4. Unitarios y Federales
POR JORGE ANDRES FERNANDEZ Y ERIC AMSLER
Última actualización
POR JORGE ANDRES FERNANDEZ Y ERIC AMSLER
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La década de 1820 significó la consolidación de las autonomías provinciales frente a las tendencias unitarias de concentración de poder político en Buenos Aires. Ya hacia 1929 había quedado en el pasado el intento de organización nacional liderado por Bernardino Rivadavia, que tuvo como epílogo la Constitución Nacional de 1826 y el rechazo, casi unánime, de todas las provincias.
A principios de 1830, el general Paz, que había derrocado a Bustos en abril de 1829 y había asumido la gobernación de la provincia de Córdoba, derrota a Quiroga en la batalla de Oncativo y establece la Liga Unitaria, la que consolidará mediante la suscripción de un Tratado que incluye a las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca y Salta. Además de una alianza ofensiva y defensiva, las provincias se comprometen a constituir un Estado común y la erección de un mando supremo unitario, nombrando al mismo general Paz como Jefe Supremo Militar.
Enfrentadas con la Liga Unitaria, se encontraban las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, todas embanderadas en la causa federal. Sin embargo, la postura del caudillo bonaerense, Juan Manuel de Rosas, y las del resto de las provincias del litoral, destacando las figuras de Estanislao López y Pedro Ferré, presentaban profundas diferencias respecto a los caminos que debían tomar las Provincias Unidas del Río de la Plata para logar su organización nacional, económica y política.
En términos de organización nacional, Rosas pretendía posponer todo intento de constitución nacional y gobierno central hasta tanto las provincias no resuelvan sus problemas intestinos, argumentando que cada Estado —provincia— debía, previamente, arreglar sus instituciones y obtener un orden estable y permanente, demostrando su aptitud para formar una federación con las demás provincias. En cambio, las provincias del litoral entendían que la lógica era la inversa. Era necesario y apremiante construir los caminos y canales de unidad entre las provincias como herramienta vital para la organización nacional y la prosperidad general. Esta era la idea defendida por el gobernador santafesino Estanislao López.
En términos económicos, las provincias del litoral pretendían la nacionalización de la aduana y el control del comercio exterior, aumentando la restricción de importaciones para que puedan prosperar sus industrias locales. Como sostenía Pedro Ferré:
«La libre concurrencia —el libre comercio— es una fatalidad para la nación. (...) Es un derecho incuestionable el que tienen las provincias al Tesoro que se recauda de impuestos al comercio extranjero, en proporción al consumo y productos de cada una».
En el mismo sentido, se expresaba el representante correntino pidiendo protección a la producción nacional:
«Los pocos artículos industriales que produce nuestro país, no pueden soportar la competencia de la industria extranjera. Sobreviene la languidez, y nuestros artículos perecen o son insignificantes». (...) «No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses; no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra; no vestiremos la ropa hecha en extranjería y demás renglones que podemos proporcionar, pero, en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de los pueblos enteros de argentinos».
Estas palabras resumen la posición de quienes han procurado la protección de la producción argentina frente a la libre importación de productos extranjeros competitivos con nuestra industria desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Por su lado, Rosas no tenía intenciones de compartir los ingresos de la aduana de Buenos Aires y, aunque luego iba a sancionar la Ley de Aduanas, era partidario de un comercio libre que favorezca su plan de exportación ganadera. Rosas expresaba los intereses económicos y comerciales de aquellos sectores, en la provincia de Buenos Aires, cuyas ganancias no dependían del mercado interno, sino del mercado internacional: los productores de ganado para la exportación y los comercializadores ligados al puerto.
Finalmente, en términos políticos, Rosas sabía que su preponderancia como gobernador de Buenos Aires podría peligrar ante la constitución de un órgano o poder de carácter soberano y representación nacional. Comandaba la provincia más importante del país, tenía un alto grado de influencia en muchas de las provincias del interior y pretendía tener las atribuciones que ya la Ley Fundamental le había brindado a la provincia de Buenos Aires.
