2. Los gobiernos radicales
JORGE RAÚL FERNÁNDEZ
El radicalismo en el gobierno nacional
La Unión Cívica Radical participa en las elecciones presidenciales de 1916, obtiene la victoria e Hipólito Yrigoyen es electo presidente de la Nación, iniciando la era de los gobiernos radicales, que será interrumpida por el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Yrigoyen de 1916 a 1922, Marcelo Torcuato de Alvear de 1922 a 1928 y otra vez el primeramente citado de 1928 hasta el golpe militar, ejercerán la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional.
Las elecciones tuvieron lugar el 2 de abril de 1916, obteniendo la Unión Cívica Radical un total de 372.810 votos contra 153.406 de los partidos conservadores que postulaban la fórmula Rojas–Serú; 123.637 sufragios para la Democracia Progresista con las candidaturas de Lisandro de la Torre–Carbó; y el Partido Socialista, con solamente 52.895 votos en favor de Juan B. Justo y Nicolás Repetto. Sin embargo, esta mayoría de votantes cercana al 50 % no se traducía del mismo modo en el Colegio Electoral, donde la fórmula Hipólito Yrigoyen–Pelagio Luna sólo consiguió un voto más de lo necesario para ser mayoría, y su triunfo corrió peligro por la actitud de un grupo de electores de la provincia de Santa Fe, como luego veremos. Analizadas las elecciones por distrito, la Unión Cívica Radical logró la victoria en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, aunque en este último caso mediante un sector disidente de la conducción oficial partidaria. Los conservadores alcanzaron mayoría de votos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja y Jujuy, mientras en Salta, San Luis, Catamarca y San Juan correspondió al partido Demócrata Progresista.
El 12 de octubre de 1916 Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la Nación en medio de la algarabía popular. El triunfo electoral y la titularidad del poder ejecutivo nacional, no se compadecía sin embargo con la composición del Congreso, dado que el radicalismo era minoría en ambas cámaras, con tan sólo cuatro de los 30 integrantes del Senado y 45 diputados sobre 114 miembros del cuerpo, con el agregado que 11 de los 14 gobernaciones se encontraban en manos de partidos conservadores y que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia estaban mayoritariamente relacionados con los dirigentes y los intereses del viejo orden conservador. Por último, los medios de prensa de la época y los grupos de poder en general seguían respondiendo al antiguo régimen, al que los ligaban relaciones económicas y profundas afinidades socio–culturales.
La reforma política
Su programa de gobierno consistía en la reforma política del régimen vigente, sin pretensiones de alterar o modificar las bases y los fundamentos del orden económico y social imperante desde Pavón. El programa se sintetizaba en la causa contra el régimen falaz y descreído que detentaba el poder mediante el fraude electoral.
En ese sentido, Yrigoyen consolidó una democracia de mayorías o ampliada interviniendo aquellas provincias cuyos gobernadores habían surgido de elecciones fraudulentas, al propio tiempo que modificaba el clima o cultura política, simbolizada en las multitudes que acompañaron el acto de asunción o en la apertura de las dependencias públicas, comenzando por la Casa Rosada, a todos los ciudadanos, sin olvidar que gobernó sin estado de sitio, asegurando siempre elecciones transparentes, respetando la independencia del Poder Judicial —bastión del orden conservador— y la libertad de prensa, sin persecuciones políticas pese a la cerrada oposición de los partidos opositores.
En particular, durante la primera presidencia de Yrigoyen se produjeron 20 intervenciones federales, de las cuales sólo cinco lo fueron por leyes del Congreso Nacional. En efecto, existieron dos modos diferentes de adoptar la medida citada. Por un lado, las que se encuadraban estrictamente en lo contemplado en los artículos 5º y 6º de la Constitución Nacional. Por el otro, las que Yrigoyen denominaba reparadoras, establecidas mediante decreto del poder ejecutivo, que tenían por finalidad intervenir aquellas provincias cuyas autoridades habían sido electas mediante sistemas fraudulentos y, en consecuencia, eran ilegítimas. La más significativa de estas intervenciones tuvo lugar en abril de 1917 al gobierno de la provincia de Buenos Aires, territorio considerado bastión de los conservadores y con elecciones manifiestamente fraudulentas.
En cuanto al cambio de la cultura política, ya desde el acto de asunción del presidente, se puede percibir una presencia masiva de personas que reflejan una democracia distinta a la que le precedió, donde tal característica no se daba. Además, esa nueva actitud o forma política se manifiesta también en la apertura de los despachos oficiales a los ciudadanos comunes, especialmente en la Casa Rosada e, incluso, en las oficinas del propio presidente.
