4. Los intentos de modificar el sistema político elitista

JORGE RAÚL FERNÁNDEZ

El nacimiento y desarrollo de modelos políticos alternativos entre 1890 y 1920

En el presente capítulo vamos a analizar la vida política en nuestro país desde 1890 y hasta 1912, haciendo hincapié en el nacimiento de modelos políticos alternativos al establecido por los grupos dominantes en el modelo de la república liberal oligárquica, aunque también refiriéndonos a los cambios que operan en los últimamente mencionados. Por la significación que tiene en la modificación del sistema político, vamos a desarrollar fundamentalmente el nacimiento y evolución de la Unión Cívica Radical, sin dejar de mencionar otros agrupamientos políticos nacidos como alternativos al sistema imperante o como variantes de las fuerzas conservadoras. Cabe recordar las expresiones de Mario Rapoport en el sentido de que la crisis económico–política del 90 «movilizó a sectores medios emergentes de la expansión del modelo agroexportador» y que los mismos comenzaron a buscar canales de participación política, afirmando que «la presencia entre los revolucionarios del Parque de Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo y Lisandro de la Torre, promotores de las principales fuerzas políticas de la Argentina moderna, constituyó un símbolo de las líneas que contribuirían a acelerar la democratización de la sociedad».

La Unión Cívica Radical

Nacimiento En el marco del conflicto entre el presidente Juárez Celman y el jefe del oficialismo, Julio A. Roca, la crisis económica del 89/90 y algunas denuncias de corrupción, la oposición al PAN comienza a organizarse primero como Unión Cívica de la Juventud y luego como Unión Cívica en abril de 1890, agrupándose en torno a las figuras de Bartolomé Mitre y Leandro Alem, el primero como expresión del viejo núcleo liberal desalojado del poder en los últimos 20 años y el segundo como vocero de sectores más jóvenes que pretendían incorporarse a la vida política por fuera del orden conservador. También aparecen como parte del nuevo agrupamiento los grupos católicos disgustados con las leyes laicas de Roca y Juárez Celman, liderados por José Manuel Estrada. Van a reunirse en torno al reclamo de modificar el sistema electoral para terminar con el fraude e igualmente por la defensa de las autonomías provinciales y municipales afectadas por el centralismo del gobierno nacional, como así también para poner fin a la inmoralidad administrativa que adjudican al gobierno de turno. El nuevo agrupamiento se conformará en Rosario, en enero de 1891, como el primer partido político argentino en el sentido estricto de la palabra, mediante una convención que aprueba una carta orgánica, elige las autoridades, elabora una plataforma y consagra una fórmula presidencial para las futuras elecciones (Mitre–Bernardo de Irigoyen), pero meses más tarde se divide en Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre y partidaria de un acuerdo con el oficialismo gobernante (Pellegrini y Roca), y la Unión Cívica Radical, bajo la jefatura de Alem, contraria a todo pacto o compromiso electoral con el oficialismo y haciendo bandera de la intransigencia. Es esta última fuerza la que va a trascender en el tiempo y convertirse en el canal de expresión de una alternativa real al modelo político fraudulento y de minorías hasta entonces existente en el marco de la República Liberal.

La Unión Cívica de la Juventud nace con la realización de un acto en el Jardín Florida de Buenos Aires, con la presencia de más de 5.000 personas, convocado mediante un manifiesto firmado por cerca de 1.000 jóvenes y apoyados por prominentes figuras políticas de la época, como Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, Aristóbulo del Valle y Leandro Alem. Francisco Barroetaveña, joven abogado porteño, será el vínculo entre la Unión Cívica de la Juventud y los políticos de mayor edad y trayectoria. Estos últimos ya se venían reuniendo en la casa de Aristóbulo del Valle, con la idea de formar una fuerza política opositora.

En cuanto a la conformación de la Unión Cívica, su nacimiento se produjo el 13 de abril de 1890, ocasión en la que se realizó una reunión de la oposición, con la presencia preponderante de los mayores y una concurrencia estimada en 10.000 personas. Los oradores principales fueron Mitre, Alem, Estrada y Aristóbulo del Valle, que centraron sus discursos en el despilfarro y la inmoralidad administrativa existentes, el caos financiero y la falta de respeto a la opinión pública. Esta nueva fuerza política organizó la llamada Revolución del Parque, que tuvo lugar el 26 de julio de 1890, contando con el apoyo de sectores militares descontentos con la situación imperante y, si bien no logró triunfar por una serie de defecciones internas, provocó la renuncia del presidente Juárez Celman, abandonado hasta por sus propios seguidores. Pese a dicho fracaso militar, la Unión Cívica se recuperó rápidamente y empezó a organizarse como un partido político en sentido estricto, siguiendo los procedimientos de los jueces Tedín y Matienzo, sobre la base de esquemas organizativos de los agrupamientos políticos norteamericanos. En ese sentido, el 14 de enero de 1891, en la ciudad de Rosario, una amplia reunión de dirigentes aprobó una carta orgánica, proclamó la fórmula presidencial Mitre–Bernardo de Irigoyen y designó autoridades partidarias, consagrando a Leandro Alem como primer presidente de la Unión Cívica.

Mitre se encontraba en Europa cuando se proclamó su candidatura presidencial y al regresar, ocasión en que fue recibido por una multitud de partidarios, se reunió secretamente con Roca, quien le ofreció una fórmula compartida con el oficialista Partido Autonomista Nacional, como parte de una operación compartida con Pellegrini para dividir a la naciente fuerza política. Mitre aceptó la propuesta, con José Félix Uriburu como vicepresidente, sin consultar con su partido y coherente con su práctica acuerdista y su mayor cercanía con el régimen imperante que con las banderas puristas que levantaba el sector liderado por Alem. Esa posición acuerdista de Mitre provocó la división de la Unión Cívica, dado que Alem rechazó el pacto con Roca y Pellegrini manifestando que «no aceptaremos compromiso de ningún género que importe la continuación del régimen funesto», para terminar indicando que «yo no acepto el acuerdo. Soy radical en contra del acuerdo. Soy radical intransigente». La división se concreta el 26 de junio de 1891 al realizarse dos convenciones partidarias, a partir de lo cual nacen dos nuevas fuerzas políticas: la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre y partidaria del acuerdo con el oficialismo, y la Unión Cívica Radical, intransigente frente al acuerdo y bajo la conducción de Alem. Esta última nace formalmente el 2 de julio de 1891, levantando la bandera de la intransigencia y proclamando la fórmula Bernardo de Irigoyen–Garro para las próximas elecciones presidenciales.

Fiesta popular en Esperanza

«También aquí se ha celebrado el cambio de gobierno con una manifestación selecta y numerosa. La fiesta ha sido magnífica y al compás de la música, cohetes y bombas. Todas las casas estaban adornadas y embanderadas. En la iglesia se cantó un Tedeum y en todas partes reinó el orden y el regocijo. La manifestación recorrió las calles vivando al nuevo presidente, a la Unión Cívica y a la revolución». (Diario La Capital, edición del 12 de agosto de 1890)

Postulados

La Unión Cívica Radical será el partido que exprese el modelo alternativo en lo político, buscando terminar con el fraude electoral para establecer una democracia de mayoría, primero bajo la conducción de Leandro Alem y luego de Hipólito Yrigoyen. Lo hará levantando la bandera de la intransigencia frente al régimen conservador mediante la abstención electoral revolucionaria, o sea, la no participación en elecciones hasta que no se modifique el sistema fraudulento, pero al propio tiempo la realización de revoluciones cívico–militares para derrocar a gobiernos que considera ilegítimos por los vicios en su elección, las principales de las cuales ocurrieron en 1893 y 1905. Es un partido o movimiento —al decir de Yrigoyen— que estará integrado por distintos sectores sociales pero que mayoritariamente estará compuesto por los hijos de los inmigrantes, devenidos sectores medios por una movilidad social ascendente, producto del trabajo de sus padres, pero también de su incorporación a un sistema educativo abierto y gratuito. Su programa consistirá casi únicamente en la modificación del sistema electoral fraudulento para pasar de una democracia restringida a una ampliada, de una república elitista o de minorías a una república democrática, lo que Yrigoyen denominó «la causa contra el régimen». Un partido en el cual Santa Fe y sus habitantes tendrán un rol protagónico por estos años, aunque con características particulares.

Ampliando esta síntesis, podemos decir que la Unión Cívica Radical aglutinó e incorporó sectores sociales nuevos a la vida política argentina, tuvo liderazgos y banderas diferentes de los sectores dominantes, utilizó una táctica electoral novedosa y resumió en su ideario los deseos de modificar el sistema político de la República Liberal.

