3. El modelo político nacional y provincial

JORGE RAÚL FERNÁNDEZ

A partir de la batalla de Pavón, y asumiendo Mitre la presidencia de la Nación, los liberales de Buenos Aires —integrados por la burguesía comercial y ganadera, comúnmente denominada oligarquía porteña— comenzarán a ejecutar el modelo de la República Liberal, tanto en el plano político como en el económico y el sociocultural, teniendo como socios minoritarios a la burguesía ganadera del litoral.

En lo político, y en la búsqueda de una democracia de minorías o elitista, perseguirán dos grandes objetivos. Por un lado, la consolidación del poder político logrado en Pavón, para lo cual adoptarán diversas medidas internas y externas, y por el otro, la construcción del Estado nacional.

Consolidación del poder político

Intervenciones provinciales

La medida se aplicará con aquellas provincias cuyos gobernadores no se subordinan a los intereses del grupo dominante en Buenos Aires, los cuales serán reemplazados por interventores que son adictos al núcleo liberal porteño y que se sujetan al gobierno nacional, los que contarán con el apoyo de los ejércitos de línea para garantizar su tarea.

Córdoba es intervenida en dos ocasiones y las provincias de Santa Fe, Catamarca, Corrientes, La Rioja y Mendoza en una ocasión. De las siete intervenciones federales, sólo una es por ley. Al decir del historiador David Rock, estos cambios de gobierno obedecen a la estrategia de Mitre de establecer núcleos en el interior que respondan al ideario liberal porteño, para luego otorgarles los gobiernos provinciales que las tropas nacionales conquistaban sin miramientos, generalmente a sangre y fuego. Estos hechos más la violencia fomentada desde Buenos Aires, son claramente reflejadas por Nicasio Oroño, gobernador de Santa Fe y senador nacional por la misma, cuando afirma que «entre 1862 y 1868 han ocurrido en las provincias 117 revoluciones y han muerto en 91 combates 4.728 ciudadanos».

Represión a los últimos caudillos del interior

Con los mismos, no se pretende conciliar o acordar sino que sobre ellos se realiza una guerra de exterminio, al amparo de órdenes o instrucciones dirigidas a los jefes militares por parte de autoridades del gobierno nacional y que reflejan el objetivo de una operación de limpieza, con frases tales como «todo esto no tiene condiciones de vida, prepárese a reemplazarlo» o «no trate de economizar sangre de gaucho. Esta es un abono útil para el país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos». Los mencionados caudillos expresarán a sus pueblos, especialmente en el noroeste argentino, durante la mayor parte de la década del 70 del siglo XIX.

Es comprensible que, ante ese plan de la oligarquía porteña, dueña del poder nacional desde Pavón, renaciera el caudillismo como réplica impetuosa de las masas del interior ante un modelo que los marginaba en lo social, no les respetaba las autonomías provinciales y destruía las artesanías locales con la competencia extranjera, sumiéndolas progresivamente en la pobreza. Y a ese contexto cabe agregarle la defección de Urquiza, con lo cual surgen en el interior nuevos liderazgos que, heroicamente, producirán numerosos levantamientos populares durante las presidencias de Mitre y Sarmiento. Entre ellos, cabe destacar a Vicente Chacho Peñaloza quien, primero en 1861 y luego en 1863, se levanta contra la política de Buenos Aires, llegando en el último caso a expandirse desde La Rioja hasta Catamarca, San Luis y Córdoba, para ser finalmente derrotado, perseguido y asesinado en Olta. Cabe mencionar también, en el noroeste argentino, a caudillos tales como Felipe Varela, Aurelio Zalazar, Santos Guayama y los hermanos Saa, que se rebelan contra las pretensiones hegemónicas de Buenos Aires, pero también expresan su repudio a la decisión de enfrentar y exterminar al pueblo paraguayo en la denominada Guerra de la Triple Alianza.

Surgen en el interior nuevos liderazgos que, heroicamente, producirán numerosos levantamientos populares durante las presidencias de Mitre y Sarmiento.

Mientras eso ocurría, Urquiza permanece pasivo en el litoral, sin responder a los requerimientos que llegan del interior, lo que ocurre, en parte, por su actitud personal luego de Pavón, pero también porque sus intereses son más coincidentes con los del puerto de Buenos Aires, atento a que la burguesía de dicha región también deseaba el libre cambio, la apertura de los ríos, el ingreso de capitales y manufacturas extranjeras y la inserción en el mercado mundial como país proveedor de materias primas. Esos y otros acontecimientos provocan la conspiración de López Jordán, jefe de las milicias de Entre Ríos, para derrocarlo, cuyos soldados terminan por asesinar a Urquiza, ante lo cual el gobierno nacional invade la provincia con un claro sentido de exterminio de las huestes populares.

Sistema electoral fraudulento

Pero lo fundamental será la implementación de un régimen electoral fraudulento, donde el oficialismo realizará el padrón electoral y controlará totalmente el lugar de votación y el escrutinio del comicio, en un sistema donde el voto es universal masculino, público o cantado y voluntario, y donde rige el sistema de lista completa, o sea, que el que gana se lleva todos los cargos en disputa. Como indicamos anteriormente, el ideal de una democracia restringida requería, para mantenerse, la existencia de un sistema electoral básicamente fraudulento que impidiera la libre expresión de la ciudadanía mediante el voto, por lo cual, tras una fachada representativa, se escondía un régimen electoral que a todas luces impedía la manifestación de la voluntad popular o la restringía ampliamente.

Dicho sistema electoral se basaba fundamentalmente en las características del voto que, si bien universal masculino, era público o cantado y voluntario. El ser público impedía que el votante expresara con claridad su voluntad ante una mesa electoral que controlaba el oficialismo, dada las consecuencias negativas que le podía acarrear votar en oposición al régimen dominante, en actos electorales que Joaquín V. González define como «verdaderas batallas», por el nivel de violencia que los caracterizaba. Debido a ello, y siendo el voto voluntario, el nivel de abstención era numeroso porque el grueso de los votantes entendía que las elecciones significaban una situación de alto riesgo más que la posibilidad de cambiar o ratificar un gobierno. A lo antedicho, se agrega el manejo por parte del oficialismo de los padrones electorales, hechos a medida del gobierno de turno y sin control de la justicia, como así también el vuelco de tales padrones cuando se estimaba que la elección podía ser contraria al oficialismo. A todo lo anterior, también cabe agregarle la vigencia del sistema de lista completa, donde el ganador se llevaba todos los cargos en disputa en el acto eleccionario, impidiendo en consecuencia la representación de las minorías. En consecuencia, si el oficialismo triunfaba en la casi totalidad de las elecciones por las razones antedichas, y si el triunfo implicaba la totalidad de los cargos en disputa, la minoría no existía en términos institucionales dado que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de lograr representación alguna, quedando todas las estructuras del Estado en manos del grupo gobernante.

En lo relativo al día del comicio, el mismo se caracterizaba por la existencia de una constante violencia contra los electores potencialmente opositores, convirtiéndose en cuestión clave el control de las mesas electorales, atento a que las autoridades de las mismas establecían el inicio y el fin del acto comicial, controlaban su desarrollo, realizaban el recuento de los votos y resguardaban las urnas. El acto eleccionario tenía lugar en las parroquias de cada lugar, siendo otro elemento central el control del espacio que las rodeaba, lo que incluía generalmente la plaza pública más cercana, los edificios adyacentes, las calles próximas y las azoteas cercanas, todo con la finalidad de tomar las mesas para ganar el comicio, con el agregado de elementos de intimidación como cascotes o cuchillos y revólveres. Las mesas eran presididas normalmente por el juez de paz que, al decir de Hilda Sabato, no solo impedía votar a los adversarios, sino que incluso «fabricaba un resultado» favorable al oficialismo más allá de la voluntad de los electores. En cuanto a la participación electoral, datos aportados por Marta Bonaudo, ubican en Buenos Aires un porcentaje que oscila entre el 3 y el 10 % de los sufragantes potenciales, incluyendo aquellas personas encerradas la noche previa para garantizar la concurrencia al comicio. Para terminar, Hilda Sabato destaca concretamente que el triunfo dependía de la maquinaria electoral que, cual un pequeño ejército, se dispusiera para la ocasión. Esa maquinaria operaba, en los días previos, en la constitución de las juntas empadronadoras para que manipularan el padrón, como en la designación de los integrantes de la mesa electoral e incluso en la determinación de las fuerzas de seguridad para custodiar las elecciones, lo que se perfeccionaba el día del comicio con toda la coacción y todas las trampas que fueran necesarias para asegurar la victoria. La autora citada destaca la distancia existente entre los parámetros liberales de la Constitución Nacional y las prácticas electorales viciadas y corruptas, diseñadas para mantener al pueblo lejos de las urnas, limitándose el derecho del voto casi como si hubiera restricciones legales a su ejercicio.

La minoría no existía en términos institucionales dado que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de lograr representación alguna, quedando todas las estructuras del Estado en manos del grupo gobernante.

La intervención en la Guerra de la Triple Alianza

Estas acciones se completarán con la participación de la Argentina en la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 1870, donde nuestro gobierno con los de Uruguay y Brasil, con el apoyo de Inglaterra, enfrentan al Paraguay con la finalidad demostrada de aniquilar la experiencia industrialista y proteccionista desarrollada exitosamente en los años previos en ese país. Es el mayor conflicto bélico de nuestro país, fue rotundamente resistido e impopular en el interior argentino, los ejércitos de la Triple Alianza aniquilaron la resistencia paraguaya y exterminaron prácticamente a toda su población masculina.

