3. El peronismo en el poder. Primer gobierno.
JULIO CÉSAR RONDINA
«La multitud no odia; odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor». Arturo Jauretche.
«No, amigo Sábato, lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, sino la esperanza... No eran resentidos. Eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas de vida occidentales que hasta entonces les habían sido negadas». Arturo Jauretche, en carta a Ernesto Sábato, en 1956.
La reformulación del Estado
Reflexiones sobre el estado de los países periféricos
Las especiales condiciones de conformación de los Estados nacionales latinoamericanos a fines del siglo XIX, determinan una particular relación entre pueblo–nación–Estado, en la que este último cumple el papel de agente aglutinante de la sociedad civil. Resaltado ello por la cultura estatista, provista por el largo período colonial.
En tal sentido, García Delgado (1994) nos dice que los Estados, en países periféricos, determinan fuertemente a la sociedad y puede afirmarse que construyen a la nación y juegan un rol crucial para actualizar sus respectivas sociedades cumpliendo un papel modernizador, tanto para evitar un aumento de la dependencia externa como para articular los intereses dominantes centrales y locales. En este sentido, «el capitalismo no sería en nuestra región un dato histórico dado o que preceda a la regulación estatal». El Estado es quien asume la tarea de «instaurar la sociedad moderna y de allí la especificidad de un intervencionismo estatal dedicado a ejecutar un modelo de desarrollo para la sociedad en su conjunto».
En las sociedades llamadas de capitalismo tardío (aquellas que no desarrollaron sus fuerzas productivas al mismo tiempo que los países centrales), la burguesía industrial no tiene la misma pujanza ni los mismos ritmos de crecimiento que la de los países capitalistas desarrollados. En países como el nuestro se nota un lento y deficitario crecimiento de los sectores de la burguesía nacional en favor del afianzamiento de otros sectores sociales: la oligarquía, la burguesía comercial o financiera. De carácter eminentemente parasitario, vinculados a la producción primaria, la primera, o a la mera intermediación comercial o financiera, la segunda. Sumemos a ello el asentamiento en nuestro territorio de grandes masas de capital extranjero que impiden, compitiendo en mejores condiciones económicas, el desarrollo autónomo de una burguesía de capital nacional.
Ante este marcado déficit estructural, ocurre frecuentemente que es el Estado nacional quien tiene que acudir a corregir esta malformación y asumir tareas que en los países desarrollados cumple la burguesía industrial.
El nuevo modelo: el Estado benefactor
«La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste». Juan Domingo Perón
«El peronismo fue la forma que asumió el Estado de Bienestar en la Argentina, en cuanto a una definición amplia, es decir, “la utilización del poder estatal para modificar la reproducción de la fuerza de trabajo y para mantener a la población no trabajadora en las sociedades capitalistas” (Gough, El Estado y sus actividades del bienestar), con el aditamento de un fuerte sesgo paternalista», señalan Campos, Garulli y Oliver (1999).
Esta nueva orientación habrá de hacerse bajo un perfil nacionalista, dirigista, popular y planificador que concreta la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para el mercado interno y de los sectores más carenciados de la sociedad. «La alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno de Juan Perón» (Girbal–Blacha, 2001).
El Estado apunta así a consolidar la autonomía económica del país como conductor y motor del proceso, aspirando a construir una «Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana», conforme rezaban las banderas que enarbolara el movimiento.
Con precisión dice Rapoport (2000):
«El Estado justicialista surgió para solucionar la crisis de la hegemonía oligárquica. Debió solventar el vacío de poder generado por la incapacidad de los grupos tradicionales —ligados al modelo agroexportador— para imponer sus intereses como proyecto de toda la sociedad y la de los grupos emergentes que sin representación política y en posición subordinada carecían de fuerza para presentar los suyos. Para ello, el nuevo Estado asentó su estrategia en la movilización política y social de los trabajadores incorporándolos al sistema político, ampliando su participación e integrándolos a nuevas formas de consumo».
Sigue diciendo este autor que el Estado amplió su autonomía respecto de las clases y grupos sociales, mediando en las relaciones entre patrones y trabajadores e inclusive asumiendo una función reguladora de las necesidades de los sectores empresarios. En consecuencia, se transformó en intérprete de sectores sociales antagónicos, arbitrando sus conflictos y conduciendo el proceso de industrialización en lugar de los empresarios y el mercado. Con especial acierto señala que: «La concepción y el accionar del gobierno justicialista contrastaba con los de sus predecesores, que expresaban con su desempeño un tipo de Estado cautivo de las clases dominantes tradicionales». La industrialización promovida por el Estado justicialista se diferenció así de la controlada por la oligarquía en tanto ésta era excluyente y aquella amplió el mercado interno mediante una fuerte redistribución del ingreso en favor de los asalariados.
El Estado amplió su autonomía respecto de las clases y grupos sociales, mediando en las relaciones entre patrones y trabajadores.
Perón señalaba que «hasta ahora la economía estuvo al servicio del capital; desde ahora en adelante, el capital estará al servicio de la economía. A eso nosotros llamamos economía social». En ella se trata de «crear una economía social para reemplazar la actual capitalista de explotación». Para rediseñar este nuevo modelo de Estado, Perón utilizará diversas herramientas, algunas creadas durante el gobierno militar, otras durante su presidencia.
Las herramientas del cambio
Consejo nacional de posguerra
Presidido por Perón y posteriormente por José Antonio Figuerola (economista formado junto a Alejandro Bunge con una visión industrialista y proteccionista), fue el primer organismo argentino de planeamiento económico y social. Recopilaba información para permitir un diagnóstico de la situación del país y encarar la elaboración del Primer y Segundo Plan Quinquenal que planificaría el desarrollo económico durante las primeras presidencias peronistas. Los principales parámetros sobre los que descansaba la elaboración de estos planes eran:
El modelo agroexportador había terminado.
El desarrollo industrial no podía detenerse.
El reconocimiento de que la mayoría de las industrias que habían crecido estaban especializadas en la producción de bienes de consumo final y que no resultaba posible en lo inmediato el establecimiento de las industrias de base.
La creciente conciencia en algunos sectores del Ejército de la necesidad de promover industrias de bienes de capital como la siderurgia; entre otros criterios (Rapoport, 2000)
El Estado planificador: los planes quinquenales
El 21 de octubre de 1946, Perón y Figuerola exponen ante las Cámaras Legislativas el primer Plan Quinquenal, proyecto de planificación de la economía por el término de cinco años que intentaba un encuadramiento de tipo organizativo para las obras proyectadas, en un marco de liberación nacional y justicia social.
Rapoport (2000), citando la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, en sus puntos esenciales, se planteaba:
La transformación de la estructura económico–social por la expansión industrial.
La reducción de los factores de vulnerabilidad externa a través del rescate de la deuda externa pública y privada y la nacionalización de los servicios públicos.
La elevación del nivel de vida de la población mediante una redistribución de la riqueza y un plan de obras y servicios públicos referidos a sanidad, educación y vivienda.
El empleo de parte de las ganancias generadas por los términos de intercambio muy favorables que gozaba el país, junto con las reservas de oro y divisas acumuladas durante la guerra, para la financiación del programa.
El mantenimiento de una política nacionalista frente a los organismos internacionales de la posguerra, aprovechando la coyuntura favorable.
Una amplia movilización de los recursos nacionales, la aceleración de la capitalización industrial, el fomento de la creación de un importante mercado de consumo interno y máxima utilización de la fluidez brindada al sistema bancario, para independizarse de las fluctuaciones de la balanza de pagos.
Rapoport realza el valor que tiene el plan, en cuanto por primera vez en la historia, el Estado promueve abiertamente la industrialización, aunque señala que el proyecto carecía de prioridades. Su orientación general daba importancia a la industria liviana y el mercado interno, que si bien en los primeros años fueron la clave de la expansión económica, luego, en esta estrategia estaría el embrión de la profunda crisis posterior.
