Espacio público y mundo doméstico
TERESA SUÁREZ
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TERESA SUÁREZ
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Habitualmente se reconoce que, desde 1853, Santa Fe comenzó un proceso de construcción estatal moderno que incluyó espacios institucionales, sobre todo los abiertos al conocimiento en todos los niveles educativos. Si bien podemos acordar en esa afirmación, el mismo fue dispar en su consecución, habida cuenta que tanto la provincia santafesina como las demás, tenían un carácter predominantemente preindustrial: aún mantenía esclavos, la población era analfabeta en su mayor parte y la representación en el gobierno se basaba en redes de parentesco herederas del poder colonial.
En este trabajo queremos mostrar que, en el espacio temporal señalado, desde un nivel de estatalidad muy elemental la provincia de Santa Fe, no sólo innovó aspectos que fueron ampliando poco a poco la construcción social e institucional, sino también cómo las condiciones creadas permitieron a mujeres y varones un modo diferenciado de acceso a los recursos culturales disponibles y al uso de los mismos, facilitando o no formas particulares de intervención en el mercado laboral y en el espacio público. El mundo doméstico fue también afectado precisamente por la distribución desigual de derechos que las tareas en ambos lugares imponían. En el discurso cotidiano no se lo explicitó, sino por el contrario se lo naturalizó.
Con la pérdida de su carácter previo de Estado autónomo, Santa Fe recibió por la Constitución Nacional la condición de provincia de la República. Su campaña se pobló de inmigrantes europeos, prontamente con la condición de propietarios, y las dos ciudades mayores, Santa Fe y Rosario, fueron adquiriendo una fisonomía que las acercó a urbes de aspecto moderno. Un costo grande, en tanto, pagaron los pueblos originarios, desplazados de sus territorios —en línea de continuidad con las políticas de las etapas colonial y posindependiente— para repartir sus tierras y ser captados como mano de obra asalariada los varones, y servil la chusma, es decir, mujeres y niños.
En el transitar de siete décadas, desde la mitad del siglo XIX al comienzo de otro, observamos algunas formas progresivas de búsqueda democratizadora por su preliminar ciudadanía y un grado de modernización burocrática logrado por sus autoridades, Oroño, Cabal, Iriondo, Bayo, Zavalla, Gálvez, Menchaca, entre otros gobernadores, y Mitre, Sarmiento, Avellaneda, como primeros presidentes organizadores.
Los Censos Nacionales de 1869, 1895 y 1914, más el Censo Provincial de 1887 de Gabriel Carrasco y el de 1908 agropecuario, constituyen algunas de las importantes innovaciones institucionales: la estadística se incorporaba como necesario aporte a la toma de decisiones. El conocimiento más aproximado que se tenía de la población santafesina era el empadronamiento del Censo de la Confederación de 1857: 41.261 habitantes. Los nuevos registros fotografiaron la sociedad, de modo muchas veces sesgado e incompleto, dándonos su distribución, informaciones económico–sociales, diversidad sexuada, perfil educativo como principales rasgos, y nos permiten comprender los cambios más destacados. Los datos sobre Santa Fe consignados en los Censos Generales Nacionales abordan y miden, entre otras cuestiones, las ocupaciones y profesiones de sus habitantes, condiciones materiales de la vivienda, grado y tipo de educación recibida pero con distintos parámetros, de modo que no siempre puede hacerse una comparación precisa.
Un costo grande pagaron los pueblos originarios, desplazados de sus territorios para repartir sus tierras y ser captados como mano de obra asalariada los varones, y servil la chusma, es decir, mujeres y niños.
Otra documentación menos visibilizada pero indispensable en la investigación social son registros oficiales tales como informes de gobernadores, funcionarios en diferentes ramas del gobierno, testimonios epocales vertidos en la prensa y publicaciones diversas de libros y revistas. El trabajo que proponemos sería incompleto si omitiéramos las reformas a algunos derechos civiles en 1924 sobre prohibiciones expresas en el texto del Código de Vélez Sarsfield.
El primero de los censos, en 1869, dirigido por Diego de la Fuente, menciona las siguientes ocupaciones típicamente femeninas, en orden de abecedario, de las que no se establece si por ellas se percibe o no remuneración u otras compensaciones: adivinas, amasadoras, amas de leche, bordadoras, cigarreras, cocineras, costureras, curanderas, hiladoras, lavanderas, modistas, mucamas, niñeras, parteras, planchadoras, prostitutas, tejedoras. Otras ocupaciones están nominadas en masculino, aunque podrían haber sido ejercidas también por mujeres, por cuanto eran actividades que solían hacerse en el ámbito doméstico: almaceneros, artistas, carboneros, carniceros, cerveceros, músicos, colchoneros, comerciantes, confiteros, domésticos, hacendados, horticultores, hoteleros, jornaleros, lecheros, mendigos, panaderos, pasteros, queseros, rentistas, veleros, zapateros. Finalmente, unas pocas ocupaciones habrían sido predominante o exclusivamente masculinas: maestros de escuela, mecánicos, joyeros, leñadores, militares, sastres.