La guerra obedeció a variadas causas, tales como las apetencias imperialistas de Brasil en la búsqueda de consolidar su influencia en la Cuenca del Plata; la subordinación del grupo gobernante argentino a dicha política imperial y el intento de evitar la posible alianza de los caudillos del interior nacional con los blancos uruguayos y el gobierno paraguayo; o la presión inglesa para acceder al mercado del Paraguay con sus productos industriales y sus capitales llevándose a cambio el algodón de dicho país, materia prima limitada desde que —como consecuencia de la Guerra de Secesión norteamericana— quedaran devastadas las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que la cuestión o causa fundamental estuvo dada por el peligro que significaba para el proyecto liberal vigente el modelo de desarrollo autónomo e industrializado que por entonces implementaba el Paraguay. En las décadas previas al conflicto, el gobierno de este país había formulado una política económica de protección a la actividad industrial y agrícola–ganadera, con exportaciones que eran monopolizadas por el Estado, lo que redundaba en una balanza comercial favorable pero todo ello se complementaba con un interesante progreso técnico que incluye la construcción de astilleros, la creación de una flota mercante, el establecimiento de una línea ferroviaria o el inicio de la construcción de una fundición de hierro, por un lado, y un sistema educativo abarcativo e integrador en vías de erradicar el analfabetismo y la presencia de centros culturales de excelencia académica como los existentes en Asunción y Villarrica.

La guerra obedeció a variadas causas, la fundamental estuvo dada por el peligro que significaba para el proyecto liberal vigente el modelo de desarrollo autónomo e industrializado que por entonces implementaba el Paraguay.

Es por todo ello que historiadores como Floria y García Belsunce definen al Paraguay de entonces como «un capitalismo de Estado inédito en el siglo XIX» que se presentaba en el mundo como una «verdadera potencia mediterránea, libre de presiones del capital financiero internacional» y con una economía autosuficiente. Para terminar este tema, y en relación a la posición argentina sobre el mismo, nada mejor que citar las expresiones de Juan Bautista Alberdi del 27 de noviembre de 1864, vertidas en una carta a un diplomático paraguayo. Decía Alberdi sobre la postura de nuestro país:

«En esta república no sólo hay dos partidos, sino más bien dos países, dos causas públicas, dos patrias y dos patriotismos por decirlo así. Un interés profundo los divide y hace antagonistas y ese mismo interés sin cambiarlo, es el que hace aliado nato del Paraguay a todo el país argentino situado al norte de Martín García y aliado natural del Brasil a la otra porción del país».

Grupos políticos

En esos años que van hasta 1880, en los grupos políticos —coincidentes en cuanto al modelo de la República Liberal— se puede distinguir los liberales de Buenos Aires, con Mitre como principal exponente, y los liberales del litoral —también llamados los federales—, con Urquiza como jefe político. Los primeros se van a dividir como consecuencia de la conveniencia o no de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en la capital de la República Argentina, quedando por un lado los mitristas o nacionalistas y los autonomistas o alsinistas por otro, bajo los liderazgos de Mitre y Adolfo Alsina, respectivamente. Al morir Urquiza en 1870, se desarma el denominado partido federal o liberal del litoral que va a ser reagrupado por Avellaneda años más tarde conformando, sobre la base de la Liga de los Gobernadores, el Partido Nacional. Finalmente, a partir de 1874, la paulatina fusión de este último agrupamiento con el autonomismo dará lugar al denominado Partido Autonomista Nacional, PAN, que con escasas variantes gobernará la Argentina hasta la llegada del Radicalismo en 1916.

Organización del Estado Nacional

El segundo objetivo, la organización del Estado Nacional —incorporado como actor central en la Constitución de 1853 y de muy precaria existencia hasta Pavón— se va a desarrollar desde 1861 a 1880, durante las denominadas presidencias históricas (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) o período de la organización nacional. Entre los hitos fundamentales de dicha construcción podemos mencionar la creación de Corte Suprema de Justicia de la Nación; el dictado de los Códigos Civil y Comercial, así como la creación de las comisiones redactoras de los de Minería y Penal; el establecimiento de una moneda única; la formación de un ejército nacional; la implementación de un sistema de recaudación de impuestos y un régimen educativo nacional; la elección de un territorio para capital de la República, problema que dividió a la clase gobernante, entre otros. Esta organización del Estado Nacional redefinió totalmente las relaciones existentes con los Estados provinciales, por un lado, y con la sociedad civil, por el otro. En términos de Oscar Oslak, el desorden existente en la época previa y sus manifestaciones diversas —caos jurídico, enfrentamientos armados, precariedad institucional, imprevisibilidad de las transacciones— «expresaban precisamente la inexistencia de una instancia articuladora de la sociedad civil que, en las nuevas condiciones históricas, sólo podía estar encarnada en el Estado».

El proceso antedicho es iniciado por Mitre cuando convoca a los juristas más capaces del país, encabezados por Vélez Sarsfield, para que produzcan una revolución institucional creando un sistema jurídico nuevo, una burocracia estatal y un sistema fiscal nacional, realizándose sobre la base de la ideología del grupo dominante.

En particular, podemos señalar en primer lugar la creación del Poder Judicial de la Nación en 1862, con una Corte Suprema de Justicia y juzgados nacionales. La Corte debía componerse de cinco miembros y un procurador general, los cuales fueron designados el 18 de octubre, pero asumieron un año más tarde.

Esa tarea de establecer las bases del ordenamiento jurídico nacional se completa con la sanción de los códigos nacionales. Ello suponía reemplazar el viejo derecho hispánico que se encontraba vigente en la mayoría de las provincias y tenía como finalidad central dar estabilidad a las relaciones jurídicas y ofrecer garantías a los extranjeros. En ese sentido, en 1863 se sanciona el Código de Comercio, adaptándose como tal el de la provincia de Buenos Aires, vigente desde 1859 y elaborado por Acevedo y Vélez Sarsfield. En cuanto al Código Civil, se encarga su redacción al citado Vélez Sarsfield, siendo aprobado el proyecto el 25 de septiembre de 1869 pero entrando en vigencia el 1° de enero de 1871. Igualmente, por ley del 6 de junio de 1863, se autoriza también al Poder Ejecutivo a designar las comisiones redactoras de los códigos penal y de minería. En esta normativa jurídica queda claramente reflejada la concepción filosófica liberal, con su reconocimiento prácticamente ilimitado de los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.

Otra cuestión a destacar es la formación de un Ejército Nacional durante la presidencia de Mitre, mediante un decreto que conforma una fuerza militar permanente de 6.000 hombres, con la función principal de sofocar los levantamientos del interior. Años después, en 1872, se crea por ley un ejército de línea, formado por alistamientos voluntarios, enganchados y contingentes suministrados por las provincias. A estas últimas, también por ley nacional, se les prohíbe formar cuerpos militares, aunque conservan la facultad de organizar las guardias nacionales y nombrar a sus oficiales, facultad que le es suprimida recién en 1915. Cabe señalar también la constitución de una incipiente fuerza naval, integrada inicialmente por tres navíos, así como la creación del Colegio Militar en 1869 y otras instituciones de formación.

Además se lleva a cabo la organización de los territorios nacionales, establecida mediante ley de octubre de 1862, que declaraba nacionales a todos los territorios existentes fuera de los límites provinciales y permitía al Poder Ejecutivo determinar el modo de enajenar los mismos.

La sanción de la ley de acefalía en 1868, la reforma constitucional de 1866 que nacionaliza los derechos de exportación, la solución de la cuestión de la capital de la República en 1880, la ley de inmigración y colonización n° 817, la organización y expansión del sistema educativo nacional, la solución del llamado problema del indio mediante la denominada Campaña del Desierto, la realización del primer censo nacional en 1869, la creación de un sistema postal y del servicio meteorológico nacional, son también acciones desarrolladas también en el proceso de organización del Estado nacional.

Otras medidas que podemos mencionar son las destinadas a la organización de la hacienda pública, mediante la creación de un ministerio específico, el establecimiento de una oficina nacional de aduanas, la supresión de las aduanas interiores y la creación del Banco Nacional, donde el gobierno era el principal accionista, aunque no se logró suprimir totalmente las monedas provinciales.

Roca, la Liga de gobernadores y la consolidación del orden conservador

En 1880, con la llegada del General Julio Roca a la presidencia de la Nación, y con los cimientos de la República Liberal solidificados y superados los obstáculos considerados —el desierto, el indio, el gaucho, la barbarie—, se amplía la alianza gobernante, mediante la incorporación de las nuevas oligarquías o burguesías del interior, expresadas en la Liga de los Gobernadores, pero también del Ejército y de los representantes de los capitales extranjeros. Es el orden conservador en su pleno apogeo, que tiene a Roca como figura preponderante. Es la hora de los jóvenes de la Generación del 80 y su ideología marcadamente europeizante y positivista. Es el tiempo, desde este orden conservador, de modificar la normativa jurídica existente para adaptarla al progreso que significa la oleada de inmigrantes y de allí el dictado de las leyes laicas; es la hora de la paz dado que se han eliminado los conflictos antedichos, pero también de la primacía de la administración, ya que se han generado las condiciones institucionales para que la economía funcione a pleno sin intervención estatal.

Es el tiempo, desde este orden conservador, de modificar la normativa jurídica existente para adaptarla al «progreso» que significa la oleada de inmigrantes y de allí el dictado de las leyes laicas.

Al decir de Oscar Oszlak, en el 80 se conjugan tres tendencias que van a otorgar un perfil definido a la Argentina. En primer lugar, se termina de sellar un pacto de dominación, denominado orden conservador, que permitirá asegurar el control de la sucesión presidencial y eliminar las divergencias en el seno del grupo gobernante. En segundo término, se termina de consolidar un orden neocolonial en lo económico. Y, por último, se manifiesta claramente el carácter aluvial de la sociedad nacional.

