso (Gráfico 6) permite comprobar que la reinversión de utilidades predomina claramente entre 1923 y 1926 y luego a partir de 1933 hasta 1942, salvo en 1936 y 1940, donde el ingreso de capital extranjero es algo superior a la misma. La preeminencia de la reinversión permite encuadrar el sentido de alguna de las características que Villanueva (1972) destaca para invalidar la década de los años 30 como comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones. Al respecto afirma:
«En 1935, el 78 % de la producción industrial todavía se llevaba a cabo en firmas establecidas antes de 1930. Por otra parte, el 66 % de los establecimientos industriales establecidos en el país había sido fundado antes de 1930».
En realidad, esas características expresan la gran importancia que tuvo la reinversión de utilidades antes y durante 1930. Rasgo que será aún más relevante posteriormente, especialmente durante el primer gobierno peronista.
Ahora bien, ante la permanencia del modus operandi del capital extranjero en etapas tan distintas en términos de crecimiento, como la que transcurre entre 1920 y 1942 e incluso durante el peronismo, es ineludible preguntarse por qué ocurre, o en otras palabras: ¿cuál es el factor común que asegura esa continuidad?
La respuesta se encuentra en el nivel de rentabilidad que obtiene el capital extranjero. Con este propósito, en el Cuadro 2 consta el monto de la inversión extranjera total y los dividendos en efectivo percibidos por las firmas extranjeras entre 1920 y 1942. Sobre la base de estas variables se puede establecer que la rentabilidad alcanza prácticamente al 32 % a lo largo de todo el período pero como resultado de una reducción al 13 % en la década de 1920 y llegar entre 1930 y 1942 a nada menos que el 49 % aproximadamente. Más aún, la masa de utilidades obtenida (utilidades totales) es realmente importante, ya que ronda en todo el período considerado el 84 % de la inversión extranjera total. Este proceso se agudiza aún más durante el peronismo.
Cuadro 2. Evolución de la inversión extranjera total*, dividendos en efectivo y las utilidades totales**, 1920–1942 (dólares de 1942 y porcentajes)
La relevancia que adquieren tanto los dividendos como la masa de utilidades permite inferir un rasgo relevante del modus operandi del capital extranjero aludido precedentemente. En efecto, la elevada rentabilidad obtenida por dichas empresas es la que hizo posible que mayoritariamente, aunque no exclusivamente, las mismas hayan recorrido una primera etapa que consistió en partir de la comercialización de un producto importado generalmente elaborado por su casa matriz en el país de origen, para posteriormente encarar el armado de ese bien con insumos importados y nacionales sobre la base de la reinversión de las utilidades obtenidas en la actividad original y finalmente iniciar su fabricación local con un elevado grado de integración nacional sobre la base de una combinación entre una nueva inversión y la reinversión de una parte de las utilidades obtenidas anteriormente.
Es de señalar que esta modalidad ha sido mencionada por varios trabajos sobre la época en cuestión, pero como una mención marginal, casi anecdótica, pero que sin embargo es crucial no sólo para completar la visión sobre las modalidades de implantación del capital extranjero sino también para develar la dependencia de buena parte de las firmas nacionales, aspecto que se analizará posteriormente. Al respecto hay múltiples ejemplos pero, quizás, el más paradigmático fue el caso automotriz. Primero, sobre la base de la importación de autos terminados principalmente en Estados Unidos, cuyo stock rondaba las doscientas mil unidades a mediados de la década de 1920, época en que se radican subsidiarias tanto de Ford, como de General Motors y Chrysler, que después comienzan el montaje de automotores sobre la base de importaciones de partes y también otras elaboradas internamente y recién durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, fabricándolos en el país con un elevado grado de integración nacional (Sourrouille, 1980).
En este contexto, es relevante encarar un somero análisis de los países de origen de las empresas que invirtieron durante ese período en la Argentina. Los trabajos que han indagado este tema han destacado la presencia de los emprendimientos ingleses, no sólo por la importancia que sus inversiones tuvieron en los ferrocarriles y en los servicios públicos en general, así como en forma de inversión extranjera directa. Asimismo, esos estudios han señalado la escasa presencia del capital norteamericano a principios del siglo XX y al mismo tiempo el singular dinamismo posterior que exhibió, especialmente durante la década de 1930. Las evidencias disponibles permiten corroborar esas observaciones (Cuadro 3). Sin duda, esas caracterizaciones acerca de la evolución de las inversiones de los diferentes países de origen son acertadas y expresan las tendencias seguidas por el conjunto de las firmas de ambos países.
A ellas se le debe agregar, por un lado, que hacia finales del período se comprueba una pérdida en la importancia relativa considerable de las transnacionales inglesas y, por otro, que a pesar de las tendencias contrarias seguidas por el capital inglés y el norteamericano radicados en la Argentina, los conflictos entre ellos estuvieron presente desde el comienzo del siglo XX hasta el peronismo. El primero de ellos se desplegó desde la misma incorporación del capital norteamericano en lo que se conoció como la guerra de las carnes, ya que fue entre los frigoríficos de exportación de ambos países (al respecto, Sourrouille (1976) señala: «Entre 1902, con la entrada del capital norteamericano y el acuerdo de exportación de 1927 (2° Conferencia de Fletes) se produce la llamada guerra de las carnes, que enfrenta a intereses ingleses, norteamericanos y locales interesados en el negocio de exportación. En 1911, al concluir la primera disputa con la 1° Conferencia de Fletes la exportación se distribuía así: 41,35 % al grupo norteamericano; 40,15 % a los británicos y 18,50 % para a los argentinos»). El otro conflicto se desplegó alrededor de la competencia entre el ferrocarril y el automotor.
