3. La era de los gobiernos radicales en Santa Fe
JORGE RAÚL FERNÁNDEZ
Las elecciones provinciales de 1912
La ley Sáenz Peña regula las elecciones nacionales aunque no tiene vigencia provincial. Pero ya desde la remisión del proyecto al Congreso, y más todavía al sancionarse, genera un cambio en el clima político y posibilita que la Unión Cívica Radical participe de las elecciones provinciales de 1912, con el aval explícito del propio Hipólito Yrigoyen. Dicha decisión se adopta en el marco de una ley electoral de 1904, basada en la constitución provincial de 1900, que establece el voto secreto y universal masculino, lo que es completado en febrero de 1912 al adoptarse como padrón electoral al padrón del enrolamiento militar.
La constitución provincial de 1900, sancionada durante la gobernación de Iturraspe, contempla el voto de los extranjeros en las elecciones municipales y un sistema proporcional pero en realidad en la sección segunda prevé que la legislatura debía dictar una ley electoral donde se contemplara también el voto secreto y el escrutinio público. Esa normativa es dictada en 1904, mediante la ley 1233, donde se consagra precisamente el voto secreto, se regula la actuación de una Junta Electoral, se establece el procedimiento para el escrutinio y donde se otorga al Registro Civil la función de conformar el Registro Cívico electoral. Pero pese a esos avances, la Unión Cívica no participa de las elecciones provinciales en consonancia con la actitud abstencionista de la conducción nacional partidaria y la permanencia del sistema electoral fraudulento. Pero en 1912, las circunstancias cambian porque se está en los momentos previos a la remisión al congreso de la denominada ley Sáenz Peña pero además porque el interventor federal de la provincia, Anacleto Gil, dicta un decreto el 9 de febrero de 1912, que adopta como electoral provincial al padrón militar, en consonancia con lo que se pretende en el orden nacional. Todo ello en el marco de la ley electoral de 1904 y la constitución de 1900, con la reforma de 1907, lo que permite que los dirigentes santafesinos del radicalismo viajen a Buenos Aires a plantear la posibilidad de participar en las elecciones provinciales, logrando la aprobación de sus autoridades partidarias nacionales en general y de Hipólito Yrigoyen en particular.
Las elecciones consagraron el triunfo de la Unión Cívica Radical con el 37,65 % de los votos, mientras los grupos conservadores, que se presentan con el nombre de Coalición, obtienen el 27,1 % y la Liga del Sur el 25,2 %, pero debido al sistema electoral indirecto los radicales lograron 34 electores contra 11 de la Coalición y 15 de la Liga del Sur, lo que les permitió tener mayoría y consagrar la fórmula de Manuel Menchaca y Ricardo Caballero. Dicha fórmula expresaba un equilibrio territorial, ya que era encabezada por un hombre del centro–norte provincial que contaba con la aprobación de los dirigentes nacionales y del propio presidente Yrigoyen, pero la completaba un dirigente del sur santafesino, con dilatada y reconocida trayectoria en la ciudad de Rosario, donde había participado en la revolución de 1905 y que contaba con fluidas relaciones con distintos sectores obreros.
Los gobiernos radicales y la supremacía política de la Unión Cívica Radical
A partir de ese momento y hasta el golpe de Estado de 1930, el radicalismo será imbatible electoralmente en la provincia de Santa Fe y la competencia electoral se reducirá a la disputa entre distintas facciones de la UCR, relegando a un rol secundario al resto de las fuerzas políticas. El radicalismo ocupa la centralidad del orden político, es una especie de sistema político en sí mismo, siendo al propio tiempo oficialismo y oposición. Reducidos prácticamente a la nada los grupos conservadores, es la Liga del Sur —después Partido Demócrata Progresista— que aparece como lo distinto al radicalismo, adquiriendo cierto poderío que le permite inclinar la balanza en favor de una u otra de las facciones del partido gobernante.