Cambios en Casa de Gobierno
Carlos Ibarguren, hombre del régimen conservador, decía, a raíz de los cambios operados con la llegada del Radicalismo: «el espectáculo que presentaba la Casa de Gobierno... era pintoresco y bullicioso. Como en un hormiguero, la gente, en su mayoría mal trajeada, entraba y salía hablando y gesticulando con fuerza... esa algarabía era más propia del comité en vísperas electorales que de la sede del gobierno. Un ordenanza me condujo a una sala de espera... Vi allí un conjunto de personas de las más distintas cataduras: una mujer de humilde condición con un chiquillo en brazos; un mulato en camiseta, calzado con alpargatas, que fumaba y escupía... dos jóvenes radicales que conversaban con vehemencia política con un criollo medio viejo de tez curtida, al parecer campesino por su indumentaria y su acento».
Modificación en el rol del Estado
En ese contexto donde el programa consistía en la reforma política, sin tocar los otros aspectos del modelo de la República Liberal, Yrigoyen va a producir algunas modificaciones en el régimen económico–social imperante, especialmente en lo relativo al rol o función del Estado. Su natural inteligencia y su profundo sentido de la nacionalidad le permitieron descubrir, pragmáticamente, la necesidad de esos cambios que se introdujeron durante su gobierno y que completaron el programa de reforma del sistema político, permitiendo pasar de una democracia de minoría a una de mayoría, de un sistema político restringido a uno ampliado.
Modelo económico
En el plano económico, si bien no se modificó la sustancia del proyecto vigente, o sea, agrícola–ganadero ligado al mercado externo, el presidente Yrigoyen produjo modificaciones en el rol del Estado, el cual comenzó a intervenir o regular determinados aspectos de la citada actividad, mientras se intentaban reformas moderadas en los distintos sistemas productivos. En tal sentido, cabe mencionar la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 1922, con la función de explotación y exploración del petróleo y en procura de un futuro autoabastecimiento; la extensión de las vías ferroviarias con un criterio integrador y la declaración de caducidad de las concesiones vencidas pero fundamentalmente la regulación de las tarifas ferroviarias; la fijación de precios máximos para la carne y el abaratamiento de los precios del trigo y el azúcar; la creación de la Flota Mercante; el fomento de cooperativas agrícolas, la creación de Juntas Arbitrales para el sector, beneficios para los arrendatarios rurales; y la regulación de las locaciones urbanas, ejemplos todos de intervención del Estado en la actividad económica en favor de los sectores menos poderosos.
Yrigoyen consolidó una democracia de mayorías interviniendo aquellas provincias cuyos gobernadores habían surgido de elecciones fraudulentas, al propio tiempo que modificaba el clima político.
YPF, primera empresa pública argentina, es creada el 3 de julio de 1922, con la intención de que se iniciara en la exploración y explotación del petróleo, con la finalidad de que compitiera con las empresas extranjeras que hasta entonces monopolizaban todo lo relativo al mismo, aunque con el objetivo final de lograr el autoabastecimiento, como lo demuestra el proyecto presentado por Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato presidencial o por legisladores que le respondían durante la etapa de Alvear. Bajo la conducción del general Mosconi, primer presidente de la empresa y designado ya durante la gestión de Alvear, YPF comenzó un sostenido proceso de crecimiento que la volvió altamente competitiva en el sector, fundamentalmente a partir de la inauguración, en 1925 de la Destilería de La Plata, lo que le permitió generar su propia red de venta al público, tanto de nafta como de kerosene. Con una reconocida organización administrativa, su expansión se encuadró en una política de ocupación espacial del Estado nacional que, al decir de Alejandro Rofman, «no se circunscribía sólo a la explotación del recurso natural sino que abarcaba una amplia red de equipamientos sociales, culturales, recreacionales y residenciales para el personal permanente... que implicaba una estrategia de desarrollo urbano y regional». Sin embargo, pese a que aumentó su producción más de un 20 % anual, las empresas extranjeras siguieron predominando en el mercado, especialmente la Standard Oil, que controlaba los principales canales de distribución interna, siendo la primera importadora de crudo y la mayor proveedora de naftas para automóviles.
Los objetivos fundamentales de Yrigoyen estaban direccionados a un monopolio estatal en la cuestión petrolera, por lo cual los legisladores que le respondían presentaron un proyecto en tal sentido durante la presidencia de Alvear, el cual fue rechazado en el Senado por el voto de conservadores y de los que ya expresan la posición antipersonalista o antiygoyenista en el radicalismo. Ese proyecto será retomado durante el segundo mandato de Yrigoyen, lo que llevará a algunos pensadores a estimar que el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 tenía olor a petróleo, golpe que, al decir de Sampay, «fue festejado por los ricos terratenientes sacando de sus bodegas el champaña de las mejores vendimias para acompañar el menú de las petroleras americanas».