El segundo Plan Quinquenal
Durante 1952, ya en pleno período de crisis económica, Perón lanzó un Plan de Estabilización, cuyo principal objetivo era la reactivación del sector rural conservando la reasignación de recursos efectuada en su primer gobierno. Se propuso controlar el déficit fiscal, contener la inflación y recuperar el sector externo, para lo que propició un cambio de política en materia de tarifas públicas, la restricción del consumo, el fomento del ahorro y el aumento de la productividad. Para ello creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios, aumentó el control de precios y extendió la duración de los convenios colectivos de trabajo.
Y elaboró un plan destinado a resolver el trasfondo estructural de la crisis. Los objetivos que se plantearon en el Segundo Plan Quinquenal fueron (Rapoport, 2000):
Mantener el equilibrio de precios y salarios, estimulando el desarrollo económico.
Un programa de inversiones estatales y privadas destinado a resolver las necesidades básicas del país en lo referente a materias primas, energía y transporte, y bienes de capital.
Proseguir la política de sustitución de importaciones.
Fomentar el incremento de la productividad agrícola–ganadera.
Conceder un papel complementario al capital y al crédito extranjero como factores de cooperación y estímulo al desarrollo económico.
Aumentar la capacidad de importación del país a partir de una decidida política de exportaciones que generara las divisas necesarias.
Coordinar la participación de empresarios y trabajadores en la planificación y ejecución de la política económica del país, determinar el papel de la empresa privada frente al intervencionismo estatal, consolidar el cooperativismo y frenar la intermediación artificial en las actividades primarias.
Instituto argentino para la promoción del intercambio (IAPI)
Creado el 28 de mayo de 1946 por decreto nº 15.350, apenas dos años después monopoliza el comercio exterior argentino de granos y es el eje del proceso de redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional.
Recordemos que en aquella época la comercialización de las cosechas era una importante fuente de beneficios para los intermediarios, especialmente para un reducido grupo de empresas. En los países centrales, por efecto de la guerra, se habían constituido organismos estatales que centralizaban la compra de materia prima y que establecían los precios a los que se compraba. Nuestro país (como Canadá, Australia y el mismo Estados Unidos) respondió a esta práctica creando el organismo estatal que monopolizaba la exportación de granos, el IAPI. A partir de ello nuestros productores tenían un único comprador, se eliminaban los intermediarios y consecuentemente la renta de la que se apropiaban. Se vieron afectados así los grandes monopolios cerealeros: Bunge y Born, Dreyfus, De Ridder, La Plata Cereal y la Continental.
El IAPI, que absorbió a la Junta Reguladora de Granos, actuaba en la compra, venta, distribución y comercialización de productos. Era el único comprador de cereales y oleaginosas, a precios fijados por el Estado. Luego de separar una parte para el consumo interno, vendía los saldos exportables. También comercializaba carnes, cueros, grasas y sebo, adquiridos en el mercado interno.
Los dividendos de esta actividad sirvieron para sostener las nacionalizaciones y la ampliación de servicios públicos, el fomento de la industrialización y la adquisición de productos importados, tales como bienes de capital y buques para la flota mercante. Asimismo permitía generar la financiación, a muy bajos intereses, de las empresas industriales privadas.
El IAPI regulaba los precios de artículos de consumo interno, conteniendo la inflación y controlando la suba de precios de artículos de primera necesidad.
Como organismo comercial centralizó las importaciones de materias primas esenciales y de bienes de capital que realizaba con los entes estatales de los países vendedores. En el ámbito interno, otorgaba fondos a reparticiones y entes públicos destinados a la compra de bienes de capital, operando como un organismo financiero y llegó a conceder financiamiento a otros países para que pudieran comprar en el mercado argentino, particularmente productos alimentarios, y adelantó fondos a astilleros europeos para la construcción de embarcaciones de pasajeros y de carnes refrigeradas (Rapoport, 2000).
Nacionalización de los servicios públicos y actividad empresarial del Estado (1943-1955)
En consonancia con políticas de carácter nacionalistas y estatizantes que existían en el mundo (bajo el influjo del New Deal norteamericano, el laborismo inglés había propiciado un amplia política de nacionalizaciones; Lázaro Cárdenas en México lo había hecho con la industria del petróleo), el peronismo nacionalizó múltiples empresas, particularmente de servicios, que puso bajo la égida del Estado, al mismo tiempo que impulsaba su actividad empresarial. Como consecuencia de ello, el Estado pasó a tener un rol primordial en el mercado de bienes y servicios:
Servicio de gas: en abril de 1944 se nacionalizó la Compañía Primitiva de Gas, de capitales británicos, la que en 1945 se puso en la órbita de ypf. Poco más tarde nació Gas del Estado. En julio de 1946 siendo presidente, Perón ordenó la construcción de un gasoducto desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires que permitió utilizar el gas que hasta ese momento se perdía. Se inauguró en 1949.
Carbón: en 1946 se creó la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales, que en 1947 comenzó la explotación de carbón en Río Turbio, lo que le permitió detectar suficiente mineral para suplir la importación; como corolario se construyó un ferrocarril que unía aquella localidad con Río Gallegos.
Telecomunicaciones: en 1946 se nacionalizó el sector telefónico que estaba en manos de una subsidiaria de la empresa itt (en 1929 había sido adquirida por capitales británicos)
Ferrocarriles: en 1946 se nacionalizaron los ferrocarriles franceses y a principios de 1947 el ministro de Economía, Miranda, cerró trato con las empresas británicas, adquiriéndolas. La toma de posesión se concretó el 12 de febrero de 1948. Para su compra se utilizaron las libras esterlinas que nos pertenecían y que estaban bloqueadas en el Banco de Inglaterra, producto de las adquisiciones de materia prima que Gran Bretaña había realizado a nuestro país durante la guerra y que fueran subvencionadas por el Estado argentino.
Transporte automotor: al nacionalizar los ferrocarriles, pasaron a manos del Estado las empresas más importantes de transporte de pasajeros y carga (Villalonga y Furlong), que pertenecían al consorcio ferroviario británico. En 1952 se nacionalizó la Corporación de Transportes, empresa del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, que dependía de la compañía La Anglo Argentina.
Energía eléctrica: en 1947 nació la empresa Agua y Energía Eléctrica, producto de la fusión de Centrales Eléctricas con la Dirección General de Irrigación, que comenzó a operar en las provincias, dejando a la cade y la Ítalo (de capital extranjero), el manejo de la Capital Federal.
Flota mercante del estado: originada en 1941, en 1946 recibió un fuerte impulso con la adquisición de nuevos barcos. En 1949, luego de estatizar la Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. se crearon dos empresas: la Flota Argentina de Navegación de Ultramar y la Flota Argentina de Navegación Fluvial.
Aerolíneas Argentinas: adquirida por el Estado y fundada en 1950 sobre la base de la empresa Aeroposta Argentina S.A. Apoyando este desarrollo se construyeron aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y los de Río Gallegos, Río Cuarto, Ushuaia y Comodoro Rivadavia, entre otros.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales: renovó la flota de buques tanques e incorporó el primero de fabricación argentina. Se emprendieron exploraciones en provincias petrolíferas.
Puertos y elevadores de granos: se nacionalizaron a partir de 1944, propiedad de las grandes compañías cerealeras (Bunge y Born, Dreyfus, De Ridder, La Plata Cereal y Continental).
Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE): en 1947, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó a su patrimonio las empresas alemanas y japonesas existentes en el país, con las que creó la dinie. Este conglomerado industrial estaba constituido por empresas metalúrgicas, eléctricas, constructoras, químico–industriales, químico–farmacéuticas y textiles (se incorporan Bayer, Merck, Shering, Osram, Otto Deutz, entre otras).
Grupo de empresas mixtas: en ellas, el Estado se asociaba al capital privado y abarcaban diversas ramas industriales. Por ejemplo: Atanor (empresa química) y somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que abastecía de acero a las empresas laminadoras. A su frente se designó al general Savio.
Reforma financiera con nacionalización del Banco Central
El Banco Central se estableció como único emisor de moneda, centralizador de la política crediticia y garantizadora de los depósitos bancarios por parte de la Nación. Ejercía así la superintendencia del sistema bancario oficial, de las juntas reguladoras de la producción, de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, del Consejo Agrario Nacional, de la Comisión Nacional de la Vivienda, de la Comisión de Fomento Industrial y del IAPI, a la vez que plasmaba el control de cambios. La política monetaria fue dirigida a la estabilización del ingreso real y al crecimiento de la producción.