Para la provincia de Santa Fe, el primer censo nacional argentino arrojó una población de 89.117 habitantes, el doble del de la Confederación. De este total, quienes habían tenido acceso al aprendizaje de lectura y/o escritura eran 38.935, con el desagregado siguiente:
Como puede apreciarse, sólo la mitad de la población —aproximadamente— contaba con los beneficios de la alfabetización, de la cual el sector femenino, menos aún. Interpretando las razones de tal diferencia, podemos suponer que el número de actividades a las que estaban dedicadas las mujeres y niñas —producción doméstica y cuidado de menores y ancianos— y el tiempo sin límite horario que les insumían las mismas, eran incompatibles con la asistencia a un establecimiento educativo. Claro que el hogar podía ser, aunque breve, también un lugar de aprendizaje, siempre que alguien transmitiera esa enseñanza.
Para compensar el déficit de magisterio titulado, se aplicó el sistema lancasteriano con monitores mayores de 15 años de edad, dado que siendo la escuela primaria obligatoria y gratuita, la demanda de educadores era imperiosa. Un apoyo a la lectura y fomento de la cultura literaria estuvo constituido por las bibliotecas populares, que desde 1871 fueron promovidas por asociaciones culturales en las principales ciudades, iniciativa también impulsada durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, quien facilitó subsidios para edificios, mobiliario de las mismas e infraestructura escolar.
En estos años, en los que las escuelas estaban dirigidas a varones y niñas por separado, siempre había en relación de cinco a uno, mayor número de escuelas para los primeros. Eran los establecimientos creados por iniciativa privada los que se ocupaban de las educandas. Un ejemplo lo constituye la creada por María del Pilar de Tristany, quien —procedente de Montevideo— abrió una escuela de niñas.
Según bibliografía contemporánea a aquellas décadas, las estudiantes tenían enseñanza especial de actividades artísticas como bordado y música, y de los instrumentos guitarra, arpa y clavicordio, que se utilizaban como acompañamiento a las canciones. Otra disciplina cultivada por las niñas escolarizadas fue la pintura. La presencia en la ciudad de pintores extranjeros complementaba la actividad escolar con maestros particulares. La década de 1870 fue pródiga en esta materia artística: la Cámara de Representantes premió con medalla de oro a Josefa Díaz Clucellas en 1871, que tenía sólo 19 años. Si bien se ponderan sus dotes naturales, la enseñanza artística que tuvo, más su aprendizaje con el maestro Héctor Facino, contribuyeron al profesionalismo que alcanzó. Su fama trascendió la provincia por la participación en diversas muestras con su óleos de paisajes y retratos. Tenía ya 25 obras cuando, a la edad de 42 años, ingresó al convento de San José Adoratrices. De este último período fueron las pinturas de carácter religioso.
El número de escuelas oficiales se ampliaba con los años: en 1872, 35 para el total provincial; en 1877, 102 y en 1888, 170. Dado ese incremento, el inspector de escuelas Isidro Aliau planteó la necesidad de crear una escuela normal, por el escaso número de docentes titulados. También reclamaba escuelas de niñas «para formar madres que sepan educar hijos, que sean el Ángel del Hogar y la mejor maestra de los niños». Este empeño pone en discusión que las mujeres sean naturalmente madres, y también que el beneficio de la instrucción no sea directamente para ellas, sino un proyecto para otros.
En estos años, en los que las escuelas estaban dirigidas a varones y niñas por separado, siempre había en relación de cinco a uno, mayor número de escuelas para los primeros.
Desde 1884 la provincia contó con un Consejo de Educación. Sus directores informaban periódicamente a las máximas autoridades a partir de los inspectores de escuelas que evaluaban el funcionamiento escolar. Pese a ello, el doctor José Gálvez, cuyo período de gobernador fue 1886–1890, entendió que un censo le revelaría el estado real de la provincia en los múltiples aspectos que debía atender en su gestión. No sólo lo ordenó, sino que destinó posteriormente el necesario presupuesto para ejecutar lo considerado prioritario: la educación fue su objetivo fundamental.
