Rafaela entre fines del siglo XIX y principios del XX: aspectos socioeconómicos y políticos
MARÍA CECILIA TONÓN
La ciudad de Rafaela es la capital del departamento Castellanos, ubicado en el centro–oeste de la provincia de Santa Fe. Sus orígenes se remontan al proceso de colonización iniciado en nuestro país alrededor de 1880, que favoreció el surgimiento de un centenar de colonias agrícolas en el espacio denominado pampa húmeda.
A diferencia de las ciudades fundadas por los españoles en territorio americano durante la época de la conquista, Rafaela no tiene acta ni fecha precisa de fundación. Se formó en 1881 —año en que se firman los primeros boletos de compraventa—, con la llegada de once familias inmigrantes que habían adquirido tierras a plazos en la compañía colonizadora de un empresario alemán, Guillermo Lehmann. Este había llegado al país en 1862 y se radicó en la localidad de Esperanza.
Allí se dedicó a las actividades comerciales —desde el comercio al menudeo y el almacén de ramos generales hasta transformarse en uno de los más grandes acopiadores y empresarios colonizadores de la región—, pero también desarrolló una importante labor política y social. Fue juez de paz, presidente del Concejo Deliberante, encargado nacional para el fomento de la inmigración, fundador del diario El colono del Oeste, entre otras. Estas acciones le permitieron establecer importantes contactos con actores económicos y políticos en el orden provincial y nacional, y llevar adelante la iniciativa colonizadora, no sin riesgos ni pérdidas (Vincenti, 2010).
Los terrenos sobre los que se emplazó Rafaela pertenecían al terrateniente bonaerense Manuel Quintana y a los comerciantes paraguayos Carlos Saguier y Félix de Egusquiza. Se dice que la identificación de la colonia se debió al nombre de la esposa de este último, amigo personal de Lehmann, Rafaela Rodríguez de Egusquiza, aunque tampoco hay demasiados acuerdos entre quienes han indagado su toponimia. Lo cierto es que varias de las localidades que surgieron en esta zona llevaron el nombre de los dueños de las tierras o de alguien vinculado con ellos: Angélica (Iturraspe), Ataliva (Roca), Aurelia (Saguier), Aldao, Bauer y Sigel, Bicha (Tornquist), Margarita (Gálvez), etc.
El éxito de este tipo de colonización en la ciudad de Rafaela puede ser atribuible a diferentes factores: relativa baratura de las tierras en relación con otras zonas, aptitudes para el desarrollo de la actividad agrícola, y la temprana llegada del ferrocarril, que permitió incorporar tierras inexplotadas al aparato productivo, transportar con celeridad los frutos de la cosecha hacia los centros de consumo y puertos de embarque, comunicar intra y extra–regionalmente a las localidades pertenecientes a la jurisdicción de Castellanos (Chémez de Eusebio, Sáenz, Vincenti, 1982).
El relativo bajo costo de la tierra, asociado a un adecuado sistema de venta en plazos, permitió a un número significativo de colonos acceder a la propiedad de los campos que trabajaban. Aunque no sin penurias y, en ocasiones, pagando algo más del valor real de las tierras, muchos colonos pudieron convertirse en propietarios, constituyendo una excepción razonable dentro de la estructura agraria nacional, caracterizada por la gran propiedad.
El relativo bajo costo de la tierra, asociado a un adecuado sistema de venta en plazos, permitió a un número significativo de colonos acceder a la propiedad de los campos que trabajaban.
Las características físicas del terreno donde está emplazada la localidad la hicieron óptima para que se desarrollara la producción agropecuaria como actividad económica por excelencia. Tuvo una primera etapa destinada a la siembra de trigo, para ser complementada, entre 1920 y 1930, por la implantación de un nuevo tipo de explotación: el tambo. Esto favoreció, a su vez, la apertura de talleres para la fabricación y reparación de elementos destinados al procesamiento y refrigeración de la leche y sus derivados, como antes lo habían hecho con las maquinarias agrícolas.