Recordemos que el Banco Central, creado en 1935 por el alemán Otto Niemeyer, fue la consecuencia financiera del pacto Roca–Runciman. Así la Argentina no solamente proveía a Inglaterra de carnes y cueros a bajos precios, sino que transformaba su estructura financiera, compatibilizándola con el interés británico. El Banco Central era una entidad privada cuyo directorio estaba integrado por representantes de la banca extranjera, lo que permitía a Gran Bretaña determinar la orientación del crédito, la paridad monetaria y la emisión de circulante. Así el interés externo regulaba el conjunto de la actividad productiva argentina.
Las fuerzas armadas en su papel industrializador
Dentro de este modelo, las Fuerzas Armadas (en particular el Ejército) cumplieron un papel sumamente importante en el proceso industrializador. Si bien orientados originalmente a la producción bélica, sus emprendimientos suplían en gran parte el raquitismo de nuestra burguesía industrial, puesto que su producción de materias primas y accesorios era aprovechada por la industria liviana y mediana, al punto que hacia 1953 el 80 % de la producción de Fabricaciones Militares era para artículos de consumo general y solo el 20 % correspondía a la industria militar (Galasso, 2005).
Una vieja aspiración de los militares argentinos era la construcción de una industria armamentística moderna que permitiera la autosuficiencia de abastecimiento. A tal fin en 1941 se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares a cuyo frente se designó al general Manuel Savio. Sus más importantes empresas fueron la Fábrica Militar de Aceros y Altos Hornos de Zapla. Entre otras empresas del grupo se pueden mencionar: la fábrica militar de tolueno sintético, el establecimiento azufrero de Salta, la fábrica de amoníaco y ácidos, la de zinc electrolítico, la de Villa María (elaboraba nitrocelulosas para lacas y pinturas), la de Río Tercero (elaboraba material militar y clavos, bulones, tuercas, ligas de cobre, pistones, trépanos, etc.), la de Vainas (producía cobre y aleaciones, discos para arados, etc.) y otras.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el general Savio planificó la expansión de las industrias militares y miró hacia Europa a fin de conseguir mano de obra técnica y gerencial especializada. Especialmente a quienes habían generado la industria bélica alemana. Mediante diplomáticos y una unidad de inteligencia del Ejército radicada en Suiza, reclutó ingenieros y técnicos alemanes, a los que la finalización del conflicto bélico había dejado sin trabajo. El traslado de los mismos debió realizarse en forma clandestina, dado que los Aliados habían prohibido su partida (Potash, 2002).
El Congreso aprobó el proyecto que creaba una empresa siderúrgica mixta (SOMISA) con un capital de cien millones de pesos, el 80 % del cual sería aportado por el Estado. Diversos obstáculos permitieron su puesta en funcionamiento recién en 1961.
New Deal (Nuevo Trato)
Política económica que llevó adelante Roosevelt como presidente de Estados Unidos a partir de 1932, en la que limitó la capacidad del mercado para asignar ganancias y pérdidas en la sociedad e hizo tener una mayor participación al Estado en la economía. Abandonó el patrón oro, inició importantes obras públicas, impulsó contratos colectivos de trabajo para aumentar salarios, se rebajaron tasas de interés, se impidió la venta forzosa de tierras hipotecadas y la consecuente expulsión de los deudores, creó un organismo que mantenía los precios agrícolas y fomentaba la creación de pequeños granjeros; entre otras medidas.
En tanto, Fabricaciones Militares generaba industrias para proveer al Ejército y a la economía en general; la Fuerza Aérea, a través del Instituto de Aerotécnica, procuraba desarrollar una industria de aviación militar. Para ello apeló a ingenieros y diseñadores de origen alemán, generando su ingreso clandestino al país. El más importante de ellos fue Kurt Tank, director de diseño de aviones militares de la fábrica Focke–Wulf, quien ingresó en 1947 con nombre falso y trajo consigo diversos proyectos que había pergeñado esa fábrica. Bajo su dirección se instaló en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, donde se diseñaron y construyeron prototipos de diversas aeronaves, el más importante el IAe–33 Pulqui II (en araucano significa flecha), caza argentino de reacción y uno de los primeros a nivel mundial, ya que solamente habían desarrollado esta tecnología: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y la Unión Soviética. Este proyecto mejoró un anterior diseño de la misma fábrica, que había sido dirigida por el diseñador francés Emile Dewoitine, que se denominó IAe–27 Pulqui, y fue el primer caza a reacción de Sudamérica.
En la necesidad de financiar este emprendimiento, la Fuerza Aérea, principalmente bajo la conducción del brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, desarrolló IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado), que se introdujo en la industria automotriz y produjo, entre 1952 y 1953, el automóvil Institec Justicialista, el utilitario Rastrojero y el tractor Pampa. Unidades totalmente argentinas.
La comisión Nacional de Energía Atómica
Entusiasmado con los resultados de la incorporación del científico Kurt Tank, Perón confió a Ronald Richter (presentado por aquel), el desarrollo de la energía atómica. En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se instaló en la isla Huemul. Si bien el emprendimiento de Richter resultó fallido, la CNEA, a través de un científico argentino, José Antonio Balseiro, lideró importantísimas investigaciones en el Centro Atómico Bariloche. Es hoy uno de los emprendimientos científico–tecnológico de punta en nuestro país.
La sociedad en la etapa peronista
Los actores sociales
La nueva burguesía nacional y los sectores tradicionales de la economía
Hacia 1945 existían en nuestro país dos grandes grupos económicos: los que lucraban con el mercado internacional y aquellos que producían para el mercado interno.
Entre los primeros estaban los ganaderos e invernadores bonaerenses, los monopolios laneros de la Patagonia argentina, los exportadores de materias primas, los agentes comerciales importadores de artículos industriales de las grandes metrópolis, los productores y chacareros del litoral —que exportaban su producción— y los sectores financieros que fluctuaban entre la producción y la comercialización. Su núcleo central eran los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Librecambistas, estaban íntimamente ligados a los intereses de los países centrales. A ellos se asociaban los productores de cultivos con algún grado de industrialización: el vino de Cuyo y el azúcar del noroeste. Eran los representantes del modelo agroexportador que habían modelado el país en la etapa de la República Liberal.
Las instituciones que los lideraban corporativamente eran la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina (UIA), esta última especialmente ligada a los industriales del vino y el azúcar —que no competían con los productos importados— y a los representantes de la gran industria extranjera con asiento en el país (Shell, Sherwin Williams Argentina, Dreyfus y Cía., Squibb & Sons, Dunlop, Philips, Philco, Olivetti, Bunge y Born, Coca Cola, Chiclets Adams, por mencionar algunos).
La naciente industria de capital nacional, creada al calor del modelo industrial sustitutivo, careciendo de representación gremial, habría de crear otra entidad: la Confederación General Económica (CGE), uno de cuyos más grandes exponentes sería José Ber Gelbard, ministro de Economía de Cámpora y Perón entre 1973 y 1975.
De tal modo que la UIA y la CGE eran expresiones contrapuestas de sectores sociales y económicos que estaban enfrentados. El atraso del país que había dado nacimiento tardío a una burguesía frágil hizo que la segunda entidad no pueda subsistir sin la ayuda del Estado nacional. Al no haber podido generar su propio poder la burguesía industrial argentina, fue el aparato estatal, conquistado por el Ejército y los sectores populares en el período peronista, quien le brindó su apoyo, otorgándole créditos, ventajas arancelarias y protección legal (Ramos, 1999).