El número de docentes primarios arrojado por el censo provincial, conocido como Censo Escolar fue de 337, de los cuales 312 eran directores o maestros varones y mujeres, y 25 ayudantes de ambos sexos. Eran argentinos 165, o sea menos de la mitad, y el resto extranjeros, quienes sumaban 172, entre las diferentes nacionalidades. Considerando que la educación era insuficiente para atender la matrícula provincial, Gálvez tomó tres determinaciones: construir escuelas, crear una institución formadora de maestros y contratar educadores españoles. El incremento de población infantil que debía recibir escolaridad había mostrado la carencia de establecimientos. En razón de esa evaluación, 70 nuevas escuelas se sumaron a las 190 contabilizadas. Al emitir su mensaje de apertura a las sesiones de la Legislatura en 1889, el mismo gobernador anunció que en ese momento la provincia sumaba 260 escuelas.
Habiéndose ya incrementado con los años el número de maestros y maestras, contamos con una apreciación sesgada de un testigo que evidencia su comprensión de lo que debía ser un modelo social aceptable: «la atención de escolares por 1.141 maestros plantea un verdadero problema pedagógico y social porque 1.014 de éstos son mujeres y 127 maestros varones». Su desaprobación sugiere que la tarea de enseñar debía ser masculina.
Como dijimos, la primera Escuela Normal en Santa Fe, del período 1886–1892 se debió a la idea e impulso del doctor José Gálvez. Se contaba con profesores varones de la Escuela Normal de Paraná —no disponemos sus nombres— y en el anexo de aplicación, con las profesoras Ángela Francioni, Inés Francioni, Ángela Boero, María Cardoso. En el breve período de funcionamiento se graduaron anualmente 15 maestros; lamentablemente, a los cinco años de su creación, dejó de funcionar.
No obstante haber creado la primera escuela normal en la provincia, para incrementar el número de educadores, el gobernador Gálvez contrató, como mencionamos, docentes españoles. Su preocupación radicaba en que los colonos inmigrantes extranjeros intentaban seguir usando con sus hijos sus propias lenguas, evitando la lengua local. Los educadores españoles podían garantizar esa enseñanza y además la religión católica, que disputaba su espacio entre las religiones protestantes de integrantes de las colonias. En el mencionado mensaje del gobernador, éste aportó también un dato numérico: eran 60 maestros procedentes de localidades españolas. Un estudio posterior muestra el número preciso: fueron 66, 52 varones y 14 mujeres, 79 y 21 % respectivamente.
El Censo Nacional Argentino de 1895 nos informa sobre los cambios del proceso social que vimos en el de 1869. A los fines de establecer comparaciones con las mediciones anteriores en la provincia de Santa Fe, registramos los contenidos de ocupaciones y escolaridad, atendiendo fundamentalmente a los comentarios del censista, que en éste fueron más elocuentes.
En lo que respecta a las convenciones adoptadas por el Estado Nacional para el rubro laboral, encontramos que, a diferencia del censo provincial santafesino de 1887 que utilizaba la clasificación de profesiones del congreso de San Peters- burgo, Argentina eligió la convención italiana, que tomaba las ocupaciones practicadas desde los 11 años de edad. La elección de ese nivel etario se basaba, de acuerdo al director del censo, en dos factores: uno, que a esa edad terminaba la obligación escolar, y otro, «lo prescripto por el Código Civil para autorizar el matrimonio». Este último factor que regía desde 1871, sin duda era un concepto dirigido a las niñas, porque difícilmente un mozo de once años podría ser sostén de familia como era el mandato para los padres de la unidad familiar.
Aparecen disminuidas en número sólo dos profesiones: la del tejido con 94.000 ocupados en la actividad en 1869, y 39.380 en el segundo. Este resultado afectó principalmente a las mujeres, quienes la ejercían produciendo mantas, colchas, ponchos, pellones y telas del país, de mucha solidez y alto precio. Otra tarea en retroceso era desempeñada por varones en relación al cuidado, transporte y traslado de ganado —arrieros, troperos, muleteros— que necesitó mucho menos mano de obra: de 7.815 en el primer censo nacional, bajó a 4.619 en el segundo.
Respecto al tema salario, es interesante la opinión de Carrasco, director del censo, cuando expresa: «La Economía Política demostró que no sólo el trabajo remunerado constituye un valor, sino también lo que se hace por el bienestar del hombre y para mejorar las condiciones de vida como las tareas del hogar».