Táctica electoral

Al estar impedidos de llegar al gobierno por el voto, el radicalismo consideró ilegitimas las autoridades surgidas por el fraude, propiciando levantamientos o revoluciones cívico–militares para desalojar del gobierno a las oligarquías dominantes, como por ejemplo las de 1893 y 1905, ocasiones en los que demostró su potencialidad y arraigo popular tanto en Buenos Aires como en distintos lugares del interior, especialmente en la provincia de Santa Fe.

Si bien en los primeros años de su vida, la Unión Cívica Radical participó en algunos actos electorales, fundamentalmente en la ciudad y provincia de Buenos Aires, a partir de 1898 se fortaleció la táctica de la abstención electoral debido a la influencia de Hipólito Yrigoyen, que se opuso terminantemente a participar en comicios fraudulentos. En lo que se refiere a las revoluciones realizadas por esta fuerza política, la de 1893 estalló inicialmente en la provincia de San Luis, donde el 29 de julio se depuso al gobernador, que fue reemplazado por una junta provisoria, presidida por Teófilo Saa e integrada mayoritariamente por maestros. Un día más tarde estalla el movimiento revolucionario en Santa Fe y Buenos Aires, en este último caso bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen, que se produce en 80 de los 82 departamentos y provocando finalmente la renuncia del gobernador.

En todos los casos, el movimiento revolucionario contó con el visto bueno del ministro del Interior, Aristóbulo del Valle, pero su reemplazo por el doctor Manuel Quintana significó un duro golpe a los insurgentes, dado que rápidamente intervino las citadas provincias, dispuso el estado de sitio, convocó a la guardia nacional para reprimirlos y suprimió los periódicos opositores. En cuanto a la de 1905, estalló el 5 de febrero, con fuerzas civiles, aunque con la participación de jóvenes oficiales del ejército, todo bajo la conducción de Yrigoyen. En Buenos Aires, los revolucionarios ocuparon varias comisarías y sublevaron regimientos en Bahía Blanca y Campo de Mayo. También se desarrolló con fuerza en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El gobierno nacional decretó el estado de sitio y en tan sólo cuatro días retomó el control de la situación, derrotando a los revolucionarios.

La bandera de la intransigencia

En lo que se refiere a los ideales que inspiraban a la Unión Cívica Radical, a los que ya tenían desde el nacimiento de la Unión Cívica —pureza del sufragio, moralidad administrativa y vigencia del régimen federal y municipal— se le agrega la intransigencia como metodología política frente al acuerdo, pacto o contubernio con la oligarquía gobernante, a la cual Yrigoyen calificó como el régimen.

Jefaturas políticas

En lo relativo a los liderazgos en los primeros años de la Unión Cívica Radical, correspondió inicialmente a Leandro Alem, figura popular en ciudad de Buenos Aires, prestigio que se extendió luego al interior, especialmente tras una gira, en el segundo semestre de 1891, por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Mendoza y Entre Ríos, convirtiendo a la nueva fuerza política como un partido nacional que recogía en su seno un federalismo todavía no extinguido. Excepcional orador, Alem se consideraba prácticamente como el único de sus pares con méritos y laureles para conducir la regeneración o restauración de la República, en razón de que se había retirado de la política en la década del 80 para no verse implicado o contaminado por la corrupción generalizada que, a su entender, marcaban esos años.

Se suicidó en 1896, momento a partir del cual su sobrino, Hipólito Yrigoyen, lo comenzó a suceder en la práctica en la conducción del Radicalismo y ya en los primeros años del siglo XX fue su líder indiscutido. Reacio a hablar en público, pero sumamente hábil en la relación persona a persona, Yrigoyen condujo a la Unión Cívica Radical en forma silenciosa pero rígida, insuflándole un aire de misticismo y sacerdocio que la distinguió de manera nítida de otras fuerzas políticas. Para Yrigoyen, la nueva fuerza política no era un partido sino un movimiento que luchaba contra el régimen y que significaba «la causa de la reparación nacional». En esa lucha, hizo bandera de la intransigencia frente al orden conservador oligárquico y perseveró en la táctica de la abstención electoral revolucionaria, pese a las marcadas resistencias internas que encontró en ese sentido.

Sectores sociales representados

En cuanto a los sectores sociales que componen la Unión Cívica Radical, si bien la misma nace como consecuencia de una disidencia en el seno mismo de los grupos tradicionales, predominan nuevos grupos que inician de ese modo su actividad política, entre los que cabe señalar a comerciantes, empresarios, jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, empleados de la administración pública y los servicios en los centros urbanos de la zona del litoral, como también chacareros de las zonas rurales de la pampa húmeda. Definida como la carroza di tutti por su heterogeneidad, y más allá del ya señalado predominio inicial de dirigentes provenientes de las familias tradicionales o de la presencia de escasos adherentes en los sectores obreros, el radicalismo va a representar el acceso a la vida política argentina de una burguesía dinámica a la que podemos caracterizar básicamente como sectores medios, con predominio de los hijos de los inmigrantes en la zona del litoral pero también de los descendientes de las tradicionales familias de raigambre federal en el interior de la Argentina. El radicalismo, en síntesis, se integraba con grupos que ya no aceptaban el monopolio político de los sectores tradicionalmente dominantes y estaba constituido por criollos e hijos de inmigrantes, nucleando a segmentos minoritarios de las élites terratenientes y comerciales con las clases medias urbanas y rurales.

El radicalismo se integraba con grupos que ya no aceptaban el monopolio político de los sectores tradicionalmente dominantes y estaba constituido por criollos e hijos de inmigrantes, nucleando a segmentos minoritarios de las élites terratenientes y comerciales con las clases medias urbanas y rurales.

El programa de la Unión Cívica Radical

En cuanto al programa de la Unión Cívica Radical, se reducía a requerir e instrumentar una democracia transparente donde se respetase la voluntad popular, un modelo político que eliminara el fraude y garantizara la pureza del sufragio, pero sin objetar las bases económicas y culturales del modelo de la República Liberal, un modelo político que lograba su objetivo central cuando en 1912 se sanciona la llamada Ley Sáenz Peña. Pero sobre la base de dicho programa, cabe formular algunas observaciones tales como la relación entre ética y política que plantea Yrigoyen en base a la filosofía krausista a la que adhería; la amplitud que posibilitó que sectores con diferentes orígenes o ideologías pudieran confluir en la misma fuerza política; y que —ya como presidente— Yrigoyen va a introducir modificaciones parciales al modelo económico y sociocultural vigente desde Pavón.

El Partido Socialista

El otro importante agrupamiento político que nace en estos años posteriores a la crisis del 90, es el socialismo, que formalmente queda constituido en la ciudad de Buenos Aires a fines del mes de junio de 1896, mediante la realización de un congreso donde se aprueba una declaración de principios, un reglamento partidario y un programa mínimo.

La creación del partido socialista se venía gestando en los años previos, pudiendo mencionarse en tal sentido la fundación de la Agrupación Socialista en 1892, la cual recibe el apoyo, entre otros, de Juan B. Justo, pasando a llamarse Centro Socialista Obrero en 1894, ocasión en que adopta un programa redactado por Esteban Jiménez y se da a conocer un manifiesto en 1895. En esos momentos, surgen centros socialistas de trabajadores en numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires y en barrios de la capital, sin olvidar la creación de entes similares en Tucumán, Paraná y Córdoba, con el agregado de una sucursal del club Worwaerts en la ciudad de Rosario.

El partido socialista, desde su nacimiento, se va a alinear en la llamada Segunda Internacional, la cual sostenía que el socialismo era compatible con la democracia y, en consecuencia, con la participación electoral, concepto que rompía con lo sostenido en la Primera Internacional que, en 1864 y bajo el influjo de Carlos Marx, proponía la revolución del proletariado.

En cuanto a la plataforma o programa mínimo aprobado en el congreso constituyente de 1896, podemos mencionar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la situación de los trabajadores, las que se especifican en el orden económico–social en propuestas de salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, responsabilidad empresaria por accidentes de trabajo, igualdad de retribución de hombres y mujeres, descanso obligatorio de 36 horas semanales, entre otras, a las que cabe agregar otras importantes ponencias tales como el sufragio universal sin distinción de sexos, justicia gratuita, jurados populares electivos, separación de la Iglesia del Estado, sistema electoral proporcional, supresión del ejército permanente, autonomía municipal, abolición de impuestos indirectos, gravámenes progresivos sobre la herencia y educación científica, laica, profesional, integral, gratuita y obligatoria.

En el terreno electoral, y a diferencia de la postura del radicalismo, el socialismo va a participar de los actos comiciales pese al carácter fraudulento de los mismos, debutando en tal sentido en el año de su fundación en la ciudad de Buenos Aires, donde obtiene un número reducido de votos pero que incrementará con el paso del tiempo, lo que le permitirá —en el marco de una elección regida por el sistema de circunscripción uninominal— que sea elegido diputado Alfredo Palacios, en 1904 y por el distrito de La Boca. En cuanto al resto del territorio nacional, su participación es muy escasa y con resultados magros.