De todas maneras, pese al apoyo e impulso que el Estado le brindó, nuestra burguesía industrial vivió trabada por antagonismos debilitantes, entre otros, por su dependencia de la tecnología extranjera y la propia cultura antinacional que saturaba el ambiente social de aquellos años. Es por ello que pese a que muchos crecieron y se enriquecieron con los gobiernos peronistas, tuvieron una seria reticencia a sostenerlo. Solamente una minoría de industriales respaldó al nuevo régimen. Su representante más importante será Miguel Miranda, que encarnó los intereses de la industria liviana del país. En tanto el Ministerio de Economía fue manejado en el período 1946–1949 por este empresario que brindó especial respaldo a la industria liviana del país, el Ejército, como institución, contribuyó a realizar la industrialización pesada.
Un nuevo actor social: los trabajadores
Cuando el 17 de octubre de 1945 los trabajadores salieron a la calle para reclamar por la libertad de Perón, al tiempo que producían un hecho inédito en la historia argentina, se estaban ganando el derecho a intervenir directamente en el proceso político en defensa de sus intereses. Con esta conquista abrirían una nueva etapa en la que los sindicatos surgirían como una fuerza política, rompiendo los esquemas clásicos.
Estos trabajadores eran la resultante del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que habían migrado del campo a los centros urbanos, alentados por la demanda de mano de obra no especializada. Serían los famosos cabecitas negras que modificarían la estructura social de aquel entonces.
Previo a este cambio fundamental, hacia los años 30 prevalecían en la conducción del movimiento obrero los sindicatos socialistas o de carácter independiente, para quienes sus principales armas eran el uso de vías parlamentarias y legales en busca de obtener una legislación favorable a sus intereses. Ahora bien, esta dirigencia sindical no supo captar estas masas de migrantes internos que engrosaría sus filas (Fernández, 1999), quedando vacante esta representación política.
El golpe de 1943 hubo de resaltar que estas conducciones no representaban políticamente a la nueva masa de trabajadores, cuestión que fue advertida por Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó su labor de captación de los nuevos sectores. Las numerosas leyes y resoluciones sociales dictadas en el período que va de 1943 a 1945 conquistaron a los nuevos dirigentes sindicales.
Cuando estas conquistas fueron amenazadas, los trabajadores, organizados o espontáneamente, reaccionaron reclamando la libertad de Perón. De esta manera comenzaron a participar directamente en la vida política. Como fenómeno colateral, se creó el Partido Laborista, organizado inicialmente a partir de los sindicatos obreros. Por su parte, el peronismo reconoció al sindicalismo el derecho de participar en política, integrándolo al poder del Estado. La Ley de Asociaciones Profesionales de 1945 (decreto ley 23.852) fue el instrumento utilizado para realizar esa integración.
Así el movimiento obrero organizado tomó conciencia de su fuerza, su dignidad y su lugar en la historia nacional y por primera vez fue partícipe del sistema de poder estatal. Ello trajo como contrapartida la limitación de su autonomía política, al tiempo que posibilitó la burocratización de su cúpula dirigente.
Quedan también como consecuencias inmediatas de este período, la formación de un poderoso sindicalismo de masas, un sistema de movilización obrera de carácter multitudinario, la unificación del movimiento sindical, la promoción de nuevos dirigentes y una amplia experiencia de participación en decisiones políticas. En este nuevo esquema tuvieron preponderancia los gremios metalúrgicos (principalmente la UOM), textiles y de la carne, por sobre aquellos de los sectores de servicios. Colateralmente, las estructuras gremiales se consolidaron al desarrollar una vastísima red de obras sociales que atendieron a los afiliados en materia de salud y recreación.
El movimiento obrero organizado tomó conciencia de su fuerza, su dignidad y su lugar en la historia nacional y por primera vez fue partícipe del sistema de poder estatal.
Sindicatos y poder en la época peronista
Hacia 1940, el movimiento obrero se había recuperado de la crisis de 1930 y estaba creciendo, al punto que sumaba casi medio millón de afiliados. Esta crisis a su vez había modificado algunos de los parámetros ideológicos que antes había sido un fuerte de los trabajadores organizados: el internacionalismo de la dirigencia cedía al influjo de la nacionalización que se operaba a nivel general en la sociedad —producto del descrédito de la imagen de las potencias mundiales envueltas en el cruento conflicto bélico de mitad de siglo XX—, al punto que señala María Sáenz Quesada que «la bandera nacional solía presidir las deliberaciones de los obreros» (Sáenz Quesada, 2001).
Esta autora señala que hubo gremios que se pronunciaron contra el monopolio de los transportes por los ingleses y otros se inquietaron porque los teléfonos y los ferrocarriles eran extranjeros y proponían su adquisición por el Estado nacional. Sugestivamente, los municipales protestaban contra la entrega del servicio de limpieza a una empresa foránea.
Lo cierto es que la estimulación del papel económico y político del movimiento obrero realizado por el peronismo implicó la extensión de la red de organizaciones sindicales y un alto grado de movilización de los trabajadores; como consecuencia de ello, se provocó un incremento de la tasa de sindicalización después de 1945.
Si revisamos someramente algunas de las conquistas que otorgó el peronismo a la clase trabajadora (estatuto del peón de campo, Ley de Asociaciones Profesionales, nuevos gremios, firma de convenios colectivos con garantía estatal, leyes de jubilaciones, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido o fallecimiento, creación de Tribunales del Trabajo, mejoras salariales, planes de vivienda popular, rebajas en los alquileres urbanos y en los arrendamientos rurales, entre muchas otras), es lógico suponer que la CGT habría de organizar grandes masas de trabajadores en sus sindicatos que respondían a las políticas que planteaba el líder. Cierto es que también en la literatura política se ha criticado con cierta acritud la postura que adoptaron los sindicatos durante el decenio peronista, llegando a hablarse, incluso, de servilismo hacia la figura del líder.
Por otra parte, en este período se produjo un cambio en la composición interna del movimiento sindical, al influjo de las modificaciones estructurales producidas en la economía del país (paso de una economía agroexportadora a otra de desarrollo industrial autosustentada). En 1948, los trabajadores industriales habían desplazado a los del sector terciario (servicios) como grupo predominante y después de 1950 los estatales lograron un nivel similar de organización (Rapoport, 2000).
La activa participación en política que permitió Perón a los trabajadores, rescatando sus mejores cuadros a los que llevó al gobierno, permite entender las razones por las que la CGT de la época peronista estuviera íntimamente asociada al gobierno.
El cambio social: la modernización de la sociedad
Al ritmo de la creciente urbanización y el desarrollo industrial se produce una modernización general de la sociedad.
La mujer, además del acceso al voto, generalmente única conquista que se recuerda, va dejando su rol subalterno en la sociedad (sometimiento al padre y ayudante de la madre en la vida doméstica, hasta el momento de su casamiento en el que pasaba a depender del marido) y lentamente se incorpora a los sectores productivos.
Esta integración se origina en los sectores populares con su ingreso a los trabajos rentados en las fábricas y posteriormente con su participación en las asambleas y sindicatos.
A su vez, la multiplicación de las escuelas de artes y oficios (Escuelas de Aprendizaje de la ley 13.229), posibilitaron el perfeccionamiento de miles de personas que adquirieron calidades que facilitaron su incorporación al mercado laboral. Así por ejemplo, con la máquina de coser brindada por la Fundación Evita y los cursos de perfeccionamiento, la humilde costurera de barrio perfeccionó una elemental profesión con lo que pudo costear los estudios secundarios y universitarios de sus hijos.
En los sectores medios, la mujer ingresa a la universidad, que la convierte en profesional. La intervención en política, de la mano de Eva Perón, también amplía su horizonte de expectativas. Consecuente con ello, crece en su dignidad y autoestima personal, permitiendo una integración activa a la sociedad en todos los niveles.
Las profesiones técnicas y la multiplicación del empleo producen un profundo cambio en la perspectiva de los jóvenes que dejan la tertulia vacía de los bares de barrio y el hastío de la falta de horizontes, para incorporarse a una vida que se transforma en muy activa y hasta casi febril. Dice Galasso (2005) que «ya no es posible ser bohemio, ni vago —como lo determinaba la vieja sociedad— porque los horizontes se amplían y hay mucho por ganar».