Con el transcurrir del tiempo, el número de talleres y herrerías creció notablemente, debido a la necesidad de contar con personal idóneo para reparar los frecuentes desperfectos de los implementos agrícolas. No siempre se tenían repuestos a mano y mucho menos factible resultaba conseguirlos en los centros comerciales más importantes como Santa Fe, Rosario o Buenos Aires. Por ello, en varias oportunidades eran los herreros y mecánicos quienes debían trasladarse hasta el campo para tratar de solucionar esas fallas.
Los hombres que las fuentes señalan como los primeros herreros, mecánicos y hojalateros fueron, en su mayoría, extranjeros. Llegados a la Argentina desde fines de siglo XIX, el destino de estos gringos en el territorio santafesino fue la región centro–oeste. Los motivos fueron múltiples: parientes instalados con anterioridad en la zona, la prosperidad económica, oportunidades laborales dentro del ramo mecánico en labores de reparación que entonces sólo se llevaban a cabo en las ciudades importantes. Algunos de los recién llegados atravesaron un período de adaptación al país, movidos por alicientes laborales en los talleres de la Capital Federal y ciudades del Gran Buenos Aires (Meloni, Tonon, Villalba, 1995).
El oficio que traían consigo los habilitaba para trabajar con metales y afines. Este conocimiento provenía de la experiencia, porque sus familias tenían un taller, o porque se habían empleado en alguno en su tierra natal. La característica de estos primeros metalúrgicos fue el predominio de la práctica por sobre el conocimiento derivado de una educación formalizada.
El trabajo se llevaba a cabo generalmente en el taller del pueblo, aunque también directamente en las mismas chacras. Consistía en labores tales como el afilado de las rejas de los arados, tratamientos especiales para darle mayor durabilidad a los materiales, arreglo de motores a vapor de trilladoras y cosechadoras y reparación de calderas. En algunos casos, estas actividades se complementaban con la compra de maquinaria para su posterior reventa o alquiler.
Nació, de esta forma, una incipiente industrialización, fundamentalmente de las actividades metalmecánicas, que combinó la reparación con la fabricación y venta. La década de los veinte fue representativa, dado que en ella hicieron su aparición las primeras fábricas de maquinarias agrícolas de creación nacional en firmas como Senor y Bernardín en San Vicente, Rotania en Sunchales y Gardiol en Susana.
Rafaela no pudo corresponderse con este auge mecánico agrícola que se reflejó en aquellas localidades aledañas. El futuro de su industria estuvo determinado, en parte, por dos actividades que marcaron la región: la industria frigorífica y la láctea, y por una diversificación de las ramas industriales de las herrerías y talleres que debió adaptarse a las nuevas demandas poblacionales. En estas circunstancias, los mecánicos debieron agudizar su inventiva y ser ellos mismos los encargados en fabricar las piezas o artefactos necesarios. Aparecieron así las herrerías asociadas a carpinterías que fabricaban carruajes: volantas, chatas, etc. Así también se desarrollaron los talleres abocados a las tareas de fundición y fabricación de todo tipo de herrajes (puertas, portones), cortinas metálicas, bombeadores industriales, soldaduras de motores de usinas, la instalación de plantas industriales y eléctricas, la fabricación de artículos de hojalatería para el hogar (baldes, fuentones). Este tipo de creaciones reflejaban la capacidad de inventiva que la necesidad exigió a estos hombres, y el negocio que representaron las actividades mecánicas para aquella época. La evolución y permanencia de todos estos pequeños emprendimientos metalúrgicos dependieron en alto grado de la situación mundial y de cómo afectó al mercado productivo nacional.
También fue un factor importante para el desarrollo de la actividad industrial, la aparición de establecimientos educativos vinculados a la formación de recursos humanos para la floreciente industria. En 1915, durante la gobernación de Manuel Menchaca, se creó la Escuela de Mecánicos Agrícolas², resumiendo en su nombre la orientación fundamental del tipo de educación que impartió en sus orígenes: la formación técnica de jóvenes para los requerimientos de la producción agrícola. Con el tiempo, fue ampliando su oferta educativa, adaptándose a los requerimientos de una ciudad en crecimiento. Así se sumaron a los tradicionales talleres de carpintería, herrería y mecánica, los de fundición (1923) y electricidad (1934). Varios de los dueños de establecimientos industriales que cobraron importancia en la ciudad y en la región pasaron por sus aulas como alumnos y luego también como docentes: Lito Gonella (1929), fábrica de calderas de Esperanza; Ángel Senor (1931), fábrica de cosechadoras de San Vicente; Edison Valsagna (1946), fábrica de válvulas de Rafaela; Carlos Rotania (1963), fábrica de cosechadoras de Sunchales, entre otros (Tonon, 2011).