Sin embargo, hay otro rasgo dentro de esta temática que ha sido escasamente mencionado, o mejor dicho poco jerarquizado analíticamente, a pesar de su contundencia y continuidad a lo largo del período. Se trata de la incidencia relativa de la inversión extranjera directa proveniente de los países de Europa continental, especialmente Alemania, Francia, Italia y Bélgica. En la literatura existente, su importancia está oscurecida por el excluyente énfasis en remarcar la expansión de las inversiones norteamericanas y el ocaso de las provenientes de Inglaterra.
Fuente: elaboración propia sobre la base de la información de Eduardo Jorge (1971) y de la CEPAL (1959).
En efecto, las evidencias empíricas precedentes son muy contundentes en demostrar que entre 1913 y 1945 siempre han sido las de mayor incidencia relativa. Más aún, lo siguen siendo a pesar de que disminuyeron a lo largo del tiempo del 59 % en 1913 al 40 % en 1945, momento en que sigue superando a las provenientes de Estados Unidos, a pesar del crecimiento de estas últimas desde 1930. En términos absolutos, los dos años más importantes fueron 1923 y 1927, que constituyen los valores más elevados en términos de la inversión extranjera directa de cualquier origen en los 32 años que median entre 1913 y 1945.
La compresión de este proceso implica indagar algunas peculiaridades de las inversiones directas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, respecto de las que se realizaron a partir de 1930. En ese sentido, cabe mencionar que la primera oleada de la transnacionalización del capital se realizó durante el despliegue del imperialismo a nivel mundial y en circunstancias en que las comunicaciones y el transporte estaban poco desarrollados. De allí, que esa transnacionalización temprana haya implicado el traslado de algunas ramas familiares de quienes eran sus propietarios en los países de origen, hacia los países de destino de esas inversiones, tras lo cual pasaron a formar parte de la alta burguesía local. Esto es lo que ocurrió con las inversiones provenientes del continente europeo y, en menor medida, de Inglaterra. Los integrantes de esas ramas familiares efectivamente se incorporaron a la alta burguesía local y sus descendientes formaron frecuentemente sus propias familias mayoritariamente con integrantes de ese sector social. Es decir, pasaron no solamente a formar parte del poder establecido —el poder oligárquico—, sino que también eran propietarios de poderosos grupos económicos con fuertes inversiones en la industria y el agro en el ámbito nacional. Este fue el caso, por ejemplo, de los Bemberg, Montalembert, De Ganay, Born, De La Tour D’Auvergne Laranguais, Bunge, Tornquist, etc. Ciertamente, esto ya no ocurrió a partir de los años 30 porque de allí en más ya no hubo mayores traslados familiares, ni ocurrió nunca, o al menos no con frecuencia, con las inversiones norteamericanas porque las asociaciones con los capitales locales fueron muy escasas, aunque sí hubo asiduamente acuerdos de patentes, marcas, etc.
El autor que captó este rasgo tan relevante, quizás exageradamente no sólo por su estilo sino por la generalización al conjunto de la oligarquía y el capital extranjero, fue Milcíades Peña (1964), quien lo analizó desde distintos puntos de vista. El primero de ellos, desde la naturaleza de la burguesía industrial:
«La burguesía industrial argentina ha nacido estrechamente ligada a los terratenientes, como diferenciación en su seno. Ambos sectores, industrial y terrateniente, se entrelazan continuamente, borrando los imprecisos límites que los separan, mediante la capitalización de la renta agraria y la territorialidad de la ganancia industrial, que convierte a los terratenientes en industriales y a los industriales en terratenientes»
Por otro lado desde la relación con el capital extranjero, al señalar que:
«A medida que la industria argentina se desarrolló fue acentuándose su entronque con los terratenientes y el capital extranjero, en razón de que la mayor parte de las inversiones en la industria consiste en reinversiones de ganancias por parte de los grupos financieros en los terratenientes y el capital extranjero tienen una participación preponderante»*
Es interesante tener en cuenta que Peña incorpora en esta línea de pensamiento a Adolfo Dorfman (1986). Sostiene al respecto que el historiador más serio de la industria argentina llegó a la conclusión que la misma «nace estrechamente ligada al campo. La clase industrial argentina no ha nacido libre. Depende estrechamente de la tierra y se siente ligada con sus usufructuarios por más de un lazo de consanguinidad y semejanza. Apenas está saliendo del cascarón, el cordón umbilical que la une a los terratenientes es fuerte y potente, como es potente la prominencia de los intereses ganaderos dentro de la economía nacional».
Acerca del capital nacional
Sin duda, el capital extranjero tuvo una incidencia muy relevante en el proceso de industrialización de esos años pero también la tuvieron las empresas de capital nacional. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos académicos sobre esta temática o, si se quiere, sobre la evolución económica y específicamente industrial en la década de 1930, no incursionan en el análisis de la composición y trayectoria de las empresas nacionales y en consecuencia escasean las evidencias sobre su desarrollo e importancia.
Sin embargo, tanto en los procesos económicos como tecnológicos de la producción industrial hay indicios que sugieren algunas de sus características. Respecto a los primeros, Eduardo Jorge (1971), sobre la base de la información de CEPAL, refiriéndose a la relación del capital extranjero y el capital nacional en la economía argentina, señala que mientras desde principios del siglo XX hasta la primera guerra europea, esta relación era equilibrada, correspondiéndoles a cada uno de ellos el 50 % aproximadamente (supuestamente del valor agregado, ya que el autor no lo aclara).
De allí en adelante se abre un proceso en el cual la participación del capital nacional es creciente, ya que en 1931 la participación extranjera había descendido al 30 % y en 1940 al 20 %.