Ahora bien, una vez en el gobierno, los conflictos en el interior del radicalismo no tardan en aparecer sobre la base de la tradicional disputa norte–sur o por cuestiones personales. La primera fractura proviene del sector liderado por Ignacio Iturraspe, reconocido dirigente que había aspirado a la gobernación, quien renuncia a los cargos que detenta para formar un espacio opositor a Menchaca, acusándolo de abandonar los principios radicales, espacio que se denomina Unión Cívica Radical Principista. Tras esa decisión, Iturraspe forma una alianza con la Coalición y la Liga del Sur, lo que le permite que la legislatura lo designe Senador Nacional. La segunda fractura ocurre poco antes de finalizar el mandato de Menchaca y es protagonizada por el vicegobernador Ricardo Caballero y el presidente de la Junta de Gobierno, Rodolfo Lehmann, quienes criticaron al primero por haberse alejado de «las buenas prácticas radicales», lo que se tradujo en un marcado distanciamiento entre el partido y el gobierno, que se manifiesta en una división en las elecciones de 1916, con consecuencias nacionales. Si bien triunfa el sector radical que responde al gobernador Menchaca, con el 39,16 % de los votos contra el 38,11 de los disidentes y el 22,7 de los demócratas progresistas, los electores conseguidos por cada fuerza no reflejaron ese resultado. Los disidentes, triunfantes en los departamentos Rosario y La Capital, lograron 30 electores contra 16 del radicalismo oficialista y 14 de los demócratas progresistas. La alianza entre los primeramente mencionados y estos últimos, permitió consagrar la fórmula Rodolfo Lehmann y Francisco Elizalde como gobernador y vice. Luego de estas elecciones ocurridas en febrero de 1916, en abril de ese mismo año tienen lugar los comicios nacionales donde se aplica por primera vez la ley Sáenz Peña para una elección presidencial. Se vuelven a enfrentar las mismas fuerzas y logran triunfar los disidentes, que logran cuatro de los nueve diputados nacionales y 19 de los 28 electores. Estos radicales disidentes se habían manifestado en contra de la conducción partidaria nacional pero no habían anticipado los votos de sus electores para la elección presidencial. Esta situación produce un conflicto importante en el partido radical, ya que los mencionados 19 electores pasaron a ser decisivos para que alcanzara mayoría y fuera consagrada la fórmula Yrigoyen–Pelagio Luna. Finalmente los disidentes, tras un arduo debate interno, deciden apoyar la candidatura de Hipólito Yrigoyen, decisión en la que es fundamental la opinión de Ricardo Caballero, remarcando al propio tiempo su autonomía con respecto a la conducción partidaria nacional.
La gestión del gobernador Lehmann, atravesada por serios problemas económicos, no logra encauzar las disputas internas en el seno del radicalismo, las que se agravan por las desavenencias en torno a apoyar la candidatura de Hipólito Yrigoyen en el colegio electoral nacional, moción impulsada esencialmente por Ricardo Caballero. Ello provoca la renuncia del vicegobernador Francisco Elizalde, recientemente asumido, al par que reaparecen las históricas disputas territoriales entre el norte y el sur en el seno del partido. Esta situación limita los apoyos originales del gobernador Lehmann quien delega el mando en el presidente pro–tempore del Senado, a fines de 1919. El fraccionamiento partidario se traduce en las elecciones gubernamentales de 1920 en la presentación de cuatro listas distintas por la Unión Cívica Radical (Unión Cívica Radical Nacionalista, Radicales Sudistas, Radicales Nordistas y Radicales Elizaldistas), las que sin embargo se unifican en el colegio electoral y consagran gobernador al candidato de la Unión Cívica Radical Nacionalista, Enrique Mosca.
El gobernador Enrique Mosca inicia un proceso de reunificación partidaria que permite que el radicalismo concurra con una sola lista a las elecciones de convencionales constituyentes de octubre de 1920, donde obtienen 36 bancas contra 24 del Partido Demócrata Progresista. Pero la sanción de la denominada Constitución de 1921, aprobada por dicha convención, es anulada por decreto por el gobernador con el argumento jurídico de que no se habían respetado los plazos establecidos en la convocatoria y de que los convencionales habían prorrogado unilateralmente el tiempo establecido. Ese hecho provoca una nueva escisión, dado que un sector del radicalismo rechaza la decisión del gobernador, formando la Unión Cívica Radical Constitucionalista, también denominada los radicales liberales, que apoyan el contenido profundamente laico de la constitución objetada. Finalmente, en 1924, el radicalismo vuelve a aparecer mayoritariamente unificado, logrando triunfar con el 48,5 % de los votos contra 30,5 del Partido Demócrata Progresista y el 20,5 de los Radicales Constitucionalistas, imponiendo en el colegio electoral la fórmula Ricardo Aldao–Juan Cepeda.
A partir de ese momento electoral, las divisiones en el seno de la Unión Cívica Radical de Santa Fe no van a estar referidas a las disputas entre el norte y el sur o en relación a la vigencia o no de la reforma constitucional de 1921, sino que estarán determinadas por la problemática que se plantea nacionalmente entre los radicales personalistas o yrigoyenistas y los radicales antipersonalistas o antiyrigoyenistas, lo que se materializa en las elecciones intermedias de 1926 y principalmente en las de 1928, donde el yrigoyenismo triunfa con el 50 % de los sufragios contra 42,5 de los antipersonalistas y tan sólo el 5 % de la democracia progresista. El colegio electoral, en una enmarañada elección, termina eligiendo a Pedro Gómez Cello como gobernador, que debió ejercer el mando en un enrarecido clima nacional por la actitud destituyente de la oposición al presidente Yrigoyen, situación que se agravó por la crisis mundial de 1929. Por otra parte, el oficialismo sufrió el alejamiento de uno de sus principales dirigentes, Ricardo Caballero, lo que debilitó aún más la situación del gobernador Gómez Cello que, finalmente, será intervenido por el gobierno de facto del general Uriburu.