La evolución en la tecnología de los electrodomésticos (heladeras eléctricas, cocina a gas, lavarropas, calefón a gas, licuadoras, aspiradoras, lustradoras, tocadiscos, radios) que llegan a amplios sectores sociales, genera cambios culturales de importancia e incorpora conocimientos técnicos sustanciales.
La posibilidad de acceso a jubilaciones dignas permite un incremento sustancial del sector pasivo que, tiene mayores alternativas de esparcimiento y turismo.
La modificación y agilización en los sistemas de transporte (la aparición del colectivo) facilita el traslado y le imprime un nuevo ritmo a la vida cotidiana.
Los sistemas de salud y mejores condiciones de vida permiten la eliminación o reducción de enfermedades, como la tuberculosis, que golpea a los sectores populares.
El turismo social, ampliamente impulsado por el Estado y los sindicatos, posibilita el goce de vacaciones a otros sectores de la sociedad, en lugares antes exclusivamente reservados para los grupos de altos ingresos.
Estos mismos sectores populares encuentran poetas y músicos que traducen sus ansiedades e ilusiones en poemas y canciones que les permiten verse reflejados en ellas. Ello los impulsa a acercarse de manera asidua a los lugares de esparcimiento.
La multiplicación de las escuelas de artes y oficios, posibilitaron el perfeccionamiento de miles de personas que adquirieron calidades que facilitaron su incorporación al mercado laboral.
Las políticas del primer peronismo
El nuevo escenario político que propondrá el peronismo significará una ruptura con el tradicional modelo de la República Liberal que esbozaron la oligarquía ganadera y la burguesía comercial alineada con el capital extranjero.
Como acertadamente dice Mario Andino en estas páginas, Perón personificará el nuevo modelo de líderes de base popular que jalonarán la historia latinoamericana y que formarán parte de los procesos de modernización impulsados por un estado–nación consolidado. Herederos de la tradición en los liderazgos populares contemporáneos, tanto Hipólito Yrigoyen como Juan Domingo Perón fueron auténticos caudillos seguidos por multitudes, aunque con características diferentes.
El sustento popular del mandato peronista, refrendado sucesivamente en la historia moderna en múltiples elecciones, habrá de producir el arribo a las esferas de decisiones de una nueva clase política surgida del seno de las nuevas clases sociales que lo acompañaron. Adquirirán preponderancia militantes y dirigentes venidos de la clase trabajadora y de otros estratos populares, que impondrán una impronta totalmente diferente a la del viejo patriciado habitualmente en el poder.
Y así como en el período de la República Liberal Conservadora, la política era forjada por los sectores privilegiados de la sociedad, que se comportaban como círculos áulicos que decidían los destinos de la república. Estos sectores generalmente utilizaban clubes exclusivos para reunirse y debatir los problemas políticos, con lo que las decisiones sobre el devenir del país quedaban totalmente ajenas a la gente común, que no tenía ninguna participación en las tomas de decisiones políticas.
Esta realidad fue modificada por la presencia del radicalismo, especialmente el yrigoyenista, que llevó esas discusiones a los comités, distribuidos en los barrios o seccionales de las ciudades y pueblos. Se incorporan allí a la discusión política los sectores medios de la sociedad, a los que respondía esa primigenia Unión Cívica Radical.
Nuevas formas de hacer política surgirán con el peronismo. A partir de la Unidades Básicas (o sencillamente Básicas), con principal asiento en barrios populares o de extramuros, los rumbos políticos tendrán como marco permanente la movilización popular en las calles. La presencia de las masas en la toma de decisiones será una impronta permanente de allí en adelante.
Esta democratización de hecho de las decisiones políticas será totalmente reprobada por las viejas clases poseedoras, que verán en ello una avalancha sobre sus pretendidos derechos intangibles. Así la política tendrá como escenario a las calles de las ciudades, restringiendo el oscuro camino de las bambalinas del poder, como eje de las decisiones. Ha quedado grabada en la historia esa relación casi mítica del encuentro del conductor con las masas populares en la Plaza de Mayo.
La esencia de estas nuevas expresiones del accionar político estará signada por la nueva concepción del Estado, tanto nacional como provincial, que actuará como controlador de los procesos económicos y activo planificador de la nueva sociedad.
La esencia de estas nuevas expresiones del accionar político estará signada por la nueva concepción del Estado, tanto nacional como provincial, que actuará como controlador de los procesos económicos y activo planificador de la nueva sociedad.
La política exterior
La situación internacional en la segunda posguerra
Poco tiempo antes que finalizara la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo en Yalta (febrero de 1945), el encuentro de los grandes líderes que habían resultado victoriosos en la contienda. Se reúnen allí Roosevelt (Estados Unidos), Stalin (Unión Soviética) y Churchill (Inglaterra), oponiéndose Stalin al ingreso de De Gaulle (Francia). En esta conferencia, el objetivo era acordar las operaciones finales de la guerra, la ocupación de las distintas regiones y lograr un entendimiento sobre la organización del mundo luego del conflicto.
Además de dividir Alemania en dos zonas manejadas por Estados Unidos y Unión Soviética (Alemania Oriental y Occidental), se partió la ciudad de Berlín y se acordó la división de la hegemonía mundial en dos bloques: el soviético y el norteamericano.
En el orden político, se diseñó un ámbito internacional para las relaciones internacionales que habría de llamarse Organización de las Naciones Unidas (ONU), que debería dar cabida a la mayoría de los países del planeta y en la que Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China tendrían derecho de veto.
De hecho, las dos potencias que salieron fortalecidas de esta conflagración fueron Estados Unidos y la Rusia soviética. Es a partir de esta rivalidad, que incluía cuestiones económicas, ideológicas y políticas, que habrá de surgir la llamada guerra fría, enconada controversia que dividiría al mundo en dos bandos: el liderado por Estados Unidos (de ideología liberal capitalista, democrático) y el encabezado por la Unión Soviética (de ideología socialista y planificación centralizada).
Este clima de tensión llevó al mundo al borde de la guerra nuclear y tuvo diversas etapas: la carrera armamentista, la lucha ideológica y los enfrentamientos armados localizados en diversas partes del mundo, ya sea a través de la participación directa de algunas de las superpotencias (caso Vietnam), o por medio de terceros países (Corea).
Para afianzar su liderazgo en el mundo occidental, Estados Unidos edificó un nuevo orden mundial de carácter liberal sobre bases económicas y financieras que se fijaron en el acuerdo de Bretton Woods (junio de 1944). En esta ciudad de Estados Unidos se reunieron 44 representantes de países aliados para adoptar reglas comunes en materia de política monetaria y financiera. Allí se establecieron pautas para mantener la estabilidad de las monedas y normas que reglamentaron la concesión de créditos entre países. Las dos resoluciones fundamentales son las que crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como Banco Mundial.
Este acuerdo consolidó la posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo occidental, relegando a Inglaterra a un segundo plano. En 1947 propició la firma de un Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), que redujo barreras arancelarias en todos los países participantes, cuestión que benefició especialmente a sus intereses.
Simultáneamente puso en marcha el Plan Marshall, de ayuda a las naciones europeas devastadas por la guerra. Este plan, pensado para que Europa sirva de freno al avance soviético, significaría el resurgimiento de su potencia industrial y resultaría decisivo en la división del mundo. Rusia lo utilizó como pretexto para bloquear Berlín.
Surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949. Su contrapartida fue el Pacto de Varsovia (1955), liderado por Rusia. La réplica del plan Marshall fue el Comecon, creado para la cooperación económica de los países socialistas.
A nivel internacional, otro proceso importante para destacar en este período es el de la emancipación de los territorios coloniales y la progresiva inserción en la economía y la política mundial de los llamados Países del Tercer Mundo. Desde la independencia de la India (antigua colonia británica) en 1947, hasta la de Argelia (colonia francesa) en 1962, se produjo un cambio sustancial en el mapa geopolítico del mundo.
El rasgo distintivo de la economía europea de la posguerra fue el de la intervención del Estado en las cuestiones económicas y sociales, bajo el influjo de las ideas keynesianas. Allí surge el Estado de Bienestar, mediante un proceso de nacionalizaciones, planificación de la economía y creación de instituciones que garantizaban seguridad social, salud pública, asistencia familiar y mejoramiento salarial para todos los estratos poblacionales.