Y explica que, cuando registra sin profesión a las mujeres, es en los casos que no manifiestan poseer una, aunque «todas con el trabajo doméstico cooperan a la producción». Cabe destacar que no es corriente que se declaren las dos tareas femeninas, reproducción y producción, como una contribución fundamental. La organización del Estado Moderno sostiene la división del trabajo familiar con los roles padre productor y madre reproductora, poniendo a la mujer como naturalmente madre y excluyéndola del mundo laboral y profesional; esto fue sólo aceptado en caso de viudez, orfandad, o dependencia laboral por tareas de brindar servicio. La teoría del cuidado como teoría crítica social posmoderna visibilizaría más adelante esto que Carrasco manifestó tan tempranamente.
El Código Civil vigente desde 1871 prohibía a la mujer casada toda actividad económica, no pudiendo disponer y administrar bienes propios, ejercer su profesión, formar parte de sociedades civiles o mercantiles, etc., sin consentimiento del marido.
Más adelante, el mismo funcionario profundiza la idea al reconocer que la población masculina que tiene arte, oficio u ocupación se eleva al 866 por 1.000, en tanto que la femenina sólo llega al 445; seguidamente expresa: «Esto demuestra que todavía no se ha sabido dar una dirección útil y directamente remuneradora al trabajo de la mujer que, destituida de medios de subsistencia propios tiene que confiarse a la protección del hombre». Sigue Carrasco: «Esto explica en parte la causa por la cual es tan corta la nupcialidad; el matrimonio es un problema económico que se hace cada vez más difícil de resolver satisfactoriamente y es probable que continúe siéndolo mientras la mujer constituya un elemento pasivo en el orden económico del país».
A propósito de la cuestión, queremos remarcar que estas formas de comprender el mundo social no aparecieron espontáneamente, sino que fueron creadas estructuralmente. Recordemos que el Código Civil vigente desde 1871, ya mencionado más arriba, prohibía a la mujer casada toda actividad económica, no pudiendo disponer y administrar bienes propios, ejercer su profesión, formar parte de sociedades civiles o mercantiles, etc., sin consentimiento del marido. Sobre derechos civiles de la mujer, la ley nº 11357, sancionada el 14 de septiembre de 1924, amplió la capacidad civil de la mujer casada. Recién entonces se la liberaría de algunas restricciones, aunque el poder consagrado a la autoridad del jefe de familia permaneció por décadas, cercano a nuestros días, por ejemplo, en la filiación de los hijos y en el ejercicio de la patria potestad, entre otras cuestiones.
Las innovaciones tecnológicas y la difusión del conocimiento dejan ver su influencia en el número de ocupaciones y profesionales por rama de actividad. Por ejemplo, en el censo nacional de 1895 las profesiones sanitarias han duplicado el número de sus miembros de 2500 a 5000, como total nacional. En la lista de la provincia de Santa Fe figuran por orden alfabético: curanderos, dentistas, enfermeros, flebótomos, médicos, ortopédicos, parteras, pedicuros, químicos. Su desagregado indica para argentinos: 89 varones y 50 mujeres; para extranjeros: 303 varones y 70 mujeres. Como vemos, el profesionalismo en materia de salud estaba aportado principalmente por las y los inmigrantes. Sin embargo, hubo esfuerzos por lograr profesionales sanitarios de parte del gobierno santafesino a la hora de planificar la educación superior. Efectivamente, el 5 de diciembre de 1887 se aprobó la ley que creaba el Consejo General de Higiene que regularía las actividades del arte de curar: médicos, dentistas, flebotomistas, parteras. La prevención de enfermedades y la formación de profesionales era un nuevo imperativo. La lucha denodada de Clemente Álvarez en Rosario frente a las enfermedades infectocontagiosas es un ejemplo de entonces.
La década de 1860 había señalado, a través de distintas gestiones, el interés y demanda por estudios superiores. A fines de la década, en 1868, por ley de la Cámara de Representantes se votó el presupuesto de 3.500 pesos fuertes para crear las Facultades Mayores de Jurisprudencia en el colegio Inmaculada, proponiéndose Derecho Civil, Derecho Natural y Derecho Canónico al inicio, lo cual luego fue reprogramado por etapas, estableciéndoselo de acuerdo a planes curriculares de las Universidades de la República. Ya en 1869 el presupuesto provincial incluyó 1.500 pesos como subsidio a alumnos que siguieran estudios en estas últimas, lo cual habilitaba otras posibilidades: que se tomaran los cursos fuera de Santa Fe.