Posteriormente, agrega que la profundidad que adquirió este proceso está dada por el significativo número de establecimientos industriales que registran los censos posteriores a la primera guerra europea, ya que:
«En los 10 años transcurridos entre 1921 y 1930 se fundaron 17.047 establecimientos; en los 10 años subsiguientes transcurridos hasta 1940 se fundaron 28.097 establecimientos y en el lapso del quinquenio siguiente, que comprendió los años de la segunda guerra, 23.140 establecimientos… Resulta obvio que una aplastante mayoría numérica de estos nuevos establecimientos industriales correspondía a empresas de capital nacional, entendiendo por tales las que se financiaban del ahorro interno y trabajaban para el mercado interno, sin control de grupos financieros o industriales externos».
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el mundo de las grandes firmas oligopólicas entre sí y con las pequeñas y medianas empresas no son independientes sino que se interrelacionan en términos económicos, ciertamente de manera asimétrica, a través de las compraventas que conforman la demanda intermedia que analizó Wasily Leontief (1985) en la teoría económica.
De allí, por ejemplo, Francioni y Llorens (1941), sostienen refiriéndose a la década de 1930 que:
«Se fabrican en el país toda clase de piezas para chasis y motores en cantidad suficiente para hacer frente a la demanda del mercado interno y se fabrican íntegramente las carrocerías para camiones». (Citado por Sourrouille, 1980)
Al respecto, en el Cuadro 4 se comprueba que en 1935 la fabricación de maquinaria y vehículos ocupaba poco más de 50 mil trabajadores, en la cual se destacan como actividades relevantes tanto los talleres ferroviarios como el armado de automotores y los talleres mecánicos, incluida la fabricación de repuestos de automóviles, tanto en términos de la ocupación que generaban como del valor de los productos elaborados. Desde el punto de vista de la importancia que asumían las empresas nacionales, también es significativa la cantidad de empresas, su importancia en la ocupación y en el valor de los productos elaborados de otras maquinarias.
Asimismo, en términos de las relaciones de compraventa entre empresas oligopólicas extranjeras, cabe recordar que con posterioridad a la radicación de las armadurías automotrices se instalaron en la década de 1930 varias firmas de neumáticos como: Good–Year (1931); Firestone (1931); Michelin (1934); Dunlop (1935). Finalmente, Villanueva (1972), muy escuetamente refiriéndose al dinamismo de las firmas extranjeras, indica que «las nuevas empresas incorporadas al país eran del tipo de las que más rápido crecen (alrededor de estas empresas extranjeras se agruparon numerosas pequeñas empresas abastecedoras)». Es decir, que la propia expansión de la industria motorizada por las firmas extranjeras generó una multiplicación de las firmas nacionales, no solamente pequeñas y medianas, sino incluso grandes.
En este contexto, cabe señalar que todo parece indicar que dentro de las empresas nacionales convivían dos fracciones del capital. La primera de ellas directamente vinculada con los inmigrantes de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, a los cuales se les agregan otros durante la década de 1930, cuantitativamente más reducidos pero relevantes en términos de iniciativas empresariales, compuestos principalmente por integrantes de la colectividad judía que huían del nazismo. Todos ellos se radicaron mayoritariamente en centros urbanos, especialmente en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y en menor medida en Santa Fe (Cornblit, 1967). (Oscar Cornblit (1967), sobre la base del Censo nacional de 1914, señala que casi el 70 % de los 2,3 millones de extranjeros que residían en el país se localizaban en centros urbanos. Por otra parte, en ese año, del total de extranjeros residentes, el 33 % se encontraban en la Capital Federal, el 29 % en la provincia de Buenos Aires y el 17 % en la de Santa Fe).
Como era de esperar, muchos emprendieron negocios comerciales o de diferentes servicios pero también producciones industriales de distinto tipo y tamaño y no únicamente pequeñas o medianas, que eran las más numerosas, sino también grandes, especialmente a medida que transcurrieron los años.
Parece indudable que la presencia de este numeroso torrente inmigratorio ha pasado desapercibido, debido a la falta de protagonismo, tanto en términos de la representación corporativa como política, que sin duda estuvo influenciada por su radicación reciente en el país. Caben pocas dudas de que ese fue un factor relevante pero, sin embargo, no parece ser el único ni el más importante. Cornblit (1967) y Jorge (1971) realizan aportes en este sentido que son insoslayables de tener en cuenta por su importancia. El primero de ellos destaca como primordial la negativa influencia que tuvieron «las características de la sociedad receptora en el proceso de asimilación de los inmigrantes»; mientras que el segundo de ellos va más allá al sostener que:
«Su desarrollo escapó a las posibilidades de asimilación de la vieja estructura social y política que se expresaba a través del partido conservador a nivel de las clases altas, del radicalismo para los sectores medios rurales y la clase media urbana vinculada tradicionalmente a los empleos estatales, como así también de los movimientos políticos obreros calcados de los moldes europeos, como el anarquismo y el socialismo»
La otra fracción del capital nacional se ubica, en muchos sentidos definitorios, en las antípodas de la anterior porque es una fracción que forma parte del establishment, es decir de los sectores dominantes que conducían el planteo agroexportador oligárquico. No se trata de grupos económicos que son propietarios mayoritariamente de pequeñas o medianas empresas sino de algunas de las grandes firmas de la época, no sólo de servicios, financieras, inmobiliarias o agropecuarias sino también industriales de gran importancia.
Esta fracción del capital está compuesta por la conjunción de capitales provenientes de Europa continental de radicación temprana en el país, que fueron aludidos previamente, con otros pertenecientes a las oligarquías provinciales que sustentaban el régimen vigente. Sin duda, los primeros eran muy importantes en términos económicos y específicamente industriales, mientras que los otros lo eran, como mínimo, muy trascendentes en las diversas regiones del país.