La tercera posición
El 6 de julio de 1947 el presidente Perón dirigió un mensaje a los pueblos del mundo en el que planteó objetivos de cooperación económica y de paz mundial, desechando «los extremismos capitalistas y totalitarios». Señalaba que el logro de la paz internacional debía «realizarse sobre la base del abandono de ideologías antagónicas y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está por sobre los sistemas y las ideologías», no siendo aceptable que se destruya la humanidad por hegemonías de izquierda o derecha.
La Tercera Posición se convirtió así en la piedra angular de la política exterior argentina y su meta era caminar por un terreno intermedio entre las dos grandes ideologías, el capitalismo y el comunismo, «más o menos de la misma forma que lo había hecho la filosofía económica que fuera adoptada» por Perón (Page, 1984).
Esta concepción daba por inevitable una tercera guerra mundial y pretendía sustraer al país de ella, permitiéndole posicionarse ventajosamente ante a su posibilidad.
Una buena síntesis de las principales pautas que sostenía la Tercera Posición, la encontramos en Héctor J. Iñigo Carrera (1972):
Latinoamérica es considerada una unidad continental y de destino y se intenta componer un bloque latinoamericano alrededor de Argentina.
No hay una actitud de choque frontal contra Estados Unidos y los países occidentales, sino una táctica de negociación autónoma, sin aceptar dominación o interferencias y siempre previendo la posibilidad de otra guerra mundial (cuestión muy latente en el imaginario colectivo de posguerra).
Hay una posición cordial y equilibrada frente a la Unión Soviética, sosteniendo una especie de pacifismo conciliador.
Se escoge una línea discreta y abstencionista en muchas votaciones en los organismos internacionales.
Se mantienen relaciones con todos los países (excepto China), ya sea del bloque occidental u oriental. Pero se establecen relaciones especiales con España y los países recientemente independizados.
En la divulgación internacional de esta doctrina se insiste en la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad de las naciones, la solemnidad de los tratados y la supresión de todo colonialismo, particularmente en América Latina.
La Tercera Posición se convirtió así en la piedra angular de la política exterior argentina y su meta era caminar por un terreno intermedio entre las dos grandes ideologías, el capitalismo y el comunismo.
El modelo económico
Su viabilidad y eficacia
Existen controversias sobre el modelo económico que llevó adelante este peronismo, ya sea sobre su factibilidad o sobre su coherencia.
Frente a la pregunta de si el modelo implementado era viable, hay dos respuestas. Una de ellas dice que no, por cuanto pasadas las especiales condiciones que impuso la crisis del 30 y la Segunda Guerra, era necesario volver a las políticas liberales anteriores sobre la base del modelo agroexportador. Critica especialmente la discriminación que sufría el sector agropecuario, obligado a transferir sus ingresos al sector industrial y reprocha el papel que adoptó el Estado, que incluso incorporó actividades empresarias.
Quienes opinan que el camino era inevitable y que el peronismo continuó con mayor conciencia el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, a su vez se dividen: para algunos este proceso fue hecho en forma insuficiente porque no desarrolló armónicamente todos los sectores productivos, especialmente a la industria de base, trabando así la acumulación de capitales y el paso a una etapa superior. En este sector asimismo se cuestiona el nivel de eficiencia y productividad de las empresas desarrolladas en el período, la ausencia de estimulación de la exportación de productos industriales y la omisión de recurrencia a tecnologías y capitales externos que le habría dado una base más amplia de sustentación a todo el plan.
Por último, hay quienes señalan que se hizo todo lo posible en la situación histórica dada, siguiendo experiencias similares a las realizadas en países con mayor nivel de desarrollo, con la originalidad de darle un fuerte contenido social a todo el proceso.
En lo relativo a la coherencia de todo el proyecto hay quienes demarcan dos etapas: una primera hasta la crisis de 1949–1952, marcada por el nacionalismo, el estatismo y la redistribución del ingreso, y una segunda, caracterizada por un retorno a la ortodoxia económica, la apertura al mundo y el abandono de la Tercera Posición.
Otros autores, sin dejar de señalar la importancia de la crisis mencionada, aseguran la existencia de políticas que se continuaron a través de todos los tiempos. Rapoport (2000) rescata la renovación del pensamiento económico que realizó el peronismo bajo el influjo del keynesianismo. Así el papel de la demanda y la intervención del Estado en economía cobraron una nueva dimensión, contribuyendo notablemente al rediseño del perfil productivo y socioeconómico del país. En lo que coinciden los autores es que la política económica del peronismo tuvo estos pilares: el nacionalismo económico, la importancia del mercado interno, el estatismo, el papel central de la industrialización y la redistribución del ingreso.
Veamos en particular dos de ellos, toda vez que sobre los otros nos explayamos a lo largo de la obra: la redistribución del ingreso y el sistema de protección industrial, que apuntaba a darle a esta rama de la economía un papel esencial en el crecimiento del país.
La política económica del peronismo tuvo estos pilares: el nacionalismo económico, la importancia del mercado interno, el estatismo, el papel central de la industrialización y la redistribución del ingreso.
La redistribución del ingreso
Según Aldo Ferrer (2004), los objetivos del gobierno relacionados con la redistribución del ingreso se centraron en principio en el aumento de los salarios reales, lo que se logró a partir de estos ejes:
Crecimiento de la producción interna por mayor ocupación de la capacidad instalada, particularmente en las industrias livianas.
Mayor equipamiento a través del aumento de las importaciones.
Expansión del acceso al crédito interno por la nacionalización de los depósitos.
Legislación laboral que produjo cambios sustanciales en la vida de los trabajadores.
Como consecuencia de estas políticas, la participación de los asalariados en el ingreso nacional hacia 1950 pasó a estar en el orden del 50 % del Producto Bruto Interno. Según los parámetros que se tomen, el porcentaje final puede variar, pero se coincide en términos generales sobre ese cálculo (para una perspectiva detallada ver Rapoport, 2000).
Asimismo las políticas públicas que estaban orientadas a la modificación de los precios tuvieron una notable influencia sobre el poder de compra de los salarios. Así la fijación de precios máximos y el retraso del tipo de cambio contribuyeron al proceso de redistribución a favor de los trabajadores.
Este mejoramiento de la condición social de los trabajadores contrastó con el estancamiento de la situación de la clase media, acortándose las distancias que separaban a los trabajadores manuales de aquellos otros sectores. Así, mientras entre 1943 y 1951 el costo de vida casi se cuadruplica, el sueldo de los maestros apenas se duplica y el salario promedio del peón industrial (entre 1946 y 1952) se multiplica por cinco (Rapoport, 2000).
Otra característica de la redistribución del ingreso durante este período fue su mayor impacto sobre las categorías de menores ingresos.
Este modelo de reasignación de ingresos debe ser visto en el contexto histórico, ya que a nivel mundial esta política fue seguida para sobreponerse a los profundos efectos de la crisis del capitalismo y en un contexto de nuevos procedimientos de producción, englobados bajo el nombre de fordismo, que permitían la elaboración de productos estandarizados a gran escala para su consumo masivo.
Fordismo
El término se origina en la política que tenía la empresa Ford, de pagar salarios altos para poder vender los autos producidos a sus propios trabajadores.
El proceso de industrialización y el sistema proteccionista
Las políticas del peronismo privilegiaban al sector industrial por sobre las actividades agrícolas. Esto lleva a decir a Rapoport (2000) que «por primera vez se observa en un gobierno argentino una posición firmemente industrialista».
Mediante el régimen de Protección y promoción a las industrias de Interés Nacional (decreto 14.630 de 1944) se estableció un sistema proteccionista que beneficiaba a los sectores industriales prioritarios. Mediante el mismo se otorgaron subsidios y rebajas impositivas y un régimen crediticio que facilitaba el financiamiento para estos sectores, al tiempo que se incrementaron en un 50 % los aranceles para productos considerados no indispensables o que competían con nuestra producción. Se fijaban cuotas de importación y, como contrapartida, se eliminaban derechos aduaneros en las materias primas que el país no producía o que eran indispensables para la fabricación de productos de primera necesidad, bienes de capital, maquinarias, etc.