La mayoría de los fabricantes rafaelinos se transformaron, con el tiempo, en el núcleo dinámico de la sociedad.
La mayoría de los fabricantes rafaelinos se transformaron, con el tiempo, en el núcleo dinámico de la sociedad. Muchos se sumaron para darle vida a distintas instituciones políticas, cívicas y sectoriales, fundamentales para la ciudad.
Los nombres de varios de los primeros industriales aparecieron en organismos de orden político, como la Comisión de Progreso Local, luego Comisión de Fomento (Bianchi de Terragni, 1972). Esta participación se evidenció, asimismo, en el surgimiento y desarrollo de organizaciones claves para la economía de la ciudad, como la Liga Comercial, Industrial y Agrícola de Rafaela (luego Sociedad Rural), y el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos.
A grandes rasgos, este podría considerarse el entramado socioeconómico primigenio que, con el paso del tiempo, va a ir estructurando el perfil agroindustrial que la ciudad muestra hasta la actualidad.
Posteriormente pasó a tener nuevas denominaciones, de acuerdo con los cambios acaecidos en la educación a nivel provincial y nacional: Escuela Industrial de Varones Guillermo Lehmann (1943), Escuela Fábrica nº 6 de la Nación (1948), Escuela Nacional de Educación Técnica nº1 Guillermo Lehmann (1959), Escuela de Enseñanza Técnica nº 460 Guillermo Lehmann (1993). Actualmente se denomina Escuela de Educación Técnica Profesional n° 460 Guillermo Lehmann.
Evolución institucional rafaelina
Para tratar de analizar la vida política de la ciudad de Rafaela es preciso tener en cuenta varios aspectos a través de los cuales puede inferirse cómo se fue configurando un modelo municipal de gestión que imprimió determinadas características político–administrativas a la ciudad, al menos hasta la última década de siglo XX. Uno de esos aspectos tiene que ver con la organización institucional de las distintas localidades de la provincia de Santa Fe, estructurada por la administración provincial en sus diferentes momentos históricos; el otro está directamente emparentado con las tradiciones y prácticas de una base social inmigratoria y la estructura productiva, que imprimió determinadas características culturales a la política de la ciudad. Tanto uno como otro aspecto colaboraron para configurar la organización política tradicional de Rafaela. A los fines de este trabajo, nos circunscribiremos a la primera etapa, entre los años 1881 y 1913, que coincidió con el momento de formación de la colonia y el desarrollo del pueblo hasta su declaratoria como ciudad.
La organización institucional, los partidos políticos tradicionales y las elecciones
Entre 1862 y 1890 se mantuvo en el poder provincial, gracias al fraude, el autonomismo. Esta situación, a pesar de su ilegalidad, les permitió a los distintos sectores o grupos que representaban al partido gobernante mantener una suerte de orden y estabilidad institucional para darle una cuota de continuidad a las acciones de gobierno. Entre estas últimas, la organización política de los distintos departamentos de la provincia encabezó la lista de prioridades, puesto que a partir de allí se pudo controlar el territorio y la pervivencia en el poder. Sin embargo, la estructura del poder público provincial fue bastante reducida. Vastas áreas del territorio quedaron sin control efectivo por parte de la autoridad competente que, para el período 1870–1895, estuvo a cargo de jefes políticos y jueces de paz. Las colonias agrícolas formadas en esta zona para el mismo período se fueron incorporando a este régimen. Rafaela no resultó ajena a esta situación. A un año de su formación, en 1882, se creó el cargo de juez de paz, cuyo titular actuaba en la jurisdicción de la localidad y poblaciones aledañas. En 1885, de acuerdo con la constitución provincial vigente, se instituyó la Comisión de Progreso Local, luego, en 1886, denominada Comisión de Fomento (Bianchi de Terragni, 1972).