Relaciones obrero-patronales
En el terreno de lo social, Yrigoyen produjo un cambio significativo en el rol del Estado en los conflictos obrero–patronales. Ante la actitud prescindente y/o represiva frente a los reclamos de los trabajadores que había sido la característica de los gobiernos de las décadas anteriores, el gobernante radical adopta una posición de arbitraje o mediación entre las partes en disputa, buscando la solución pacífica de los problemas.
Este intento de dejar de lado el Estado Gendarme para pasar a uno que actuara como árbitro era un paso para convertirlo en agente activo de democratización y demostraba la sensibilidad social de Yrigoyen, en medio de una creciente conflictividad social e ideológica y en contraposición a la brutalidad del poder de clase que ejercían sus antecesores, al decir de Alan Rouquie. Rechazado por las patronales y a veces no valorado por algunos sectores sindicales, los intentos de mediación tuvieron éxitos importantes, como en la huelga de los obreros marítimos de 1916 o de los trabajadores ferroviarios en 1917, pero también fracasos absolutos, como en los acontecimientos de la denominada Semana Trágica, en 1919, en Buenos Aires o en los movimientos de los obreros laneros de la Patagonia en 1921 y 1922, donde el Estado terminó reprimiendo brutalmente, dejando actuar impunemente a grupos civiles armados en contra de los reclamos sindicales y en favor de los sectores empresariales.
En el terreno de lo social, es necesario señalar también que durante los gobiernos radicales —especialmente con las presidencias de Yrigoyen— se incrementó considerablemente la escasa legislación laboral hasta entonces existente, con normativas relacionadas con el trabajo a domicilio, la regulación de la jornada horaria, el pago del salario en dinero en efectivo, la reglamentación del trabajo nocturno y la ampliación de los regímenes jubilatorios prácticamente nulos en la época.
La Reforma Universitaria
Completando el análisis de las gestiones de Hipólito Yrigoyen debemos mencionar su apoyo a la reforma universitaria de 1918, movimiento estudiantil que se produce en la Universidad Nacional de Córdoba en reclamo de una democratización de la Casa de Altos Estudios, mediante una huelga que se inicia en las Facultades de Derecho y Medicina. Las transformaciones sociales y culturales que se habían producido en la Argentina no se reflejaban en la conducción de las universidades, dominadas por los sectores conservadores, especialmente en Córdoba. Sin embargo, el dominio de los centros de estudiantes recaía en sectores medios de origen inmigratorio, los que comenzaron a hacer sentir sus reclamos, que se incrementan por la influencia de elementos externos, como las revoluciones rusa y mexicana pero también por la presencia de Hipólito Yrigoyen en el gobierno nacional. El apoyo presidencial queda demostrado al designar interventor en la Universidad a su propio ministro de Educación, el doctor José Salinas, quien trabaja activamente para la solución del conflicto mediante la sanción de un estatuto que consagra los principios de la autonomía universitaria; el cogobierno de profesores, egresados y estudiantes; la libertad de cátedra, los concursos docentes y la extensión universitaria, entre otros.
Este original movimiento estudiantil buscaba inicialmente la democratización de las universidades y la participación de los mismos en su conducción, teniendo su Manifiesto Liminar el 21 de junio de 1918, redactado por Deodoro Roca. Sin embargo, pronto trascendió esos objetivos y se convirtió en un movimiento juvenil que tendía a superar viejas tutelas y a elaborar una auténtica cultura latinoamericana, recuperando la abandonada idea de la solidaridad continental. Esta reforma universitaria se extendió a otros centros de estudios nacionales como Buenos Aires y La Plata, y en el marco de la reforma educativa que ella implicó, el gobierno nacional creó las Universidades del Litoral y de Tucumán. El influjo de la Reforma Universitaria alcanzó también a otros países del continente, como México, Chile, Uruguay y Perú.
Vales
Un informe del Departamento Nacional del Trabajo, elaborado en 1915, reseñaba las características denigrantes del trabajo en los ingenios azucareros. Se indicaba allí que los salarios no se pagaban en dinero en efectivo, sino mediante vales que sólo se podían canjear en la proveeduría de la propia empresa.
Cambios en la política exterior
En este terreno, podemos afirmar que se produjo una modificación significativa en la tradición argentina de alineamiento con las potencias europeas, dado que se mantuvo una actitud independiente y de defensa de la soberanía nacional en casi todas las ocasiones.