Este sistema de protección se completaba con el régimen de control de cambios, que exigía permisos previos de importación de bienes y establecía preferencias para la adquisición de los productos que no elaborara la industria nacional. El mismo estaba en manos del Banco Central, que establecía diversos tipos de cambio, según el producto de importación o exportación de que se tratase.
Por último, se creó un Banco de Crédito Industrial que canalizaba los créditos al sector industrial, favoreciendo a pequeñas y medianas empresas con préstamos sumamente baratos.
La política social del peronismo
El mejoramiento de las condiciones de vida
Es importante enfatizar que la política social del peronismo estuvo dirigida centralmente a la redistribución del ingreso en favor de los sectores desposeídos, lo que es más amplio e importante que el incremento de los salarios nominales.
Esta política se llevó a cabo a través de diversos gastos sociales que incluían, además de la legislación laboral, la creación de instituciones benéficas (por ejemplo, la Fundación Eva Perón), el acceso a la vivienda propia, y una política educativa y sanitaria que incluía a los sectores carenciados de la sociedad.
Todo ello llevó al crecimiento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional y contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de vastos sectores sociales. Por ejemplo, el congelamiento de los alquileres, previa disminución de los mismos, permitió una mejora real en las condiciones de vida de los trabajadores y, en muchos casos, el acceso a la propiedad.
También contribuyó a tal progreso la generalización y el mejoramiento del sistema jubilatorio que fue completado con un sistema de pensiones que englobaba a las personas de escasos recursos no amparadas por ningún sistema de jubilación.
La intensa gestión en materia de vivienda descomprimió el angustiante problema del hacinamiento revelado por el Censo Escolar, de Analfabetismo y de la Vivienda, realizado en 1943. A través de la nacionalización del Banco Central y el control de los depósitos bancarios se facilitaron recursos al Banco Hipotecario Nacional, que generó una gran fluidez de créditos hipotecarios, con lo que se atacó esta problemática que fue considerada como un objetivo social prioritario. Asimismo, la creación del Instituto Nacional de Previsión Social permitió la construcción de conjuntos residenciales y complejos vacacionales, como los de Chapadmalal y Embalse de Río Tercero, que dieron fuerte impulso al turismo social.
Educación
Es incuestionable que el peronismo realizó una trascendental labor en pos de la educación general, si bien puede ofrecer reparos la orientación que se le imprimió.
La proliferación de establecimientos educativos de diverso tipo en todo el país y el notable ascenso de la población escolar en los tres niveles, son realidades incontrastables. La creación de aproximadamente 2.000 escuelas, con edificios adecuados a los requerimientos pedagógicos, implicó que se construyeran mayor cantidad de establecimientos y aulas que en todos los períodos anteriores de la historia argentina, y llevaron a decir a Perón que se erigían casi tres escuelas por día (Martínez, 1979).
Al calor del proceso industrializador que impulsaba el gobierno, se prestó especial atención a la educación técnica. Entre 1947 y 1951 se crearon 78 escuelas fábricas, 103 escuelas de aprendizaje, 106 escuelas de medio turno, 304 escuelas de capacitación obrera para adultos y 78 escuelas de capacitación profesional para mujeres.
Como culminación de todo este itinerario, en 1949 se crea la Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad Tecnológica Nacional), con la finalidad de formar técnicos, cuya sede central estaba en Buenos Aires y tenía Facultades regionales que atendían las necesidades o requerimientos del lugar donde se instalaban. Esta universidad, que funcionaba principalmente en el horario tarde–noche para permitir el trabajo diurno a los alumnos, estaba destinada al perfeccionamiento de los sectores trabajadores.
Gráfico 1. Incremento de la población escolar.
1940
143.000
1954
446.600
1945
47.387
1955
138.628
La gratuidad de la enseñanza universitaria
Párrafo aparte merece el decreto del 22 de noviembre de 1949 que dispuso la gratuidad de la enseñanza universitaria. Por el mismo se eliminaron todos los aranceles para permitir el acceso irrestricto de los sectores populares a la enseñanza superior. Ello generó una explosión de nuevos inscriptos.
«A partir de allí el carácter gratuito de la universidad argentina conforma uno de los pilares fundamentales del sistema de educación superior del país, condición que se integra con la autonomía, las funciones de enseñanza, investigación y extensión y su implicancia para el desarrollo humano, democrático, productivo y tecnológico de la Nación».
(Documento del Consejo Interuniversitario Nacional para el 70° aniversario de la sanción de la gratuidad universitaria en Argentina (1949 –2019)
La Reforma Universitaria de 1918 estuvo caracterizada por el anhelo de la reforma social y de un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones públicas: sólo las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
Retomando el anhelo de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947–1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. En 1949, producto de la organización del Estado social de derecho y planificador, se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Ese mismo año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación en reemplazo del de Justicia e Instrucción Pública. Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina se alcanzó con el decreto presidencial n° 29.337. Un aspecto fundamental es que se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo.
Mínimas conclusiones
La población escolar crece vertiginosamente: en la enseñanza media de 143.000 alumnos en 1940 a 446.600 en 1954, en la enseñanza universitaria de 47.387 en 1945 a 138.628 en 1955. El incremento de la población en las universidades tuvo como eje la matrícula femenina que, al son de su creciente participación en la vida social y política accedió de manera masiva a la enseñanza universitaria.
El historiador de filiación radical, Félix Luna (1984), señala:
«Los logros más trascendentes del gobierno peronista en el terreno de las realizaciones materiales… fueron obtenidos en los campos de la educación y la salud pública. El juicio que merezca el manejo político que se hizo de la educación pertenece a la historia. Pero las muchas escuelas, colegios y hogares escuelas que aun hoy sirven, con sus instalaciones amplias y sus buenos materiales, constituyen un honroso testimonio de la preocupación humana del primer gobierno de Perón y de la aptitud de sus técnicos».
No obstante estos logros, el modelo educativo peronista, centrado en la exaltación del culto a la personalidad y los logros del gobierno, fue uno de los aspectos más criticados de la gestión. Hacemos nuestra la opinión de Galasso (2005):
«Ese intento de catequización, en los diversos niveles de la enseñanza, se llevó a cabo, pero de manera burda e irritativa, al tiempo que se mantenía la veneración por los próceres liberales, sin desarrollar, como hubiese correspondido, un revisionismo popular».
Salud
Otro de los puntos altos de la política social del peronismo fue la política de salud encarada por el primer ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo. El eje de la atención sanitaria se centró en la prevención, obteniéndose logros de significación como la erradicación de enfermedades endémicas. En pocos años, la infraestructura hospitalaria creció, lográndose la duplicación del número de camas entre 1946 y 1951 (Rapoport, 2000). Esta acción del Estado fue complementada por los sindicatos, que crearon sus propias obras sociales y sanatorios, con los que atendían a sus afiliados.
Inauguraciones
Waldino Suárez fue el primer gobernador peronista de la provincia de Santa Fe entre 1946 y 1949. Provenía de grupos católicos y militaba en el laborismo. El 7 de diciembre de 1947, junto a María Eva Duarte de Perón, inauguró en Santa Fe el Hospital de Niños. El mismo día, la señora de Perón y Suárez pusieron en funcionamiento el Centro Antituberculoso en un ala del Hospital Iturraspe, de suma importancia por el azote que era esa enfermedad.
El debate intelectual en torno al peronismo
Es innegable que la relación entre el primer peronismo y la clase media, particularmente los sectores intelectuales, fue, cuanto menos, tortuosa y de un permanente enfrentamiento e incomprensión mutua.
No es difícil explicar estos desencuentros a partir de las diferencias ideológicas profundas que se habían adueñado de los discursos de posguerra, en los que se marcaban como infranqueables los principios que sustentaban cada uno de las concepciones fundamentales (liberalismo, nacionalismo, marxismo).
Es admitido que la casi totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y democráticos militaron en el antiperonismo, y que fueron muy escasos los intelectuales peronistas que gozaron del prestigio de la academia (Sigal, 2002).