Por su parte, Natalio Botana afirma que en el 80 se concreta un orden político que refleja la fórmula alberdiana, dado que entre esa fecha y 1910 es dable observar la existencia de un grupo dirigencial conservador en lo político pero que, por otro lado, es liberal y progresista ante una sociedad en movimiento. Agrega además que se consolida una hegemonía gubernamental donde los electores serán en realidad «los gobernantes y no los gobernados» y donde los únicos que podrán participar en las funciones públicas serían los habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio.

En términos generales, los historiadores afirman que en 1880 se cerró la etapa de la creación de las condiciones necesarias para la realización del modelo de la República Liberal, ante lo cual los hombres del 80 pudieron otorgar amplias libertades al sector privado, haciendo realidad la idea del Estado gendarme, al propio tiempo que —imbuidos del ideario liberal del progreso indefinido— adhirieron totalmente al positivismo y cuestionaron la religión tradicional intentando suplantarla por una moral natural. En particular, Rapoport manifiesta que los mismos practicaron «la prosa económica liberal» con una onda positivista y con la riqueza como meta o ideal, calificándolos de liberales en lo económico, reaccionarios en lo político y progresistas en lo cultural, indicando que provenían de familias tradicionales, en general eran estancieros y pertenecían a selectos clubes, siendo en la práctica una oligarquía que se enriquecía y disponía a su antojo del poder político concentrado.

En cuanto a la llamada Generación del 80, se trata de un grupo de jóvenes de la élite dirigencial que van a acompañar a Roca y luego a Juárez Celman, asiduos viajeros a Europa y especialmente a París, mayoritariamente abogados, aunque también hombres de letras, entre los que cabe destacar a Miguel Cané, Eduardo Wilde y Lucio V. López. Este grupo resumió el liberalismo decimonónico con el positivismo de Comte y visualizó a la Argentina como marchando inexorablemente hacia un progreso continuo mediante un camino que —iniciado por los constituyentes del 53— ellos estaban llamados a consolidar. En dicho camino, su programa consistía en libertad económica para que termináramos de convertirnos en el granero del mundo, control político de las minorías ilustradas dejando de lado los conflictos entre ellas, y la europeización cultural mediante el sistema educativo. Sobre la Generación del 80, Alejandro Korn, en su obra El pensamiento argentino, afirma que se caracterizó por una absolutización del pensamiento liberal, en tono positivista, con el agregado del desprecio por la tradición nacional, la indiferencia religiosa y la admiración por lo extranjero. Este autor es coincidente también con quienes afirman que los mismos dejaron de lado el liberalismo romántico e idealista de sus antecesores para transformarlos en un liberalismo pragmático, positivista y sectario que subordinó todo a lo económico, cuestión que expresan en duros términos Sabsay y Casablanca cuando afirman que no tenían experiencia de lucha como sus antecesores y su arribo al poder se había producido casi sin esfuerzo y seguro, sin heroísmo, razón por la cual consideraban que naturalmente les correspondía el ejercicio del gobierno, todo lo cual los alejó de las austeras costumbres tradicionales y los llevó a transitar por senderos que confundían los intereses particulares con los del Estado o la Nación.

En cuanto a la conformación del sistema político, y recordando que el mismo tiene su fundamento en la idea de una democracia restringida pensada por Alberdi y los constituyentes del 53 y que se comienza a construir a partir del triunfo de Mitre en Pavón, se consolida con el acceso de Roca a la presidencia de la Nación, especialmente por la presencia de la denominada Liga de Gobernadores. La Liga nace antes del 80 como una especie de pacto no escrito, donde los gobernadores del interior se reservan el papel de únicos electores en sus respectivos distritos, pero se consolida con Roca, dado que se incorpora a la estructura del poder nacional y refleja la unión entre la élite porteña y las nuevas oligarquías provinciales. No podemos dejar de mencionar que esta alianza de los notables y esta política del acuerdo, seguía requiriendo para mantenerse la continuidad de un sistema electoral fraudulento. Por último, son significativas las expresiones del historiador Alan Rouquie al expresar que la oligarquía trata de manejar el país como una gran estancia que debe producir al menor costo posible y lograr al mismo tiempo el mayor beneficio para sus accionistas, para lo cual es conveniente eliminar toda competencia por el poder, dado que estiman que la discusión ideológica y el debate político debilitan el esfuerzo productivo, afirmando que para que ello ocurra estiman como prioritario mantener en sus manos los resortes del Estado pero también se requiere de la alianza de los notables, o sea, el acuerdo de las élites económicas y sociales con proyección política, la cual se manifiesta mediante la política del acuerdo en la elección de los gobernantes.

En relación a las leyes laicas, dictadas durante la década del 80, están referidas al sistema educativo, la registración de las personas y el matrimonio civil. Están basadas en el laicismo como ideología, por entonces predominante en la cultura francesa como en la italiana, y expresaba claramente una postura anticlerical. La experiencia francesa había comenzado a fines de la década del 70 y se caracterizaba por una laicización creciente, la separación de la Iglesia del Estado, y el enfrentamiento de la burguesía dominante con el catolicismo, al que caracterizaba como un resabio del antiguo régimen. Su correlato en Italia era la corriente denominada risorgimiento italiano. En la Argentina van a sostener dichas posiciones los jóvenes de la Generación del 80, entre los cuales se destacan Miguel Cané y Wilde. El primero afirmaba en su obra Juvenilia que eran ateos en lo filosófico y manifestaba su indiferencia frente a las prácticas religiosas, mientras el segundo sostenía que la religión debía quedar reducida al papel de mera conveniencia de los menos ilustrados.

VOCABULARIO

Laicismo

Ideología que busca la separación de la religión y el Estado, rechazando la influencia de la primera en el segundo. El laicismo será sostenido por los jóvenes de la Generación del 80 y aplicado como política pública por los presidentes Roca y Juárez Celman. Previo a ello, en Santa Fe, el gobernador Oroño dictó leyes laicas.

Second Tab

En particular, la primera de las citadas normas jurídicas es la ley 1420, referida al sistema educativo. La misma, rigiendo solamente para la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales, fijó los lineamientos básicos para la educación elemental o primaria, estableciendo la obligatoriedad, gratuidad y gradualidad de la misma, así como la neutralidad en materia religiosa, consagrando el principio del Estado educador y creando un Consejo General de Educación como dirección superior del este sistema. Precedida por un amplio debate en el Congreso Pedagógico Nacional, el punto más conflictivo de la ley estuvo dado en la laicidad de la enseñanza, dado que a partir de la misma la educación religiosa se eliminó de los contenidos curriculares oficiales y sólo podía administrarse en las escuelas públicas fuera de los horarios de clase y por parte de los ministros de los diferentes cultos. Su influencia se trasladó rápidamente a las provincias, las cuales adaptaron la legislación a esta normativa.

La oligarquía trata de manejar el país como una gran estancia que debe producir al menor costo posible y lograr al mismo tiempo el mayor beneficio para sus accionistas, para lo cual es conveniente eliminar toda competencia por el poder.

Luego se sancionó la ley n° 1565, que crea el Registro Civil para la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales, estableciendo que todo lo relativo al estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, debe registrarse en una oficina pública denominada Registro Civil, con lo cual la Iglesia Católica perdía la exclusividad en el control de dichos actos. Las provincias fueron dictando progresivamente leyes similares para sus respectivas jurisdicciones.

Por último, en 1888, se sanciona la ley de matrimonio civil, la cual queda incorporada al Código Civil y que establece que la validez del matrimonio sólo podía ser otorgada por un funcionario del Registro Civil, quitando dicha potestad a la Iglesia Católica que la venía ejerciendo hasta entonces y convirtiendo, en consecuencia, la ceremonia religiosa de obligatoria en optativa para los contrayentes. Estas leyes laicas provocaron la reacción del pensamiento católico y conflictos entre el poder político y las autoridades eclesiásticas, lo que determinó la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos y la expulsión del Nuncio Apostólico, monseñor Mattera.

Sin embargo, las disputas internas dentro del oficialismo entre Roca y su sucesor Juárez Celman, más la crisis económica del 89/90, demostrarán las debilidades del modelo y servirán de sustento para que surja en el plano de lo político una alternativa superadora de lo existente, o sea, el nacimiento de la Unión Cívica primero y la Unión Cívica Radical después.

Al terminar el mandato de Roca en 1886, el sistema político parecía funcionar adecuadamente al haberse ampliado la alianza gobernante y asegurado el mecanismo de la sucesión presidencial. En ese marco, asume la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional el doctor Miguel Juárez Celman, concuñado de Roca y exgobernador de la provincia de Córdoba, con todos los factores de poder existentes convalidando su postulación y elección, sin lucha o división en el seno de la élite dirigencial. Sin embargo, a poco de iniciar su mandato y probablemente cegado por la obsecuencia de los jóvenes de la generación del 80 que lo rodean, el nuevo presidente comienza a distanciarse de Roca, se apodera del control del partido oficialista, el PAN, y se autoproclama como jefe único de dicha fuerza política, montando un sistema marcadamente concentrado y autoritario, calificado por los opositores como unicato o gobierno de un solo hombre. En la práctica, Juárez Celman intentaba subordinar todas las estructuras estatales a la persona del presidente, incluyendo a los poderes legislativo y judicial pero también a las provincias y municipios, por un lado, y convertir al Partido Autonomista Nacional, PAN, en la única representación política de la sociedad.