El primer ejemplo de esa política exterior ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, donde Yrigoyen mantuvo la neutralidad pese a las presiones rupturistas que se expresaban en el Congreso y en los grandes medios de prensa. El presidente sostuvo su posición y la fundamentó en el principio de que «la paz es el estado normal de las naciones». En el mencionado conflicto, y en el marco de la neutralidad citada, la Argentina reclamó ante las autoridades alemanas por el hundimiento del buque Monte Protegido, del velero Oriana y del carguero Toro, obteniendo las reparaciones requeridas y el desagravio del pabellón nacional. Otro hecho fundamental en la política exterior de esos años es la posición adoptada por la Argentina durante las reuniones realizadas en Ginebra en 1920 que dieron lugar a la denominada Sociedad de las Naciones, donde la delegación argentina se opuso a la actitud de las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial de excluir a los derrotados. La postura argentina, basada en el principio de que «los hombres son sagrados para los hombres y las naciones para las naciones», requirió como cuestión previa que se aceptacen los principios de igualdad jurídica de los Estados y de arbitraje obligatorio. Rechazada dicha petición, siguiendo expresas directivas del presidente Yrigoyen, la delegación argentina se retiró de las deliberaciones y no formó parte de la Sociedad de las Naciones en sus orígenes. Por último, y en una nueva prueba del cambio en los lineamientos centrales de la política exterior, debemos mencionar los intentos del presidente de convocar a un congreso de países neutrales hispanoamericanos para buscar una política continental común, así como los reclamos ante las intromisiones norteamericanas en las cuestiones internas de algunas naciones del área del Caribe y América Central.
Las dificultades económicas nacionales derivadas de la Primera Guerra Mundial
Los problemas económicos
Como ya lo expresáramos, los gobiernos radicales no modificaron las bases del sistema productivo agrícola–ganadero exportador, o sea, apertura de la economía; endeudamiento externo; comercio exterior basado en el intercambio de materias primas por productos manufacturados, todo lo cual implicaba una significativa dependencia de las circunstancias externas y su consecuente falta de autonomía para enfrentar los ciclos descendentes de la economía internacional y, menos todavía, una crisis como la de 1929. Por otra parte, y en consonancia con lo expresado, tampoco se concibieron políticas activas para apoyar el breve pero intenso proceso de sustitución de importaciones que se produjo en nuestro país como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo que se tradujo en la desaparición de muchos talleres surgidos por ese motivo aunque no de todos. Los tibios esfuerzos realizados en ese sentido por el presidente Hipólito Yrigoyen no tuvieron eco en un congreso dominado por los representantes de las fuerzas conservadoras, ligadas ideológica y comercialmente con el modelo agroexportador.
Ahora bien, cuando el Radicalismo asumió el gobierno nacional, la economía argentina se encontraba en un ciclo descendente como consecuencia de las restricciones generadas por la Primera Guerra Mundial y la excesiva dependencia de nuestro sistema productivo al imperante en el orden internacional. Y esto se manifestó en la brusca caída del producto bruto interno que, por ejemplo, alcanzó el 9 % en 1917, lo que se tradujo en un significativo deterioro del salario real de los trabajadores y un incremento considerable del desempleo que, al asumir Yrigoyen, ronda el 15 %. Esta situación se comenzó a revertir a partir de 1918, cuando la economía mundial pareció salir de la crisis y comenzar un nuevo ciclo ascendente, que produjo en nuestro país un incremento de las exportaciones y una recuperación de los precios de los productos agrícolas. Sobre el particular, Mario Rapoport expresa que «a partir de 1918, la normalización de la economía internacional permitió que se incrementaran de manera considerable las exportaciones agrícolas para abastecer a los exhaustos países europeos, en tanto se mantenía un amplio volumen de exportaciones a los Estados Unidos, lo que favoreció un repunte del crecimiento económico... Sin embargo, la crisis agrícola–ganadera, que se inició hacia fines de 1920, como consecuencia de la caída de los precios internacionales de los productos agrarios, y en particular de las carnes, debido a la recuperación del sector agropecuario en los países europeos, produjo una nueva disminución de la tasa de crecimiento del producto bruto interno», aclarando que el mismo volvió a subir en 1922 y alcanzando su pico máximo un año más tarde.
Más allá de algunas variantes que intentó Hipólito Yrigoyen cuando accedió a su segunda presidencia, que luego veremos, y las modificaciones en el rol del Estado que ya analizamos, lo real y concreto es que el modelo agrícola–ganadero ligado al mercado externo, imperante desde la segunda mitad del siglo XIX, manifestaba en esos años signos de agotamiento que presagiaban un fin de época, modelo que estalla cuando se produce la crisis mundial de 1929.