Además de la participación en elecciones, por entonces fraudulentas, esta fuerza política se ocupó en actuar y establecer relaciones en otros ámbitos de la sociedad argentina, tales como el sindical, el rural y el cooperativo. Consideraban a las organizaciones gremiales como un instrumento de negociación para un mejoramiento de la situación de los trabajadores. En lo relativo al sector rural, buscaron agrupar a los arrendatarios agrícolas, para apoyarlos en un proceso de evolución económica que los convirtiese en propietarios, lo que le permitió en el tiempo una fluida relación con la Federación Agraria. Por último, trabajaron también para organizar o apoyar organizaciones cooperativas, especialmente las dedicadas al consumo de los sectores más humildes.

En cuanto a su apreciación de las prácticas políticas en la Argentina, los principales dirigentes del socialismo, con Juan B. Justo a la cabeza, se dedicaron a criticar la situación existente en nuestro país afirmando la inmadurez del pueblo, el predominio de prácticas caudillescas y la apatía de los sectores populares, considerándose la única fuerza capaz de superar tal nefasta condición en su carácter de partido político orgánico y moderno, representativo de la inteligencia y la racionalidad. En cuanto a su apreciación del radicalismo, lo calificaban como parte de la política criolla y como una organización pseudo–democrática. De allí que Pérez Amuchástegui afirme que este desprecio a la política criolla y a lo que denominaban democracia inorgánica, reflejaba en el fondo una actitud similar a la de los miembros de las élites tradicionales pero con argumentos de avanzada. Es probable que tal actitud sea una de las causas por las cuales el socialismo no pudo insertarse en los sectores obreros con la profundidad que deseaban, sectores que prefirieron notoriamente las variantes anarquistas.

El socialismo no pudo insertarse en los sectores obreros con la profundidad que deseaban, sectores que prefirieron notoriamente las variantes anarquistas

Como expresamos en otra obra, los socialistas «eran hombres moderados, más influenciados por el liberalismo que por el marxismo» y que «conformaron una fuerza nueva, sostenedora de una democracia ampliada (...) constituyendo (...) una alianza entre pequeños sectores profesionales, estratos superiores de la clase obrera y algunos pequeños industriales».

Reacomodamientos en los grupos conservadores

Los hechos del 90 provocan una reformulación en el Partido Autonomista Nacional, expresión política de los sectores dominantes en el modelo de la República Liberal, fuerza que diez años antes, con la llegada de Roca a la presidencia de la Nación y la incorporación de la Liga de Gobernadores, había consolidado el orden conservador. La crisis económica de la época mencionada, el nacimiento de un partido opositor y la Revolución del Parque, producen una doble modificación. En efecto, como expresa Zaida Lobato, el Partido Autonomista Nacional pierde el monopolio de la política o la hegemonía prácticamente total que venía sosteniendo, pero al propio tiempo lo anterior genera diferencias internas en dicha fuerza gobernante. Concretamente, surge la llamada corriente modernista, con Roque Sáenz Peña como principal figura que parece tener una lectura más acorde con las nuevas realidades políticas que están surgiendo aunque manteniendo las columnas centrales del modelo de la República Liberal, tanto en lo económico como en lo sociocultural, tomando nota de los emergentes sectores y reclamos en lo referente a lo estrictamente político–institucional, primero tibiamente y después con mayor profundidad, inicialmente con poco poder pero luego incrementándolo cuando se les acerca una figura de peso como Carlos Pellegrini, distanciado del jefe indiscutido general Julio Roca, en los primeros años del siglo XX. Ese hecho no sólo otorgó mayor prestigio de la postura modernista tendiente a producir cambios en el sistema político oligárquico, sino que fundamentalmente es el inicio del comienzo del desmantelamiento del aparato generado por Roca y controlado férreamente por él.

Esa corriente autodenominada modernista, algo así como una mirada progresista desde el corazón del orden conservador, se vio favorecida por un contexto internacional de la primera década del siglo XX que, al decir de David Rock, nos mostraba un mundo donde las principales potencias europeas transitaban el camino desde el absolutismo o regímenes oligárquicos a sistemas democráticos más populares, atento a que sus élites percibían la impugnación global al sistema político y, conscientes de su ilegitimidad electoral, consideraban necesario recrear las instituciones políticas. En Argentina, el objetivo era establecer organizaciones políticas representativas que le permitieran mantener el poder y, en consecuencia, el modelo económico y sociocultural que habían impuesto desde mediados del siglo pasado pero que les posibilitara controlar o aminorar los efectos negativos que esos cambios habían generado, tales como el creciente poderío de las organizaciones sindicales anarquistas o el apoyo popular a la Unión Cívica Radical. Ante ello, era necesaria una reforma política que, debilitando a los extremos anarquistas y fortaleciendo a los socialistas moderados, lograra que la Unión Cívica Radical se integrara al sistema al propio tiempo que las facciones oligárquicas se unieran en un fuerte y renovado partido conservador. Finalmente, y más allá de los diversos nombres que usan las fuerzas conservadoras en esta primera década del siglo XX, en 1910 se unifican en la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña en una fuerza electoral que recibe el nombre de Unión Nacional, con peso inicial en la provincia de Buenos Aires pero con la aprobación de los gobernadores del interior que, desmantelado el régimen roquista, buscaron rápidamente un lugar en el nuevo orden conservador en construcción, nuevo orden que planteaba una reforma pero «sin emigrar jamás hacia las fuerzas políticas que, al situarse fuera del cuadro establecido, impugnaban la legitimidad del régimen desde la oposición externa» , en expresiones de Natalio Botana.

Transformaciones en la política santafesina

El Radicalismo En lo que se refiere al desarrollo del radicalismo en la provincia de Santa Fe, y siempre en el marco de lo antedicho sobre esta fuerza política en su conformación nacional, debemos destacar su activa participación desde los inicios de la creación de la Unión Cívica y la valoración que desde la misma se hace desde Buenos Aires, como lo muestra el hecho de que se elija la ciudad de Rosario para realizar la convención o congreso de 1891 que formalmente da nacimiento al partido. Pero además, es destacable la activa presencia que tuvieron núcleos de colonos desde el inicio, particularidad propia de nuestra provincia, apareciendo también desde los primeros tiempos nuevos actores representativos de los contribuyentes, todos los cuales se sumaron a sectores provenientes de las fuerzas políticas tradicionales que conformaron su base dirigencial, la mayoría de los cuales provenían del antiguo sector oroñista, desplazados del poder en los últimos años, coexistiendo dirigentes urbanos con otros provenientes del sector rural.

A modo de contextualizar, tenemos que volver a señalar que la Unión Cívica, como paso posterior a la Unión Cívica de la Juventud y previo a la Unión Cívica Radical, nace en abril de 1890 en el marco de una crisis política y económica de dimensiones insospechadas en los años previos. Por un lado, a la continuidad del fraude electoral cabe agregarle la concentración del poder en la persona del presidente de la Nación, concentración tanto en el Partido Autonomista Nacional como en el Estado, lo que en la práctica significaba una vulneración del principio republicano de la división de poderes pero al propio tiempo una limitación al sistema federal establecido en la Constitución Nacional de 1853. Esa situación se produce en medio de una fractura en el grupo dominante, al distanciarse Roca del presidente Juárez Celman, pero al mismo tiempo en un escenario donde aparecen sospechas de inmoralidad administrativa por parte del gobierno de turno. A esa situación le tenemos que agregar un elemento explosivo, la crisis económica del 89/90, adjudicada al crecimiento cuando en realidad es problema claramente adjudicable a la debilidad o dependencia del modelo vigente. Ese acontecimiento es como la mecha que provoca el incendio y despierta conciencias dormidas.

Ante esa situación nacional, en nuestra provincia algunas cuestiones puntuales complementan o agravan las dificultades señaladas. Por un lado, la reforma de la Constitución Provincial en 1890 y la Ley Orgánica de Municipalidades que se dicta también en dicho año, afectan seriamente la vida institucional de los gobiernos locales, dado que establecen un techo alto para que los pueblos puedan ser considerados como municipios; eliminan la elección del intendente por los pobladores de los respectivos lugares, los que a partir de la misma son nuevamente designados por el poder ejecutivo provincial; y se suprimen los derechos electorales de los extranjeros para elegir las autoridades locales, afectando una sentida conquista de los inmigrantes, especialmente de los radicados en las colonias, por entonces más del 40 % de los habitantes de la provincia de Santa Fe y abrumadora mayoría en los citados territorios. Pero a esas circunstancias, desde ya sumamente conflictivas y agravantes de la situación nacional, se le acumula una cuestión económica que afecta los recursos de muchos contribuyentes. En efecto, como consecuencia de la crisis de los 90, se reduce la percepción de impuestos en los diferentes estamentos estatales, lo que conlleva a que se modifiquen las políticas tributarias, mediante el aumento de alícuotas o la creación de nuevos gravámenes. En concreto, en nuestra provincia, en 1891, durante la gobernación de Cafferatta, se establece el denominado impuesto al cereal, medida que será duramente impugnada desde diversos sectores sociales.