De acuerdo con el análisis que el historiador Ezequiel Gallo hace sobre los grupos y las características políticas en las colonias agrícolas de esta época, se puede observar de qué manera los referentes provinciales del autonomismo habían organizado una trama de caudillos regionales que actuaban a favor del sistema:
Los caudillos lograban adhesiones a través de un complejo sistema de prestaciones a sus seguidores, que iba desde el favor personal o la satisfacción de genuinos reclamos locales hasta la protección otorgada en ocasiones a partidarios que incursionaban en actividades francamente delictivas. (...) Algunos no tenían interés en ocupar cargos públicos; otros fueron jefes políticos (máxima autoridad departamental) o, con más frecuencia, jueces de paz (máxima autoridad de distrito). (...) Como se decía en la época, de ellos se dependía para sofocar revoluciones y ganar elecciones. (Gallo, 1984)
Esta situación se vio reflejada en la ciudad de Rafaela en diferentes sucesos o denuncias realizadas por los pobladores, con motivo de abusos cometidos por los jueces de paz o jefes de policía que, si bien eran también vecinos de la localidad, actuaban, tal como refiere Gallo, a favor de los gobiernos de turno (Bianchi de Terragni, 1972).
La Comisión de Fomento, conformada por diferentes vecinos, funcionó a lo largo de 27 años. En ese lapso se sucedieron varios incidentes que contribuyeron con la conformación de la base política de la localidad. Tal vez, el caso que adquirió mayor envergadura, puesto que movilizó a varios sectores de la ciudad, se relacionó con los conflictos que se generaron entre 1890 y 1895 en la pampa gringa.
En el año 1890, una reforma en la Constitución provincial privó a los inmigrantes del derecho a votar en las elecciones municipales, a pesar de que, paradójicamente, sí podían ser elegidos para cargos comunales. Esta situación generó un profundo malestar en las colonias, pobladas mayoritariamente por extranjeros. A esto se le sumó una ley de impuesto a los cereales que afectaba profundamente a la zona, que vivía de la agricultura cerealera. De manera tal que, para 1891, 1892 y 1893, los colonos de la región esperancina mayormente, pero también de Villa Casilda, Rafaela y San Lorenzo, entre otras, comenzaron a movilizarse a través de revueltas que alcanzaron notoriedad y la mención en distintos periódicos de la zona, de la provincia y hasta de la nación. Los motivos fundamentales de estas insurrecciones fueron la devolución del derecho a voto y la supresión del impuesto a los cereales. Las acciones cobraron una violencia tal en la provincia y adquirieron tanta repercusión que, en el marco de un momento político particular también a nivel nacional —estaba transcurriendo la crisis del gobierno de Juárez Celman—, la nueva fuerza política surgida al calor de la Revolución del Parque, la Unión Cívica, se hizo eco de esta situación y embanderó la lucha de los inmigrantes agricultores (Bianchi de Terragni, 1972).
Esto se puede constatar a través de los distintos periódicos de neto corte radical, que comenzaron a desarrollar una actividad muy importante para la nueva agrupación política, después denominada Unión Cívica Radical (UCR). Surgió en Rafaela, por ejemplo, un periodismo político bastante prolífico de la mano de varias publicaciones, entre las que pueden mencionarse El Liberal, El Radical, Unión Provincial, La Libertad, El Censor. Cada una de estas publicaciones adhirió a los principios de la UCR y se transformó en vocera del partido. El funcionariado local, provincial y, especialmente, la autoridad policial, fueron el blanco de la crítica periodística rafaelina. Entre los creadores y directores de estos diarios se pueden observar una serie de características comunes, como la colaboración activa en las revueltas radicales de 1893, la participación en el Comité Radical del Departamento Castellanos, pero también el sufrimiento del hostigamiento y la persecución política de la mano de las autoridades gubernamentales, ya sea bajo la forma de la censura hasta el encarcelamiento (Dalmasso, 1991).