Luego de un año de infructuosas negociaciones para la constitución de un tratado común, fue el inminente ataque militar del general Paz el que definió la celebración del Pacto Federal recién el 4 de enero de 1831. Este pacto tiene carácter constitucional y se lo considera uno de los pactos preexistentes de mayor importancia. Su artículo 15 crea una Comisión representativa de los gobiernos de las provincias litorales de la República, órgano con carácter nacional integrado por un representante por cada provincia signataria. Entre las funciones que el Pacto le da a la Comisión se destaca la de celebrar tratados de paz, declarar la guerra, nombrar al general del ejército y, principalmente, convocar a todas las provincias «cuando estén en plena libertad y tranquilidad a reunirse en federación con las tres litorales; y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal...».
Un hecho inesperado cambia el destino del conflicto. El 10 de mayo López toma prisionero al general Paz, en forma casual, y lo mantiene cautivo en Santa Fe hasta 1835. Sin su jefe, y vencida en varios frentes, la Liga Unitaria comienza a declinar. López logra que un hombre cercano a él, José Vicente Reinafé, fuese electo gobernador de Córdoba el 5 de agosto, asegurándose la influencia sobre la provincia vecina.
Con el apresamiento del general Paz, el bloque unitario comienza a desmembrarse y las provincias van sumándose al Pacto Federal y envían sus diputados a la Comisión Representativa. Todo hacía parecer que el momento de paz y tranquilidad había llegado, y con él, la elaboración constitucional que fundara la unidad nacional mediante una federación.
Pero las diferencias antes señaladas no habían desaparecido, ni con el Pacto Federal de enero ni con la victoria sobre Paz en mayo de 1831. Finalmente, no obstante los infructuosos deseos de López y el resto de los representantes de la Comisión reunida en la ciudad de Santa Fe, el 13 de julio de 1832 la Comisión tuvo que declararse disuelta, dejando en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires sus prerrogativas nacionales. Ya en octubre de 1831, en una entrevista mantenida en Rosario por López y Rosas, el caudillo santafesino le expuso al gobernador de Buenos Aires la necesidad que la Comisión Representativa de los gobiernos litorales procediera a la convocatoria del congreso general constituyente previsto en el pacto federal, a fin de organizar institucionalmente al país bajo un sistema federal. Sin embargo, la respuesta de Rosas fue contundente: «éste no es tiempo de constituir el país y es preciso, compañero, que prescindamos de comisión representativa». La falta de apoyo de Rosas y la negativa de Quiroga marcaron el lento final de esta institución creada por el pacto del 4 de enero. Su disolución se precipitó por una carta escrita por Manuel Leiva, diputado por Corrientes, y firmada también por Juan Bautista Marín, diputado cordobés, dirigida al gobernador de Catamarca, donde Leiva acusaba al gobierno de Buenos Aires de impedir la organización del país para evitar distribuir las rentas de su aduana. Cuando la carta cayó en manos de Quiroga se produjo un escándalo, y Rosas retiró a su representante de la Comisión Representativa. El gobernador de Buenos Aires interpretaba que reunirse en federación, en los términos del tratado, significaba simplemente adherir al pacto pero que no había llegado el momento de darse una constitución. En tal caso, el pacto federal funcionaba como la base jurídica de un acuerdo confederal o confederación de provincias. En cambio, para Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes significaba la reunión de un congreso general constituyente que dictara una constitución de carácter federal.
Con el apresamiento del general Paz, el bloque unitario comienza a desmembrarse y las provincias van sumándose al Pacto Federal y envían sus diputados a la Comisión Representativa.
Pero este no fue el final de la Comisión de Representantes, y aquí radica mucho de la importancia del Pacto Federal y la labor jurídica de sus integrantes. Más de veinte años después, una vez victoriosas las fuerzas de Urquiza por sobre las de Rosas, las mismas provincias originales del Pacto Federal suscribieron el Protocolo de Palermo, donde convocaron a cada una de las provincias signatarias «del tratado de cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno» para que procedan al «nombramiento del Plenipotenciario que debe concurrir a formar la Comisión representativa de los Gobiernos, para que reunida ésta en la Capital de la Provincia de Santa Fe entre desde luego en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, según el artículo diez y seis del mismo tratado». De esta Comisión de Representantes surge el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, la convocatoria al Congreso General Constituyente de Santa Fe y, finalmente, la Constitución Nacional de 1853.
