La dictadura cívico-militar 1976-1983 contra la clase trabajadora
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Editorial EL PERISCOPIO - Libre de reproducirse con mención de fuente
La dictadura cívico-militar fue el brazo del poder económico concentrado, nacional y trasnacional, destinado a terminar con el Estado de bienestar en Argentina como parte de un plan continental promovido desde los EEUU.
El cambio en la economía y las relaciones de poder afectó principalmente a la clase trabajadora en distintos planos:
El empleo se redujo un 26% entre 1975 y 1980, siendo «una violenta reestructuración en la composición de la clase obrera: La proporción de obreros industriales de la Población Económicamente Activa se redujo, aumentando el peso en el movimiento obrero del sector terciario. Se incrementó el cuentapropismo, que no asegura movilidad social ascendente, por el contrario representa una reducción del ingreso real a mediano plazo y en el status social. Se dio también un aumento en los sectores subempleados marginales, y un descenso en el nivel de vida de los asalariados». (Ríos, Sabrina Yael, «El movimiento obrero durante la última dictadura militar, 1976-1983», UNGS)
Para aplicarlo la dictadura atacó duramente a las organizaciones de trabajadores/as; la estructura sindical del movimiento obrero sufrió la detención, desaparición, asesinato y exilio de camadas enteras de activistas, y el cercenamiento durante el periodo de la actividad sindical. Un completo andamiaje jurídico estuvo constituido por: Leyes que regularon las relaciones laborales, Normas referentes a la organización y a la actividad sindical y Normas referentes a las obras sociales.
A la vez que desarticuló las estructuras sindicales desató la represión y persecución hacia los establecimientos laborales. Y como ha sido evidenciado por la reconstrucción histórica y los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados en la última década, la represión «contó no sólo con la connivencia sino también con el apoyo activo de grandes empresas, que en una gran cantidad de casos denunciaron a sus trabajadores, entregaron fondos a las fuerzas represivas, e incluso en ocasiones hasta autorizaron la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas.» (Ceruti, Leonidas F., «Memoria de los telefónicos»)
Los casos de Vicentín, Acindar, Ford y Mercedes Benz lo han demostrado. Según el informe de la CONADEP, la mayoría de las víctimas pertenecían al sector obrero.