En un comentario crítico sobre el trabajo de Murmis y Portantiero (1972) y el de Eduardo Jorge (1971), J.J. Llach (1972) realiza una crítica metodológica al segundo de ellos y menciona que en 1935 había 170 empresas industriales grandes que se distribuían de la siguiente manera:
«114 eran producto de inversiones extranjeras directas (58 de los Estados Unidos, 37 de Europa Continental y 21 de Gran Bretaña) y 56 estaban controlados por conglomerados financieros como Tornquist (16), Bemberg (15), Leng Roberts (11), Bunge y Born (10) y Braun Menéndez (4)»
Más allá de las discrepancias conceptuales (sin ninguna intención de entrar en la crítica de la crítica, es insoslayable señalar que el apelativo utilizado por Llach de conglomerados financieros es un eufemismo, ya que claramente todos los mencionados como tales, salvo Braun Menéndez, provienen de Europa Continental e Inglaterra en el caso de Leng Roberts, aunque luego varios se nacionalizaron debido a las razones expuestas anteriormente), la cita es sumamente ilustrativa de la importancia que asume esta fracción del capital nacional en esa época al controlar prácticamente un tercio de esas grandes corporaciones. Varios de ellos, nacionalizaron sus empresas mientras que otros las mantuvieron como extranjeras, entre otras variantes; así por ejemplo, en 1947, por el Decreto 9.997, el Poder Ejecutivo Nacional le retiró la personería jurídica y la autorización de funcionamiento de las compañías del grupo Bemberg por haber apelado a testaferros y, por ese artilugio, defraudar al Estado por el no pago del impuesto a la transmisión de bienes. Es decir, adoptaron distintas estrategias a lo largo del tiempo. Más aún, Llach, sobre la base de Oddone (1956) y sus propias indagaciones, en ese mismo trabajo sostiene que:
«Tomando la célebre lista confeccionada por Jacinto Oddone de familias con más de 30.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires —un total de 50 casos—, se observa que un 58 % tenía intereses industriales en la década del treinta; de este total, aproximadamente en la mitad de los casos (53 %) se trataba de intereses en industrias controladas por capitales extranjeros»
Es decir, que la mayoría de los mayores terratenientes de la oligarquía bonaerense, y por lo tanto de la oligarquía nacional, tenían algún interés industrial. Asimismo, dada la ambigüedad del autor en la última parte de la cita, se puede afirmar que la mitad de los latifundistas que tenían intereses industriales eran extranjeros o estaban asociados a capitales extranjeros en las empresas manufactureras que participaban.
En este contexto, en el Cuadro 5 se puede apreciar algunas de las firmas controladas hasta 1942 por un conjunto de grupos económicos. (Cabe recalcar que, metodológicamente, las 109 empresas mencionadas son sólo algunas de las controladas por los grupos económicos, que a su vez son únicamente aquellos que eran propietarios de alguna empresa industrial emblemática de la época. Además se incorporaron cuando correspondía no todas sino algunas de las firmas agropecuarias y de construcciones que se consideraron relevantes de tener en cuenta y, al mismo tiempo, se dejaron de lado las eminentemente financieras, salvo aquellas que son empresas holding).
Cuadro 5. Algunas de las empresas controladas por los grupos económicos hasta 1942
Fuente: elaboración propia sobre la base de la información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y de diversas guías de sociedades anónimas.
*Belini, C. y Rougier, M. (2008).
**Un listado completo de sus empresas se encuentra en Gilbert (2003).
Estas evidencias empíricas permiten diferenciar las diferentes procedencias de los grupos en la época analizada. Ciertamente, se trata de una tipología general y provisoria que intenta destacar principalmente lo extranjero de lo local y de los tamaños relativos que requieren ser investigados para ser concluyente. Por ejemplo, si se toma en cuenta el trabajo clásico de Luis Sommi (1945), tanto el grupo Tornquist como el Fortabat – Loma Negra tendrían que ser considerados como controlados por capitales alemanes debido a la incidencia de las inversiones de ese origen en el capital de sus firmas. Sin embargo, la generalidad de los autores que los analizaron consideran a ambos grupos económicos como locales.
Cabe mencionar en primer término aquellos que ya fueron mencionados y formaron parte de la primera oleada de inversiones procedentes de Europa Continental, que son Bemberg, Bunge y Born y Tornquist. A ellos se les deben agregar el grupo Roberts, de origen inglés —que ya controlaba la firma Alpargatas, líder en la producción textil junto con Grafa de Bunge y Born— y el grupo Bracht de origen belga. Les sigue un segundo tipo de grupos pertenecientes a las oligarquías del interior, entre los que se cuentan Acindar, Allende Posse, Garovaglio y Zorraquín, Menéndez Behety, Nougues y Blaquier. Finalmente, un conjunto de grupos más heterogéneo donde se distingue Celulosa–Fabril Financiera, líder en la producción de papel y fuertemente arraigado a nivel nacional; también integran este subconjunto de grupos aquellos que controlan firmas tradicionales en la elaboración de alimentos, como Terrabusi y Noel, así como de producciones primarias como Astra y Fortabat.
En términos generales, sus actividades industriales son mayoritariamente manufacturas de origen agropecuario como harina, aceites, galletitas, azúcar, lácteos, agua mineral, fruta y legumbres envasadas. A ellos se les agregan los productos textiles, tanto telas como bolsas de arpillera. Sin embargo, cabe señalar que también en sus manufacturas están presentes las de origen industrial, como los productos metalúrgicos, perfiles de hierro, sanitarios, grifería, hojalata y sus envases, así como la fabricación y reparación de embarcaciones. A estas actividades se le agrega su importante presencia en el sector agropecuario pampeano y extrapampeano, así como en la construcción, actividad que es muy relevante en muchos de ellos, la cual se mencionará más adelante.