En ese contexto nacional y provincial, Santa Fe será una provincia clave en la configuración de la fuerza política que estamos analizando, comenzando por la creación de la Juventud Cívica Rosarina, presidida por Capmany en abril de 1890, pasando por la presencia de dirigentes como Mariano Candioti o Lisandro de la Torre y considerando que es en nuestra provincia donde la Unión Cívica realiza su primera convención partidaria, en enero de 1891, en la ciudad de Rosario.

En términos particulares, lo primero que debemos señalar es que los noveles integrantes de la Unión Cívica santafesina no participan en la Revolución del Parque de julio de 1890, ya que se había establecido que comenzarían a actuar si la misma triunfaba en Buenos Aires, hecho que no ocurrió pero que no impidió que se organizara todo lo relativo para el caso de que se hubiera concretado una victoria, tarea organizativa donde se destacaron tanto Mariano Candioti como Lisandro de la Torre.

Constituida formalmente en octubre de 1890, la Unión Cívica de nuestra provincia se consideraba como parte de un movimiento nacional regenerador que en Santa Fe planteaba la renuncia del gobernador Cafferata y el compromiso de una política intransigente contra el régimen imperante en la provincia, de manera pacífica o violenta, si fuera necesario. Días más tarde de este manifiesto, un hecho sangriento marcó los inicios de la Unión Cívica debido a que las tropas nacionales que custodiaban el proceso de inscripción de ciudadanos para un evento electoral en Rosario, dispararon contra los simpatizantes de la misma que pretendían registrarse, lo que causó numerosos heridos y la muerte de cuatro personas de la mencionada fuerza política, lo que provocó la reacción de sus dirigentes y un documento donde se responsabilizaba de los hechos a los integrantes del gobierno provincial.

En cuanto a la convención partidaria realizada en Rosario en enero de 1891, como paso previo, la dirigencia de la Unión Cívica aprobó una Carta Orgánica en septiembre de 1890. La misma establecía un novedoso modelo de organización en nuestro país, basado en los modelos partidarios vigentes en los Estados Unidos, donde se establecía un sistema de órganos nacionales, provinciales, de circunscripción y de seccionales, denominados comités, con la función de la conducción de la actividad en cada estamento, con autoridades elegidas por los simpatizantes o afiliados en un proceso que podríamos calificar como de abajo hacia arriba.

Al producirse la división nacional entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical a mediados del citado año, por las diferencias entre Mitre y Alem, lo mismo ocurre en nuestra provincia, aunque con algunas particularidades regionales. Esa escisión ya se avisora en la convención de la Unión Cívica de Santa Fe, realizada también en Rosario, en febrero de 1891, ocasión en la que predominaron los sectores identificados con Leandro Alem. Producida la división podemos señalar en términos generales que la dirigencia de la ciudad de Santa Fe se inclina mayoritariamente por integrar inicialmente las filas de la Unión Cívica Nacional, mientras que los sectores predominantes en Rosario optan por la pertenencia a la Unión Cívica Radical, aunque quedando en la primera de las fuerzas mencionadas las personalidades provenientes de los antiguos liberales mitristas. Para completar el cuadro de situación, se debe indicar que los grupos de colonos, con sus particulares reclamos, se integran casi totalmente en el seno del radicalismo, espacio donde plantearán su propia estrategia electoral.

Ahora bien, la crisis del 90 no sólo genera nuevas fuerzas políticas sino también organizaciones sociales que, a partir de reclamos sectoriales, se integran al espacio público e incluso participan en contiendas electorales y se incorporan en algunos casos a los partidos surgidos a partir de la crisis del 90. Por un lado, tenemos que mencionar en la zona sur de la provincia, con epicentro en la ciudad de Rosario, a la denominada Sociedad Unión de Contribuyentes. Surge como una reacción cívica ante las consecuencias devenidas de la crisis económica nacional, la cual afecta negativamente en la recaudación provincial, impactando en los servicios públicos que presta el gobierno santafesino, pero también afecta a la producción, el consumo y los salarios. Dicha entidad comienza a expresarse mediante comentarios en los medios, petitorios, solicitadas y actos públicos, el principal de los cuales tiene lugar en abril de 1890, donde los vecinos reclaman por la moralización de la administración, en este caso referida al orden municipal rosarino, y donde subyace claramente el reclamo de elegir las autoridades locales y el rechazo a la designación por parte de un gobierno provincial que consideran en manos de las élites tradicionales de la ciudad de Santa Fe. La Sociedad Unión de Contribuyentes estableció desde el inicio una fluida relación con la naciente Unión Cívica, aunque no formó parte de la misma ni se subordinó a ella, sino que más bien sobrevoló sobre las fuerzas políticas y actuó como puente entre ellas. Cuando se produce la división ya mencionada, la mayor parte de sus integrantes demostrará mayor simpatía por la Unión Cívica Nacional.

Los grupos de colonos, con sus particulares reclamos, se integran casi totalmente en el seno del radicalismo, espacio donde plantearán su propia estrategia electoral.

El otro importante agrupamiento que surge en similares condiciones aunque con un desarrollo territorial y cuantitativo distinto, es el Centro Político de Extranjeros, conocido como CEP. El antecedente del mismo lo tenemos que ubicar en los acontecimientos de la revolución del 90, los cuales —según el diario La Capital de Rosario— obtienen un masivo apoyo en la ciudad de Esperanza y una significativa adhesión en otras colonias como Rafaela, con la presencia de mas de 600 vecinos, y Casilda, con la movilización de unas 300 personas. El CEP comienza entonces su existencia confluyendo con las acciones de la Unión Cívica y con sus principales reclamos en nuestra provincia. Su principal vocero será el periódico denominado La Unión que, naciendo en agosto de 1890, centrará su prédica en los objetivos del centro, o sea, el reclamo por los derechos políticos de los extranjeros en los comicios locales, conculcados por la reforma de la constitución provincial de 1890, así como en la elección de los jueces de paz por parte de los vecinos. El CEP, como lo señala Ezequiel Gallo, pronto extiende su influencia a otras localidades, tales como San Carlos, Humboltd, Grutly y San Jerónimo, pero su fortalecimiento se producirá cuando se establece en 1891 el denominado impuesto al cereal por parte del gobierno provincial, momento en que aglutina y unifica a todo el mundo colonial santafesino tras su derogación. En ese contexto se elabora un documento que se entrega en la legislatura santafesina y donde aparecen los reclamos que luego se manifestarán como objetivos políticos en las revoluciones de 1893, que registra el diario La Unión en su edición del 15 de noviembre de 1891:

«Pedimos el voto municipal porque: 1) el poder comunal no es un cuerpo político, sino un cuerpo administrativo necesariamente popular y democrático que trata del cuidado, aseo, orden y organización de cada villa o pueblo; 2) somos contribuyentes y habitantes del municipio; 3) si tomamos parte activa y tenemos deberes en la vida municipal, también tenemos que tener derechos; 4) los extranjeros han sido los fundadores de las colonias (...). En cuanto a la justicia de paz creemos que la emanada del voto público es la más adecuada (...) la marcha de tales instituciones no estaría entorpecida y viciada como lo está hoy por los precarios sueldos que se pagan a dichos funcionarios y por la costumbre inveterada de transformarse estos en agentes electorales».

En este último caso, hacen referencia al rol de los funcionarios como instrumento del dominio de los gobiernos provinciales en las estructuras municipales y comunales, petitorio al cual también se incorporan los colonos de Helvecia y zona de influencia. Cabe agregar como parte de esos movimientos ciudadanos, los reclamos de más de 800 vecinos de Cañada de Gómez contra las autoridades locales y provinciales en 1892. En todos los casos, aparece claramente la presencia del CEP como articulador de las demandas comunes o de las particulares de cada localidad, pero también en relación con la Unión Cívica primero y, luego de la división, con la Unión Cívica Radical.

La Unión Cívica Radical adopta desde su nacimiento una táctica electoral abstencionista, o sea, la no participación en elecciones mientras se mantenga el sistema fraudulento. Pero esa decisión no implicará una actitud pasiva porque se combina con intentos revolucionarios para deponer a gobiernos a los cuales consideraban ilegítimos por surgir de prácticas tramposas. En ese camino, el primer intento nacional revolucionario tiene lugar en julio de 1893, con epicentro en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe, cuestión que pasamos a desarrollar.