El grado de participación de los inmigrantes al que se hace referencia puede caracterizarse por tres elementos fundamentales: la defensa de los intereses personales y colectivos, el control del poder y un fuerte sentimiento de libertad (Imfeld, 1984). Si se entiende la política en términos clásicos, es decir, como todo aquello que se refiere y afecta a la vida de la ciudad, puede decirse que la participación política de los primeros pobladores se dio a través de diferentes reclamos de los vecinos hacia la autoridad local o provincial, como se ha corroborado desde los primeros años de la colonia y, con el correr del tiempo, en la intervención de estos en las asociaciones intermedias (sociedades de socorros mutuos, sociedades agrupadas según el origen étnico, como la Sociedad Italiana o la Sociedad Suiza; agrupación por intereses económicos, como la Sociedad Rural, etc.). Ahora bien, si se piensa la política desde un punto de vista más moderno, es decir, como Estado, como poder político, entonces puede interpretarse que la participación del inmigrante en asuntos de este orden fue notable desde los primeros momentos de la colonia. Es dable destacar que esta participación se dio básicamente a partir de los grupos urbanos, particularmente de comerciantes, pequeños industriales, periodistas y algunos profesionales que pasaron a constituir la minoría dirigente. Cabe aclarar que esta minoría del incipiente sector urbano también tenía sus intereses en el campo. Muchos de ellos, a la par de sus actividades principales, tenían campos en su patrimonio familiar o habían invertido en tierras para su explotación directa o alquiler. En este sentido, había una suerte de comunión entre la élite dirigente y el sector agropecuario.
Si se piensa la política desde un punto de vista más moderno, como Estado, entonces puede interpretarse que la participación del inmigrante en asuntos de este orden fue notable desde los primeros momentos de la colonia.
De estos primeros dirigentes arrancó una tradición política que permanecerá y definirá al votante rafaelino. Estos dirigentes, de acuerdo con lo que se viene analizando, estuvieron fuertemente identificados en un primer momento con la UCR y, luego, con el Partido Demócrata Progresista (PDP).
La Comisión de Fomento, órgano que actuó como autoridad del pueblo y que estuvo conformada por diferentes vecinos de la localidad, funcionó, como ya se dijo, durante 27 años. Luego de varios reclamos y de una intensa lucha (Vincenti, 2006), el 26 de enero de 1913 Rafaela logró que se le otorgue la categoría de ciudad, compartiendo esta condición con las ciudades de Santa Fe, Rosario, Casilda y Esperanza. A partir de este reconocimiento, la urbe se organizó políticamente siguiendo los instructivos del Régimen Municipal de la provincia que fue modificándose en diferentes oportunidades.
La ley n° 1053, en vigor entre los años 1900–1927, organizó la administración provincial del territorio y estableció los principios organizativos de la vida municipal. De esta forma se determinó que cada municipalidad estuviese conformada por un Concejo Deliberante, compuesto por miembros elegidos directamente por el pueblo en número de cinco por los primeros ocho mil habitantes y de uno más, por cada mil más o fracción que no baje de cinco mil, renovables igualmente por mitades cada dos años; y un Departamento Ejecutivo, a cargo de un intendente municipal, nombrado por el Poder Ejecutivo provincial. Este cargo se designaba por un tiempo de dos o tres años y con acuerdo de la Legislatura provincial, según las variantes incorporadas por leyes posteriores.
De esta forma, Rafaela comenzó a tener carácter de municipio, con las ventajas y complicaciones que suponía adquirir esta categoría. Las ventajas se vinculaban con el grado de independencia que le aseguró la propia ley en materia de regulación de las rentas, el establecimiento de impuestos y la administración de bienes locales. Por contrapartida, esta autonomía obligó a la administración pública local a ingeniárselas permanentemente y proveerse de los recursos necesarios para mantener su existencia y desarrollo. Esto no resultó una tarea fácil para los primeros gobiernos municipales.
En virtud de la organización política establecida, los poderes ejecutivo y legislativo locales quedaron fuertemente diferenciados: por un lado, un concejo deliberante que, por ser elegido por voto directo, constituía el órgano más representativo de la ciudad y reunía las diferentes fuerzas u opiniones ciudadanas en pugna; por otro lado, un intendente que, al ser nombrado por una autoridad provincial ajena a la localidad, dependía del gobierno provincial de turno y, por ende, no siempre —en todo caso, casi nunca— conllevaba la adhesión de la ciudadanía local. Fueron notables los conflictos entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo en Rafaela (Vincenti, 2006).