Irrupción de los grupos económicos en la escena política durante la década de 1930
Las diferentes fracciones del capital que actuaban durante la crítica década de 1930 y fueron aludidas previamente, distaron mucho de ser un bloque homogéneo sin conflictos entre ellas. Uno de ellos, fue sin duda la denominada guerra de la carnes entre los capitales ingleses que querían proteger su control sobre los frigoríficos y los de origen norteamericano, que pugnaban por incorporarse a esa actividad. Quizás, más importante aún fue durante esos años, la disputa entre el ferrocarril y el automóvil, donde nuevamente se enfrentaron los capitales ingleses, defendiendo el status quo, y los norteamericanos impulsando el uso del automotor. Sin embargo, no se trató únicamente de pugnas entre capitales extranjeros, sino que a partir de la crisis y de esos enfrentamientos, también se produjeron conflictos entre los integrantes del agro pampeano, el más famoso de los cuales fue el que se desplegó entre los criadores y los invernadores de vacunos.
Más aún, si se toman en cuenta los hitos de la política económica de la época en todos ellos se despliegan contiendas de envergadura entre las diferentes fracciones del capital. En efecto, así ocurrió tanto con el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y el propio control de cambios (Louro de Ortiz, 1992), como con el tratamiento parlamentario y firma del acuerdo Roca–Runciman —que trajo como consecuencia el asesinato de Enzo Bordabehere y la posterior renuncia del ministro Pinedo—, así como el establecimiento de las juntas reguladoras, tan importante para las aspiraciones de las economías regionales pero cuyas características distorsionaron esas aspiraciones al estar fuertemente vinculadas a los intereses de las distintas fracciones del capital que conforman el establishment del planteo agroexportador. El Manifiesto al Pueblo Argentino de FORJA en 1935, dice respecto a las Juntas Reguladoras, entre otras cuestiones, que: «Por estar aparentemente estas Juntas dirigidas por el Estado, el pueblo en general creerá que el Estado es el culpable de estas perturbaciones y perjuicios, que en realidad se deberán únicamente a la oculta intervención que los trust tienen en dichas Juntas. Y por esta equivocada creencia, el pueblo querrá exigir la renuncia del Estado a toda intervención y dirección de la riqueza pública, que es lo que siempre procuró lograr el capitalismo extranjero monopolistas para la mejor consecución de sus planes. Porque con esa renuncia del Estado, los trust ya podrán maniobrar libremente, sin siquiera la claudicante fiscalización actual de aquél y sin que nadie pueda contrarrestar su dominio, por la impotencia en que se verán las provincias y municipios para desbaratar el poderío económico que dichas trust conquistarán en todo el país» (Scenna, 1983).
Asimismo, en el primer directorio del Banco Central de la República Argentina convivieron representantes orgánicos de las diferentes fracciones del capital dominante, que luego sostuvieron pujas de poder. Un ejemplo de esos conflictos lo protagonizó Salvador Oría que fue uno de los integrantes del primer directorio de esa institución. Provenía de radicalismo antipersonalista y había sido funcionario durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear. Era abogado especialista en finanzas y estanciero. Posteriormente entre 1938 y 1939 fue Director de la Dirección Nacional de Vialidad, en el período de mayor auge de la construcción de rutas nacionales y en 1940, el vicepresidente Ramón S. Castillo —en ejercicio de la presidencia por enfermedad de Roberto M. Ortiz— lo nombró Ministro de Obras Públicas de la Nación, a raíz del negociado del Palomar. Finalmente, en 1942 denunció la estafa cometida por los Bemberg en el negociado conocido como caso Bemberg, en que la República y la provincia de Buenos Aires perdieron unos 500 millones de pesos, mientras los Bemberg cobraban 15 millones de pesos en concepto comisión. Este negociado terminó con la nacionalización del Puerto de Rosario, en que habían estado implicados los Bemberg (wikipedia.org. en base a Puiggros, 2006).
El desarrollo de esos antagonismos no significa que durante el período analizado la hegemonía no haya estado en manos de la oligarquía vacuna y el capital inglés. Sin duda esto fue así pero hay elementos, quizá menos visibles pero sumamente sugerentes, que indican que en esos años la fracción nacional del bloque de poder dominante, es decir los grupos económicos anteriormente aludidos, se lanzaron a disputar la hegemonía intentando una alianza con el capital norteamericano. Es decir que intentaron superar la etapa meramente corporativa para proyectarse políticamente mediante sus intelectuales orgánicos con un proyecto propio que pretendían que sea asumido por el conjunto de la Nación.
En este sentido, no es arbitrario asumir que dicha fracción del capital junto al capital norteamericano a principios de la década del 20 hayan presionado para el incremento de los aforos realizado, tal como fue mencionado, en 1923 para mantener el nivel de actividad primero sobre la base de la reinversión de utilidades y luego en el segundo quinquenio de esa década mediante una entrada significativa de ahorro externo. Por otra parte, cabe recordar que una de las políticas centrales de la década de 1930, como fue la creación de las Juntas Reguladoras, en realidad comenzó a plasmarse en 1928 con el establecimiento de la Junta Reguladora del Azúcar, mediante una ley del Congreso Nacional. Fue una derivación de un proyecto presentado por el diputado Diego Luis Molinari para facultar al Poder Ejecutivo «a aumentar los derechos de aduana e imponer restricciones a los artículos de aquellos países que, a su vez, imponían obstáculos a la entrada de productos argentinos con aranceles u otro tipo de trabas» (Louro de Ortiz, 1992). Esta medida es digna de tenerse en cuenta, no sólo porque se implementó con anterioridad a la crisis de 1930 sino también porque la producción azucarera ocupaba un lugar relevante en varios grupos económicos como: Blaquier con el Ingenio Ledesma; Garovaglio y Zorraquín con el Ingenio Cruz Alta; Nougues con Nougues Hnos.; Tornquist, que controlaba el capital de la Cía. Azucarera Tucumana, e incluso Roberts, con la Azucarera Argentina.