Pero a esa fisura o crisis en el seno del oficialismo cuando todo parecía ordenado, cabe agregarle la situación económica que se registra en 1889/90. Si bien en la década del 80 los resultados del modelo económico parecían altamente positivos, la balanza comercial indicaba déficit preocupante proveniente, en particular, del comercio con Inglaterra, situación que se incrementa en 1888 y se agrava considerablemente un año más tarde. La Argentina ingresaba así a una crisis sin precedentes en su breve historia como nación independiente, como resultado del modelo económico que se venía implementando donde se contraían deudas para pagar préstamos originados en el déficit del comercio exterior, con el agregado ahora de que no se podían abonar ni los intereses anuales de las obligaciones acumuladas. Este proceso interno se complica considerablemente al combinarse con una crisis económica de los países centrales, la que afectó principalmente a Alemania e Inglaterra. En particular, la de este último país afectó a la industria lanera, lo que conllevó a una disminución de la demanda de nuestros productos y la consiguiente reducción de los ingresos por exportaciones. El resultado se tradujo en la suspensión de los créditos externos, lo que agravó considerablemente la situación interna antedicha. Oscar Oszlak manifiesta que en los últimos años de la década del 80 se registra un período de inusitada expansión y de eufórico optimismo, marco en el cual los compromisos adquiridos por el gobierno como prestatario, constructor y garante de obras y servicios públicos, alcanzaron magnitudes que no tenían correspondencia con su capacidad de extracción de recursos genuinos, por lo cual necesitan indefectiblemente la continuidad del flujo de capitales y de préstamos externos, dado que además, y desde 1866, la balanza comercial venía reflejando un déficit creciente.

Como luego veremos, la explosiva situación económica, la fractura en el grupo dominante y sospechas de inmoralidad administrativa de integrantes del gobierno, provocan o facilitan la denominada Revolución del 90, la cual no logra triunfar pero termina provocando la renuncia del presidente Juárez Celman y la asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini, quien logra recomponer la crítica situación, adjudicándole todos los errores al primeramente mencionado, sin realizar ninguna autocrítica o análisis sobre la responsabilidad que en la misma cabría otorgarle al modelo económico imperante.

El modelo político en Santa Fe

En el marco de la situación que hemos descripto, la política santafesina se corresponde por esos años con lo que ocurre en el orden nacional, aunque con particularidades que detallaremos. En tal sentido, las élites locales pretenderán conservar y consolidar el poder que ostentan desde el triunfo de Urquiza en la batalla de Caseros y/o desde el predominio porteño luego de Pavón, pero al propio tiempo buscarán reformular las estructuras estatales para adaptarla a las normativas establecidas en la Constitución Nacional de 1853 aunque también a las nuevas realidades socio–económicas que surgen a partir de la implementación del modelo de la República Liberal.

Sectores políticos

Los grupos dirigenciales compartirán totalmente el ideario planteado en la Constitución de 1853 y plasmado en el modelo de la República Liberal. No serán las cuestiones ideológicas las que predominarán o les pondrán el sello a las construcciones políticas, sino que las mismas se organizarán en términos personales y familiares predominantemente. De allí que algunos historiadores hablen de familias gobierno, donde los parientes serán parte de la estructura política muchas veces en la tarea de buscar, ampliar o consolidar apoyos o desempeñar tareas públicas en los diversos poderes del Estado provincial. En ese marco, las luchas y enfrentamientos tendrán lugar mayoritariamente porque el gobierno de un grupo significaba el desplazamiento del otro o por los alineamientos nacionales, y muy escasamente por cuestiones ideológicas o políticas públicas concretas.

Las élites santafesinas se expresarán políticamente a partir de agrupamientos, denominados por algunos partidos de notables, que se referenciaban en una persona, una familia o un grupo de ellas, y que no eran partidos en el sentido estricto de la palabra, adoptando la denominación de club, lugar donde mediante la negociación o la violencia se dirimían las candidaturas en lo interno de cada uno de ellos, mientras la contienda electoral se resolvía en el marco de un sistema marcadamente fraudulento y con presión o violencia sobre los votantes, y donde la lógica imperante era cooptar a los otros y neutralizar al adversario. Es decir, que el club era el dispositivo mediante el cual se organizaban las élites políticas locales en esa segunda mitad del siglo XIX, élites constituidas fundamentalmente por personas que tenían o podían exhibir un capital social que, a su vez, les permitiera contar con las relaciones y los recursos para sostener una candidatura. Terratenientes, grandes comerciantes o profesionales prestigiosos integraban las mismas y, en principio, no se relacionaban directamente con el pueblo como lo habían hecho los viejos caudillos federales de la etapa previa a Caseros y Pavón, sino que lo hacían a través de jefes rurales que les respondían. En el interior de esas élites, como ocurre en el orden nacional, predominan las prácticas de reuniones reducidas para el intercambio de opiniones y la toma de decisiones, lo que lleva a que se las califique a esas modalidades como continuidad de la cultura del salón, dado que reproducen las relaciones y los códigos sociales vigentes entre las mencionadas élites. En síntesis, organizaciones que, en el marco de la ideología liberal predominante, se constituyeron para dirimir espacios de poder en torno a una o pocas personalidades o familias influyentes, pero intentando restringir los niveles de participación o representación política.

El «club» era el dispositivo mediante el cual se organizaban las élites políticas locales en esa segunda mitad del siglo XIX, élites constituidas por personas que podían exhibir un capital social que les permitiera contar con las relaciones y los recursos para sostener una candidatura.

Como hemos dicho, los dirigentes políticos no se relacionaban directamente con sus pueblos como los viejos federales sino que lo hacían mediante caudillos rurales que controlaban las estructuras estatales departamentales o locales. Esa relación era necesaria dado que, más allá de las prácticas fraudulentas y de las políticas tendientes a limitar la participación popular, se necesitaba garantizar ciertos niveles de adhesión, tanto para los actos electorales como para las revueltas o revoluciones cívico–militares. En ese camino, resultó fundamental la presencia de los caudillos rurales que, como menciona Ezequiel Gallo, logran adhesiones utilizando un aceitado mecanismo de contraprestaciones, no siempre legales, práctica habitual en la Argentina de entonces y donde el autonomismo santafesino logró cimentar parte de su éxito. Explicita el citado autor que los mismos ocuparon cargos vitales en la administración de sus territorios, algunos como jefes políticos departamentales y la mayoría como jueces de paz, máxima autoridad de cada distrito, aunque otros se mantuvieron fuera del aparato estatal y designaron en esas funciones a sus más fieles o importantes seguidores. Provenientes de distintos sectores sociales de Santa Fe, donde predominaban integrantes de las viejas milicias provinciales, consolidaron poder en las zonas rurales, lo que les otorgó un margen importante de autonomía y un poder de negociación que resultó gravitante en el orden provincial pero que les sirvió también a algunos para relacionarse directamente con figuras nacionales, lo cual lleva a señalar a Gallo que «la figura del caudillo era, en consecuencia, clave para el funcionamiento del sistema político provincial; de ahí que el gobierno se viera obligado, por lo tanto, a darle un campo de acción bastante amplio en su propio distrito», especialmente cuando, con el paso del tiempo, los mismos comprendieron el valor de los votos que conquistaban en sus respectivas zonas de influencia o de los hombres que movilizaban cuando se producían conatos revolucionarios, a lo que cabe agregar que estos últimos también entendieron su importancia y empezaron a plantear mayores exigencias por sus aportes.

En nuestra provincia, los clubes más importantes fueron el Club de la Libertad, también denominado Partido Liberal, y el Club del Pueblo. El primero tuvo como principales referentes a Nicasio Oroño y a los integrantes de la familia Cullen, se alineaban nacionalmente con Mitre y habían sido manifiestamente antirrosistas, ejerciendo el gobierno en Santa Fe hasta 1868, ocasión en que, revolución mediante, son desalojados del poder por los integrantes del Club del Pueblo, de tradición federal, cercanos a Urquiza y ligados al autonomismo alsinista en la década del 60 y luego al Partido Autonomista Nacional, y cuya figura principal será Simón de Iriondo, un santafesino de importante protagonismo en el poder nacional de esos años. A partir de 1868 y hasta el ascenso de la Unión Cívica Radical en 1912, el Club del Pueblo —en sus distintas facciones y rebautizada después como Partido Autonomista— va a hegemonizar la política santafesina, siendo fundamental para ello su alianza estratégica en el ámbito nacional con el partido gobernante (PAN). En cuanto al Club de la Libertad, comienza a declinar su fuerza después de 1868, en parte por la pérdida de poder de Mitre en el orden nacional, lo que se incrementa con la muerte de su figura más importante, Nicasio Oroño.