En general, la estructura política local se caracterizó en este gran período por el predominio de las fuerzas del radicalismo, en sus diferentes versiones (personalista o antipersonalista) y de la democracia progresista. A continuación, analizaremos brevemente esta evolución político–institucional.
La época radical
Desde sus orígenes, a finales de siglo XIX, la propuesta radical ganó un importante terreno en esta provincia, a pesar de que el oficialismo conservador estaba fuertemente arraigado con el galvismo primero, y con las administraciones de los gobernadores Caferatta y Leiva, después. Poco a poco, sin embargo, se fue instaurando el predominio de la Unión Cívica a través de formas combativas —acordes con las que se estaban desarrollando a nivel nacional—, como fueron las revoluciones radicales de julio y septiembre de 1893 y 1905, que tuvieron su epicentro en las ciudades más importantes de la provincia, pero también en las colonias agrícolas.
Para 1912, la reforma electoral impulsada por Roque Sáenz Peña tuvo su primera experiencia en la provincia de Santa Fe. El triunfo de la fórmula radical Menchaca–Cavallero para la gobernación, por sobre la fuerza oficialista y de otra pequeña agrupación de corte provincial, la Liga del Sur (luego PDP), mostró la fuerza del nuevo partido. El éxito se debió a las adhesiones de importantes sectores medios, tanto urbanos como rurales, que se encontraban en permanente crecimiento, producto de la inmigración, el desarrollo de las actividades industriales y terciarias en las ciudades, y agropecuarias en las colonias. Estos grupos poco a poco fueron ascendiendo socialmente, reclamando una mayor participación en la administración de la riqueza y de la cosa pública.
Estas primeras experiencias de gobierno radical, con todo, no estuvieron ajenas a la aparición de diferencias y fisuras en el interior del partido, que atentaron contra el interés colectivo y lo que podría haber sido una buena administración. Tal como argumenta Ana Persello en uno de sus estudios sobre el radicalismo, la UCR fue el producto de una división y la «oposición que el partido adopta en cada coyuntura separa o acerca dirigentes, y los recambios de liderazgos redefinen su doctrina, aunque los referentes simbólicos iniciales se mantengan» (Persello, 2004). Esto podría explicar la división o faccionalización del partido, tanto en el ámbito nacional como en los territorios provinciales.
En Santa Fe, la desarticulación de la UCR fue notoria desde sus inicios, cuando las divergencias entre el gobernador santafesino con el vicegobernador rosarino, junto con la Junta de Gobierno se hicieron evidentes. A partir de allí, comenzaron a vislumbrarse dos sectores opuestos: la UCR Comité Nacional, mayormente ligado al radicalismo porteño y al personalismo yrigoyenista —liderado en sus comienzos por el gobernador Menchaca— y el sector disidente, la UCR de Santa Fe, que tenía entre sus líderes originarios al que llegó a ser gobernador en 1916, Rodolfo Lehmann. Los gobiernos radicales que estuvieron a cargo del Ejecutivo provincial entre 1916 y 1946 van a ir alternándose entre estos sectores.
En la ciudad de Rafaela, esta división se cristalizó, de acuerdo con las leyes municipales vigentes, a través del nombramiento de los diferentes intendentes que respondían al gobierno provincial de turno, sean estos personalistas o antipersonalistas. Distinto era el caso del Concejo Deliberante, en donde el voto directo vehiculizaba las voces de diferentes agrupaciones políticas presentes en la ciudad. Así, en 1914, se enfrentaron en las elecciones para concejales dos sectores claramente distinguibles: la Unión Comunal, que reunió a los representantes del menchaquismo, y la Unión Vecinal, constituida por grupos de independientes, conservadores y por quienes en un futuro cercano constituirían el PDP. Si bien en este período predominó el radicalismo, es notable cómo poco a poco el PDP fue ganando espacio, particularmente en la composición del Concejo, llegando a obtener el Poder Ejecutivo municipal en la década del 30.
Poco a poco se fue instaurando el predominio de la Unión Cívica a través de formas combativas que tuvieron su epicentro en las ciudades más importantes de la provincia, pero también en las colonias agrícolas.
Última actualización