El radicalismo, desde su nacimiento en nuestra provincia, despliega una significativa estrategia organizativa en todo el territorio santafesino, incrementando el número de sus afiliados o simpatizantes y generando estructuras locales y departamentales con activa participación de sus adherentes, en un proceso que podríamos calificar como de abajo hacia arriba. Pero al propio tiempo produce en todos los niveles partidarios un proceso de integración con los grupos de colonos, ya sea acompañando sus reclamos o convirtiéndose en vocero de los mismos o manteniendo fluidas relaciones con las organizaciones que representan a los mismos, logrando, en algunos casos, que representantes de grupos agrarios se incorporen a las filas de la Unión Cívica Radical.

Estas actividades y relaciones se incrementan en 1893, como parte de las revoluciones que tendrán lugar en el año. En lo que se refiere al partido radical, se produce una reunión el 12 de abril en Rosario para planificar las actividades que se desarrollarán en la provincia en el marco de la revuelta cívico–militar prevista por la conducción nacional del radicalismo. En la ocasión, Leandro N. Alem se compromete al envío de armas para garantizar el triunfo en Santa Fe.

Por otro lado, se agudizan los reclamos de los colonos, que incrementan la organización para afrontar los problemas, ahora ya no sólo centrados en la autonomía municipal o los derechos electorales de la población extranjera sino fundamentalmente por el impuesto al cereal, resistido cada vez más en medio de una situación nacional y provincial que no logra salir todavía de las consecuencias nefastas de la crisis económica de 1890.

Como acertadamente lo indica De Marco:

«El impuesto al cereal, sancionado por la legislatura en 1891, que gravaba un mínimo porcentaje a la cosecha del cereal, fue resistido por todos los sectores de la producción, comerciantes, contribuyentes, industriales, exportadores, etc., y por los partidos opositores que se valieron de esta cuestión para desgastar aún más la imagen del gobierno, indisponiendo al trabajador del campo con aquel. Entre 1891 y 1892, los reclamos se efectuaron especialmente a través de escritos periodísticos y de discusión jurídica acerca de la constitucionalidad. El cobro a través de los empleados del sistema rentístico provincial fue sumamente dificultoso por la negativa de los colonos, quienes argumentaban que no lo pagarían hasta que la justicia no resolviera acerca de la legitimidad del impuesto. Ante esto, el gobierno decidió desligarse de la responsabilidad del cobro, privatizándolo y encargándoselo a un concesionario privado. Cuando a fines de 1892, la Corte Suprema de la Nación declaró que el impuesto al cereal era constitucional, la provincia resolvió que su percepción tomaría un nuevo impulso, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Lo que verdaderamente indisponía el ánimo de los colonos (...) era la forma en la que se lo exigía, ya que los empleados de la empresa concesionaria no repararon en medios para conseguir que se saldaran las deudas».

Esto llevó a rechazar la intermediación de los particulares y a desconfiar en el destino que el gobierno daría a los fondos recaudados por el mencionado tributo, no creyendo que volverían a los vecinos en inversiones relativas a la educación, la seguridad y la salud, como señalaban las autoridades provinciales.

El hecho más significativo se produce en Humbold en el mes de febrero del año 1893, con motivo de que uno de los cobradores privados del impuesto cuestionado, ante la negativa de pago por parte de un vecino, intenta detenerlo. Si bien no logra su objetivo, el acontecimiento provoca la reacción de los colonos del lugar, lo que rápidamente logra la adhesión de sus pares de San Carlos y San Jerónimo, entre otros pueblos. Pese a intentos conciliadores iniciales del gobernador para apaciguar los ánimos, los cuales fracasan, se envía al ministro de Gobierno, Luciano Leiva, al mando de tropas provinciales, acción que logra desarmar la rebelión y donde se detiene a sus principales dirigentes. Sin embargo, tanto en Esperanza y su zona de influencia como en el departamento San Martín, los colonos deciden no abonar el impuesto, alegando nuevamente su ilegalidad y desconociendo terminantemente el derecho de los cobradores de la empresa privada para percibir el tributo.

Como consecuencia de los hechos ocurridos en Humbold y del apoyo que hemos descripto, surge una nueva entidad que aglutina los reclamos y las resistencias, denominada Unión Agraria, la cual también tiene fluidas relaciones con la Unión Cívica Radical, como su antecesora del Centro Político de Extranjeros (CEP), y desde la cual se organiza un documento o petitorio que se presenta a la legistatura provincial en el mes de marzo. El mismo hace hincapié en la derogación del impuesto al cereal y en los derechos electorales de los extranjeros en los comicios locales. En esas circunstancias, el gobierno santafesino pretende destrabar el conflicto con diversas medidas, tales como amnistiar a los participantes en los hechos ocurridos en febrero, dejando sin efecto la autorización concedida a un privado para el cobro del impuesto en cuestión y estableciendo que parte de lo percibido se iba a destinar a la educación en áreas rurales, sin resultados positivos dado que no logra que se abone el tributo al cereal, lo que, sumado a la información de que se incrementaban los preparativos revolucionarios, lleva a las autoridades provinciales a endurecer su actitud y clausurar a mediados de julio el diario La Unión, principal vocero de los colonos.

En ese mes de julio de 1893 se producen protestas y se elaboran petitorios en diversas localidades, tales como San Agustín, Cañada de Gómez, María Juana, San Jorge, entre otras.

A todo esto cabe agregarle la designación de Aristóbulo del Valle como ministro de Guerra y Marina del gobierno nacional, hombre ligado a los ideales de la Unión Cívica en sus comienzos. Este funcionario comienza a desarmar las guardias nacionales que, en cumplimiento de las directivas del oficialismo, habían actuado casi siempre como apoyo de los gobiernos provinciales en sus respectivos territorios.

Se agudizan los reclamos de los colonos, que incrementan la organización para afrontar los problemas, fundamentalmente por el impuesto al cereal, resistido cada vez más.

En ese contexto, la revolución radical —cuidadosamente planificada— tiene todas las condiciones para realizarse en nuestra provincia y lograr su objetivo, donde el apoyo y la participación de los colonos le otorga una masa crítica y un poderío superior al existente en otros lugares donde la conducción nacional del partido ha organizado sublevaciones.

Los acontecimientos bélicos comienzan el 29 de julio con un ataque a la jefatura de policía de Rosario, con enfrentamientos que duran casi dos días y terminan con la victoria de los radicales, al rendirse el 31 las fuerzas del oficialismo que habían resistido la toma de la dependencia policial, debiendo contabilizarse un saldo trágico de más de 100 muertos y una cifra superior a los 250 heridos.

Los revolucionarios logran detener en Baradero el tren proveniente de Buenos Aires, donde viajaba el ministro de Gobierno, Luciano Leiva, que anoticiado de los hechos pretende retornar desde la capital federal, donde se encontraba realizando gestiones, para poder encabezar la resistencia al movimiento radical. Es tomado prisionero, neutralizándose de ese modo al más capacitado funcionario para organizar las fuerzas adictas al oficialismo. También se logra aislar y detener al jefe político de Rosario, Manuel Cilveti, así como otros dirigentes cercanos al gobierno.

Los sucesos revolucionarios, que cuentan con el apoyo implícito del ministro Aristóbulo del Valle, son protagonizados también por significativos núcleos de colonos, especialmente los de las zonas de Esperanza y Rafaela, en la primera de las cuales se toma la jefatura de Policía, los juzgados de paz y las comisarías, designándose nuevas autoridades por parte de los sublevados. Estos hechos reúnen más de 2.000 colonos, 500 de los cuales marcharán hacia la ciudad de Santa Fe para la toma de la casa de gobierno. Casilda, Gálvez, Irigoyen, San Lorenzo, son también pueblos que quedan en manos de los revolucionarios, mientras Helvecia se convierte en la base de operaciones de la zona noreste, sin olvidar el apoyo logrado en San Justo. Mientras eso ocurre, un proyecto de intervención a la provincia es rechazado el 1 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación, proyecto presentado en la otra cámara del congreso por el senador santafesino, José Gálvez, quien se enfrenta sobre el particular con el ministro de Guerra y Marina, Aristóbulo del Valle.

Controlando Rosario y los principales pueblos de las colonias del centro y noreste, los revolucionarios avanzan sobre la ciudad de Santa Fe, sede principal del gobierno provincial, llegando a la misma el 3 de agosto, con una fuerza conformada por más de 2500 integrantes de los cuales 500 corresponden a los batallones de tiradores suizos, que desfilan con sus estandartes por las calles de la capital. Renunciante el gobernador Cafferata por la situación existente, lo propio hace el vicegobernador José Gollán, ante lo cual la casa de gobierno y otros edificios son tomados por los radicales, haciéndose cargo del poder institucional la Junta Revolucionaria.