Analizando el grupo político predominante en la mayor parte de estos años, o sea, el Club del Pueblo tenemos que distinguir una primera etapa a partir de 1868, donde se destaca la figura excluyente de Simón de Iriondo, el notable a partir del cual se organiza dicha fuerza política, dos veces gobernador de la provincia, con aceitadas relaciones sucesivamente con Adolfo Alsina, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, articulador de la Liga de Gobernadores, ministro del Interior en el poder ejecutivo nacional y hombre fuerte del Partido Autonomista Nacional. Calificado por Alberdi como el «Lord Byron de la política santafesina» y por Nicasio Oroño como «caudillo de frac y levita», su fallecimiento a temprana edad, a los 47 años, en 1883, cuando se desempeñaba como senador nacional, significó una crisis en el poder político de la provincia pese a que el gobernador Manuel Zavalla y el vicegobernador Cándido Pujato intentaron durante sus mandatos (1882–1886) mantener la cohesión en el grupo gobernante. A la era iriondista, así denominada por el historiador Juan Álvarez, le sucede la primacía galvista, a partir de la asunción como gobernador en 1886 del doctor José Gálvez, cuya influencia, en la provincia primero y luego en la nación, perdurará hasta finales del siglo XIX, aunque no con el carácter hegemónico de Iriondo. Sobre el particular, Miguel Angel De Marco (hijo) sostiene que pasamos del «iriondismo hegemónico, todopoderoso, monopolizador de funciones políticas, con una estructura militar independiente de la Nación, consciente de su peso y autonomía con respecto al gobierno central... a un galvismo que no pudo alcanzar el control total, teniendo que gobernar con el iriondismo. El sostén real del galvismo fue el juarismo y el roquismo, a pesar de la inestabilidad del poder central entre 1890 y 1893». El citado autor sostiene además que Cafferata no logró consolidar un círculo propio, ya que su gobierno está integrado por políticos independientes, pero dentro de una primacía del galvismo propiamente dicho. En cambio, al referirse al gobierno de Luciano Leiva afirma el autor que tuvo su propio círculo, aunque «con menos elementos de acción política y administrativa que el iriondismo y el galvismo. Nació gracias al coherente y continuo respaldo, sin ningún tipo de ocultamientos, por parte del poder central y los hombres pilares del régimen como Roca y Pellegrini. En el orden de la administración provincial, el leivismo fue sinónimo de oficialismo nacional antes que de adhesión a la figura del gobernador, participando en él galvistas, iriondistas y liberales».

La hegemonía del Club del Pueblo o partido autonomista va a intentar ser quebrada mediante revueltas armadas, como las de 1871, 1877 y 1878, ninguna de las cuales alcanza el éxito, pero también por la vía electoral, para lo cual en 1883 nace el Partido Constitucional, vinculado familiarmente con quienes habían sido dirigentes del Club de la Libertad, con una plataforma que contenía la exigencia del sufragio libre y los reclamos de los colonos en cuanto a autonomía municipal y voto extranjero. Pese a incorporar a ciertos sectores de la ascendente burguesía del sur provincial y a colonos del centro oeste santafesino, no logró peso electoral y rápidamente se fue diluyendo como organización partidaria, pero algunas de sus figuras principales integraron el gobierno, décadas más tarde, en la gestión de Ignacio Crespo (1910–1912).

Regímenes electorales

En lo referente al sistema electoral, tiene características similares al del orden nacional, por lo cual, sin ningún lugar a dudas, debe ser caracterizado como fraudulento y enmarcado en una lógica de democracia de minoría o restrictiva. Entre sus características principales podemos mencionar:+

a) Control del registro cívico por parte del oficialismo, lo que implicaba que muchas veces los propios figuraran en varias mesas, lo que se conoce como voto múltiple, y que los supuestos opositores tuvieran dificultades para inscribirse o no lo pudieran hacer o que fueran registrados en lugares diferentes a los lugares donde residían.

b) Las mesas electorales eran presididas por el juez de paz, personaje clave en el engranaje electoral del oficialismo, aunque también la integraban otros miembros del gobierno de turno y ciudadanos comunes.

c) El voto era público o cantado, lo que implicaba una potencial coacción para el sufragante, pero además no era obligatorio sino voluntario.

d) Predominaba el sistema de lista completa, donde el ganador se llevaba todos los cargos en disputa en la contienda electoral, lo que implicaba que la oposición no sólo no podía triunfar sino que tampoco obtenía representación como minoría.

e) Si bien las cuestiones controversiales se resolvían en cada mesa electoral y mayoritariamente en favor del oficialismo, la convalidación final del escrutinio la realizaba la legislatura provincial, también en manos del grupo gobernante.

f) Las fuerzas policiales provinciales y la denominada Guardia Nacional custodiaban el lugar de votación, que generalmente eran parroquias, actuando en todos los casos en favor del partido gobernante. En cuanto al derecho electoral, estaba reservado a los varones nativos a partir de determinada edad, cuestión que se modifica en cada legislación que se dicta sobre el particular, aunque oscila entre los 17 y los 21 años. Cabe aclarar que la ley de municipalidades de 1871, cuya entrada en vigencia tiene lugar en marzo del siguiente año, le reconoció el derecho electoral a los extranjeros varones mayores de 17 años y que pagaran impuestos, aunque exclusivamente para la elección en municipalidades y comunas, derecho que será suprimido en años posteriores. En síntesis, en el marco de un sistema electoral fraudulento y con un sistema de lista completa, a la oposición prácticamente sólo le quedaba la vía de la revolución para llegar al poder, salvo en aquellas contadas ocasiones y especiales lugares donde podía juntar un numero considerable de adherentes para resistir las maniobras del oficialismo provincial.

Particularidades ideológicas de los sectores dominantes

Si bien los ideales de los constituyentes del 53 fueron rápidamente adoptados por la élite dirigencial santafesina, se dio en la provincia una particular mixtura entre el lenguaje del progreso y la civilización de la República Liberal con la reivindicación de la tradición hispánica y el culto católico, especialmente en el sector liderado por Iriondo, quien en 1878 afirma que «todo el sistema de nuestras instituciones y el orden moral económico y social que ellas establece, descansa sobre la triple base de la libertad, la religión y la educación popular».

Se dio en la provincia una particular mixtura entre el lenguaje del progreso y la civilización de la República Liberal con la reivindicación de la tradición hispánica y el culto católico, especialmente en el sector liderado por Iriondo.

Un caso emblemático y contradictorio con lo anterior es el de Nicasio Oroño que, como gobernador, hace sancionar leyes de avanzada para la época como la de instrucción primaria obligatoria o la de cementerios públicos o envía mensajes como el relativo al matrimonio civil, que despertará la protesta de la Iglesia Católica y una insurrección que —dirigida por Simón de Iriondo al grito de «mueran los masones»— acabará con su gobierno. La ley de matrimonio civil dictada durante la gobernación de Oroño, por iniciativa del mismo, generó el rechazo público por parte del obispo de Paraná, monseñor José María Gelabert y Crespo, quien manifestó oficialmente que el titular del poder ejecutivo santafesino había cometido un delito pasible de la pena de excomunión, sanción que se debía hacer extensiva a los legisladores que votaron la mencionada ley. Ante ello, el gobernador declara que la pastoral atentaba contra el orden público y que se debían remitir las actuaciones a la justicia federal, decreto del 1º de octubre de 1867, al propio tiempo que solicita opinión sobre el particular a la presidencia de la Nación. El gobierno argentino remite la cuestión al jurista Vélez Sarfield, quien se expide señalando que la ley de matrimonio civil santafesina es «un golpe a las costumbres, a la moral, a la religión de los habitantes de la provincia», sentando el criterio que luego se expresará en el Código Civil en el sentido de que la institución matrimonial tiene características de sacramento cristiano.

En ese contexto se producen diversos movimientos destituyentes, tales como los amotinamientos de los tenientes Espíndola y Manzanares o una sublevación donde aparecen Simón de Iriondo y el diputado provincial José Rodríguez. Finalmente, a fines de 1867, el coronel Patricio Rodríguez avanza sobre Rosario, contando con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas militares provinciales, mientras es cercada la ciudad de Santa Fe. Oroño delega el mando en José María Cullen y se traslada a Rosario para intentar resistir al mismo tiempo que intenta sesionar con una parte de la legislatura. Pero el 9 de enero de 1868, conducidos por Simón de Iriondo, numerosos pobladores de la ciudad de Santa Fe, se rebelan al grito de «mueran los masones», ante lo cual se produce la acefalía del poder ejecutivo y la asunción provisoria del titular del poder judicial, lo que conlleva a la inmediata intervención de la provincia. Días más tarde, se produce el fin del mandato gubernamental de Nicasio Oroño, designando la legislatura como gobernador provisorio a Camilo Aldao, quien rápidamente convoca a elecciones, pero el acto comicial será controlado por el presidente de la cámara de justicia, quien asume como interventor. El triunfo de los opositores en dichas elecciones termina con la hegemonía de Oroño y de sus seguidores, iniciándose la primacía del Club del Pueblo y la hegemonía política de Simón de Iriondo.

Los sucesivos gobiernos provinciales coincidieron en garantizar la libertad de comercio desde el Estado, fomentar la inmigración, promocionar la educación, modernizar la administración pública, profundizar la campaña para erradicar o desplazar a los indios del territorio santafesino, defender las tradiciones de las élites locales. En ese camino común, se destacarán Simón de Iriondo y José Gálvez.

Pero, pese al conflicto mencionado, se puede afirmar que los sucesivos gobiernos provinciales, en el marco del mismo proyecto político y en sintonía con el modelo de la República Liberal vigente en el orden nacional, coincidieron en garantizar la libertad de comercio desde el Estado, fomentar la inmigración y la colonización, promocionar la educación, modernizar la administración pública y los dispositivos de control social, profundizar la campaña para erradicar o desplazar a los indios del territorio santafesino, defender las tradiciones de las élites locales y garantizar sus intereses. En ese camino común, se destacarán inicialmente Simón de Iriondo y José Gálvez, catalogados por algunos historiadores como los gobernadores de la modernización y el progreso.

Reorganización del Estado Provincial

En lo relativo al objetivo de reformular las estructuras del Estado provincial, lo primero que se realiza es una adaptación de las mismas al sistema jurídico republicano, representativo y federal que impone la Constitución Nacional de 1853, especialmente en cuanto a que establece el Estado Nacional y regula la relación y las competencias del mismo con las provincias, limitando las funciones que ostentaban hasta la sanción de dicha Carta Magna. Pero al propio tiempo se producen modificaciones, reformulaciones y creaciones estatales y se formulan políticas públicas destinadas a garantizar la libertad de comercio, fomentar la inmigración y colonización, promocionar la educación, modernizar la administración pública y los dispositivos legales de control social, profundizar la campaña para erradicar o desplazar a los indios del territorio santafesino, y defender las posiciones de las élites locales y garantizar sus intereses, todo en el marco del modelo de la República Liberal y con coincidencias centrales en los diferentes gobiernos santafesinos, donde Simón de Iriondo y José Gálvez serán los principales gobernadores de la modernización y el progreso, como ya señalamos.