Ya algunos pensadores como Alejandro Bunge habían indicado en la segunda década del siglo XX, la debilidad de nuestro modelo productivo por su carácter excesivamente dependiente de la capacidad de consumo de las sociedades europeas, sosteniendo la necesidad de una política proteccionista e industrialista que nos sacara de esa situación de debilidad estructural. La no realización de esos cambios, es denominada por algunos autores como «la gran demora», que adjudican a una falta de comprensión de las clases dirigentes, tanto políticas como empresariales, posición sobre la que discrepa Rapoport, quien afirma que nuestro país no padeció esa demora en los años 20, «sino los primeros síntomas de una profunda crisis de la que costaría mucho tiempo recuperarse, ya que demandaba transformaciones económicas, sociales y políticas que no podían concretarse sin aglutinar un conjunto de sectores sociales capaces de imponer un nuevo modelo de país», para terminar afirmando que «la Argentina no se demoró en el paso de una etapa a la siguiente, sino que se vio forzada a abandonar una etapa sin que la siguiente pudiera aún perfilarse».
Problemas sociales
En primer término, y además de la modificación del rol del Estado y la legislación social que se sanciona, en esta etapa se va a producir un desplazamiento del anarquismo como sector predominante en el movimiento obrero, creciendo la presencia e influencia de la corriente denominada Sindicalista o Sindicalista pura, que a partir de 1915 van a conducir la FORA del IX Congreso, pasando de 20.000 afiliados en dicho año a 200.000 en 1919, momento en que agrupan a 530 sindicatos cuando en la primera de las fechas mencionadas sólo contaba con 51 organizaciones obreras. También se puede señalar que en 1922 se realiza un congreso de unificación sindical, con primacía de los sindicalistas y con presencia de los socialistas pero también de los gremios que adherían al naciente comunismo, aunque con la ausencia de los anarquistas, dando origen a la Unión Sindical Argentina. La misma se convierte en 1926 en la Confederación Obrera Argentina pero sin lograr unificar a los citados últimamente, quienes conforman el denominado Comité de Unión Sindical.
Como consecuencia de la situación económica, pero también de la influencia de las ideologías revolucionarias que surgen a partir del triunfo del comunismo en 1917 en Rusia, se producirán durante los gobiernos radicales numerosos conflictos obreros, especialmente durante la presidencia de Yrigoyen.
En una primera etapa, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, con un crecimiento de los precios de los productos de primera necesidad que impactan en los salarios de los trabajadores, se producen numerosas manifestaciones callejeras y huelgas, que llegan a 138 en 1917 y 196 en 1918, siendo las más importantes la de los portuarios, la de los obreros municipales de Buenos Aires y la de los ferroviarios, conflictos donde predomina la conducción de los sindicalistas puros y donde tiene éxito la gestión mediadora presidencial, logrando los trabajadores concretar sus aspiraciones.
Se puede ubicar una segunda etapa, a posteriori de la terminación del conflicto bélico, donde se recrudecen las tensiones sociales, en el marco de cierre de algunas fábricas o de la reducción de la producción de otras que habían surgido con motivo de la guerra y que ahora no pueden competir con el reingreso de los productos importados. El hecho más significativo tiene lugar en enero de 1919, tuvo inicio en los talleres metalúrgicos Vasena en la ciudad de Buenos Aires y se conoce como la Semana Trágica. Los trabajadores decretan una huelga reclamando una reducción de la jornada horaria e incrementos salariales, pedido que es rechazado por la empresa que, ante la continuidad de la medida de fuerza, requiere la intervención de las fuerzas policiales. Se producen enfrentamientos el 7 de enero con un saldo de cinco obreros muertos, lo que agrava la situación que tiene su punto más álgido cuando en el entierro de las víctimas se produce una represión policial con un saldo de 20 trabajadores fallecidos, luego de lo cual se decreta una huelga general. Ante la escalada del conflicto, intervienen fuerzas militares que, al mando del general Dellepiane, restablecen el orden. Al propio tiempo, el presidente Yrigoyen intercede ante la empresa y logra que se concedan algunos de los pedidos de los trabajadores. Agudizan la gravedad y negatividad de los hechos, la aparición de grupos civiles armados de tendencia derechista, tales como Liga patriótica y Asociación del Trabajo, que sostienen ideologías antiobreras y, con el pretexto de defender la argentinidad, inician razzias contra los rusos y los judíos, a los que acusan de comunistas, y contra los catalanes, a los que señalan como anarquistas. Con impunidad y apoyando la represión policial, pretenden establecer el temor en las barriadas obreras y agreden a la comunidad judía que vive en el barrio de Villa Crespo, provocando innumerables víctimas. David Rock expresa sobre el particular que la Liga patriótica, con respaldo de la marina y el ejército, continuó actuando en los años posteriores como grupo paramilitar, haciendo campaña contra los inmigrantes de tendencia comunista o anarquista y ejerciendo violencia en todos los conflictos que el gobierno intentaba solucionar por la vía pacífica de la mediación.