Una preocupación permanente respecto a este nivel de educación en las Facultades Mayores, radicaba en el reconocimiento oficial de los títulos expedidos. Diferentes observaciones sobre asignaturas, tesis y exámenes iban modificando el desarrollo curricular que se ejecutaba sobre la marcha, en orden a alcanzar dicho reconocimiento, siguiendo las indicaciones de las autoridades nacionales y los modelos de las instituciones legitimadas.
La década de 1880 reforzó otra concepción político–educativa instalada décadas atrás: el laicismo. El 10 de noviembre de 1884 el presidente Roca, en decreto inspirado en la ley de Educación Común, desconoció el carácter oficial del colegio Inmaculada, en el que funcionaban las Facultades Mayores. Como respuesta, los jesuitas lo clausuraron y éstas quedaron sin marco institucional. El funcionamiento continuó hasta que los alumnos que cursaban terminaron sus estudios.
Sobre la base de aquellos antecedentes, el 16 de octubre de 1889 una ley creó la Universidad de Santa Fe, y José Gálvez, de quien fuera la iniciativa, presidió el 30 de abril del año siguiente —durante la gobernación de Juan Cafferata (1890–1893)— el acto de instalación anunciando «una nueva era intelectual». Se establecía por ley el mandato que el estatuto consagraría: la libertad de cátedra y el acceso a ellas por concurso. Cinco años después, también en octubre, tenía lugar la primera colación de los jóvenes graduados como abogados. El Estado provincial subsidiaba los estudios, reconociéndose que una burocracia estatal moderna debía tener funcionarios y jueces eficientes.
A fines de 1910, la Legislatura sancionó con fuerza de ley la creación de una Escuela de Parteras. Aquí se abría un nuevo campo laboral para las mujeres: estaba destinado a jóvenes con certificado de escuela primaria aprobada.
Es claro que se atravesaba una nueva época. En las mismas décadas que estamos recorriendo, el Estado santafesino tomó decisiones también en materia de salud, vistas las evaluaciones de actividades de los practicantes médicos, dentistas, farmacéuticos, parteras y flebotomistas, muchas de las cuales se hacían en forma empírica.
Los debates en órganos legislativos evidencian la necesidad de profesionalizar la atención de los partos, porque las parteras con título eran un 60 % de las que prestaban servicio y, aunque se sumaban otras autorizadas —muchas extranjeras—, se producían tratamientos deficientes traducidos en alta mortalidad materna por fiebres puerperales, tétanos y otras enfermedades. La creación de una escuela de parteras se justificaba en que, según datos del Consejo de Higiene, la provincia tenía aproximadamente 30.000 nacimientos por año, asistidos por escaso personal competente. Los debates legislativos daban cuenta de las responsabilidades políticas en este rubro, por lo tanto más tarde la Universidad de Santa Fe creaba la Facultad de Farmacia y Obstetricia. Así, el gobierno provincial saldaba una cuestión muy importante. A fines de 1910, la Legislatura sancionó con fuerza de ley la creación de una Escuela de Parteras, bajo el Patronato de la Universidad Provincial, que funcionaría en el Hospital de Caridad, anexa a la Sala de Maternidad.
Aquí se abría un nuevo campo laboral para las mujeres: estaba destinado a jóvenes con certificado de escuela primaria aprobada. El cursado duraba dos años y tenía carácter teórico práctico, pero para obtener el diploma había que cumplir con la asistencia en quince partos. Sin embargo, debían esperar hasta la edad de 18 años aún cuando, en los debates previos a la sanción de la ley, el diputado Arguimbau opinaba que «la cerebración de una niña no está preparada para hacer estudios superiores». El diputado Escobar completó la idea diciendo que eso era así, pero como los estudios eran de poca importancia y todo lo hacía la práctica, «la cerebración podía continuar en la escuela». También estaba previsto que las extranjeras con preparación para éstos pudieran revalidar sus títulos. La Cámara hizo modificaciones al proyecto de ley en el discurso del articulado que expresaba concepciones sobre la sexualidad, y reemplazó algunos vocablos: órganos genitales por órganos de la generación, entre otros. Otra vez el sesgo sexista se manifestaba en el discurso público. Algunos funcionarios, de mayor apertura en sus conceptos sociales, se expresaron de otra manera. En el mensaje que dio el rector de la Universidad Provincial, Julio Busaniche, en la colación de grados de 1916 expresó:
«No concibo una conciencia colectiva sin que el alma de la mujer entre a formarla, poseída de convicción y entusiasmo», y más adelante: «El pensamiento de la revolución que quedó consagrado en el Congreso Centenario de Tucumán, triunfó sin duda porque tuvo allá al norte a Mercedes Tapia y las mujeres de Cochabamba y a Doña Juana Azurduy, y porque acá al sur hubo las matronas del complot de los fusiles».