A partir de 1856 se generan los «departamentos» como estructuras político–administrativas destinadas a garantizar la presencia del Estado provincial en la jurisdicción de cada uno de ellos, fortalecer al gobierno de turno y afianzar su relación con los grupos afines del lugar.

Ahora nos detendremos en la cuestión de la creación y funciones de los departamentos, estructuras fundamentales en la reconversión del Estado para garantizar su presencia en todo el territorio provincial y así también consolidar el poder de las élites gobernantes.

A partir de 1856 se generan los departamentos como estructuras político–administrativas destinadas a garantizar la presencia del Estado provincial en la jurisdicción de cada uno de ellos, fortalecer al gobierno de turno y afianzar su relación con los grupos afines del lugar, lo que en la práctica significaba también el marginamiento de los que no podían ser cooptados por la élite que ostentaba en ese momento el poder político provincial. En concreto, podemos afirmar que la creación de las estructuras departamentales, con sus correspondientes jefaturas políticas, tenía por finalidad asegurar la presencia del Estado provincial en el territorio correspondiente, pero al propio tiempo subordinar las fuerzas locales al mismo. Es decir que el jefe político departamental, como representante directo del Poder Ejecutivo provincial, ejerció las funciones delegadas por dicho poder pero también las propias del orden municipal o comunal, todavía inexistentes o escasamente desarrolladas. Para el cumplimiento de dichas tareas, estos funcionarios contaron con un complejo sistema de funciones políticas, administrativas e incluso militares, lo cual implicaba un considerable poder. Eran parte de sus competencias funciones como la electoral, la recaudación fiscal, la implementación de los códigos rural y urbano, el sistema de salud, la administración del sistema educativo, la justicia correccional, entre otras tareas que cumplimentaban en cada una de las localidades del departamento, mediante funcionarios de menor jerarquía como los jueces de paz o los comisarios de pueblo. Además ese poder departamental actuó no sólo como mediador del Estado provincial con otros niveles institucionales del mismo, sino también con relación a representantes variados, tales como las autoridades consulares o religiosas.

Los cuatros departamentos originales en este período histórico son los de La Capital, Rosario, Coronda y San José del Rincón. En 1883 se crean cinco nuevos departamentos, lo que lleva el total a nueve. Se originan los de San Javier, con parte de San José del Rincón; Las Colonias, con territorios que estaban incluidos en La Capital; Iriondo, con tierras de San Jerónimo; y General López y San Lorenzo como desprendimientos de Rosario. En 1890 se generan nueve nuevos departamentos. Ellos son Reconquista, con territorio de San Javier, el cual luego pasa a llamarse General Obligado; San Justo y Vera, con parte de La Capital; Castellanos y San Cristóbal, como desprendimientos de Las Colonias; San Martín, con tierras de San Jerónimo; Belgrano, con tierras de Iriondo; Caseros, con parte de San Lorenzo; Constitución, con territorios de General López; y Garay, con lo que quedaba de San José, que desaparece. Por último, en 1907 se crea el departamento 9 de Julio, con parte de Vera y San Cristóbal. En la creación de estos dos últimos en 1890, además del desprendimientos indicados, se suman las tierras reconocidas a la provincia de Santa Fe en 1886.

Otra figura relevante en ese orden provincial, aunque subordinada a las jefaturas departamentales, resultó la del juez de paz, que reunió inicialmente, en este período histórico, un conjunto de funciones en cada localidad, tanto de carácter municipal como judicial, electoral y policial. Luego, con el correr del tiempo y la ampliación y delimitación del régimen municipal en 1871 o la creación de las Comisiones de Progreso Local, comenzaron a delimitarse sus atribuciones y en 1872, se estableció el carácter electivo de los mismos aunque siempre continuaron siendo parte importante del engranaje del poder político provincial en las competencias que mantuvieron, consagrándose en 1884 la obligatoriedad de dichos funcionarios en cada colonia. Por último, su designación volvió a ser una atribución del Poder Ejecutivo provincial, según lo dispuesto por la legislación en 1900.

En relación también a la reconfiguración de las estructuras estatales, la cuestión municipal alcanzó vital importancia en Santa Fe. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 ordenaba a las provincias adaptar sus respectivas Cartas Magnas a la norma fundamental citada, debiendo las mismas garantizar o asegurar el régimen municipal. En ese marco, la Constitución Provincial de 1856 establecía que se instituyese la organización municipal, tarea que debía ser regulada por una ley orgánica, la que se dicta recién en 1872, pese a lo cual tenemos creación de municipios en los años previos a la mencionada norma.

Católicos y protestantes

El encono entre católicos y protestantes en San Carlos alcanzó tal intensidad que el gobierno se vio obligado a dividir la colonia en dos secciones distintas (...). También Esperanza fue escenario de conflictos similares (...). He aquí una nota firmada por los colonos católicos de Esperanza, remitida en 1875 al gobierno provincial: «La gran mayoría de los vecinos agrícolas de Esperanza, especialmente los católicos se quedaron quietos sacrificando sus intereses para mantener la paz, mientras unos pocos individuos se sirvieron en las últimas elecciones de toda clase de medidas ilegales y hasta de métodos violentos para crear una Municipalidad a su gusto, cuyos individuos son más bien representantes de unos pocos comerciantes que viven en esa colonia (...). Sus tendencias anticatólicas son bien conocidas». (Colonos en armas, Ezequiel Gallo)

Las municipalidades fueron surgiendo como un instrumento para nuclear ciudadanos —especialmente nuevos actores sociales o regionales— que encuentran en las mismas el modo de gestionar y canalizar sus intereses ante las limitaciones del Estado provincial o sus compromisos e intereses preexistentes. Serán los extranjeros los que fundamentalmente encontrarán en la organización municipal el primer peldaño para hacer escuchar sus reclamos, convertirse en vecinos y gestionar la solución de sus problemáticas. En ese contexto, se produjo desde el inicio una creciente autonomía de algunas estructuras locales, municipales o comunales.

Serán los extranjeros los que fundamentalmente encontrarán en la organización municipal el primer peldaño para hacer escuchar sus reclamos, convertirse en vecinos y gestionar la solución de sus problemáticas.

Esa autonomía estuvo a veces basada en una cuestión regional, como el caso de Rosario, donde las élites locales se afirmaron en su lucha contra el poder provincial en manos generalmente de los sectores dominantes en la ciudad de Santa Fe, pero en otras obedeció a la búsqueda de influencia de los residentes extranjeros en las colonias, tanto para presionar al gobierno provincial como a las empresas colonizadoras. La ley orgánica de municipales, que entra en vigencia en marzo de 1872, y fundamentalmente la constitución del año últimamente citado, ampliaron y consolidaron la autonomía municipal, tanto en cuanto a establecer que eran independientes de todo otro poder en sus funciones propias como en lo relativo a la elección de sus autoridades por parte de los vecinos, a lo que cabe agregar el significativo cambio que significaba otorgar derechos políticos a los extranjeros, ya que podían votar y ser candidatos para el ámbito municipal, siempre que fuera varón mayor de 17 años y contribuyente. A todo ello, habría que sumarle el establecimiento de un piso bajo, 1.500 habitantes, para que una localidad adquiriera la condición de municipio. Pero ese proceso de ampliación de facultades municipales y de derechos de los vecinos pronto comenzó a detenerse e, incluso, a retroceder por distintas medidas del gobierno santafesino y por diferentes causas o acontecimientos. Por un lado, fraude electoral de por medio, el poder ejecutivo provincial influyó de modo constante en las elecciones de las autoridades locales intentando imponer candidatos que respondieran a sus intereses por sobre los de los vecinos, los cuales a veces los enfrentaban con resultados diversos o a veces negociaban. Por el otro, aumentando el número de habitantes necesarios para que existiera una municipalidad, establecido en 5.000 en 1883, cuestionada medida que se debió modificar al año siguiente para establecer un piso de 2.000 habitantes, aunque nuevamente se volvió a establecer la cifra primeramente mencionada argumentando los datos del primer censo provincial que tuvo lugar en 1887. Pero el golpe principal a esa pretensión autonómica de los vecinos en lo referente al gobierno local, se produjo con la reforma de la constitución provincial en 1890. En la misma se establecieron diversas normativas que limitaron el poder de los habitantes de los pueblos en su pretensión de participar del gobierno local. La fundamental es la supresión del carácter electivo del intendente, cuya designación pasa a ser facultad del gobierno provincial por intermedio del Poder Ejecutivo, aunque también es significativa la eliminación de los derechos electorales de los extranjeros y la fijación de un piso alto para que los pueblos pudieran adquirir la condición de municipios, medidas orientadas a recuperar poder del gobierno central, razón por la cual también, entre otras, se reintegra la función de los jueces de paz a la órbita provincial.

Cabe señalar que, previamente a la sanción de la ley orgánica de municipalidades en 1871, se crearon los municipios de Rosario en 1858 y Santa Fe en 1860, estableciendo la legislación, en ambos casos, que los mismos contarían con un cuerpo electivo de diez miembros, pero presididos por una persona que desempeñara las funciones ejecutivas y que fuera designado por el gobierno provincial. En los años siguientes pero previos a 1871, se reconocen como municipalidades a las localidades de San Lorenzo, San Jerónimo, San José y Villa Constitución.