Puente colgante
El puente colgante de Santa Fe se inauguró oficialmente el 8 de julio de 1928. Basado en una iniciativa del gobernador Freyre en 1903, su finalidad era traer agua desde Colastiné hacia la ciudad de Santa Fe para su potabilización, pero al mismo tiempo terminó siendo una obra que permitió el tránsito vehicular y peatonal entre ambas orillas de la laguna Setúbal. Después de varios intentos frustrados, en 1922 el proyecto es aprobado por Aguas Sanitarias de la Nación. Contemplaba una estructura de hierro, semirrígida, construida en Europa y traída por vía marítima desde el puerto de Cherburgo, y contenía una carpeta asfáltica para el tránsito. Su ejecución comenzó en 1924.
Caballero sostenía un discurso de defensa de los intereses nacionales y de los sectores populares, consideraba al radicalismo como una fuerza política continuadora del federalismo de los caudillos del interior del siglo XIX.
Cabe destacar en este predominio de la Unión Cívica Radical de 1912 a 1930 y en este proceso de permanentes divisiones internas, la figura singular de Ricardo Caballero, que parece ser uno de los dirigentes que se mueven con mayor criterio ideológico o en el marco de convicciones más profundas. Desde 1911, este dirigente y el sector que lo acompaña van a expresar una retórica popular dentro de la tradición radical en Santa Fe. Caballero sostenía un discurso de defensa de los intereses de los sectores populares, mixturados con un nacionalismo de corte telúrico y criollista. En sus escritos políticos también consideraba al radicalismo como una fuerza política continuadora del federalismo de los caudillos del interior del siglo XIX. En 1913, el grupo de Caballero constituirá una asociación para apoyar a los trabajadores en huelga, lo que lógicamente le significará como vicegobernador un enfrentamiento con el gobernador Menchaca. Años más tarde va a ser uno de los pocos dirigentes radicales que se opone abiertamente a la represión de las huelgas obreras que se producen en el gobierno nacional y provincial. Designado jefe de policía de Rosario en 1928 por el gobernador yrigoyenista Pedro Gómez Cello, Caballero se ve obligado a renunciar rápidamente por su negativa a utilizar la fuerza pública para poner fin a las huelgas, afirmando que «prefiero que me traten de débil antes que manchar mis manos con sangre trabajadora», expresando además que siempre había buscado una armonización del capital y el trabajo dentro de una mayor justicia social. En síntesis, en el marco de un partido que se proponía como cuestión central la modificación del sistema político, Caballero aparece como un personaje singular por su posición pro–obrerista y no represiva y por su lectura del radicalismo como una variante continuadora del federalismo del siglo XIX
Las otras fuerzas políticas
Ya hemos señalado la hegemonía del radicalismo en la provincia durante el período considerado, hegemonía que le permite ser gobierno pero, al propio tiempo, ocupar mayoritariamente el espacio opositor, hecho que se produce por sus permanentes divisiones internas pero también por la debilidad manifiesta de los grupos conservadores que antes habían monopolizado el poder. Se puede afirmar que la única fuerza política que aparece como distinta al radicalismo y con posibilidades electorales, es la Liga del Sur, devenida a partir de 1914 en Partido Demócrata Progresista. Habiendo explicado los grupos que representa, sus orígenes en el sur santafesino, su programa, el liderazgo indiscutido de Lisandro de la Torre y su intento fallido de convertirse en una reformulación moderna y orgánica de los partidos conservadores, nos queda especificar su rol en estos años en Santa Fe, donde el camino que elige es mantener el rol de opositor al radicalismo pero aliándose en cada ocasión con los sectores disidentes del oficialismo gobernante, lo que le permite acceder a cargos políticos, fundamentalmente en funciones legislativas, tanto en la provincia como en ciudades, principalmente en Rosario. Y esas alianzas las expresa siempre en posiciones contrarias a los grupos radicales que se alinean con la conducción nacional de Hipólito Yrigoyen. En esa posición que el PDP mantiene en estos años, es necesario destacar el rol que le cabe a sus representantes en la sanción de la llamada Constitución de 1921, donde sostienen principios relativos al régimen municipal, así como reformas a la relación entre la Iglesia y el Estado.
Reforma constitucional de 1921
En el plano político institucional, es necesaria una referencia a la controvertida reforma constitucional de 1921 que, aprobada por la convención, será anulada por decreto del gobernador Enrique Mosca.