Grupos civiles armados de tendencia derechista, tales como «Liga patriótica» y «Asociación del Trabajo», que sostienen ideologías antiobreras y, con el pretexto de defender la argentinidad, inician razzias contra los rusos y los judíos, a los que acusan de comunistas, y contra los catalanes, a los que señalan como anarquistas.
La tercera oleada de agitación obrera, al decir de Mario Rapoport, comienza en 1921 en el sur del territorio nacional con un petitorio formulado por una entidad anarquista de Río Gallegos, denominada Sociedad Obrera de Oficios Varios, donde se solicita una jornada horaria de ocho horas, incrementos salariales y condiciones higiénicas mínimas para todos los trabajadores pero haciendo hincapié en los obreros laneros de las grandes estancias patagónicas, razón por la cual el reclamo está dirigido a la Sociedad Rural del lugar, entidad que lo rechaza. Ante ello, la organización gremial declara la huelga y los trabajadores se enfrentan con los guardias privados de los estancieros que los intentan reprimir. El presidente Yrigoyen envía al teniente coronel Héctor Varela, que logra en enero de 1922 un principio de solución entre las partes, que termina siendo incumplido por los estancieros que comienzan a despedir a los dirigentes de los obreros, denunciándolos como ejecutores de un plan comunista y anarquista tendiente a la desestabilización. La situación se vuelve a salir de cauce, la policía detiene a los cabecillas de los trabajadores, los cuales reinician las medidas de fuerza, toman las estancias y retienen a sus propietarios como rehenes. El agravamiento de la situación lleva al gobierno nacional a enviar nuevamente al teniente coronel Varela al mando de fuerzas militares que, en el marco del estado de sitio decretado, reprimen duramente a los huelguistas, fusilan a muchos de ellos y producen numerosas bajas, que los militares calculan en 283 y los anarquistas en más de 1000 en las filas de los trabajadores. Los hechos descriptos, enmarcados en las peores páginas de la historia nacional, son calificados con el nombre de la Patagonia Trágica y tiene su cara más sangrienta en los fusilamientos del 6 y 7 de diciembre en la estancia La Anita, donde se hallaba el grupo más numeroso de peones. Adalberto Adamosky expresa:
«La patronal no esperó a que la carnicería terminara para cantar victoria: el 10 de diciembre en la Sociedad Rural de Rio Gallegos publicó las condiciones con las que se contrataría de ahora en más al personal. Los sueldos anunciados venían con una rebaja de un tercio y más respecto a los que estaban en vigor anteriormente, y ni se mencionaban las mejoras de vivienda que se habían acordado en la primera huelga. Para entonces el terror ya había hecho su trabajo: ya no quedaba ni sindicato ni nadie dispuesto a protestar. Mientras los estancieros colmaban a Varela de banquetes y honores, la única voz de denuncia fue la de cinco prostitutas de San Julián, que se negaron a atender a los soldados y los rechazaron a palazos y gritándole asesinos cuando quisieron forzarlas a brindar sus servicios. El escándalo por la masacre puso en brete a Yrigoyen: Varela siempre sostuvo que cumplió ordenes del presidente. Luego de los hechos, la UCR impediría la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Ningún partícipe de los fusilamientos fue juzgado. Por el contrario, a Varela se lo premió designándolo director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo»
Divisiones en el radicalismo
Siendo presidente Alvear, se va a producir una división en la Unión Cívica Radical. Por un lado, los seguidores de Yrigoyen, denominados personalistas, y por el otro, los antipersonalistas o antiyrigoyenistas, integrados estos últimos mayoritariamente por los sectores socialmente más altos del partido, liderados por miembros del gabinete de Alvear. En las elecciones de 1928 se van a aliar con los partidos conservadores para enfrentar a Yrigoyen, que los califica como el contubernio. El triunfo corresponde ampliamente al viejo caudillo que asume nuevamente la presidencia de la república el 12 de octubre de 1928, momento a partir del cual los sectores opositores plantean una estrategia destituyente, desde el Congreso o desde la prensa, desde los partidos políticos o desde los cuarteles, conscientes de la imposibilidad de derrotar electoralmente a Hipólito Yrigoyen.