La Junta está integrada por Mariano Candioti, Agustín Landó, Lisandro de la Torre, Martín Rodríguez Galisteo, Manuel Cervera, Belisario Sivori, Joaquín Lejarza, Carlos Gómez, Demetrio Iturraspe, Porfirio Carreras y Manuel Ferrer. Designa como gobernador provisorio a Mariano Candioti, acompañado por Agustín Landó como vice, los cuales asumen el día 4 de agosto, nombrando a su vez a Joaquín Lejarza como ministro de Hacienda y a Lisandro de la Torre como ministro de Justicia, Instrucción Pública y Agricultura.

La revolución ha triunfado en la provincia de Santa Fe y comienza el denominado gobierno de los 21 días.

En ese corto período de gestión se adoptan diversas medidas en consonancia con los objetivos revolucionarios y las demandas sociales existentes. Así es como se designa una comisión investigadora de la entrega de tierras fiscales en la última década y lo propio se hace en relación a la política tributaria; se convoca a los vecinos a inscribirse en un nuevo registro cívico para posibilitar que las futuras elecciones tengan la legitimidad y transparencia que los regímenes conservadores habían vulnerado permanentemente mediante políticas fraudulentas que se iniciaban precisamente con la manipulación por parte del oficialismo de los padrones de inscripción de los vecinos; se comienza a producir el cambio de las autoridades provinciales en diversas colonias donde los mencionados funcionarios eran instrumentos de control y abuso del poder central sobre la institucionalidad municipal o comunal, y sobre los intereses y reclamos de los vecinos; y se establece una moratoria en materia tributaria, entre otras, aunque no se alcanza a derogar el impuesto al cereal ni menos todavía la reinstalación de los derechos electorales de los extranjeros, cuestiones que seguramente se reservan para que sean abordadas por el futuro gobierno surgido del voto popular.

En la colonia Carcaraña... un grupo de delincuentes evadidos de la cárcel había dado muerte a una familia de colonos. Los delincuentes fueron apresados por un grupo de colonos quienes, tras someterlos a un juicio sumario, les aplicaron la ley Lynch (de donde proviene el término linchamiento). La Nación estimó en diciembre que en todo el año se habían producido cerca de veinte linchamientos en la campaña santafesina (...). Los de Carcaraña tuvieron un enorme impacto en la opinión pública. La prensa y el cuerpo diplomático extranjero defendieron abiertamente la actitud de los colonos. (Colonos en armas, Ezequiel Gallo)

Mientras tanto, en estos días de gobierno radical, y fortalecida por el accionar de los colonos en la revolución triunfante, la Unión Agraria incrementa significativamente su poderío y grado de representación, emitiendo una proclama el 15 de agosto donde establece claramente los objetivos de la entidad. Allí se autodefine como una organización destinada a fomentar y defender los intereses agrícolas en la provincia de Santa Fe, sin partidismos políticos, buscando en particular la rebaja de los impuestos que gravan al sector, la creación de escuelas rurales, derechos electorales de los extranjeros, justicia de paz electiva y facultades a los gobiernos locales para garantizar el progreso de sus pueblos.

Pero la situación del gobierno revolucionario se comienza a complicar cuando el 12 de agosto renuncia el ministro Aristóbulo del Valle, y días después el Congreso Nacional aprueba la intervención a la provincia de Santa Fe, siendo designado para tal cargo Baldomero Llerena. El 22 de agosto, Mariano Candioti le entrega pacíficamente el mando, atento que la situación había cambiado sustancialmente con la renuncia de Aristóbulo del Valle, cuyo apoyo había resultado vital para el triunfo de la revolución. Candioti manifiesta su disconformidad con la medida mediante un acta de protesta, donde señala la inconstitucionalidad de la resolución de intervenir el gobierno provisorio que él encabezaba.

El nuevo titular del poder ejecutivo provincial intenta apaciguar los espíritus mediante medidas que incluyen la libertad de los detenidos con motivo de la revolución pero no logra tener éxito en su objetivo de pacificación. En efecto, por un lado la actitud de rebeldía de los colonos, partícipes de los hechos de julio, continúa activamente, mientras la Unión Cívica Radical incrementa su organización partidaria y persiste en su pliego reivindicativo pese a la intervención decretada por el gobierno nacional. Por otro lado, los sectores del autonomismo desplazados por la revolución, liderados por José Gálvez, no están dispuestos a resignar posiciones y rechazan la incorporación a la función pública de personas ligadas al antiguo mitrismo oroñista. En ese clima, y debilitado por las tensiones internas del oficialismo y los preparativos bélicos del radicalismo, Llerena cede el mando al general Bernal, que se constituye en la práctica en nuevo interventor.

El 24 de septiembre de ese mismo año 1893 estalla una nueva revolución radical, con epicentro, en nuestra provincia, en Rosario y Santa Fe. El líder nacional de esa fuerza política, Leandro N. Alem, se instala en Rosario, donde se proclama presidente provisional de la República, logra juntar un contingente de casi 5000 hombres y tomar la jefatura de Policía, mientras se procede a ocupar diversos edificios públicos del gobierno en la capital de la provincia, contándose para esto último con el apoyo de algunos oficiales del ejército nacional. Aunque en menor medida que en la revolución de julio, los colonos hacen su aporte a los acontecimientos bélicos de septiembre. Contingentes de agricultores arriban a Rosario desde Cañada de Gómez, Casilda, San José de la Esquina, entre otros pueblos, mientras marchan hacia Santa Fe cerca de 1.000 hombres procedentes de Esperanza, San Carlos, Humboldt, San Agustín y Helvecia. La presencia de tropas nacionales procedentes de Paraná y otros lugares, permiten al oficialismo triunfar en el campo de batalla y retener el gobierno provincial. Lo logran derrotando primero a los revolucionarios en la ciudad de Santa Fe, los cuales se rinden luego de cruentos combates que duran tres largos días, y más tarde en Rosario, donde los rebeldes abandonan la jefatura de Policía ante la imposibilidad de continuar la lucha.

Para finalizar este tópico de las revoluciones radicales, existen importantes diferencias entre ambas. La primera, la de julio, contó con una minuciosa organización política–social y una aceitada planificación; con una intervención de cientos de colonos de diversos pueblos pero fundamentalmente con el apoyo de la inmensa mayoría de ellos y de sus organizaciones y medios periodísticos. La de septiembre, en cambio, es fruto de los apuros por la reorganización nacional de las fuerzas conservadoras; refleja mayor espontaneidad y heroicidad aunque escasa organización; más militantes radicales pero escaso apoyo social; importante presencia de grupos armados de agricultores pero menor adhesión del mundo colonial y de sus organizaciones; enfrentamientos con mayor grado de violencia y, por tanto, mayor número de muertos y heridos. En síntesis, en julio se logra el objetivo mientras en septiembre se fracasa estrepitosamente. Entre las consecuencias de esto último, se puede señalar la detención de numerosos dirigentes radicales, entre los cuales se destacan Alem y Mariano Candioti, ocurriendo lo propio con los grupos de colonos participantes; el reemplazo de funcionarios designados por el gobierno de los 21 días y el retorno de los hombres ligados al oficialismo conservador; la clausura de diarios, principalmente La Unión de Esperanza y La Unión Provincial de Rafaela; la persecución a las colectividades extranjeras ligadas a la actividad agrícola por parte del nuevo interventor de la provincia, José Vicente Zapata, que utilizaba para tal fin a población de origen criollo con sentimientos contrarios a los colonos, bajo la dirección de caudillos rurales del oficialismo, hechos reiterados en diversas zonas del territorio santafesino y que provocaron la queja de los cónsules de los países de origen de las poblaciones afectadas por tal persecución.