En este contexto, cabe señalar que si bien los grupos económicos forman parte del establishment oligárquico, durante esos años no constituye la fracción del capital predominante a nivel estructural solamente y tampoco ejerce la hegemonía, en realidad ese es el lugar que pretendían ocupar, cuestión que teóricamente era posible porque tal como lo estableció Poulantzas no es un requisito imprescindible que hegemonía y predominio estructural sean atributos de una misma fracción de capital. A este aspecto se refirió Poulantzas en uno de sus trabajos sobre las clases dominantes en el capitalismo. Señaló al respecto: «En efecto, las diversas formas de Estado y formas de régimen… están marcadas por cambios de la hegemonía entre las diversas fracciones burguesas. Tanto más, por otra parte, cuanto que dominación económica y hegemonía política no se identifican necesariamente y de manera mecánica. Una fracción de la burguesía puede desempeñar el papel dominante en la economía sin tener, por ello, la hegemonía política» (Poulantzas; 1975).
Como todo parece indicar, esta iniciativa ya contaba con sus propios intelectuales orgánicos, considerado el término en el sentido gramsciano, que era el denominado grupo Pinedo–Prebisch, los cuales fueron actores fundamentales en la política estatal y ciertamente renovaron las concepciones vigentes hasta ese momento, habiendo introducido modificaciones significativas en la estructura económica (Nota: Ciertamente, esta visión sobre el grupo Pinedo–Prebisch discrepa con no pocos autores que realizaron trabajos sobre ellos -ver por caso, Caravaca, J. y Plotkin, 2007- donde generalmente destacan el neto carácter técnico del mismo, es decir neutral, por estar alejado de cualquier intencionalidad o identidad política), trayectoria que coronaron con el Plan de Reactivación Económica, que fue enviado para su tratamiento al Congreso nacional en 1940 y cuyos alcances se abordaran más adelante.
Louro de Ortiz (1992) analizó la composición de este grupo de Pinedo y Prebisch, diciendo al respecto:
«Jaime Perriaux, al señalar la sucesión de las generaciones argentinas desde 1753, coloca a uno de los grupos denominado por él el grupo Pinedo–Prebisch, a comienzos de los años 30… Según este autor, el grupo, desde el punto de vista generacional, estaba integrado por Federico Pinedo, nacido en 1895; Raúl Prebisch, 1901; W.G. Klein, 1899; Máximo Alemann, 1901; E. Malacorto, 1902; Felipe Espil, 1887. A esta lista hay que agregar aquellos nombres que figuran en el periódico Liberación… y que son: Isaac Israel Gerest, colaborador de Malacorto; Héctor Liaudat, Edmundo Gagneaux, Alfredo Louro. Este periódico señaló la continuidad del grupo técnico profesional, gestado en el gobierno de Alvear, y que se prolongó su gestión hasta los comienzos del primer gobierno peronista».
A ellos se les agregan muchos otros. Así, es sabido que una de las realizaciones más importantes durante la presidencia de Agustín Justo fue la creación del Banco Central de la República Argentina en 1935, en la cual Prebisch tuvo una actuación muy destacada en detrimento del proyecto de Otto Niemeyer, enviado inglés para esos fines. Pues bien, en el primer directorio de esa entidad se encuentran al menos tres representantes de los grupos económicos. El primero de ellos es Carlos Acevedo, hermano de Arturo Acevedo, principal accionista, junto a la familia Aragón, del grupo Acindar y cuñado de Miguel A. Cárcano. Fue integrante del directorio del BCRA entre 1935 y 1937, y posteriormente ministro de Hacienda en 1941, reemplazando al propio Federico Pinedo. Otro fue Ernesto Mignaquy, integrante de una de las familias propietarias del poderoso grupo económico Bunge y Born (Basualdo, 2013). Finalmente, también integraba ese directorio Roberto W. Roberts, personaje relevante del grupo Roberts y de la política de esa época, a quién FORJA caracterizó como
«un desconocido para la generalidad, pero que algunos sabían era el representante en Buenos Aires de tres poderosas casas bancarias extranjeras: nuestra vieja conocida y eterna compañera Baring Brothers, la Banca Morgan, y la Leng Roberts and Company. Y las tres eran prestamistas del gobierno argentino». (Scenna, 1983)
Otra de las políticas importantes de la administración de Agustín Justo fue sin duda el salto cualitativo que se plasmó en términos de la red vial debido a la acción de la Dirección de Vialidad Nacional creada en 1932. La importancia que asumió la construcción de caminos fue un hecho dominante de la época y fue
«(la) resultante de la acción de la Dirección Nacional de Vialidad a través de la cual se construyeron entre 1933 y 1939, 51.000 kilómetros de caminos (2.430 km. afirmados, 6.580 mejorados y 42.000 de tierra con obras básicas). La magnitud de la obra realizada puede apreciarse si se tiene en cuenta que al inicio de este período sólo existían en todo el país 2.000 kilómetros de caminos superiores y 4.500 de caminos mejorados». (Sourrouille, 1980)
Pues bien, el primer director de Vialidad Nacional, cuyo mandato abarcó de 1932 a 1937, fue Justiniano Allende Posse, fundador del grupo económico del mismo nombre (Cuadro 5). No está de más recordar que posteriormente asumió nuevamente como administrador de Vialidad Nacional entre 1956 y 1958, es decir, durante la que para los sectores dominantes fue la revolución libertadora y para los sectores populares, la revolución fusiladora. Potash (1984) recuerda la estrecha relación de Allende Posse con el presidente Justo de la siguiente manera:
«El círculo de asesores íntimos de Justo incluía a dos ingenieros, Pablo Nogués y Justiniano Allende Posse. Nogués era responsable de la administración de las líneas ferroviarias estatales, y Allende Posse dirigía el nuevo programa nacional de construcción de caminos. Como el propio presidente era ingeniero, no puede sorprender que compartiese las opiniones de estos hombres en muchos asuntos, y que los consultase acerca de diferentes problemas, además de los que se relacionaban con la gestión de los respectivos organismos».