Evolución de las otras fuerzas políticas
Partido Autonomista Nacional
En primer lugar, en el seno del antiguo partido autonomista nacional, en la presente etapa no se logra consolidar una posición común. Por un lado, y al decir de Natalio Botana, un sector que imaginaba un nuevo armado político en base a las agrupaciones provinciales que, en general, habían adoptado los nombres de Partido Demócrata o Partido Conservador y que detentaban el gobierno en la mayoría de las provincias. Si bien carecían de una figura nacional que cumpliera la función de aglutinar y ungir un candidato presidencial, contaban con la estructura de la provincia de Buenos Aires, conducida hegemónicamente por el caudillo Marcelino Ugarte. Por el otro, un grupo que consideraba que se debía constituir una nueva fuerza política que, superando los enfrentamientos entre facciones o los círculos reducidos y elitistas, se constituyera en un partido con disciplina interna, perfil programático y liderazgo nacional. Estas dos posiciones no se logran armonizar, lo que produce la creación del Partido Demócrata Progresista por parte de la mayoría de los que adherían a la segunda postura, lo que implica la división de las fuerzas de origen conservador.
El Partido Demócrata Progresista
Nace el 14 de diciembre de 1914, bajo el liderazgo de Lisandro de la Torre, con la idea de constituir un partido moderno y orgánico que reagrupe las fuerzas del viejo orden conservador. Se constituye sobre la base de la denominada Liga del Sur, fundada también por el dirigente antedicho en 1908 pero como una fuerza política santafesina. La idea de Lisandro de la Torre era crear un nuevo partido que aglutinara los distintos sectores de los grupos conservadores, orientándolos hacia posturas reformistas como las de la Liga del Sur, para de ese modo poner freno al posible triunfo de la Unión Cívica Radical. Pero no logra ninguno de los objetivos porque, por un lado, no puede sumar al aparato conservador de la provincia de Buenos Aires; no logra, por lo tanto, ser «la voz racional, moderada y moderna» de todas las fuerzas conservadoras, y tampoco logra impedir la victoria de Hipólito Yrigoyen. De hecho, el nuevo partido sale tercero en los comicios y sus electores votarán por la fórmula de los conservadores en el colegio electoral. Todo lo cual no invalida el intento de reformular el viejo orden conservador y liberal con posturas novedosas, tales como propuestas de protección a la industria nacional, regulación del comercio exterior por parte del Estado y desarrollo de una marina mercante.
El Partido Socialista
Mantiene en estos años su desarrollo en la ciudad de Buenos Aires pero no logra avanzar en las provincias, lo que le impide ser una alternativa electoralmente válida contra los conservadores, como sí lo era la Unión Cívica Radical. Por otra parte, en el terreno sindical tampoco logra afianzarse, pese a la pérdida de influencia de los anarquistas, dado que ese lugar de preeminencia en el movimiento obrero lo ejercerá el sector de los sindicalistas puros. Cabe señalar por último, que un grupo de dirigentes son expulsados del partido, conformando los mismos el Socialismo Independiente, pequeño agrupamiento que se integrará en 1928 a la alianza entre los conservadores y el antipersonalismo, siendo Federico Pinedo y Antonio Di Tomaso sus principales figuras.
Segunda presidencia de Yrigoyen, crisis mundial de 1929 y golpe de Estado
La amplia victoria lograda por el Radicalismo en las elecciones de 1928, consagra a Hipólito Yrigoyen nuevamente como presidente de los argentinos, pero esta vez enfrentando a una alianza constituida por las tradicionales fuerzas conservadoras y por los grupos antipersonalistas, años antes integrantes de la Unión Cívica Radical, con el agregado de los socialistas independientes y algunas fuerzas provinciales, también escindidas del oficialismo, conglomerado opositor a lo que el viejo caudillo define como contubernio, una especie de asociación ilícita que reeditaba la antigua política de acuerdos entre las élites dominantes. Ese triunfo arrollador en las urnas convence a la oposición de que es prácticamente imposible vencerlo por la vía electoral, ante lo cual combinan una táctica de desgaste, mediante la obstrucción sistemática en el Congreso y la crítica permanente desde la mayoría de los medios de prensa, en manos de los conservadores, y muy especialmente mediante el diario Crítica, en manos de Natalio Botana. Pero lo real y concreto es que la avanzada edad del presidente genera algunos problemas en la gestión cotidiana de la administración pública, cuestión que se agrava considerablemente cuando tiene lugar la crisis mundial de 1929 que desestructura gravemente el funcionamiento del sistema económico, dado que se produce una reducción de los precios de nuestras materias primas en los mercados internacionales pero también una reducción de los volúmenes de las exportaciones.