El contexto de la primera década del siglo evidenció dispares realidades: por un lado, gran optimismo de las autoridades y los sectores capitalistas generado por el crecimiento económico —también demostrado en el censo nacional agropecuario de 1908— y por otro, convulsiones en sectores del trabajo protagonizadas por obreros politizados en las corrientes anarquistas, socialistas, comunistas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales —baste pensar en el grito de Alcorta, la huelga rural de 1912— motorizadas por colonos en reclamo de los arrendamientos, incluyendo la agitación protagonizada por las mujeres, cuando María Robotti se destacó por su liderazgo.
Las explosiones de rebeldía ponen en debate el impacto de la ley de sufragio universal, la que no logrará acallar el malestar porque el universo de extranjeros no podrá votar. Así, la segunda década del siglo XX es testigo de protagonismos de diferente índole para la ciudadanía toda: la legal y la conquistada por propia acción. En este sentido, cabe mencionar la figura de Luis Bonaparte, autor de un artículo llamado Feminismo, publicado en Espíritu Nuevo, y de comentarios que él mismo hiciera sobre la visita a Santa Fe de Belén Sárraga, feminista libertaria procedente de Barcelona, quien dio una conferencia en 1906 en el Teatro Municipal, inaugurado ese mismo año. Bonaparte fue convencional del Congreso que sancionó la Constitución de 1921 con voto de las mujeres en el orden municipal.
El año 1912 marca un hito de avanzada para la ciudadanía masculina argentina: ya no más voto censitario ni privilegios de un sector sobre otro, la ley de sufragio universal igualaba los varones con el voto obligatorio; pero si bien constituye un progreso en la condición de ciudadanía masculina, fue restrictiva al universo femenino, excluido hasta la constitución de 1921 en que las mujeres podrían votar en las jurisdicciones municipales, pero por el veto del gobernador Mosca, recién iniciarán la práctica electoral una década más tarde, cuando el gobernador Luciano Molinas promulgue la constitución. En el artículo 35 correspondiente al Régimen Electoral se lee:
«Sólo tendrán voto en las elecciones provinciales los ciudadanos argentinos mayores de dieciocho años que se hallen inscriptos en el registro cívico provincial. Los extranjeros y las mujeres serán electores y elegibles para los cargos de carácter local, en el modo y forma que la ley o las respectivas cartas municipales determinen».
Volviendo al proyecto del tercer censo, diremos que procuró la preparación de un inventario de la riqueza pública y privada como eje prioritario, y de la población en segundo lugar. La dimensión de este censo en comparación con los anteriores ya se puede apreciar en el número de censistas: 3.045, 12.476 y 67.020 para 1869, 1895 y 1914 respectivamente. Alentaba hacerlo la proximidad del Centenario de la Independencia, y se proponía tener para entonces los resultados.
La planificación para asegurar el éxito en la ejecución tuvo en cuenta factores novedosos: la difusión que garantizara óptimos resultados se hizo a través de la escuela, con la distribución de cartas a cada familia, portadas por la misma población escolar; otro medio fue la publicidad en lugares públicos, habida cuenta que la población alfabeta era ya numerosa y podía informarse y retransmitir los mensajes escritos a los impedidos de hacer esa lectura; y un tercer factor innovador lo constituyó la convocatoria de doscientas señoritas para compilar el material del censo. Esta preferencia de emplear personal femenino se fundamentó en conceptos esencialistas: «la mujer por la naturaleza de su sexo está dotada por aptitudes especiales para desempeñarlo más satisfactoriamente que el hombre, ella es por lo general contraída, disciplinada, metódica, inteligente, modesta en sus aspiraciones, y dentro del grupo social a que pertenece, mucho más instruida que el hombre».
Para la provincia de Santa Fe, el censo arrojó resultados en instrucción pública juzgados como altamente superadores de los anteriores:
Otro tipo de creación institucional educativa fueron las escuelas–taller. La Escuela Industrial de la Nación en 1909; las escuelas de oficios para varones ocupando madera y metales como principales materiales; y las de mujeres destinadas a oficios para elaborar confecciones: modistas, lenceras, bordadoras, encajeras, sombrereras, tejedoras, teleras.