Terminada la guerra, López se convierte en uno de los tres líderes políticos del triunfante federalismo, junto a Quiroga y Rosas. La influencia de López se esparce por el Litoral, la Mesopotamia, Córdoba y Santiago del Estero. Especialmente, logra establecer una fuerte influencia sobre la vecina Entre Ríos, ya que a partir de marzo de 1832 es nombrado gobernador uno de sus lugartenientes: Pascual Echagüe. Las diferencias con Rosas respecto a la oportunidad de la organización nacional quedaron al desnudo rápidamente, pero también se comienzan a manifestar claros desacuerdos militares y políticos con el otro hombre fuerte del federalismo argentino, Facundo Quiroga. Las diferencias con Quiroga tenían que ver con las influencias sobre la designación del gobernador de Córdoba, a las que ambos aspiraban. López logra que un aliado suyo, Reinafé, fuese proclamado gobernador. Quiroga también reclamaba a López no haberlo asistido en La Tablada y en Oncativo cuando se enfrentaba a Paz. Por último, los recelos por la conducción del triunfante federalismo jugaron un rol clave en la disputa.
El fin de la guerra supuso el repliegue de López a los asuntos internos del estado provincial. El viejo problema de la frontera con los pueblos originarios, el fomento de la educación y la cultura, y el desarrollo de la golpeada economía provincial fueron los principales asuntos a los que debió dedicar su gestión de gobierno, como sostiene Alejandro Damianovich.
Este autor afirma que en estos años López decide iniciar una guerra contra los aborígenes del Chaco. Lo motiva, inicialmente, un destructivo malón que en 1832 llega hasta las chacras próximas a la ciudad logrando esquivar a las tropas de López que le habían salido al cruce. Los conflictos con el pueblo mocoví en San Javier y en San Pedro y con los Montaraces en los actuales departamentos de San Cristóbal y San Justo, se inscriben en dicha estrategia.
Respecto a la administración de la provincia durante los años de ejercicio del poder del brigadier, y excluyendo las cuestiones militares y estrictamente políticas, podemos destacar el desarrollo y fortalecimiento de la educación. Un dato significativo en este sentido es que hacia el final de su gestión había trece establecimientos educativos en la provincia, con tres niveles de enseñanza: la primera enseñanza o estudios primarios, la enseñanza secundaria y la educación técnica o especial centrada en artes y oficios. Fue, por lo tanto, Estanislao López quién inició la enseñanza media en la provincia. Se destaca, también, la creación de las cátedras de geografía e historia americana. Inicia, al mismo tiempo, la educación femenina en la provincia, al fundar en 1838 una escuela de niñas.
Hacia el final de su gestión había trece establecimientos educativos en la provincia, con tres niveles de enseñanza: la primera enseñanza, la enseñanza secundaria y la educación centrada en artes y oficios. Fue, por lo tanto, Estanislao López quién inició la enseñanza media en la provincia.
En relación a los aspectos económicos de su gestión de gobierno, hay que dar cuenta de un período de crisis recurrente. La decadencia económica de Santa Fe tenía un largo recorrido, y no estaba relacionada exclusivamente con lo sucedido en los años recientes. Había sido despojada de su privilegio de puerto preciso en 1780, generando la disminución de la frecuencia de ingreso de barcos provenientes del Paraguay. La guerra de la independencia había dañado la relación comercial con el histórico mercado altoperuano, y las guerras litorales, con las frecuentes invasiones porteñas, habían hecho estragos en su producción ganadera, devastando sus campos. También se produce una disminución de la mano de obra disponible en las tareas rurales: las levas y los reclutamientos forzosos se sumaban a las destrucciones materiales. Las incursiones indígenas también hicieron los suyo. Las medidas de López para paliar tal situación apuntaron siempre a indemnizar la producción ganadera y las actividades mercantiles, núcleo de la matriz económica santafesina en el pasado. El libre comercio parece ser el paradigma de sus medidas económicas, como se desprende de los tratados firmados con distintas provincias. No hay medidas o decisiones de corte proteccionista en la provincia hasta 1847. En este sentido, sobre todo a partir del Tratado del Cuadrilátero, la estrategia del gobernador se inscribe en la lógica de la integración productiva y comercial con Buenos Aires.