A partir de esa derrota de fines de septiembre del año 1893, y en medio de un proceso de reinstalación en la provincia de los grupos políticos integrantes del oficialismo nacional, se producen debates, posicionamientos, diferenciaciones y finalmente divisiones en el seno del radicalismo santafesino. Se presenta una discusión o dilema entre quienes sostienen la postura de mantener la política de abstención electoral mientas se mantenga el régimen fraudulento y trabajar para una futura revolución, por un lado, y quienes piensan como más conveniente la concurrencia en los procesos electorales, atento a que la participación ciudadana fortalece el sistema democrático, cosa que no ocurre con la abstención o el automarginamiento, por el otro. Entre los primeros, consecuentes con la postura predominante en la conducción nacional partidaria, aparecen los principales dirigentes de las ciudades de Santa Fe y Rosario, mientras los representantes de los pueblos de las colonias agrícolas se inclinan claramente por la participación electoral, ya sea dentro del radicalismo o mediante la creación de fuerzas políticas locales, considerando la citada participación electoral como clave para controlar los poderes municipales y comunales para defender los intereses de los vecinos. Estos últimos incluso, plantean la intervención en elecciones provinciales para tener voceros de sus demandas en la Legislatura provincial, cosa que logran en 1894 cuando quedan consagrados Carlos Bosch como diputado y Eduardo Yost como senador por el departamento Las Colonias. Cabe señalar que los mencionados plantearon en las respectivas cámaras la necesidad de devolver el derecho al voto en las elecciones locales a los extranjeros y la derogación del impuesto cereal, histórica bandera de los colonos, aunque obviamente sin resultados positivos por la abrumadora mayoría de representantes del gobierno provincial en la Legislatura santafesina. La posición que expresan y las acciones que en consecuencia realizan los representantes del sector agrícola, provoca la expulsión de los siete convencionales del departamento Las Colonias en la reunión del comité central del radicalismo santafesino de 1896, los que votan por la participación electoral del partido, todo ello en el marco de un debate similar en el orden nacional, donde las tensiones debilitan la conducción partidaria en manos de Leandro N. Alem.

CURIOSIDAD

Nota firmada por más de 600 colonos

«Es un hecho cierto que el elemento extranjero de las colonias ha apoyado vivamente la revolución del 30 de julio, quien yendo personalmente a las órdenes de los jefes revolucionarios, quien trabajando con éxito en su círculo a fin de reforzar la revolución y darle cuerpo. Si la revolución del 30 de julio hubiera sido tan sólo un movimiento político en que las banderías se hubieran disputado el dominio, de seguro que en las colonias ni una mosca se hubiera movido... Pero la revolución ha sido más que eso. Ha sido una cruzada libertadora que ha dado por tierra, no con una situación o un sistema político, sino con un sistema de inicua explotación cuyas principales víctimas han sido precisamente los extranjeros». (Diario La Unión, de Esperanza, edición del 13 de agosto de 1893)

En cuanto a los partidarios de la continuidad de la abstención electoral revolucionaria, predominantes en Santa Fe y Rosario, sus dirigentes tienen una actitud cuanto menos incoherente dado que, mientras afirman esa posición, buscan acuerdos para integrar en 1894 la denominada Unión Provincial, frente opositor al candidato oficialista, Luciano Leiva, actitud que es rechazada por la mayoría de los comités de Rosario. Dicho accionar es también impugnado por los representantes de los colonos, que se oponen tanto a la abstención, como a las componendas con los grupos políticos tradicionales.}

El radicalismo santafesino, sumido en las múltiples diferencias señaladas, con el agregado del suicidio de Alem el 1º de julio de 1896, transita el camino de la división y la ausencia de una conducción unificada que, procesando las divergencias, reorganice el partido. Es así como, en 1897, el comité de La Capital adhiere a la candidatura de Bernardo Iturraspe, al propio tiempo que avala la postulación de unos de sus dirigentes, Carlos Gómez, como diputado nacional, todo lo cual no es aceptado por sus pares de Rosario. Estos últimos, por otra parte, deciden no intervenir en las elecciones que se tienen que realizar en dicha ciudad en 1898, alegando que las mismas se realizarían con el registro cívico de noviembre de 1897, declarado nulo por la Legislatura provincial por sus notorias anomalías.

En consecuencia, los tiempos que van desde el fracaso de la revolución de septiembre de 1893 hasta 1896, caracterizado por el debate entre variados planteos, le sigue una etapa en la cual se producen divisiones que desintegran y paralizan al radicalismo santafesino, en paralelo con lo que ocurre en el ámbito nacional. Entre los que abandonan la Unión Cívica Radical se encuentran dirigentes de peso en la provincia, como por ejemplo Lisandro de la Torre.

Pero en los primeros años del siglo XX, de la mano de Hipólito Yrigoyen, el radicalismo comienza una nueva etapa de reorganización nacional, en la línea de la abstención electoral revolucionario. Paralelamente surge en nuestra provincia una nueva camada dirigencial, entre ellos Ricardo Caballero, que tendrá activa participación en los tiempos posteriores.

En ese proceso de poner de pie nuevamente a la Unión Cívica Radical, ocurre la revolución de 1905, que estalla en varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En nuestro territorio, los hechos tienen lugar fundamentalmente en la ciudad de Rosario y alrededores. Los acontecimientos bélicos se producen el 4 de febrero, ocasión en que se sublevan en apoyo a la revolución los regimientos 9 de Infantería y 3 de Artillería, desde puerto San Martín y San Lorenzo, respectivamente, tomando la sede de la jefatura política de esta última ciudad, cabecera del departamento del mismo nombre. Para enfrentarlos, el gobernador Freyre organiza las fuerzas provinciales, con policías, guardiacárceles y bomberos, los que vencen a los sublevados en la batalla de Arroyito, al norte de la ciudad de Rosario. Este hecho, más el fracaso de la revolución en la provincia de Buenos Aires, hace abortar el intento, con un saldo de 12 muertos, 40 heridos y numerosos detenidos.}

Esta nueva derrota pone fin, al decir de Marta Bonaudo, «al ciudadano armado» y retorna el espacio para «el ciudadano elector», continuando el radicalismo nacional y provincial el proceso de consolidación partidaria, reinstalando en Santa Fe los comités locales y centrales, como ocurre en Rosario el 23 de septiembre de 1906, con la presencia de representantes del norte de la provincia pero también de importantes dirigentes de Buenos Aires y Córdoba. Este proceso se irá incrementando y se extenderá a todo el territorio santafesino, estando maduro en 1912 para enfrentar el primer gran desafío electoral del radicalismo santafesino, como veremos en páginas posteriores. En síntesis, el fracaso de la revolución de 1905 obligará a una nueva instancia de reorganización, pero ahora desde una óptica más fijada en una salida electoral que en la vía revolucionaria. Esa tendencia se irá reforzando por las modificaciones de la legislación electoral en la provincia en 1904, que reconocen el voto universal masculino y secreto, adelantándose a la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912 que, si bien sólo regía para las elecciones nacionales, generó un clima político propicio para la participación del radicalismo en las elecciones provinciales de ese año, sin entrar en conflicto con la estrategia nacional hasta entonces seguida.

La Liga del Sur

Cabe mencionar también en la política santafesina, la conformación en 1908 de la Liga del Sur, partido regional del sur santafesino, conducido por Lisandro de la Torre. Es una fuerza política con un perfil liberal progresista, compuesta principalmente por diferentes sectores de la pequeña burguesía del sur provincial y de dirigentes radicales que ya no toleraban el abstencionismo electoral de su partido. Entre los objetivos de la Liga del Sur estaba ampliar la legitimidad del sistema político mediante la incorporación del voto de los extranjeros, la representación de las minorías, la supresión de la figura del jefe político departamental, reforma del senado, estabilidad de la función judicial, ampliación de las funciones municipales y elección de intendentes y concejales por parte de los vecinos y reforma del sistema tributario, entre otros, detrás de lo cual se buscaba un mayor protagonismo político del sur provincial, en clara desventaja entonces con respecto al centro–norte, lo que se trasluce en el reclamo del traslado de la capital de la ciudad de Santa Fe a la de Rosario. Muchas de las medidas propuestas requerían de una reforma constitucional, lo cual obviamente plantean los integrantes de este agrupamiento político.

Lisandro de la Torre había tenido, siendo muy joven, una activa participación en el nacimiento de la Unión Cívica Radical en Santa Fe, como ministro en el gobierno radical de los 21 días en 1893, autoridad partidaria provincial y nacional. Se aleja de la misma luego de la muerte de Alem, enfrentado públicamente con Hipólito Yrigoyen por su oposición a la política de abstención electoral que el caudillo radical mantenía a rajatabla. Posteriormente, continúa su vida pública en pequeños núcleos políticos pero también en entidades ligadas a intereses regionales o sectoriales, entre las cuales podemos mencionar a la Sociedad Rural de Rosario y la Comisión Rosarina de Defensa Agrícola, así como la denominada Liga Libertad, organización creada para oponerse al establecimiento de un obispado de la Iglesia católica en la ciudad del sur de la provincia. En ese derrotero, y como parte de su vocación y compromiso político, funda en noviembre de 1908 la Liga del Sur que, años más tarde, será parte fundamental del Partido Demócrata Progresista.