La crisis mundial de 1929 comienza el 24 de octubre de 1929, momento en que colapsa la Bolsa de Valores de Wall Street o Bolsa de Valores de Nueva York. Es el denominado Jueves Negro, con una caída vertical de los valores de la Bolsa, afectando a 13 millones de títulos en lo inmediato. Pero este quiebre de la Bolsa se traslada rápidamente a la industria, principal sustento de la economía norteamericana. La producción en dicho sector se reduce considerablemente, por ejemplo, la automotriz cae a la mitad en tan sólo tres meses. Declina considerablemente el comercio exterior, cierran 5504 bancos hasta 1933, los salarios se reducen entre un 10 y un 30 % en la primavera de 1931, el desempleo llega a 15 millones en 1933, el producto bruto interno de 1932 es el 46 % del de 1929 y la ocupación alcanza tan solo al 62 % de la población económicamente activa en 1932. La brutal crisis de la economía norteamericana afecta rápidamente a los países productores de materias primas, entre ellos la Argentina, dado que se reducen los precios y el volumen de los bienes exportables. Pero la situación se agrava cuando Estados Unidos prohíbe el otorgamiento de créditos al exterior y comienza a repatriar los fondos depositados en Europa. Allí la crisis se generaliza y se hace mundial, con la sola excepción de los países bajo el dominio comunista que se encontraban afuera del sistema económico internacional capitalista. Los principales y más sólidos bancos europeos son arrastrados a la crisis que también se traslada rápidamente al sistema industrial y al comercio exterior, agravando la situación de los países proveedores de materias primas con economías muy dependientes de las europeas, tales como las de Asia, África y América Latina, siendo la Argentina una de las más afectadas.
Rapoport manifiesta que es la crisis más profunda del sistema capitalista, tanto por la intensidad como por la extensión territorial y la duración en el tiempo, con una caída significativa de la producción industrial, disminución considerable de la demanda de materias primas y contracción de los mercados internacionales.
En el contexto de una crisis mundial que sacude la economía del mundo capitalista y principalmente de sus principales potencias, el gobierno nacional no logra adoptar medidas que atenúen los efectos de la crisis, mientras disminuyen los ingresos públicos sin la consiguiente reducción de los gastos, lo que conlleva a un déficit creciente. Si a eso le sumamos que aumenta considerablemente la desocupación, es lógico que se produzcan conflictos sociales, huelgas y manifestaciones que son especulativamente apoyadas por la oposición, donde ya empiezan a aparecer nuevos grupos que adhieren a las experiencias autoritarias existentes en algunos países europeos, uno de cuyos mentores es el poeta Leopoldo Lugones, que sostiene que «ha llegado la hora de la espada», en clara alusión a la participación de las fuerzas armadas como herramienta para restablecer el orden y los valores tradicionales e intereses de los sectores dominantes, o sea, la fuerza militar en reemplazo del voto popular para los objetivos mencionados.
El presidente Yrigoyen propicia la sanción de leyes sobre la jornada legal de trabajo y sobre jubilaciones y pensiones para los bancarios; busca modificar la red ferroviaria; firma convenios de cooperación económica; se solidariza con el general Augusto Sandino, contra las tropas de ocupación norteamericana; entre otras medidas.
Sin embargo, y en ese contexto, el presidente Yrigoyen propicia la sanción de leyes sobre la jornada legal de trabajo y sobre jubilaciones y pensiones para los bancarios; busca modificar la red ferroviaria, para dar salida a los productos nacionales por la ruta del Pacífico; firma convenios de cooperación económica con la Unión Soviética y México; se solidariza con el general Augusto Sandino, jefe de la insurrección nicaragüense contra las tropas de ocupación norteamericana; crea el Instituto Nacional del Petróleo en 1929 y reitera el proyecto de nacionalizarlo, entre otras medidas, las cuales parecen expresar un programa de características más nacionales y socialmente más transformadoras que las ejecutadas en el primer período presidencial. Ello aumenta el natural recelo de las élites conservadoras hacia Hipólito Yrigoyen, ocurriendo lo propio con algunos poderes extranjeros con intereses comerciales en nuestro país, especialmente los que se veían afectados por la política petrolera nacional. Todo esto precipita un final donde incluso los movimientos estudiantiles manifiestan su oposición al presidente y su apoyo indirecto al golpe de Estado, haciendo lo propio desde el exterior Marcelo Torcuato de Alvear cuando afirma: «Tenía que ser así. Yrigoyen, con una ignorancia absoluta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiera complacido en menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar». Y el 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu toma la Casa de Gobierno y depone a las autoridades constitucionales, inaugurando el período de los golpes de Estado y de inestabilidad institucional con nefastas consecuencias para el futuro de los argentinos. Termina la era de los gobiernos radicales, finaliza la etapa de la República Liberal Democrática e Hipólito Yrigoyen, enfermo y prácticamente solo, presenta su renuncia en el regimiento 7 de La Plata, quedando detenido y siendo luego trasladado a la isla Martín García en tal carácter.
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