Dos preocupaciones políticas de López se vinculan con sus preocupaciones económicas: la necesidad de la paz para el desarrollo de la ganadería y el comercio, y el dictado de una constitución federal que estableciera reglas claras para la navegación de los ríos y la distribución de las rentas de la aduana de Buenos Aires. Pero como lo hemos analizado anteriormente, Rosas se negó sistemáticamente a convocar un congreso general constituyente que organizara el Estado sobre principios federales. Los gobernadores provinciales, lentamente, fueron aceptando el nuevo orden de cosas que Buenos Aires proponía. Aceptaron que Buenos Aires fuera el centro político del país, sin pagar los costos de ser capital de un Estado Federal y sin repartir los beneficios de su aduana.
Los reclamos de los gobernadores fueron apaciguados, parcialmente, cuando en 1835 Rosas hace sancionar una Ley de Aduanas. La ley intentaba atenuar los efectos negativos del régimen de librecambio sobre las economías provinciales, al mismo tiempo que establecer un marco de relaciones con las provincias que no tuviese como única variable la cuestión constitucional. La ley buscaba proteger la producción de ciertas regiones, estableciendo aranceles para la importación de algunos productos que competían con aquella y, de esta manera, equilibrar las deficitarias economías de algunas provincias. Uno de los efectos más importantes fue que en 1836 el país comenzó a exportar harina, hasta que el bloqueo francés y el anglo francés impidieron su continuidad. La ley no pudo ser aplicada en su totalidad, sufrió varias modificaciones, pero sirvió para compensar los desacuerdos producidos después de la firma del Pacto Federal y mantener cierto equilibrio político entre Buenos Aires y las provincias dentro de la Confederación.
Dos preocupaciones políticas de López se vinculan con sus preocupaciones económicas: la necesidad de la paz para el desarrollo de la ganadería y el comercio, y el dictado de una constitución federal que estableciera reglas claras para la navegación de los ríos y la distribución de las rentas de la aduana de Buenos Aires.
De esta manera, más allá de los beneficios obtenidos parcialmente por las provincias litorales luego de la sanción de la ley, Rosas buscaba evitar una potencial sublevación del interior. Los unitarios habían introducido desde Uruguay un folleto titulado Federación, Constitución, Nacionalización, que le hace decir a José Luis Busaniche lo siguiente:
«Los hombres que habían fusilado a Dorrego por federal, que habían abominado de la democracia, que habían negado los derechos políticos más esenciales al peón, al jornalero y al doméstico —es decir, al pobre por el hecho de serlo—, y denunciando al federalismo como una doctrina de disolución y de oprobio, introducían en el país» el folleto «para incitar a los pueblos a constituirse bajo el sistema federal y derribar la dictadura de Rosas. Mayor cinismo parecía inconcebible».
Leva: Reclutamiento forzoso de gente para el servicio militar, para nutrir las filas del ejército en la guerra. Recaía sobre las clases populares: gauchos, indios, etc.
No solamente la guerra entre federales y unitarios, y entre aliados y enemigos de Rosas signaron los años 30 y 40 del siglo XIX, sino también una serie de conflictos diplomáticos y militares entre la Confederación y otros países contribuyeron a alterar la paz. Santa Fe, aliado incondicional de Buenos Aires en estos años, no fue ajena al contexto conflictivo que se desarrollaba. Uno de los casos fue la guerra contra la Confederación Peruana–Boliviana, cuya excusa fue la disputa por Tarija, pero que tuvo múltiples motivaciones. La conformación de la Confederación en 1836, liderada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, amenazaba alterar el equilibrio fronterizo entre Chile, Argentina y el Alto Perú. Chile le declara la guerra a Santa Cruz y solicita inmediatamente apoyo a Rosas. El gobierno de Buenos Aires, en su condición de encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina comunica a los gobernadores el fracaso de las negociaciones en Bolivia. Ante ello, López responde:
«El gobierno de Santa Fe, al contemplar el cuadro desgraciado que en todo aspecto presenta hoy la patria de los argentinos y el desprecio con que ella es universalmente mirada —de que basta por toda prueba lo ocurrido con la autoridad boliviana—, cree no equivocarse al manifestar que el origen verdadero de tamaños infortunios no es otro que nuestro estado de inconstitución después de veinticuatro años de multiplicados y costosos sacrificios».