Las características que adoptó el plan vial durante la presidencia de Justo tiene suma importancia, no sólo por sus notables alcances sino también como expresión del intento de establecer una alianza con el capital norteamericano que le permitiera a los sectores dominantes la conformación de un proyecto alternativo, en el cual los grupos económicos serían la fracción hegemónica, ejerciendo la conducción del Estado. (Nota: Félix Weil (2010) deja constancia del malestar de los ingleses por la expansión vial: «Un informe oficial de 1929 del Departamento de Comercio Exterior menciona críticamente la intención de la Argentina de construir caminos directos entre ciudades y pueblos en vez de sólo carreteras que alimenten a las estaciones de ferrocarril. En 1931, los ferrocarriles presentaron una petición al gobierno protestando contra la construcción de más caminos»).
Al respecto, cabe recordar que la acentuada expansión vial se concretó a pesar de que como resultado de las restricciones cambiarias de la década se produjo una reducción en términos absolutos del parque automotor, lo cual indica una férrea voluntad de apoyar, pese a todo, al capital norteamericano en su competencia con el capital inglés, que ostentaba el monopolio del transporte basado en el control que ejercía sobre los ferrocarriles.
La importancia que asumió la construcción de caminos fue un hecho dominante de la época y fue la «resultante de la acción de la Dirección Nacional de Vialidad».
Por otra parte, el notable protagonismo no sólo del grupo económico Allende Posse, de por sí fundamental, sino de un conjunto amplio de esta fracción del capital, ya que la construcción y la fabricación de insumos para la misma son actividades presentes en una significativa cantidad de grupos económicos, tales como: Acindar (especialmente las empresas de la familia Aragón), el propio Allende Posse, Bracht, Fortabat e incluso Tornquist.
En realidad, en todas las políticas implementadas en la época por el grupo Pinedo–Prebisch aparecen comprometidos distintos grupos económicos. Tal el caso, sólo como ejemplo, la operatoria del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias que se puso en marcha a partir de la creación del BCRA en 1935 para sanear el sistema financiero y especialmente la cartera del Banco Nación, en donde el Banco Tornquist fue uno de sus principales beneficiarios (entre otros, Louro de Ortiz, 1992 y Gilbert, 2003).
En este contexto es insoslayable mencionar que el Plan de Reactivación Económica de 1940 (denominado el Plan Pinedo) es la propuesta más acabada del grupo Pinedo–Prebisch (Cuadro 6), aunque nunca fue aplicado como tal, ya que no contó con el respectivo apoyo legislativo (Murmis y Portantiero, 1971).
Aunque nunca se implementó y, como demuestra Arceo (2003), no tenía posibilidades reales de llevarse a la práctica, es relevante porque expresa el proyecto orgánico, no sólo de quienes lo concibieron sino de la fracción del capital que lo impulsaba, los grupos económicos, y pone de manifiesto, como lo señalan Guerchunoff y Llach (2018), así como Weil (2010), de manera articulada muchas de las medidas que sí se aplicaron durante los años 20 y la larga década de 1930.
Federico Pinedo, además de haber sido diputado, fue ministro de Hacienda entre 1933 y 1935, siendo presidente Agustín Justo, y posteriormente en 1940 y 1941, durante el mandato presidencial de Ricardo Ortiz (1937–1942), etapa en que se presenta ante el Congreso Nacional el Plan de Reactivación Económica. Es decir, durante una época convulsionada en el frente externo por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias económicas, y en el frente interno, debido al escandaloso negociado de las tierras de El Palomar.
La problemática agropecuaria, como la del deterioro de los términos del intercambio, se enfrentaban con políticas alejadas de los enfoques ortodoxos, ya que estaban inspiradas en el keynesianismo, lo cual nos recuerda que los enfoques heterodoxos no necesariamente responden a la conformación de proyectos nacionales y populares, sino que en no pocas ocasiones se implementan para asegurar el recambio en los proyectos de los sectores dominantes en un intento de asegurar la gobernabilidad.
Sin embargo, además el plan contenía planteos que apuntaban más allá del propósito de enfrentar la crítica coyuntura de corto plazo, es decir los procesos nuevos de largo plazo que asegurarían la implementación de un patrón de acumulación de capital alternativo al planteo agroexportador oligárquico, manteniendo el control de los sectores dominantes pero ahora bajo la hegemonía de los grupos económicos.
El primero de ellos era reivindicar explícitamente, acorde a los nuevos tiempos que inauguró la crisis mundial a nivel internacional, la centralidad del Estado como hacedor fundamental de la nueva dinámica económica y social. Dentro de este planteo, el Estado era el asignador fundamental del excedente social entre las diferentes fracciones del capital, es decir que subordinaba a la sociedad civil a la sociedad política, siendo este último el que implementaría el nuevo orden bajo el control de los grupos económicos.
Keynesianismo
John Maynard Keynes, economista británico (1883–1946), enfrentó el planteo de la ley de Say, que era, hasta la década de 1930, un canon inamovible. El hallazgo fundamental de Keynes consistió en rebatir que el ahorro es igual a la inversión, afirmando que dicha igualdad no es automática, sino que entre ambos media la preferencia por la liquidez, lo cual significa que no es cierto que la producción genere siempre su propia demanda.