La necesidad de reformar la constitución provincial aparecía claramente en los programas tanto de la Unión Cívica Radical como del opositor partido Demócrata Progresista. En tal sentido, el gobernador envía el proyecto de convocatoria a la convención reformadora, la cual contaría con amplias facultades para modificarla con la sola limitación del artículo 4, que establecía a la ciudad de Santa Fe como sede de las autoridades provinciales, con la finalidad de impedir el intento de trasladar la capital a Rosario, como pretendían algunos sectores sureños, especialmente de la democracia progresista. La ley 2003 de julio de 1920 aprueba la convocatoria y en octubre se realizan los comicios para elegir los convencionales, ocasión en que la UCR obtiene 36 representantes y el PDP los 24 restantes. Si bien se constituye el 28 de octubre de 1920, la convención reformadora inicia sus sesiones recién el 15 de marzo del siguiente año, contando con 90 días para cumplir con la función asignada, según lo establecido por la ley de convocatoria.
Entre las variadas reformas que se aprueban podemos destacar la relativa a la inamovilidad de los jueces; la creación de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo del Tribunal Superior de Justicia; la consagración constitucional de la gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la enseñanza primaria; la creación de consejos escolares electivos, para descentralizar el sistema educativo; la figura del hábeas corpus y otros derechos individuales que limitan el accionar policial; estabilidad del empleo público; reconocimiento de derechos laborales varios; la posibilidad de reformas parciales a la constitución mediante la legislatura, las que deberían ser ratificadas por referéndum popular; la modificación del régimen municipal, estableciendo tres categorías, la primera de las cuales se refiere a localidades de más de 25.000 habitantes y que podían dictar su propia carta orgánica, condición en la que sólo se encontraban las ciudades de Santa Fe y Rosario, mientras que en la segunda se encuadraban los pueblos con menos de 25.000 pero más de 3.000, y en la restante los que contaran con más de 500 y no llegaran al piso de la anterior; elección de intendentes y concejales en las dos primeras categorías; el reconocimiento de derechos electorales para las mujeres en las elecciones locales, según lo precepturado en el artículo 144, así como la posibilidad de ampliar el derecho al voto a los extranjeros por parte de las cartas orgánicas en los municipios que tuvieran esa facultad, entre otros. Pero el punto central de discusión en el seno de la convención y en la movilizada opinión pública, lo significó la cuestión religiosa, sin olvidar la controversia en torno a la representación departamental que históricamente había favorecido a grupos dirigenciales del centro y norte de la provincia en detrimento de Rosario. En efecto, se debate la modificación del artículo 5 de la Constitución de 1900, ratificado en la reforma de 1907, donde se establece en nuestra provincia que «su religión es la Católica, Apostólica y Romana, a la que prestará su más decidida protección y sus habitantes el mayor respeto», proponiéndose un artículo 6 que establece como principio constitucional la libertad de cultos, se elimina el requisito de que el gobernador y vice tengan que profesar la religión católica y se suprime del preámbulo la invocación a Dios como fuente de toda razón y justicia. En las calles y en los medios de prensa se debate y se dirime esta cuestión que, muchas décadas antes, había planteado Nicasio Oroño. Los grupos católicos defienden lo establecido en la Constitución de 1900 y movilizan su grey en tal sentido, mientras que los partidarios de la reforma se expresan centralmente mediante manifestaciones estudiantiles que cuentan con el apoyo de grupos políticos y algunos sectores sindicales.
En cuanto a la problemática de la representación territorial, el sector radical predominante en la convención y en su propio partido, pretendió mantener un sistema donde continuaba la primacía antedicha del centro–norte provincial, cuestión que provocó el retiro en dos oportunidades de los convencionales demoprogresistas aunque finalmente se establece una fórmula que, en cierta medida, mejora la existente hasta entonces, otorgando mayor peso a la cantidad de población. Las dos problemáticas indicadas demoran el desarrollo de la convención más allá de lo previsto por la ley de convocatoria, ante lo cual el cuerpo prorroga su mandato, sin recurrir a la Legislatura para que amplíe los plazos. Finalmente, se aprueban las reformas, que son sancionadas el 13 de agosto de 1921 y remitidas para su promulgación. Sin embargo, el gobernador Mosca el 27 de agosto decreta la invalidez de las mismas porque el cuerpo ha sesionado sin cumplir con los términos de 90 días establecidos por la ley de convocatoria, señalando que se enviará un nuevo proyecto de reforma a la Legislatura para su pronto tratamiento. La disputa de poderes se dirime finalmente en sede judicial, con un fallo del Tribunal Superior de Justicia que declara la invalidez de lo dispuesto por la convención por excederse en los plazos y desconociendo la hipotética facultad del cuerpo para extenderlos.
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