Estas palabras dan cuenta del clima de insatisfacción que reinaba en el litoral tras la negativa de Buenos Aires a materializar un congreso constituyente de carácter federal. Otro de los sucesos que afectaron a toda la nación fue la ilegal e ilegítima ocupación inglesa de las Islas Malvinas, pertenecientes al territorio argentino. De nuevo vale la pena citar las palabras del gobernador de Santa Fe para dar cuenta, no sólo de la gravedad del hecho, sino de cuáles son a su entender las causas:
«En medio de la indignación que semejante atentado ha causado al infrascripto, no se le oculta que éste y otros vejámenes inferidos a la República tienen su origen en la inconstitución en que se encuentra el país y en la figura poco digna que por ello representa».
Pero el conflicto que más relación tuvo con Santa Fe fue el bloqueo francés del puerto de Buenos Aires en el año 1838. El bloqueo se produjo por un viejo reclamo diplomático, realizado por Francia, de ser tratada como nación más favorecida, tal como ocurría con Gran Bretaña desde 1825. Dicho tratamiento implicaba el disfrute de prerrogativas comerciales y de exceptuar del servicio militar a los ciudadanos franceses. Sin embargo, estos reclamos diplomáticos se mezclaban con los conflictos políticos internos de la República Oriental del Uruguay y con las acciones de los unitarios exiliados en Montevideo. Esta ciudad se había convertido en el principal destino de los emigrados —unitarios, federales cismáticos, etc.— que estaban enfrentados a Rosas. Desde allí practicaban una furiosa campaña antirrosista que era contestada con la intervención del gobernador de Buenos Aires en la política local apoyando al presidente Manuel Oribe para debilitar dicha campaña. Fructuoso Rivera, opositor a Oribe, buscó el apoyo de Francia para desplazarlo del cargo. El bloqueo francés en marzo de 1838 fue aprovechado por los unitarios exiliados para intentar la caída de Rosas. Rivera le declaró la guerra a Buenos Aires y el litoral se convirtió nuevamente en un escenario de conflictos militares. Rosas sostuvo con firmeza la negativa a conceder a los franceses las prerrogativas exigidas y solicitó a las provincias que aprobaran su decisión.
El bloqueo perjudicaba fuertemente los intereses económicos de Santa Fe, ya que el contraalmirante Leblanc declaró «el puerto de Buenos Aires y todo el litoral perteneciente a la República Argentina, en estado de riguroso bloqueo». La imposibilidad de la navegación de cabotaje por el río Paraná impactaría negativamente sobre los ingresos fiscales de la provincia. Domingo Cullen, ministro general del gobernador, que actuaba como gobernador delegado en ausencia de López —que padecía una larga enfermedad—, sostiene que el conflicto correspondía a un entredicho particular entre Buenos Aires y Francia, y recomienda prudencia a los gobernadores de las provincias vecinas. Ante ello, Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos y firme aliado de Rosas, le envía la carta de Cullen al gobernador de Buenos Aires. Es por eso que López envía a Cullen en misión a Buenos Aires para tratar personalmente el asunto con Juan Manuel de Rosas. En carta a Rosas, López expresa:
«Me he ratificado en el convencimiento de los peligros graves que amenazan a nuestra República del cuadro lúgubre y afligente que ésta presenta, combatida de todo género de males y cuyo término no se deja ver (...) considerando que nunca con la pluma se pueden explicar suficientemente los conceptos, he deliberado enviar a esa a nuestro común amigo el señor Cullen para ese objeto y para todo cuanto pueda ocurrir, a cuyo efecto va plenamente autorizado».
La negativa de Rosas induce a Cullen contactarse con las fuerzas bloqueadoras para mediar en el conflicto, pero la muerte del gobernador de Santa Fe implica la pérdida de poder de Cullen, como delegado de López, frente a Rosas. Éste último, que estaba disgustado por los contactos que Cullen había tenido con el ministro inglés Mandeville y con el cónsul norteamericano Ritchie Dorr, que le facilitaron el acceso a una entrevista con las fuerzas bloqueadoras, aprovechando la falta de protección ante la muerte de López, lo acusó de obstaculizar las gestiones del gobierno de Buenos Aires y de connivencia con los franceses y los unitarios de Montevideo.