Como vimos, los estudios superiores en la Universidad Provincial se concentraban, por un lado, en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, aunque solamente se enseñaba Derecho; por otro, en Farmacia y Obstetricia dos décadas después de la fundación de dicha institución. El año 1912 marcó una gran movilización social que, iniciada a partir del reclamo por el reconocimiento de los títulos, demandaba la nacionalización de la Universidad Provincial. Las manifestaciones públicas, las conferencias en bibliotecas y el Teatro Municipal, más los artículos periodísticos exhibían la participación de amplios sectores de la población, que excedían al movimiento estudiantil. La reforma universitaria de Córdoba, movimiento en el que participaron estudiantes de Santa Fe, como el dirigente Caballero Martín, movilizó aún más la sociedad santafesina, favoreciendo la nacionalización.
El período que nos ocupó en este trabajo se desenvolvió, como vimos, en una dialéctica entre laico–religiosa, masculino–femenina, estatal–privada, tradicional–moderna. Se innovó en una variedad de campos, concretados algunos proyectos, parcialmente muchos y fracasados otros. El sistema escolar creado con todos los niveles educativos más la edición de libros, revistas y periódicos constituyó sin duda la estructura que posibilitaría un cambio cultural en la sociedad. La institucionalización educativa y de salud permitió superar los niveles previos de condiciones de vida, y el conocimiento transferido a profesiones y ocupaciones diversas se ofreció como una promesa de mayor bienestar social.
Si bien las disciplinas escolares que formalizaron la estructura curricular eran comunes para varones y mujeres —lectura y escritura, aritmética, gramática castellana y geografía— las niñas recibían asimismo labores propias de su sexo, con lo cual de modo tácito o explícito, se las preparaba para un rol social acotado. Los desarrollos curriculares diferenciados o generizadamente sesgados, ofrecieron condiciones de posibilidad que proyectaban destinos particulares a varones y mujeres. La escuela secundaria ofreció bachillerato a los varones, posibilitando su acceso a la educación superior, mientras que la escuela normal se veía adecuada a las jóvenes, pero poniendo al magisterio como un techo.
El ingreso a la carrera de obstetricia fue una excepción en las posibilidades de educación superior para la población femenina porque compatibilizaba con la reproducción de la sociedad. En cambio, para los graduados abogados, las metas estaban en los poderes públicos: carreras legislativas, constitucionalismo, justicia. Como reza el tercer censo: «La juventud egresada de las aulas universitarias es por derecho de conquista, la clase dirigente de la sociedad. En tal concepto preside el movimiento social y orienta la evolución al darle fórmulas definidas en el desenvolvimiento histórico de la nacionalidad».
Los censos recorridos, si bien útiles para cuantificar los procesos, comunican conceptos sociopolíticos muchos de los cuales no podemos aceptar, sobre todo en lo que se refiere a los destinos de la población ancestral, ocupante de los bosques destinados al primer extractivismo, bajo gobiernos de raíz republicana constitucional. La metodología con la que se hizo la expulsión de dicha población fue de extrema violencia, con fuerzas armadas de Remingtons, y sobre la cual la comisión censista manifestó su beneplácito de esta manera:
«La extensión de las colonias de Santa Fe hacia el norte del antiguo Chaco, el poblamiento y la creación de pueblos, han extinguido el dominio indígena, disminuyendo su antigua población salvaje (...) todo induce a creer que la población no sometida todavía al imperio de la civilización habrá desaparecido en absoluto o estará próximo a ello dentro de un período muy breve».
Para tener un proceso capitalista de base inmigratoria, era necesario legalizar, educar, sancionar normativas, distribuir tierras. Con esto se creó un sector social de corte liberal burgués, de fuerte presencia masculina en el espacio público. No obstante, pudimos rescatar algunas ideas proclives a proponer otros destinos para las mujeres en el espacio público, y una valoración crítica de los mandatos que operaban sobre ellas en el espacio doméstico.
El crecimiento económico en cifras despierta la admiración de autoridades y sectores del capital. Sin embargo, en clave de clase, las condiciones de trabajo de las industrias florecientes —Refinería Argentina de Rosario, La Forestal del norte santafesino, entre otras— prueban, como lo revela el informe elaborado por el catalán Bialet Massé en 1905, que la riqueza creada por esos y esas trabajadoras tuvo altos costos para su vida y salud. A diferencia de los censos, que enfatizan los valores numéricos, Bialet Massé detalló las condiciones laborales de las niñas y adultas. También agrega sus impresiones personales, de gran significación para explicitar ideas, prejuicios, propuestas al mencionado informe.
El ingreso a la carrera de obstetricia fue una excepción en las posibilidades de educación superior para la población femenina porque compatibilizaba con la reproducción de la sociedad.