Ampliando la caracterización del nuevo agrupamiento, hay acontecimientos que anteceden a su creación y que tienen lugar en los primeros tiempos de 1908, ocasión en que surgen reclamos relacionados con políticas impositivas de orden provincial y municipal, con epicentro en Rosario y Casilda, aunque también con manifestaciones o peticiones en la ciudad de Santa Fe, centradas en tributos locales. Esas manifestaciones se expresan públicamente en Rosario, mediante el Centro Unión de Almaceneros, en representación de los comercios minoristas, aunque contando asimismo con la participación de numerosos ciudadanos que, como contribuyentes, se sentían perjudicados por las políticas impositivas. Estas demandas no encuentran la contención adecuada en la Unión Cívica Radical como había ocurrido 15 años antes con los reclamos de los colonos por el impuesto al cereal, por lo cual se expresa mediante organizaciones civiles diversas que nacen para defender los intereses perjudicados y reclamos de pobladores del sur provincial, aunque también conformando partidos comunales, como la Unión Popular de Casilda. En ese contexto, y para contener y expresar políticamente esas demandas, nace la Liga del Sur que, al decir de Marta Bonaudo, está integrada por sectores conservadores de respetable prestigio, miembros de la prensa independiente y elementos representativos del comercio, el capital y el trabajo, en todos los casos de la ciudad de Rosario. El nuevo agrupamiento político está compuesto también por destacados dirigentes de los primeros años de la Unión Cívica Radical, tales como Agustín Landó y Joaquín Lejarza, vicegobernador y ministro de Hacienda del gobierno provisorio que toma el poder tras la revolución de julio de 1893, logrando la rápida adhesión de agricultores, hacendados y comerciantes de la zona sur de la provincia y, especialmente, de pequeños productores de Casilda. Pero mirado desde otro ángulo, la Liga del Sur expresa a los sectores del comercio, las finanzas y el agro de Rosario y zona de influencia, los cuales buscan organizarse desde un partido con objetivos regionales para limitar el tradicional poder de las élites de la ciudad de Santa Fe en los distintos gobiernos provinciales y en las relaciones con las autoridades nacionales.

Las fuerzas conservadoras

Para terminar el análisis de las fuerzas políticas en nuestra provincia en la última década del siglo XIX y primera del XX, nos detendremos en las modificaciones que se producen en la composición de las huestes conservadoras y de sus liderazgos.

Los enfrentamientos que se dan entre el presidente Juárez Celman y el líder del PAN, Julio Roca, acaecidos entre 1886 y 1890; la crisis económica de 1890; el nacimiento de la Unión Cívica y la Revolución del Parque en julio de 1890; y la renuncia del citado presidente, son todos elementos que producen movimientos de reacomodamiento en la fuerza gobernante, lo cual tiene su correlato en el oficialismo provincial, donde también se producen intentos de modificaciones en la configuración de alianzas y fraccionamientos en los sectores dominantes.

Siguiendo a De Marco, al predominio hegemónico de Iriondo le siguió un liderazgo de Gálvez que, aunque predominante, no logra el control total del poder político partidario ni del aparato estatal, ambos discutidos por los grupos adictos al iriondismo. Terminada la gobernación de Gálvez, su sucesor es Cafferatta, quien no busca o no logra generar un sector propio, aunque incorpora a la función pública personalidades independientes, lo que no impide que quede subordinado al predomino de los seguidores de Gálvez. Producida la revolución radical de 1893, renunciado Cafferatta y designados varios interventores provinciales por parte de las autoridades nacionales, surge la candidatura de Luciano Leiva por parte de los sectores que responden a José Gálvez, que ven en el mencionado la posibilidad de ordenar la situación existente, teniendo en cuenta la capacidad que había demostrado, tanto para resolver las revoluciones radicales como las rebeliones de las colonias agrícolas. Pero la disputa en el seno de los grupos conservadores santafesinos, los reclamos políticos y sociales existentes por las cuestiones municipales e impositivas que hemos mencionado y las debilidades existentes en el gobierno nacional, otorgan el espacio para que se genere una alianza opositora a la candidatura de Leiva, denominada Unión Provincial, donde convergen sectores pertenecientes al orden conservador y la mayor parte de los nuevos actores políticos surgidos a partir del año 90.

Esta alianza se conforma con fines electorales y a los fines de derrotar a Leiva, estando integrada por grupos del iriondismo, sectores que se autodefinen como independientes, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional, esta última agrupación contando con la presencia los antiguos liberales mitristas del Club de la Libertad. Su programa de gobierno tiene como punto central la modificación del sistema electoral fraudulento, aunque también plantea la problemática de los colonos, o sea, el régimen municipal y el sistema tributario. El triunfo de Luciano Leiva, cuestionado por la oposición, permitirá afianzar el autonomismo en Santa Fe, a la vez que recomponer las relaciones con el gobierno nacional que se habían debilitado luego de caída de Juárez Celman, o sea, fortalecer la unidad de los sectores del orden conservador. Pero pese a lo indicado y a la integración de un gabinete donde conviven funcionarios provenientes del galvismo, el iriondismo y liberales cívicos, el nuevo gobernador no logra establecer un poder político propio que lo consolide como sucesor de Iriondo o Gálvez. Al terminar su mandato Leiva, y al no ponerse de acuerdo con Gálvez en la definición de una candidatura para la sucesión, aparece la figura de José Bernardo Iturraspe, que había sido el principal articulador de la Unión Provincial en 1894. Apoyado por Roca, que por entonces retorna a la presidencia de la Nación, Iturraspe se presenta como un hombre apto para superar las luchas entre las distintas facciones del autonomismo pero, al mismo tiempo, capaz de incorporar otras fuerzas políticas que expresan demandas insatisfechas de la sociedad santafesina. Con esas características, conforma una alianza política integrada por iriondistas, disidentes de los grupos de Gálvez y Leiva, liberales mitristas de la Unión Cívica Nacional e incluso obtiene el apoyo inicial de la Unión Cívica Radical, aunque este partido decide finalmente la abstención electoral, presionado por las autoridades nacionales, pese a lo cual muchos de sus adherentes votan por Iturraspe a título personal.

Por el programa de gobierno que presenta a la ciudadanía, similar a las propuestas que había sostenido la Unión Provincial, su candidatura logra el apoyo de los grupos de colonos, fundamentalmente del centro–norte del territorio santafesino. Iturraspe resulta vencedor en la contienda electoral, afirmando en su acto de asunción que su gobierno «será conservador en el buen sentido de la palabra y tan progresista y liberal como lo exige el espíritu de la época», expresión que sintetiza una reformulación del viejo orden conservador, que se expresará claramente en la reforma constitucional de 1900.

Iturraspe se presenta como un hombre apto para superar las luchas entre las distintas facciones del autonomismo pero, al mismo tiempo, capaz de incorporar otras fuerzas políticas que expresan demandas insatisfechas de la sociedad santafesina.

Consolidada su relación con Roca, Iturraspe logra ordenar el oficialismo santafesino, pese a la crítica de nepotismo que se le formula desde algunos sectores y genera su propia estructura partidaria, lo que le permite elegir como su sucesor a Rodolfo Freyre, que es consagrado gobernador para el período 1900–1904. El nuevo titular del poder ejecutivo provincial continúa la política de apuntalamiento al poder nacional de Roca como jefe del Partido Autonomista Nacional, cuando ya Carlos Pellegrini se había enfrentado con el mencionado y se había acercado a otros sectores del conservadurismo, así como al presidente Quintana. Freyre intentará establecer su propio grupo político y romperá con quienes lo habían acercado a la gobernación, lo que provocará fricciones con los sectores que respondían a Iturraspe y Gálvez, los que se oponen a dichos intentos. La cuestión eclosiona cuando Freyre intenta que el colegio electoral designe como gobernador a su cuñado, momento en el cual el propio Partido Autonomista, reorganizado por Gálvez, denuncia irregularidades en las elecciones de los integrantes del colegio electoral y manifiesta que va a solicitar la intervención a la provincia. Ello obliga a una negociación donde queda consagrado como gobernador Pedro Echagüe, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, que va a transcurrir su mandato condicionado por una legislatura que es dominada por su antecesor Rodolfo Freyre.

Finalmente, y en este contexto donde no surge un liderazgo indiscutido de las fuerzas conservadoras, es electo gobernador Ignacio Crespo, quien en el acto de asunción afirma: «la política para los partidos, la administración para el gobierno». Buscando superar la presión de las facciones tradicionales, incorporará a su gabinete a integrantes del Partido Constitucional, organización política que lo apoya y que es creada para terminar con la política de círculos. Pero otra vez el gobernador es condicionado desde la legislatura por el sector que responde a Freyre, cuyos integrantes plantean el juicio político para Crespo, originándose un enfrentamiento de poderes que termina con la intervención a la provincia, asumiendo el 15 de abril de 1911 el doctor Anacleto Gil. Sin liderazgos indiscutidos, con profundos enfrentamientos de grupos y personas, el ciclo de predominio de los conservadores en Santa Fe está llegando a su fin.