Y si bien no podemos negar que la política que tuvo hacia ellos el peronismo no fue lo suficientemente amplia y seductora como para tender puentes que permitieran alcanzar objetivos comunes, también debemos reconocer que obraron en esas élites fuertes prejuicios que respondían a su menosprecio de las masas populares, su contemplación de la realidad bajo esquemas europeos o porque veían en este fenómeno la recreación de los caudillismos tradicionales, tan denostados por los académicos.
Cierto es que el primer gobierno peronista arrastraba tras si la herencia de la política cultural de gobierno militar, que hacía gala de un pensamiento ultraconservador (el nacionalismo católico oligárquico). Gustavo Martínez Zuviría, Adolfo Silenzi de Stagni, Federico Ibarguren, Alberto Baldrich, Ramón Doll, Jordán Bruno Genta, entre otros, fueron quienes ocuparon cargos de relevancia en dichos gobiernos.
Su actuación generó la resistencia y oposición de los intelectuales y universitarios, quienes levantaron banderas, tales como la libertad de prensa, la democracia, el respeto a los derechos políticos individuales y la solidaridad con los aliados (en abierto enfrentamiento a la simpatía, presunta o no, de aquellos con el Eje).
En este marco, la intelectualidad no hizo ninguna diferenciación de esos sectores conservadores con la nueva propuesta que traía Perón, en tanto era secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de ese gobierno. Por otra parte, un hecho concreto enturbió aún más esta relación: la represión que siguió a la manifestación que festejaba la rendición de Japón en agosto de 1945 —momento en que Perón estaba en ejercicio provisorio de la presidencia— y que era impulsada por sectores universitarios, terminó con tres muertos. Ante la decisión de la FUA de convocar a una huelga con el apoyo de las autoridades universitarias, el gobierno respondió con la exoneración de docentes (entre otros, Ernesto Sábato, José Luis Romero, Alberto Ginastera, etc.), lo que generó el boicot de un grupo de artistas (Berni, Castagnino, Forner, Soldi, Spilimbergo y otros) al Salón Nacional, en solidaridad con aquellos.
Este enfrentamiento se dio en medio de la creciente polarización de la sociedad argentina entre los seguidores del coronel y sus adversarios. Se unen así estancieros, empresarios, banqueros y políticos opositores con escritores, artistas e intelectuales, para quienes Perón era un demagogo, heredero del autoritarismo clerical nacionalista. Nombres rutilantes de este sector son: Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Alberto Ginastera, Manuel Mujica Láinez, Bernardo Houssay, Silvina Bullrich, Eduardo Mallea, Raúl González Tuñón, Ulyses Petit de Murat, Ernesto Sábato, entre otros.
Enfrascada en estas controversias, la intelectualidad no alcanzaba a percibir el cambio que se estaba gestando en el subsuelo de la sociedad y por el cual la nueva clase obrera lo estaba posicionando como un naciente líder. «La intelligentsia liberal… aterrada no sin razón por la experiencia europea (en referencia al movimiento fascista), percibe ante todo cuánto de no democrático parece prometer el gobierno de junio», nos dice Silvia Sigal (2002). La preeminencia de la visión del espacio internacional para interpretar la realidad argentina generó este funesto yerro de la mayoría de nuestros intelectuales que no comprendieron las peculiaridades del movimiento popular.
Intelligentsia
Según el diccionario, es el conjunto de intelectuales partidarios de reformas, en la Rusia zarista del siglo XIX, pero se utiliza genéricamente como expresión de los grupos cultos o progresistas de una sociedad que componen una vanguardia o élite intelectual.
Cabe entonces preguntarse el porqué de esta perspectiva. Evidentemente los años de colonización cultural europea habían dejado su huella indeleble en la matriz de análisis que los llevaba a utilizar esquemas teóricos extraños, antes que advertir la realidad que discurría bajo sus narices. Años más tarde Julio Cortázar, desde París señalaría: «Abandoné Buenos Aires porque los bombos peronistas me impedían escuchar los cuartetos de Bela Bartok» y Silvina Bullrich escribió: «París es mi hogar, Buenos Aires mi oficina» (Ramos, 1999).
¿Es esta única razón que lleva a los intelectuales al antiperonismo? Creemos que no. Subyacen vinculaciones por parte de este sector con las clases poseedoras, que llevan a rechazar las nuevas políticas sociales que implicaban un cambio en las jerarquías cristalizadas de dominación. Mencionar algunos apellidos emparentados con la vieja oligarquía sería un aceptable fundamento de esta afirmación (Bullrich, Ocampo, etc.).
Más significativa aún es la reacción de clase que provoca en los sectores medios y altos el 17 de octubre. Las calificaciones de horda de desclasados, lumpenproletariado, malón peronista, o el candombe que se lavaba las patas en las fuentes, acuñadas por el Partido Comunista, el Partido Socialista y la gran prensa, son el reflejo del pensamiento de esta intelligentsia. José Luis Romero lo sintetiza en un discurso el 3 de diciembre de 1945:
«Ciudadanos: un fantasma recorre la tierra libérrima en que nacieron Echeverría y Alberdi, Rivadavia y Sarmiento: el fantasma fatídico que se levanta de las tumbas apenas cerradas de Mussolini y Hitler. Sólo la movilización de la ciudadanía puede disiparlo, y el Partido Socialista, que está empeñado en esa lucha, saluda a la Universidad por su conducta heroica y convoca a sus hombres para cubrir sus filas». (Sigal, 2002)
Ahora bien, es necesario que señalemos la ausencia de una política del peronismo que englobara a los sectores más dinámicos de la clase media y generara una reserva intelectual que acompañara el proceso, permitiendo superar la vieja y mal planteada dicotomía alpargatas sí, libros no (1). Esta estrategia de Perón sirvió en bandeja a la oposición, un sector vital de la sociedad.
Si bien en un principio el peronismo brindó beneficios concretos al sector universitario (supresión de aranceles, eliminación de exámenes de ingreso, campamentos de vacaciones, etc.), la eliminación de la representación estudiantil en los Consejos Universitarios fue un duro golpe al sentimiento democrático de los universitarios. Para más, Perón dejó el manejo de la Universidad a los sectores más retrógrados del nacionalismo oligárquico que, con un discurso de corte fascista, era incapaz de contener ideológicamente al sector. Es así que el estudiantado reaccionó con vigor frente a la dictadura en favor de la democracia y aportó argumentos políticos al arco opositor.
Durante 1946 siguieron los despidos de docentes y para quebrar la huelga de la FUA el gobierno suspendió por dos años a quien no se presente a rendir examen en diciembre y presionó a los profesores para que aprueben sin mayores exigencias a quienes se presentaban a rendir. Ello trajo como consecuencia la renuncia de numerosos docentes.
Esta equivocada política del peronismo se expresó en la ley universitaria 13.031 del 9 de octubre de 1947, por la que se suprimieron conquistas de la Reforma Universitaria: exclusión de los estudiantes en la conducción de las universidades y designación por el Poder Ejecutivo de los rectores, fueron algunas de ellas.
Por otra parte, la exigencia de la ficha de afiliación partidaria como condición para el nombramiento en la función pública agudizó el encono de los sectores medios.
Hacia 1950 se creó la Confederación General Universitaria (CGU) para enfrentar a la FUA y en años posteriores se exigió un certificado policial de buena conducta para permitir la prosecución de estudios. Todo ello culminó con la presencia de policías de civil en aulas y oficinas universitarias. Evidentemente, el recurrir a la acción policial con finalidad represiva estaba indicando la falta de una política positiva hacia el sector.
Con acierto, señala Ramos (1999): «De este modo, el carácter históricamente progresivo del peronismo, su esencial nacionalismo popular, era vencido en los centros más importantes de la cultura argentina».
(1) En esta consigna se resumía el antagonismo entre el viejo pensamiento colonial (los libros), generador de la Argentina agroexportadora, y el nuevo país industrial (que se expresaba simbólicamente en las alpargatas) en el que los trabajadores reclamaban no sólo zapatos, alimentos y vivienda, sino también protagonismo social y político.
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