La Refinería Argentina procesaba el azúcar de la provincia de Tucumán arribado en ferrocarril hasta la ciudad de Rosario. Si bien Bialet Massé destaca la importancia económica de esta industria, no oculta las lamentables condiciones de trabajo y el empleo de menores. Sobre las tareas de las mujeres, quienes tenían asignado el cortado de los panes de azúcar y su embalaje, aconseja la prohibición, a las obreras embarazadas y las niñas, de apoyar la carga en la cadera derecha, por la deformación que produciría ese esfuerzo en el ilíaco. También califica como deplorable el hecho de respirar polvo constantemente, porque ese material fino espesa las mucosidades de los pulmones, por lo cual opina que no deberían admitirse obreras menores a 16 años de edad. También observa que las mismas no visten ropa de trabajo adecuada que pudiera protegerlas del polvo. La visita a la fábrica hecha por este testigo, se hizo acompañado de la Delegación Comercial Española, pudiéndose constatar que las niñas pequeñas estaban «anémicas, pálidas y flacas», atribuyéndose esto a la sobrefatiga.
Las observaciones de Bialet Massé se extienden al entorno externo del espacio fabril, compartido con la mano de obra ferroviaria y portuaria, inclusive de niños a quienes se exigía igual cantidad de horas que a los adultos, y de las mujeres a quienes no se les pagaba lo que correspondía. Describe que en las empresas cigarreras trabajaban niños y niñas aún de 8 años de edad, y siendo que parte de la tarea que estos últimos hacían era barrer, mucho más que el humo de los cigarros los dañaba el polvo que aspiraban. En su opinión, observaba otro hecho grave: que la tuberculosis se difundía con la entrega del producto final de la tarea de las trabajadoras, por ejemplo, con las costuras de las modistas o los cigarros de las armadoras.
Respecto a la educación, Bialet Massé afirma que las madres anhelaban que sus hijos estudiaran, pero que no había suficientes bancos, con lo cual hace un llamado de atención al gobierno. En desacuerdo con el trabajo infantil, opinaba que los niños de hasta 12 años no deberían hacer otra cosa que ir a educarse. Sobre los salarios pagados menores a las mujeres que a los hombres, opina que se le debería pagar lo que su trabajo valía, y los funcionarios no tolerar abusos. Estas ideas de igualdad de género en materia salarial manifestadas por Bialet Massé son acordes con las de su lugar de origen. En efecto, Cataluña, en especial Barcelona, era lugar de una activa propaganda libertaria compatible con los derechos femeninos.
Un universo laboral de mujeres con desempeño en el espacio público, importante numéricamente y dependiente del Estado, fue sin duda el magisterio. Comprendido en los primeros tiempos como la extensión extradoméstica del servicio que las mujeres ofrecían en el hogar, poco tardó en que la protesta se visualizara más allá. En 1918, la huelga motivada en diez meses sin cobrar el salario, llevó las maestras a las calles. Esa experiencia tuvo una consecuencia organizativa de envergadura: la elaboración del Estatuto del maestro y la formación de la Asociación del Magisterio. Si bien este movimiento no tuvo continuidad sino que se manifestó de modo intermitente, la experiencia traería consecuencias posteriores, con la aparición de liderazgos de gran relevancia, como el de Marta Elena Samatán.
Los idearios que se manifestaron en este período fueron predominantemente liberales, aunque este es un concepto demasiado amplio para tratar aquí. Diremos, sin embargo, que a principios de siglo XX las ideas más radicales eran expresadas por sectores intelectuales y obreros, en desacuerdo con el capitalismo, y se definían como comunistas, anarquistas, socialistas, agrupados en asociaciones sindicales, cívicas o culturales.
El laicismo y el sufragio fueron los reclamos liberales más tempranos con los que buscaban ordenar la vida pública.
El laicismo y el sufragio fueron los reclamos liberales más tempranos con los que buscaban ordenar la vida pública. Los límites a la injerencia religiosa trajeron tensiones durante el gobierno de Nicasio Oroño, como las surgidas cuando una ley estableció el matrimonio, necesario dispositivo para normalizar una sociedad de etnicidad y creencias diversas, incompatible con una pretendida hegemonía católica.
Hemos tratado de ofrecer una visión amplia de lo acontecido en siete décadas entre siglos en la provincia de Santa Fe. Muy frecuentemente los autores de textos históricos nos dejamos llevar por alguna fuente en desmedro de otra. La variedad de documentos en los repositorios permiten, sin embargo, explicaciones no hegemónicas, que hagan justicia, en lo posible, con esa agencia que ya no está para aceptar o desmentir las explicaciones históricas.