Ante la crisis del planteo agroexportador oligárquico, que a esa altura de los acontecimientos se preveía como definitiva, postulaba como la nueva actividad dinámica de la economía real a la producción industrial, a la cual quedaría subordinada la producción agropecuaria. El proyecto la menciona como la rueda auxiliar, lo cual es un eufemismo para lograr su viabilidad política ante las otras fracciones de capital y sus respectivas representaciones orgánicas. Sin embargo, no propone la industrialización en general sino, por un lado, aquella vinculada a las ventajas comparativas naturales y, por otro, la que está orientada a la exportación. Ambos son criterios fundamentales de tener en cuenta, no porque niegue la sustitución de importaciones sino porque esta queda subordinada a su viabilidad en el mercado internacional. Se trata de una industria exportadora que no sólo está en consonancia con la estructura de los grupos económicos sino que condiciona la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, ya que el techo salarial estaría subordinado a la viabilidad de la colocación de las exportaciones en el mercado mundial. Acorde con este planteo, el proyecto se propone conformar un área comercial regional en la cual su principal socio sería el capital norteamericano que reemplazaría al capital inglés como socio estratégico.
Cuadro 6. Síntesis del contenido del Plan de Reactivación Económica (Plan Pinedo, 1940)
Fuente: elaboración propia sobre la base de Plan de Reactivación Económica, Senado de la Nación (1979).
El proyecto no sólo reconocía implícitamente la emergencia de un nuevo liderazgo en la economía mundial y el ocaso del colonialismo inglés sino que actuaba en consecuencia proponiendo la participación estatal de los servicios públicos y específicamente de la red ferroviaria que obviamente estaba mayoritariamente en manos del capital inglés. Cabe recordar al respecto que durante la presidencia de Bartolomé Mitre, a raíz del acuerdo para instalar el Ferrocarril Central Argentino, se aprueba en 1862 la denominada ley Mitre (N° 5.315), que le reconocía al capital inglés derechos de notable importancia y establecía que tendría vigencia hasta 1947. (Nota: Entre otros: una legua de terreno a cada lado de la línea del ferrocarril; reconoce como gastos de explotación el 45 % de los ingresos; el Estado podría negociar las tarifas siempre que el beneficio neto fuera superior al 15 % sobre el capital; se liberaba al ferrocarril de toda carga fiscal interna y externa. Scalabrini Ortiz, 1975).
Pues bien, el proyecto de reactivación proponía iniciar negociaciones para que pasaran a manos estatales una parte de la propiedad de los ferrocarriles que resultaba sorprendente por no cumplir ningún papel orgánico dentro del planteo del plan propuesto (nota: de acuerdo a Scenna (1983), el plan consistía en agrupar a los cuatro ferrocarriles ingleses -Sur, Central Argentino, Pacífico y Oeste- y los estatales «en una Corporación de Ferrocarriles Argentinos. Pinedo tasaba generosamente a las compañías británicas en una suma total de 230.503.975 libras esterlinas, cifra convenientemente abultada que permitía ocultar dividendos y simular pérdidas. Un complicado mecanismo preveía que el Estado, a cambio de otorgar una concesión exclusiva a esa corporación y de nombrar a su presidente, recibiría un tercio de las acciones (los otros dos quedaban en manos inglesas), con una participación creciente, que al cabo de treinta años le permitirían dominar el 50 % de la acciones, quedando al cabo de sesenta, allá por el año 2000, dueño absoluto de la corporación») y de hecho todo parece indicar que era resultado de la venalidad del ministro de Hacienda y el doble juego típico del comportamiento de los sectores dominantes a lo largo del tiempo. Nota: Pinedo, el 30 de diciembre de 1940 ante el Senado, adelantándose a la denuncia que iba a realizar el senador Eguiguren, dijo que: «Se ha publicado en los diarios un plan referente a la reorganización ferroviaria que yo he dado a muchas personas, a todo el que me lo ha pedido, y haciendo presente que ese plan había sido elaborado por mí en carácter de abogado de todas las empresas de ferrocarriles del país que me habían consultado sobre esa materia cuando estuve en Londres y después en el país. El trabajo es muy importante y se me pagaron por él, como corresponde, honorarios muy importantes, 10.000 libras esterlinas» (Scenna, 1983). Posteriormente agregó que: «Cuando me ha ofrecido el cargo (Castillo) he hecho presente al señor vicepresidente que era hasta ese momento abogado o asesor de todas las grandes empresas que hay en el país. Era asesor de las más grandes empresas navieras, de las más grandes empresas financieras del país, de las más poderosas compañías de transportes urbanos, que me separaba de todas ellas, pero que continuamente existirían en el Ministerio asuntos vinculados a las empresas (todas inglesas) que he patrocinado» (Scenna). Quizás por eso el poeta y pensador portugués Fernando Pessoa dijo: «ser liberal es odiar a la patria, la democracia moderna es una orgía de traidores» (citado por Forn, 2017). Ciertamente, en el país no sería la última vez que ocurrieran hechos similares.
Posteriormente, cuando venció la ley Mitre durante el peronismo, los ferrocarriles serán estatizados en función de un proyecto nacional y popular alternativo al recambio propuesto por esta fracción de los sectores dominantes. Efectivamente, los sectores populares dieron por tierra el planteo agroexportador oligárquico y el proyecto alternativo de los sectores dominantes, a través del peronismo. Sin embargo, la matriz social plasmada en esos años permaneció, así como la contradicción entre la industrialización acotada y exportadora versus la industrialización por sustitución de importaciones.
ANEXO 1. Evolución de PBI, el sector agropecuario y el industrial, 1920–1942 (millones de pesos de 1960 y porcentajes)
Fuente: elaboración propia sobre la base de la información del BCRA.
ANEXO 2. Evolución de los componentes de la IED, 1920–1942 (dólares de 1942)
Fuente: elaboración propia sobre la base de la información de la Subsecretaría de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía de la Nación, 1979.
ANEXO 3. Época de radicación de algunas subsidiarias extranjeras en la industria argentina (1920–1942)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Jorge (1971), Sourrouille (1976), Dorfman (1942) e información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.
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