Situación especial es la de Esperanza, donde el gobernador de la provincia dictó el decreto nº 42 el 4 de mayo de 1861, mediante el cual se convocó a los vecinos para elegir el concejo municipal. En los considerandos se menciona el contrato de colonización que en su artículo 13 establecía que los colonos tendrían el derecho de nombrar una comisión de diez miembros con la finalidad de servir de concejo al juez de paz para casos concretos de la colonia. Dichas elecciones tienen lugar el 12 del citado mes, instalándose el concejo unos días mas tarde, el 26 de mayo. Otro tanto ocurrió con San Carlos, donde los pobladores aspiraban a la instalación de un gobierno local propio, pese a que en el contrato de colonización otorgaban esa tarea a la administración de la colonia. Ese reclamo, ocurrido en 1862, no prosperó, pero en 1867 el gobernador Oroño convocó a los vecinos para elegir representantes en un cuerpo con característica de comisión de fomento o comuna.

En 1883 se sancionó una normativa que creó comunas en aquellas localidades que, por el número de habitantes o por condicionantes del contrato de colonización, no calificaban como municipio. Es lo que se denominó Comisiones de Progreso Local, las que operaron como gobierno local, con competencia original en cuestiones viales del lugar o de caminos que comunicaban con otros pueblos, competencia que fue paulatinamente ampliándose. Con el tiempo, y el agregado de nuevas funciones, se denominaron Comisiones de Fomento.

Presencia de Santa Fe en conflictos nacionales e internacionales

Otra cuestión a considerar para completar el análisis de la situación del sistema político provincial es la significativa presencia de los gobiernos santafesinos en conflictivas y controvertidas situaciones nacionales o regionales. En primer lugar, es de destacar el decidido apoyo del gobernador Nicasio Oroño a la participación del gobierno nacional en la guerra de la Triple Alianza, tanto con normativas orientadas a impedir que los santafesinos apoyaran a los paraguayos como en la participación de batallones en la contienda o en la entrega de tierras fiscales a los soldados combatientes. En lo que se refiere a las unidades que aporta la provincia a esta guerra, básicamente tenemos que hablar de las fuerzas provenientes de la Guardia Nacional de Infantería y la Guardia Nacional de Caballería. La primera estaba compuesta de 500 hombres de la ciudad de Rosario, regimiento denominado 1º de Santa Fe pero vulgarmente conocido como El Santafesino, a lo que se le agregó un cuerpo de voluntarios y el batallón Libertad, los cuales compondrán en tierras paraguayas el llamado Regimiento Rosario, siendo su abanderado el joven Mariano Grandoli, que murió en el campo de batalla. En cuanto a la Guardia Nacional de Caballería se conformó con hijos de la ciudad de Santa Fe, adoptando el nombre de Blandengues de Belgrano, contando con el apoyo de batallones de reserva con hombres de los departamentos Coronda y San José. Las fuerzas santafesinas participaron en diversos combates, tales como los de Curupaití, Curuzú, Boquerón y Itapirú, entre otros.

La situación se repetirá en distintos acontecimientos en los años posteriores, durante los gobiernos de Mariano Cabal y de Simón de Iriondo, quien fue figura predominante en la provincia y tuvo notoria influencia en la política nacional. Durante el mandato de Cabal, tuvo lugar la rebelión del caudillo López Jordán en la provincia de Entre Ríos, ocasión en la que fue asesinado Urquiza, lo que generó un conflicto entre los entrerrianos y el gobierno nacional presidido por Sarmiento. El gobierno santafesino colaboró activamente con las fuerzas nacionales, organizando las tropas provinciales Simón de Iriondo, por entonces ministro de Mariano Cabal, y repelió a las tropas de López Jordán que ocupaban la ciudad de San Lorenzo. Luego la Guardia Nacional y los cuerpos de guardiacárceles de Rosario y Santa Fe participaron activamente en diversas batallas, destacándose el accionar del regimiento Rosario en el combate de las Puntas del Sauce. En 1873, López Jordán retornó de Brasil y se sublevó con un contingente de cerca de 10.000 gauchos, siendo nuevamente reprimido por el gobierno nacional con la colaboración otra vez de tropas santafesinas por directivas del gobernador Iriondo. En 1874, en las elecciones presidenciales que determinaron la designación de Avellaneda, Bartolomé Mitre se levantó en armas alegando fraude electoral, ante lo cual el gobierno nacional pidió ayuda a la provincia, que se prestó mediante tropas que participaron en la denominada batalla de Santa Rosa. En 1876, en otro intento de López Jordán en Entre Ríos, se requirieron fuerzas militares santafesinas para la represión. Por último, en 1880, se produjo un cruento enfrentamiento entre el presidente Avellaneda y el gobernador bonaerense Tejedor, con motivo de la cuestión de la designación de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Los santafesinos combatieron en las batallas de Barracas y Puente Alsina, con un heroico y trágico accionar del Batallón de Gendarmes de Rosario. En la ocasión, y como señala Cervera, el presidente de la Nación manifestó al gobernador Iriondo que «Santa Fe produce a la verdad labradores y soldados. Son las tierras feraces que dan por año dos cosechas».

Conflicto del Gobierno Provincial con el Banco de Londres

En medio de una crisis internacional que afectó a nuestro país entre 1873 y 1876, se produjo un acontecimiento de base financiera aunque de fuerte repercusión política en la provincia. Nos estamos refiriendo al conflicto con el Banco de Londres, entidad crediticia con mucho peso en la ciudad de Rosario, que vio limitadas sus funciones al crearse en 1874 el Banco Provincial de Santa Fe, con mayoría de acciones por parte del gobierno provincial y con la posibilidad de emitir moneda —junto con el Banco Nación— pero retirando tal facultad a la banca privada, lo que generó el reclamo de la entidad crediticia primeramente citada, que contó con el apoyo del sector de Oroño. El problema fue escalando, generó un conflicto diplomático e incluso el envío de una cañonera inglesa para proteger los intereses del Banco de Londres. Finalmente, se llegó a un acuerdo donde salió fortalecido el Banco Provincial de Santa Fe.

La crisis económica nacional de 1873, entre otras consecuencias, afectó profundamente el sistema financiero de la provincia de Santa Fe, ante lo cual la mayor parte de las entidades bancarias no tuvieron otra opción que reducir las líneas crediticias o, en el peor de los casos, tuvieron que cerrar sus puertas, perdurando las que adoptaron políticas de dureza con sus clientes para el cobro de los créditos. En el marco de esa crisis, el gobierno provincial se encontró con la drástica reducción del pago de los impuestos por parte de la mayoría de los aportantes, lo que agravó el déficit de las cuentas estatales. Sin embargo, los gobernantes de turno, endeudamiento externo mediante, implementaron políticas de crecimiento mediante la realización de obras públicas y procedieron a la creación de un banco provincial para sostener las mencionadas políticas. Dicha entidad crediticia, con el nombre de Banco Provincial de Santa Fe, se creó por ley a mediados de 1874, sobre la base del proyecto elaborado por Melquíades Salva, por entonces ministro de Gobierno, con el formato de una sociedad anónima donde predominaban las acciones del Estado provincial pero también se produjo una importante participación de sectores privados, especialmente ligados a la actividad ganadera, aunque también al comercio. Pero la problemática se originó porque la normativa aprobada le asignó a la nueva entidad financiera la posibilidad de emitir moneda, junto con el Banco de la Nación Argentina, quitándole tal facultad al Banco de Londres. Este banco, cuya denominación era en realidad Banco de Londres y Río de la Plata, se creó durante la guerra contra el Paraguay y se le concedió entonces el derecho de emitir dinero en las dos monedas por entonces existentes en la provincia de Santa Fe, o sea, pesos fuertes y pesos bolivianos. Lo establecido generó el reclamo de la entidad crediticia extranjera que, gracias a presiones locales y nacionales, logró una modificación parcial de la medida, recuperando la facultad de emitir moneda, aunque limitada a los pesos fuertes. El conflicto continuó porque el Banco Provincial no logró consolidarse ante la competencia del Banco de Londres, razón por la cual en junio de 1875 se dictó una ley que eliminó la posibilidad de que esta última entidad pueda emitir pesos fuertes, a lo que se agregó dos meses más tarde otra norma que estableció un impuesto a todas las operaciones financieras, aunque excluyendo de dicho gravamen a los bancos estatales, Nación y Provincia. El conflicto escaló y alcanzó su punto máximo cuando en 1876 un decreto del gobernador Servando Bayo decretó el cese de la autorización concedida al Banco de Londres y Río de la Plata para su establecimiento en la provincia, ordenando en su articulo 2º que «se procederá a su liquidación en los términos de sus propios estatutos y de las disposiciones del Código de Comercio». A continuación, y por decisión judicial, se incautaron los fondos y se ordenó la detención del gerente del banco. A esa altura de los acontecimientos, se puede afirmar que el problema superaba los límites provinciales y alcanzaba dimensión nacional e internacional. Entonces por disposición de la máxima autoridad diplomática inglesa en nuestro país, el ministro St. John, se produjo el traslado de la cañonera británica Beacon, desde Montevideo hasta el puerto de Rosario, en una clara actitud intimidatoria de una potencia extranjera y en violación de la normativa vigente. Mientras eso ocurría, el gobierno nacional buscaba una conciliación mediante la activa participación del presidente Avellaneda y el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, atentos a los intereses en juego por la relación carnal con Inglaterra pero también por la influencia que en la política argentina de entonces ya había adquirido Simón de Iriondo, máximo dirigente santafesino por entonces, absolutamente necesario para consolidar el orden predominante. Bernardo de Irigoyen ya había participado de la disputa cuando, ante el reclamo del Banco de Londres por la ley de 1875, había sostenido la teoría de que el capital o el dinero no tenía nacionalidad y en consecuencia carecía de protección diplomática, debiendo los bancos someterse a la legislación del lugar donde se encuentran radicados. Esa intencionalidad de las autoridades nacionales permitió la solución del diferendo, sobre la base de facilitar recursos al Estado provincial para que devuelva los fondos incautados al Banco de Londres y pudiera seguir operando pero aceptando dicha entidad crediticia la prohibición de emitir billetes y debiendo aceptar los de la banca estatal. En marzo de 1877, reabrió sus puertas, adquiriendo el gobierno santafesino el compromiso de no otorgar mayores facultades a futuros bancos privados en relación a los que ostentaba el Banco de Londres. En síntesis, una negociación claramente favorable para nuestra provincia dado que, además de obtener apoyo económico del gobierno nacional para devolver los fondos apropiados, logró mantener lo sustantivo de la legislación de 1875 y consiguió que la entidad crediticia privada acepte los billetes del banco estatal local.

En términos generales, la comunidad extranjera ligada a la actividad económica se manifestó originalmente en favor de la creación del Banco Provincial pero cuando estalló el conflicto se inclinaron por la anulación de las medidas que limitaban al Banco de Londres y una asamblea de comerciantes rosarinos reclamó en tal sentido. En cuanto a los grandes hacendados santafesinos, muchos de ellos víctimas de las voraces políticas de la banca extranjera, sostuvieron claramente su adhesión a las autoridades del gobierno provincial, del cual muchos de ellos eran activos integrantes, lo que lleva a Ezequiel Gallo a señalar que «un grupo significativo de terratenientes locales estuvo sumamente interesado en la creación del Banco Provincial» y que «el mismo grupo se vio profundamente envuelto en sus actividades y, posiblemente, dependió significativamente de sus créditos. No es de extrañar, entonces, que durante la etapa más dramática del conflicto, ese mismo grupo apoyara vigorosamente la posición de las autoridades locales», adjudicando al apoyo de dicho sector el hecho de que el gobierno provincial pudiera resistir «las tremendas presiones ejercidas por importantes grupos tanto de afuera como de adentro del país». Para terminar, el gobierno santafesino consideró siempre que el gerente de la sucursal Rosario del Banco de Londres apoyó a la oposición política, en tanto y en cuanto tuvo como apoderado a Tomás Cullen, prominente integrante del grupo de Oroño, y financió las actividades de dicho sector en diversas actividades, incluido un conato revolucionario ocurrido en 1876.

Conflictos bélicos entre miembros de las élites santafesinas

En este análisis de la situación política provincial, brevemente se deben mencionar los intentos revolucionarios de los grupos opositores al oficialismo durante la era de Iriondo, intentos que tienen lugar en 1872, 1877 y 1878.

En relación a las revueltas de 1872, la primera tiene lugar a mediados del citado año, ocasionada por un grupo de criollos e indios que avanzan sobre los alrededores de la ciudad de Santa fe, los que son derrotados por la Guardia Nacional pero que, mientras huyen, se dedican a atacar y robar las estancias que se encuentran en el camino. En los círculos del gobierno provincial, y sobre el base de las investigaciones judiciales, se señala a Francisco Iturraspe y Mariano López como instigadores pero se adjudica a Nicasio Oroño la responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para financiar el hecho. Meses más tarde ocurre un nuevo conato con centro en la ciudad de Rosario, aunque con acciones también en Santa Fe. Son rápidamente controlados. Esta vez se adjudica la responsabilidad por los hechos a José María Cullen y Benito Freyre, pero nuevamente se señala a Nicasio Oroño como instigador.

Los intentos revolucionarios se vuelven a producir en 1877, en medio de la crisis con el Banco de Londres, aunque esta vez con mayor virulencia. La revuelta más importante tiene lugar en las colonias del noreste y cuentan con activa participación de pobladores del lugar. La encabeza el ex gobernador Patricio Cullen, con la colaboración de Thomas Moore, y es la primera vez que dichos colonos participan en cuestiones que no tienen que ver con problemáticas locales y que se sujetan a la conducción de un líder local. La crisis económica de 1873 y sus secuelas lastiman en mayor medida a una zona que no es apta para la agricultura, región que además todavía está sujeta a las excursiones indígenas, lo que obliga a una permanente militarización defensiva. La sublevación comienza el 17 de marzo, tomándose prisionero al juez de paz de San Javier, contando con la adhesión de pobladores de Cayastá, Santa Rosa, Helvecia, Francesa, California, Alejandra y San José, conformándose un contingente de más de cien colonos de distintas nacionalidades y algunos indígenas, a los que se le suma otro grupo armado por Luciano Leiva en Manzanales. Las tropas gubernamentales, al mando del coronel Romero, los enfrentan en la localidad de Los Cachos, en lo que hoy es el departamento Garay, derrotándolos y muriendo en la refriega Patricio Cullen, siendo mutilado su cadáver. Pese a este hecho, los intentos desestabilizadores continúan y en abril se produce otro conato revolucionario pero esta vez en la ciudad de Rosario, complot que contaba con asesinar al gobernador Servando Bayo, siendo reprimido. Otro tanto ocurre en los primeros días de mayo, con resultado similar. Se adjudica la responsabilidad de estos hechos a integrantes de la familia Aldao con el apoyo del diario La Capital. Por último, en el mes de julio, bajo la jefatura de Nicasio Oroño, un grupo se adueña del juzgado de paz de Villa Constitución, pero también son rápidamente derrotados y hechos prisioneros.

La revuelta más importante tiene lugar en las colonias del noreste y cuentan con activa participación de pobladores del lugar. La encabeza el ex gobernador Patricio Cullen...

Por último, y a pocos días de asumir Iriondo su segundo mandato como gobernador, el 14 de abril de 1878, un contingente de aproximadamente 300 hombres de la oposición, atacan en la ciudad de Santa Fe diversos edificios públicos, como el Cabildo, la jefatura de policía, la Aduana y algunas comisarías, con la intención de adueñarse de los mismos. Son controlados por efectivos de la Guardia Nacional, y el oficialismo adjudica el intento revolucionario a Nicasio Oroño, José María Cullen y Mariano Cabal.

La problemática política de las colonias

En los años que van entre 1861 y 1890 en nuestra provincia, los colonos no tuvieron participación activa en la vida política nacional o provincial, con la sola excepción de una de las revoluciones de 1878 y en la zona del noreste. Esto es demostrativo de la escasa intencionalidad por ser actores políticos en la Argentina de entonces. Sin embargo, buscaron permanentemente participar de la gestión del gobierno local, ya sea en cumplimiento de las cláusulas del convenio de colonización o presionando a las autoridades del gobierno provincial para la creación de órganos municipales o comunales. Los derechos electorales conseguidos para las elecciones locales o los conflictos con los jueces de paz de diversos pueblos, especialmente en la región agrícola del departamento Las Colonias, dan prueba de ello.

La mayor cantidad de problemas se presentan entre los colonos y los jueces de paz, representantes estos últimos de los sectores tradicionales que detentan el gobierno provincial, los cuales son acusados de abusos, arbitrariedades y hasta de connivencia con delincuentes rurales. Como ejemplo, podemos mencionar hechos acaecidos en Helvecia en 1878, Emilia en 1872 y 1876, San Jerónimo en 1872 y 1873, Cañada de Gómez en 1876, Pilar y Santa María en 1878, y en Reconquista en 1879.

La mayor cantidad de problemas se presentan entre los colonos y los jueces de paz, los cuales son acusados de abusos, arbitrariedades y hasta de connivencia con delincuentes rurales.

Además de la cuestión de la lucha contra las poblaciones indígenas, los colonos afrontaron por su cuenta, en algunos casos, la problemática de la delincuencia rural, como ocurrió en San Carlos en los años 1871 y 1876, prácticamente ejerciendo justicia por mano propia, por afuera y por encima de las autoridades encargadas de esa función.

Otros problemas que se dieron en las colonias estuvieron dados por las diferentes nacionalidades de los inmigrantes, colectividades que no sólo provenían de distintos países sino que tenían diferentes lógicas organizativas, por ejemplo en Colonia Roldán. Pero también cabe agregar como elemento de discordia las diversidades religiosas que generaron problemas en varias localidades, fundamentalmente en San Carlos, donde alcanzó notable virulencia, y en menor medida en Esperanza.

En estas dificultades que se plantean en las colonias, no nos podemos olvidar, durante el período de escasez de tierra, las luchas con el sector ganadero por la posesión de las mismas, como ocurrió entre los pobladores de Esperanza y Cavour, aunque las contrariedades desaparecieron cuando en la década de los 80 se produjo la incorporación de nuevos campos por la expansión de la frontera.

Por último, no se puede dejar de mencionar las dificultades reiteradas entre la población local nativa y los nuevos pobladores, o sea, los colonos inmigrantes, los primeros de los cuales contaron casi siempre con el apoyo del juez de paz o el comisario

CURIOSIDAD

Las fuerzas del orden

Un cónsul británico relataba: «El juez de paz de Cañada de Gómez es el carnicero de la colonia, y la persona que emplea para el reparto de la carne es el agente de policía de la comisaría local... Este representante de las fuerzas del orden embistió con su carro a un colono italiano que transitaba a caballo. El policía se bajó del carro sable en mano y procedió a revivir al colono, desvanecido por la caída, aplicándole un violento planazo en la cabeza. Condujo luego a la sangrante víctima a la comisaría, donde el juez de paz decidió recluirle encadenado en una de las celdas. En esa posición el colono permaneció por doce horas durante las cuales ni se le curaron las heridas ni se le permitió beber agua». (Colonos en armas, Ezequiel Gallo)